Procuraduría anuncia nuevas acciones en Cartagena por polémico caso Aquarela

Por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licencia de construcción y el otorgamiento de la certificación de vivienda de interés social al proyecto multifamiliar Aquarela, la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos al Curador Urbano No 1 de Cartagena, Ronald Llamas, y al exgerente de Corvivienda para el periodo 2014-2016, Luis Alberto Vélez.

Según el ente de control, ambos funcionarios incurrieron en faltas graves concediendo las licencias que permitieron la construcción del polémico edifico, ubicado a pocos metros del Castillo de San de Felipe, y que, de acuerdo al Ministerio de Cultura, atenta contra la declaratoria de Patrimonio Material e Inmaterial otorgada por la Unesco al Corralito de Piedra.

“Al parecer Llamas Bustos autorizó que el proyecto tuviera 31 pisos, lo que supera la altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de la ciudad y las disposiciones para proyectos de vivienda de interés social –VIS-. Esa situación ha afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas que tendría en riesgo su calificación como Patrimonio Histórico de la Humanidad”, señala la Procuraduría.

Anuncian posibles acciones disciplinaria contra el alcalde Willian Dau

Las investigaciones del ente de control en el caso Aquarela no paran ahí. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra diez funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena, entre esos el alcalde Willian Dau y el axcalde Pedrito Pereira.

Esto, por incurrir en presuntas negligencias u omisiones en la adopción de medidas para demolición del edificio Aquarela.

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“Tanto funcionarios de la administración anterior como la actual han incurrido en presuntas conductas omisivas, al no ejecutar las órdenes de demolición en los eventos en que sea necesario y lograr la restitución del espacio público invadido por ese proyecto”, indica el documento de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.

El ente de control además advierte que la Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena ha omitido evaluar la posibilidad de hacer una declaratoria de calamidad pública frente a esa edificación, teniendo en cuenta las deficiencias de sismo resistencia que presentaría el edificio, de acuerdo al estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SIC.

Sin embargo, precisamente este estudio fue cuestionado en la ciudad de Cartagena por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, que señala que el estudio de la SIC presenta fallas porque no se hizo basado en el tipo de suelo correcto en el que fue construida la primera torre del edificio.

Los funcionarios de la alcaldía que serían investigados por la Procuraduría son el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome; el secretario de Planeación, Guillermo Ávila; el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abella, y el inspector de Policía de la Comuna 2, Renzo Javier Orozco.

Dau le responde a la Procuraduría

El alcalde Willian Dau le salió el paso a este anuncio de la Procuraduría sobre el inicio de posibles acciones disciplinarias en su contra y de sus funcionarios, asegurando, fiel a su estilo polémico, que lo quieren sancionar a él “por no tumbar a Aquarela y no a quienes permitieron su construcción”.

“Yo quisiera saber, así como la Procuraduría me abre un disciplinario a mí por el edificio Aquarela, ante quién puedo yo solicitar un disciplinario contra la Procuraduría, porque a pesar de que ya han pasado varios años, aún no han sancionado a un solo funcionario que participó en el otorgamiento de esas licencias”, agregó.

El mandatario dijo, además, que su administración trabaja por solucionar la “situación caótica desde el punto de vista jurídico” en la que se ha convertido Aquarela para la ciudad.