El Gobierno declaró oficialmente la emergencia económica por 30 días en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, por la calamidad pública que ha generado el terremoto del pasado 10 de agosto.
La medida le da facultades al Gobierno para expedir decretos y otras medidas que permitan mayor flexibilidad para mover y reasignar recursos públicos; crear alivios tributarios, habilitar créditos de emergencia con tasas subsidiadas, apoyar el pago de salarios y aportes para proteger empleos, además de ayudas a independientes.
"Flexibilizar planes de premios y habilitar sorteos extraordinarios; y orientar de forma temporal recursos con destinación específica de Coljuegos hacia salud en los territorios afectados; adoptar medidas extraordinarias, excepcionales y transitorias destinadas a proteger los derechos de los trabajadores y demás afiliados al Sistema de la Protección Social y de las contribuciones parafiscales, y los programas de Gobierno", se lee en una parte del decreto.
Así mismo, podrá tomar medidas para la flexibilización y ampliación de subsidios de vivienda, alojamiento temporal y reubicación, habilitación de espacios alternativos y modalidades remotas para mantener la educación y flexibilizar la entrega del PAE; recuperación acelerada de hospitales y servicios esenciales como energía, agua y telecomunicaciones y mayor rapidez en la contratación pública para obras de emergencia.
"Que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE, cuenta con inmuebles urbanos, rurales, muebles y activos líquidos ubicados estratégicamente en las zonas de influencia del desastre, que representan una fuente inmediata e indispensable de recursos y predios aptos para la instalación de albergues temporales, reasentamiento de familias vulnerables, centros de acopio y ejecución de obras de infraestructura de emergencia", añade el decreto.
Finalmente, el decreto busca dar el respaldo legal para la movilización y reasignación de recursos de distintas fuentes públicas para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
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