Ante las reiteradas denuncias por la confusión en la entrega de cuerpos por parte de clínicas y funerarias en medio de la pandemia de COVID-19, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Distrito de Barranquilla y al municipio de Soledad, Atlántico, constancia del cumplimiento de las directrices, normas de bioseguridad y medidas de prevención.
Además, pidió mostrar las normas de control establecidas por el Gobierno para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por coronavirus.
El ente de control requirió a través de una acción preventiva de vigilancia y seguimientola elaboración y aplicación obligatoria de los protocolos de bioseguridad.
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En carta dirigida al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, el Ministerio Público solicitó la creación de una plataforma informativa con datos estadísticos veraces, con actualización diaria, que informe sobre los fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus.
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Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de transmisión al personal que labora en las Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (ESE), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), autoridades judiciales, ciencias forenses, servicios funerarios, cementerios y otros actores que se involucren en la cadena de manipulación de cadáveres.
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Así mismo, pidió el establecimiento de una ruta de coordinación y articulación interinstitucional, la adquisición de cabinas de bioseguridad para el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres,
y la capacitación en coordinación con los servicios funerarios y cementerios para su manipulación.
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Las alcaldías también deberán informar sobre el funcionamiento de su plan de contingencia, que debe identificar el inicio de la ruta de manipulación de los cuerpos y el tipo de transporte.
Además, deben precisar la disposición final de los mismos: inhumación, entierro en bóveda o en tierra, y la habilitación de un lugar de respaldo para los cadáveres por sospecha o confirmación de COVID-19 en caso de que la cantidad de muertes aumente y la capacidad de los cementerios de la ciudad y el municipio llegue al límite.
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