La Procuraduría General está a favor de que se reduzca el pago de los aportes a la salud para los pensionados del país, por eso le pidió a la Corte Constitucional que declare infundadas las objeciones del Gobierno frente al proyecto de ley que reduce la cotización mensual del 12 al 4 %.
Cabe recordar que en junio de 2017 el Congreso aprobó esta iniciativa, pero el presidente Santos la objetó argumentando que esta reducción provocaría un gran impacto fiscal. Ahora la última palabra la tiene la Corte Constitucional.
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La Procuraduría le pidió a ese alto tribunal que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación y afirma que la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales.
La Procuraduría solicitó a la Corte que en caso de que el “único vicio del proyecto” estuviera fundado en la escasez de recursos, evalúe la posibilidad de modular su aplicación.
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