Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que llevó a declarar una calamidad nacional, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, creó el Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 226 del 19 de agosto de 2026.
Uno de los focos estará puesto en los recursos públicos destinados a atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. El nuevo grupo deberá hacer seguimiento para que ese dinero sea administrado y ejecutado con transparencia, eficacia y rapidez. La intención es prevenir posibles irregularidades y garantizar que los recursos realmente lleguen a los fines para los que fueron destinados y se traduzcan en soluciones para las comunidades.
El grupo estará integrado por las procuradurías delegadas de Vigilancia Preventiva de la Función Pública; Gestión y Gobernanza Territorial; Asuntos Étnicos; Defensa de los Derechos Humanos; Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios; Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
El objetivo principal es verificar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales estén cumpliendo sus responsabilidades frente a la emergencia. Es decir, la Procuraduría no será la encargada de ejecutar las obras o entregar directamente las ayudas, sino de vigilar que las entidades responsables actúen correctamente, de manera oportuna y cumplan con las obligaciones que tienen frente a las personas damnificadas.
La Procuraduría también tendrá especial atención sobre las personas que requieren una protección reforzada por parte del Estado. El grupo deberá verificar que las autoridades adopten medidas de atención integral para las poblaciones de especial protección constitucional, de manera que la respuesta frente al terremoto tenga en cuenta las necesidades particulares de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Además, los funcionarios deberán permanecer en territorio y reportar en tiempo real tanto al Procurador General como al Viceprocurador las situaciones que encuentren durante el seguimiento. De esta manera, la entidad busca detectar rápidamente fallas en la atención, problemas en la ejecución de recursos o incumplimientos de las autoridades.
Publicidad