La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato suscrito en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional.
La decisión cobija al coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, quien se desempeñó como director general del FORPO; a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del CIPPA; al intendente Ismael de Aguas, quien ejercía como verificador de información de ese organismo; y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, supervisor del contrato por parte del FORPO para la época de los hechos.
La actuación disciplinaria busca establecer si, durante el proceso de contratación para la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART) para la Policía Nacional, cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos, se presentaron presuntas irregularidades que pudieron afectar la legalidad y la ejecución del contrato.
De acuerdo con la Procuraduría, la investigación pretende determinar si existieron posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista, aspecto que habría incidido en el desarrollo del proceso contractual.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, la Procuraduría buscará establecer las circunstancias en las que se adelantó el proceso contractual, así como determinar si la actuación de los funcionarios involucrados se ajustó a los deberes propios de sus cargos o si existieron conductas con relevancia disciplinaria.
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La actuación se encuentra en etapa de investigación, por lo que el órgano de control recaudará las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y definir si existe mérito para formular eventuales cargos disciplinarios contra los funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso.