La senadora Sara Castellanos y la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, radicaron una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por presuntas conductas relacionadas con el uso de su investidura e influencia institucional “para favorecer vinculaciones contractuales estatales destinadas, presuntamente, a satisfacer intereses particulares de naturaleza sexual”.
La acción se fundamenta principalmente en las declaraciones públicas realizadas por Deicy Jiménez durante las últimas semanas. Además, las congresistas hacen referencia a publicaciones de distintos medios sobre contratos con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, entre 2021 y 2026.
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“¿Se utilizaron contratos del Estado para obtener beneficios personales? Esa es una de las graves preguntas que deben responder las autoridades frente a los señalamientos que involucran al expresidente Gustavo Petro. Se han reportado 10 contratos a nombre de Deicy Alejandra Jiménez por cerca de 133 millones de pesos y presuntos vínculos entre esas contrataciones y beneficios personales”, dijo la senadora Sara Castellanos.
En la denuncia, las congresistas también hacen referencia al video de aproximadamente 54 segundos divulgado por Deicy Jiménez el pasado 4 de noviembre en su cuenta de Instagram, que ella presentó como prueba de sus afirmaciones.
En el documento, Castellanos y Borda solicitan que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se examine la posible configuración de conductas como tráfico de influencias de servidor público, concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
No obstante, en el documento se lee que estas calificaciones “tienen carácter estrictamente preliminar y alternativo o eventual, según los hechos que se acrediten. No se afirma que los tipos penales concurran automáticamente entre sí, ni que un encuentro íntimo o una contratación estatal sean ilícitos por sí mismos”.
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Las congresistas también piden que se determine si las actuaciones atribuidas al expresidente podrían constituir indignidad por mala conducta, y si eventualmente existiría mérito para formular una acusación ante el Senado.
Las pruebas que solicitan las congresistas
Entre las diligencias solicitadas se encuentra recibir la declaración de Deicy Jiménez, recopilar los expedientes contractuales de las entidades involucradas y verificar si existieron recomendaciones, presiones o instrucciones para favorecer su contratación.
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Adicionalmente, solicitan una evaluación técnica del video divulgado por Jiménez, con el propósito de establecer su autenticidad, fecha, integridad y eventual relación con los hechos denunciados, garantizando la protección de la intimidad de las personas involucradas.
La denuncia también pide incorporar las comunicaciones públicas del expresidente y de su defensa en las que niegan la existencia de intercambios contractuales.