La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018. Ahora se podría enfrentar a 15 años de cárcel según la Fiscalía.La investigación señala que habría ocultado un aporte de un millón de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht, destinado a servicios de investigación, marketing político y encuestas sobre la candidatura presidencial, recursos que no fueron reportados en las cuentas electorales.Según el ente acusador, entre marzo y mayo de 2014 la empresa panameña Paddington Berkshire Ltd. Ejecutó un contrato para realizar estudios sobre el estado de Juan Manuel Santos en la contienda electoral.Los servicios fueron pagados por Odebrecht mediante desembolsos que sumaron un millón de dólares. Sin embargo, tampoco se habría registrado como donación en especie el pago que hizo la multinacional por esos trabajos.La Fiscalía sostiene que Prieto, como gerente y representante legal de la campaña, presentó el 25 de junio de 2014 los informes de ingresos y gastos ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral sin incluir esos recursos. Con ello, presuntamente indujo en error a los magistrados del CNE y a funcionarios de la Registraduría para conseguir la aprobación de las cuentas electorales y el reconocimiento de financiación estatal.De acuerdo con la imputación, esa maniobra permitió que el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, recibiera $6.576 millones por concepto de reposición de gastos de la primera vuelta presidencial, celebrada el 25 de mayo de 2014. El reconocimiento se hizo mediante la Resolución 003688 del 16 de diciembre de ese año y, posteriormente, la Registraduría ordenó el desembolso.La Fiscalía argumentó que la campaña no tenía derecho a recibir esos recursos porque habría superado los topes de gastos electorales en $1.910 millones y recibido financiación de una fuente extranjera prohibida. Según el ente investigador, estas irregularidades ocasionaban la pérdida del derecho a la reposición de votos y a la financiación estatal.Por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Fiscalía atribuyó a Prieto un incremento patrimonial injustificado de $13.461 millones en favor del Partido de la U. La cifra corresponde a los $6.576 millones de reposición de votos y a otros $6.884 millones que el Ministerio de Hacienda había autorizado y desembolsado el 15 de julio de 2014 como financiación estatal anticipada para la campaña presidencial.Para la Fiscalía, este supuesto enriquecimiento se derivó del fraude procesal, pues el ocultamiento de los pagos de Odebrecht y la presunta financiación prohibida habrían permitido que la campaña obtuviera recursos públicos a los que no tenía derecho.La defensa de Roberto Prieto pidió que no se impartiera legalidad a la imputación, al considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa.Argumentó que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo ni dónde habría acordado una reunión con directivos de Odebrecht para conseguir aportes a la campaña, ni explicó cómo llegaron los recursos o cuál fue la participación de Prieto.También alegó que los hechos no eran delito para la época en que ocurrieron, pues solo fueron tipificados posteriormente con la Ley 1864 de 2017.Finalmente, sostuvo que estos asuntos correspondían al Consejo Nacional Electoral y no a la jurisdicción penal. Invocó el principio de favorabilidad y argumentó que, al aplicarse la legislación posterior, la pena máxima sería de ocho años y la acción penal estaría prescrita. Por estas razones, pidió rechazar la imputación.Por el momento, la continuación de la audiencia será el próximo miércoles a las 9 de la mañana.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
La tarde de este miércoles intervino la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro para pedir al juez que no tenga en cuenta varias de las solicitudes presentadas por la defensa sobre excluir ciertas pruebas. Por ejemplo, la Fiscalía rechaza que se pretenda excluir del juicio la declaración rendida por Daysuris Vásquez y el celular que ella entregó como evidencia.La fiscal Lucy Laborde sostiene que la declaración juramentada que entregó Daysuris “sí fue voluntaria” y que cualquier reclamo sobre esto le corresponde hacerlo a ella, no a la defensa de Nicolás.El ente acusador también insistió en que, contrario a lo dicho por el abogado de Petro, “no se rompió la cadena de custodia” del celular entregado por Vásquez, pues este luego fue retenido para la extracción de toda la información, en un proceso que fue avalado por un juez de control de garantías."El juez dio legalidad formal y material a la actividad de la extracción de la información, no solo la entregada voluntariamente por Daysuris, sino también la restante que se encuentra en el celular iPhone 13 Pro Max. Allí no se rompió la cadena de custodia. Allí el protocolo de cadena de custodia se encuentra intacto", afirmó Laborde.Rechazan videos expuestos por la defensaLaborde también rechazó y dejó claro que no hacen parte del acervo probatorio los videos expuestos este miércoles por la defensa, en los que se observa a Day en traje de baño disfrutando de la piscina de una casa que habría sido adquirida por Nicolás y por ella cuando eran pareja.Para el abogado de Petro esto demuestra que era Daysuris quien gozaba de los bienes adquiridos, no obstante, para la fiscal, la exhibición de estas imágenes en audiencia es una clara violación a la intimidad."No se encuentran en el traslado ni en el descubrimiento que se efectuó en este proceso y se violaron garantías y derechos fundamentales, tales como la intimidad de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro", dijo la fiscal.Intervención del Ministerio PúblicoEste miércoles también intervino el delegado de la Procuraduría, Henry Francisco Bustos, quien cuestionó si hubo o no vulneración de derechos para Day Vásquez cuando ella declaró ante la Fiscalía. Contrario a lo dicho por la defensa de Petro Burgos, el Ministerio Público consideró que Vásquez sí actuó de manera voluntaria al entregar su declaración en su propia casa.Ahora bien, en lo que sí respaldó el Ministerio Público a la defensa de Nicolás es que en el juicio contra el exdiputado no deben ser tenidas en cuenta ninguna de las declaraciones que él rindió como parte del fallido principio de oportunidad."Eso no puede ser utilizado simple y sencillamente porque ese anunciado principio de oportunidad, del que tanto se habló, pues no se concretó. Nunca fue presentado ni aprobado por un juez y por supuesto que no puede ser utilizado en su contra", afirmó el delegado Bustos.Agregó el delegado de la Procuraduría que tampoco se deben admitir en el juicio oral las declaraciones o entrevistas que haya entregado Day Vásquez por fuera del proceso, máxime cuando se está pidiendo que sea llamada a declarar en dicho juicio.Bustos, a su vez, criticó que se hayan filtrado las imágenes del operativo de captura de Nicolás Petro en la que se observan desnudos a él y a su pareja embarazada. Consideró que eso es una violación a la intimidad y que la Fiscalía debe hallar a los responsables y tomar correctivos.
La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro avanzó este lunes con la intervención de su defensa, quien solicitó al juez desestimar y no incluir en el juicio oral que se avecina contra el exdiputado la declaración jurada que rindió Day Vásquez ante la Fiscalía el 3 de marzo de 2023 y cuya información entregada ese día dio pie a las capturas de ambos implicados cuatro meses después.El abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, cuestionó que dicha declaración se entregó “en casa de Vásquez, sin presencia de un abogado que la representara ni del Ministerio Público”, pese a que ella “se estaba autoincriminando” y necesitaba estas “garantías mínimas”.El abogado, incluso, expuso un video que constata la diligencia y cuestionó que allí Daysuris aparece con dos celulares en sus manos, con los que aparentemente transfiere información de un dispositivo a otro para, según Carranza, al final solo entregar un teléfono."Allí ella le menciona al fiscal lo que va a entregar y lo pasa al otro celular. ¿Por qué no le pidieron a Daysuris del Carmen entregar ese celular, sino que en una extraña maniobra le permiten que delante de ellos ella envíe la información de un teléfono al otro y se incaute o se reciba voluntariamente ese otro celular?", dijo el defensor.Carranza también cuestionó si en realidad Vásquez actuó voluntariamente, teniendo en cuenta que ella fue abordada en su propia casa por funcionarios de la Fiscalía, en vez de ella asistir a una sede del ente acusador."No había ninguna citación, no había un plan metodológico para que ellos hubieran llegado allá. Sencillamente le llegaron, le dijeron 'venimos a tomarle una declaración jurada' y le tomaron la declaración. Pero, además, iban con el perito informático y eso es algo que llama la atención, porque eso no debió ser así", manifestó. "Es la declarante la que voluntariamente, si hubiera podido consultar un abogado, había tenido que ir a una sede de la Fiscalía y, dependiendo de lo que dijera o no dijera, el fiscal ordenaba que un perito informático le ayudara a recaudar una información, pero todo estaba preconcebido", afirmó.Antes el abogado de Nicolás Petro también pidió al juez que no tenga en cuenta en el juicio oral la inspección que realizó la Fiscalía a la Procuraduría General de la Nación por parte del investigador Víctor Forero, quien está privado de la libertad por otro proceso relacionado con obstrucción de pruebas. Dice Carranza que esta inspección no correspondió a una colaboración interinstitucional y que se realizó sin una orden judicial.Además, pidió desestimar una constancia de migración en el que muestran las entradas y salidas del país de Nicolás Petro, argumentando que no es relevante para los hechos jurídicos, más cuando en el proceso contra el exdiputado del Atlántico no se habla de actividades financieras en el extranjero.La audiencia preparatoria de juicio contra Petro Burgos continuará este miércoles, con la intervención de su abogado Nicolás Petro, quien continuará exponiendo las pruebas que, en su opinión, deben ser desestimadas.
La fiscal Lucy Laborde terminó su intervención en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, pidiéndole al juez que excluya entre las pruebas de la defensa un dictamen de mendacidad crónica sobre Day Vásquez y daños causados a Petro Burgos y su actual pareja, Laura Ojeda.Según la defensa del hijo mayor del presidente, este dictamen busca analizar la credibilidad de Vásquez, sin embargo, la fiscal consideró que esto constituye una violación a la Ley por posible “discriminación de género”, ya que “produce el estereotipo de que las mujeres son menos creíbles”.Ante esto, la defensa de Nicolás Petro intervino y aseguró que ese dictamen “nada tiene que ver con el género”, mientras que el juez reconoció que el término ‘mendacidad’ “no es una palabra ofensiva” y pidió a la Fiscalía y al abogado defensor no estancarse en este "debate innecesario"; de modo que la audiencia avanzó y, después de varios días de intervención, el ente acusador terminó de nombrar las pruebas que considera que deben ser excluidas del juicio de Nicolás Petro, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Luego, el turno le correspondió al Ministerio Público, quien empezó pidiendo que no sean admitidas como pruebas de la defensa las entrevistas concedidas por el exfiscal Francisco Barbosa y por Day Vásquez a medios de comunicación, ya que estos elementos fueron presentados por el abogado defensor de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo permitido.La representante de la Procuraduría también pide que se rechace como prueba las declaraciones que rindió Laura Ojeda en una audiencia pública, con las cuales la defensa de Nicolás Petro busca impugnar la credibilidad de Day Vásquez. Solicita su rechazo por descubrimiento extemporáneo, es decir, porque la defensa no presentó esta prueba dentro de los tiempos estipulados por Ley.Después de dos consecutivos de audiencia, la diligencia fue suspendida y continuará el próximo 30 de julio a las 8:30 de la mañana.
La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, continuó este miércoles con la intervención de la fiscal Lucy Laborde sobre las pruebas de la defensa que, según su criterio, deben ser rechazadas por el juez.Así, Laborde pidió que se rechace la solicitud de la defensa para acceder al celular de Daysurys Vásquez, "por no ser una petición probatoria, sino una petición de actividad investigativa". Aseguró que "la defensa no puede pretender solicitar la práctica de una actividad investigativa en el marco de la audiencia preparatoria"."El camino legal era haber efectuado esas solicitudes a un juez de control de garantías y traer a la audiencia preparatoria dicha evidencia digital, más aún cuando en este momento los celulares ya fueron devueltos a la señora Daysurys Vásquez", dijo.La fiscal pidió que tampoco se admita como prueba el dictamen pericial psicológico de Daysurys Vásquez, que pretende utilizar la defensa de Nicolás Petro. Dice que no puede efectuarse una valoración psicológica en contra de la voluntad de Vásquez, pues así "atenta contra su intimidad". Afirmó que "es impertinente, ilícita y abiertamente inconstitucional", pues no se puede obligar a un testigo a someterse a un examen psicológico."Es contrario a la dignidad humana, a la dignidad de la señora Daysurys como mujer, como persona y como ciudadana del Estado colombiano", dijo.Finalmente, poco antes de las 4 de la tarde, el juez suspendió la audiencia, atendiendo el llamado de la Fiscalía que pidió continuar este jueves "por razones de seguridad". La fiscal dijo que restaban minutos para que los juzgados de Barranquilla quedarán solos y que era más seguro continuar al día siguiente.Al respecto, el juez respondió que se entendían estos "motivos de seguridad personales" de la fiscal, "con ocasión al ejercicio de sus funciones y de su cargo", y fijó la continuación de la diligencia para este jueves, a partir de las 8:30 de la mañana, cuando Nicolás Petro también podrá seguir compareciendo de manera virtual, también aludiendo a motivos de seguridad.
La Fiscalía continuó interviniendo este jueves en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En esta diligencia, el ente dejó claro que rechaza "muchísimas de las solicitudes probatorias de la defensa" por no mostrar dichos elementos de prueba "en la etapa o plazo correspondiente", o "por no trasladarlo" al acusador como debe hacerse en el proceso.La fiscal del caso, Lucy Laborde, también insistió al juez que "rechace toda prueba que no haya sido especificada o que carezca de certeza para llevar a juicio", como por ejemplo la solicitud que hizo la defensa para usar una declaración jurada de Day Vásquez. Dice la fiscal que no recibió este elemento por parte del abogado de Petro o por lo menos este defensor no precisó de qué declaración se trata.La Fiscalía también pidió que se inadmita como prueba de la defensa las declaraciones de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, sobre el principio de oportunidad de Day Vásquez.La fiscal dice que la defensa no fue clara en exponer esta prueba, pues daba por hecho que el ente acusador tiene estas declaraciones, siendo que la Fiscalía cuenta con “2.400.000 evidencias recaudadas” y necesita más detalles para saber a cuál testimonio se refiere el abogado de Petro.En esa misma vía, la fiscal rechazó que la defensa quiera usar el juicio para tumbar el principio de oportunidad que firmó Day Vásquez, siendo que este “no es el escenario” para ello. Dice la fiscal Laborde que hay “inexactitud” y falta de veracidad "en la narrativa de la defensa cuando manifiesta que Laura es víctima en el principio de oportunidad de Vásquez", pues Ojeda es reconocida como víctima "en otro proceso diferente".Agrega el acusador que si se pretenden usar declaraciones de Laura Ojeda, el camino sería citarla para que entregue su testimonio.Más declaraciones rechazadasLa Fiscalía, a su vez, pidió no avalar como prueba las supuestas declaraciones que rindió la señora Blanca Gutiérrez bajo gravedad de juramento y que estarían relacionadas con la compraventa de un vehículo Mercedes Benz. Afirma la fiscal que la defensa nunca le trasladó esta prueba y que entre el material que recibió el ente acusador “no existe ningún testimonio de Blanca Gutiérrez”.La Fiscalía también pide que, "por impertinente", se desautorice como prueba de la defensa la entrevista que concedió a un medio de comunicación el investigador Víctor Forero Cortés después de que este salió de la Fiscalía y en la que supuestamente asegura que su salida de la entidad se debió a una persecución política en su contra por liderar la investigación al hijo mayor del presidente.Laborde dice que no le dieron traslado de esta entrevista y que no la conoce; sin embargo, aclara que la Fiscalía sí espera que Forero sea llamado como testigo del ente acusador, ya que él precisamente fue quien lideró al grupo de tareas que adelantó la investigación.La Fiscalía fue insistente en que la defensa, por orden del juez, debía trasladar a la Fiscalía y a la procuraduría todo su material probatorio a más tardar el 23 de abril de 2025, pero según la fiscal Laborde el abogado no lo hizo, sino hasta el pasado 20 de mayo en horas de la noche.
Este martes, la defensa de Nicolás Petro pidió al juez que avale como prueba una denuncia penal que en 2023 presentó Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca en contra de Daysurys Vásquez por los delitos de injuria y calumnia que ella habría cometido al declarar que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022.Según el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás, dicha denuncia también contiene un certificado firmado por el anterior fiscal Mario Burgos, el cual dejaría constancia que Alfonso Hilsaca no ha sido investigado y que no realizó aportes a la campaña de Gustavo Petro."Estos documentos contienen también, su señoría, la alegación de falsedad de los señalamientos sobre los supuestos aportes con destino a la campaña presidencial. Los desmiente, los destruye por completo y deben ser considerados, su señoría, porque provienen de la persona que entregó los dineros a Nicolás", dijo el abogado Carranza.La defensa de Petro insistió este martes en que Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco’ Hilsaca, también sea testigo en el juicio oral del hijo mayor del presidente. Incluso, el abogado Carranza pidió que se acepte como prueba un documento que contiene análisis económico, contable y tributario de Gabriel Hilsaca Acosta para demostrar la licitud de su dinero."Con este documento se demuestra la licitud del dinero. Y este es un dinero muy importante porque son alrededor de 400 millones de pesos, más o menos la mitad del dinero que la Fiscalía ha reprochado y se justifica entonces de dónde viene, por qué se lo entregaron, cómo se lo entregaron, si hubo un reporte tributario y contable de este dinero, si los ingresos son lícitos, si con esto Nicolás cometía el enriquecimiento ilícito de servidor público y si este dinero hoy en día se constituye en patrimonio de Nicolás o de quién", agregó Carranza.De hecho, la defensa también espera usar como pruebas en el juicio las colillas de cheques de Gabriel Hilsaca, correspondientes de 2021 y 2022, para demostrar que no había “dineros ilícitos, transferencias ocultas o realizadas a través de testaferros”, sino que él “tenía la capacidad económica” para entregar o prestar recursos.
Daysurys Vásquez, exnuera del Presidente de la República, le apuntará a un nuevo acuerdo con la Fiscalía antes de que el ente la acuse de manera formal por el delito de violación de datos personales, cuya audiencia quedó agendada virtualmente para el próximo 13 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.La presentación de esta acusación estaba prevista para este miércoles, pero esta vez la discusión se centró en una solicitud que presentó la Fiscalía para que las dos investigaciones que cursaban por separado contra Day Vásquez, por presuntamente hackear las cuentas electrónicas y mensajes del celular de Laura Ojeda y Génesis Leal, sean unidas en un solo caso, procurando así la economía procesal.Teniendo en cuenta la conexidad de ambas investigaciones, esta solicitud de la Fiscalía contó con el respaldo de los abogados y del Ministerio Público, y fue aprobada por el juez, quien de inmediato citó una nueva audiencia para finalmente avanzar hacia la acusación.Sin embargo, es previo a esta cita que Day y su defensa intentarán sentarse a dialogar con la Fiscalía, una vez más, con miras a una nueva negociación que le permita acceder a una pena más baja a cambio de aceptar algunas responsabilidades."Claro, es que cuando hablamos de negociación es con ese fin, de aceptar responsabilidades a cambio de beneficios. Iniciaremos un ciclo de conversación buscando mirar qué figura dentro la negociación es más favorable para mi defendida, eso hace parte de la gama de posibilidades que tenemos", dijo Freja en diálogo con Blu Radio."Todo hay que estudiarlo, mirarlo, analizarlo y en su momento se tomará la decisión que sea más conveniente", agregó.Y es que si bien Vásquez ya firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, este solo cobija los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los que está siendo procesado su exesposo e hijo mayor del presidente, Nicolás Petro; mas el acuerdo no incluye el de violación de datos personales.De hecho, durante la audiencia de este miércoles, la fiscal del caso, Lucy Laborde, dejó claro que a la fecha no hay ningún preacuerdo entre el ente y Day Vásquez por este caso. Eso sí, las conversaciones para ello, según la defensa, comenzarían esta misma semana.
Blu Radio tuvo acceso al documento de siete páginas que la defensa de Nicolás Petro Burgos envió directamente al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y a la procuradora regional de instrucción del Atlántico, Margarita Rosa de la Hoz, para solicitarles el “archivo definitivo” de la investigación disciplinaria que sigue abierta contra el hijo del presidente, al considerar que se han vencido los términos para la formulación de cargos.La Procuraduría abrió su investigación contra Petro Burgos el 2 de marzo de 2023, para determinar si en su época de diputado del Atlántico incurrió o no en faltas disciplinarias gravísimas, relacionadas con el enriquecimiento ilícito de servidor público y financiación de campañas con fuentes prohibidas.Luego, en defensa de Petro Burgos, los abogados Stewin Arteaga Padilla y Nixon Torres Cárcamo argumentan en su solicitud que desde la apertura de la investigación han pasado 24 meses y, “al no haberse producido una decisión que evaluara su presunta responsabilidad disciplinaria, lo procedente es el archivo de la investigación”.Inicialmente la investigación duraría seis meses, pero el 31 de agosto de 2023 la Procuraduría ordenó una prórroga de seis meses “para el agotamiento de las órdenes probatorias”, teniendo en cuenta que “se investiga la presunta comisión de varias faltas disciplinarias”.Vencido este término, se podía prorrogar tres meses más para un total de 15 meses de investigación, según establece la Ley 2094 del 2021. Incluso, después de agotarse este tiempo máximo permitido, el 25 de junio de 2024, los abogados presentaron sus alegatos y aún así, transcurridos dos años desde que inició el proceso, aún no hay pronunciamiento de la Procuraduría.
Viajar en TransMilenio implica cumplir varias reglas de convivencia para evitar molestias a los demás pasajeros. Una de las recomendaciones que ha dejado el sistema es que sus usuarios utilicen audífonos al escuchar música o consumir contenido desde el celular, pues reproducir sonidos a alto volumen puede perturbar la tranquilidad de quienes viajan en el bus.Aunque esta indicación aparece entre las restricciones y recomendaciones para los usuarios, el comportamiento también está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De esa manera, el artículo 146 establece medidas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de otras personas en los sistemas de transporte público.Así pueden multar a los pasajeros bullososEn sus recomendaciones, TransMilenio ha sido enfático en evitar el volumen alto de los dispositivos electrónicos y utilizar audífonos para escuchar música. La medida busca que los usuarios puedan realizar sus desplazamientos sin tener que escuchar el contenido que reproducen los demás.La situación se puede presentar cuando una persona utiliza el parlante de su celular, una bocina o un bafle para escuchar música o ver videos al interior del sistema de transporte masivo y en las estaciones.Debido a ello, el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas frente a comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás pasajeros en los sistemas de transporte masivo.Esta es la fuerte multa que le cobraríanLa conducta de perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros por medio de actos molestos puede dar lugar a una multa general tipo uno, correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, $233.454.La aplicación de esta sanción depende de las circunstancias del comportamiento y de la valoración de la autoridad competente. Por eso, escuchar música sin audífonos no debe entenderse automáticamente como motivo de una multa: debe establecerse si la conducta constituye una perturbación de la convivencia.Además de esta restricción, TransMilenio contempla otras conductas que afectan el servicio y a sus usuarios, como las riñas, el hurto, la evasión del pago del pasaje y las ventas dentro del sistema.La recomendación para quienes utilizan el transporte público es respetar las indicaciones de convivencia y mantener el volumen de sus dispositivos en un nivel que no afecte a los demás.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a Emcali a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la Planta Río Cali, debido a los altos niveles de turbiedad y al arrastre de material vegetal en la cuenca. La situación impactará el suministro de agua en 24 barrios de la capital vallecaucana.De acuerdo con la empresa de servicios públicos, las condiciones del río hicieron necesario detener preventivamente las operaciones de la planta, con el propósito de proteger la infraestructura y garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.Entre los sectores que podrían presentar bajas presiones, intermitencia o suspensión temporal del servicio se encuentran Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte y Chipichape, entre otros.Los equipos técnicos y operativos de Emcali permanecen en la zona realizando monitoreo de las condiciones de la cuenca. Según la entidad, una vez disminuyan los niveles de turbiedad y mejoren las condiciones climáticas, se reanudará progresivamente la operación de la planta para avanzar en la normalización del servicio.Mientras tanto, la empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional y moderado del agua almacenada en sus tanques y reservas residenciales, mientras culminan las labores necesarias para restablecer la producción de agua potable.Otra situacion similar ocurre en Yumbo, V alle, debido a un daño en una tubería de gran dimensión, este municipio está siendo afectado por suspensión en el servicio de acueducto o bjas presiones. Emcali y sus grupos operativos trabajan a toda marcha para reparar el daño y normalizar el servicio, por lo que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento de agua en los sectores afectados.
