La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018.
Ahora se podría enfrentar a 15 años de cárcel según la Fiscalía.
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La investigación señala que habría ocultado un aporte de un millón de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht, destinado a servicios de investigación, marketing político y encuestas sobre la candidatura presidencial, recursos que no fueron reportados en las cuentas electorales.
Según el ente acusador, entre marzo y mayo de 2014 la empresa panameña Paddington Berkshire Ltd. Ejecutó un contrato para realizar estudios sobre el estado de Juan Manuel Santos en la contienda electoral.
Los servicios fueron pagados por Odebrecht mediante desembolsos que sumaron un millón de dólares. Sin embargo, tampoco se habría registrado como donación en especie el pago que hizo la multinacional por esos trabajos.
La Fiscalía sostiene que Prieto, como gerente y representante legal de la campaña, presentó el 25 de junio de 2014 los informes de ingresos y gastos ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral sin incluir esos recursos.
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Con ello, presuntamente indujo en error a los magistrados del CNE y a funcionarios de la Registraduría para conseguir la aprobación de las cuentas electorales y el reconocimiento de financiación estatal.
De acuerdo con la imputación, esa maniobra permitió que el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, recibiera $6.576 millones por concepto de reposición de gastos de la primera vuelta presidencial, celebrada el 25 de mayo de 2014.
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El reconocimiento se hizo mediante la Resolución 003688 del 16 de diciembre de ese año y, posteriormente, la Registraduría ordenó el desembolso.
La Fiscalía argumentó que la campaña no tenía derecho a recibir esos recursos porque habría superado los topes de gastos electorales en $1.910 millones y recibido financiación de una fuente extranjera prohibida.
Según el ente investigador, estas irregularidades ocasionaban la pérdida del derecho a la reposición de votos y a la financiación estatal.
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Por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Fiscalía atribuyó a Prieto un incremento patrimonial injustificado de $13.461 millones en favor del Partido de la U.
La cifra corresponde a los $6.576 millones de reposición de votos y a otros $6.884 millones que el Ministerio de Hacienda había autorizado y desembolsado el 15 de julio de 2014 como financiación estatal anticipada para la campaña presidencial.
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Para la Fiscalía, este supuesto enriquecimiento se derivó del fraude procesal, pues el ocultamiento de los pagos de Odebrecht y la presunta financiación prohibida habrían permitido que la campaña obtuviera recursos públicos a los que no tenía derecho.
La defensa de Roberto Prieto pidió que no se impartiera legalidad a la imputación, al considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa.
Argumentó que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo ni dónde habría acordado una reunión con directivos de Odebrecht para conseguir aportes a la campaña, ni explicó cómo llegaron los recursos o cuál fue la participación de Prieto.
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También alegó que los hechos no eran delito para la época en que ocurrieron, pues solo fueron tipificados posteriormente con la Ley 1864 de 2017.
Finalmente, sostuvo que estos asuntos correspondían al Consejo Nacional Electoral y no a la jurisdicción penal.
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Invocó el principio de favorabilidad y argumentó que, al aplicarse la legislación posterior, la pena máxima sería de ocho años y la acción penal estaría prescrita. Por estas razones, pidió rechazar la imputación.
Por el momento, la continuación de la audiencia será el próximo miércoles a las 9 de la mañana.