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A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación, explicó que no es cierto que con la reforma al Código General Disciplinario se archivarán más de 10.000 mil expedientes disciplinarios, y que lo que se busca es lo contrario, evitar los archivos por prescripciones.
Sobre esta reforma que debe ser aprobada en esta última semana legislativa, la Procuraduría también negó que otorgue 'superpoderes' para adelantar investigaciones contra la oposición. La Procuraduría mantendrá sus actuales facultades investigativas y sancionadoras, de manera imparcial y objetiva”, menciona la comunicación.
Un tema que ha generado polémica es el de las facultades especiales que se le otorgarían al presidente de la República para modificar la cantidad de trabajadores en el Ministerio Público. En el comunicado, se dice que la no se "busca crear burocracia en la Procuraduría. Con la reforma se adelantará una reorganización interna en el Ministerio Público y será el Departamento Administrativo de la Función Pública quien determine si se requieren nuevos cargos”.
Por último la Procuraduría dice que la necesidad de aprobar esta reforma es para acatar dos hechos que han obstaculizado el correcto funcionamiento de la entidad, “el primero, la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019”.
Cabe señalar que a esta reforma le restan dos debates en las plenarias del Senado y Cámara, deberán ser sometidas a estos debates antes del 20 de junio, fecha en la que termina el periodo legislativo, de no ser aprobadas, se hundirá esta reforma.
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