La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presunta falta de control a la “Fundación Peces Vivos” de Ibagué, donde se estarían presentado tratos crueles a niñas y niños en condición de discapacidad.
Para la Procuraduría “resultan inaceptable las declaraciones de la directora del ICBF, Karen Abudinen, de que este no es el único caso, lo que significaría una vulneración sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El procurador, Fernando Carrillo Flórez, pidió a la directora general del ICBF que esa entidad asuma el seguimiento y la vigilancia a los operadores que brindan atención especializada a la población en condición de discapacidad.
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Así mismo, pidió a las autoridades poner en marcha mecanismos que garanticen el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis en la población en condición de discapacidad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier circunstancia que pueda constituir vulneración, amenaza o inobservancia de sus derechos.
Hechos como los denunciados en Ibagué dejan al descubierto que esta población es cuatro veces más proclive a ser maltratada, más vulnerables y está más expuesta a formas específicas de violencia y abuso.
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La indagación de la Procuraduría busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la “Fundación Peces Vivos”, y las obligaciones del supervisor a cargo.
Adicionalmente, en el proceso penal iniciado tras la captura de 10 personas, la Procuraduría, a través de una agencia especial, solicitó detención intramural.
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