Un contrato de Colpensiones por $9.400 millones tiene bajo investigación a María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia, quienes se desempeñaron como vicepresidentes de Gestión Corporativa de esa entidad.
Por lo que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades relacionadas con las modificaciones realizadas a ese acuerdo.
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El contrato fue suscrito en 2020 y tenía como objetivo el mejoramiento tecnológico de Colpensiones. La investigación se centra en dos modificaciones, conocidas como otrosíes número 2 y 5, que fueron firmadas en 2022 y 2023 y que habrían cambiado algunos componentes del contrato.
Según la Procuraduría, esas modificaciones se habrían justificado en las variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que refleja el valor del dólar frente al peso colombiano, y en los incrementos del salario mínimo mensual legal vigente. Estos factores habrían sido utilizados como argumentos para realizar cambios en las condiciones del acuerdo.
Sin embargo, el organismo de control advirtió que las modificaciones se habrían efectuado sin soportes, análisis detallados ni justificaciones técnicas que explicaran las razones de esos cambios.
Por esta razón, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales para conocer los aspectos técnicos y financieros relacionados con la firma de los otrosíes y determinar cómo se justificaron las modificaciones.