La Procuraduría solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca medidas de embargo sobre los bienes que la firma Odebrecht tiene en la concesión para la construcción de la Ruta del Sol.
“Procuraduría General de la Nación urgió por las medidas de embargo y secuestro sobre las acciones, participaciones, derechos o cuotas sociales, que las firmas de Odebrecht tienen en la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Esta nueva acción cautelar complementará las cuantiosas medidas de embargos de cuentas y bienes”, señaló el organismo de control en un comunicado.
“En su petición elevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el órgano de control solicitó que se decrete esta medida cautelar y se designe un secuestre que, en nombre y representación de las sociedades de Odebrecht, ejerza los derechos sociales y de gobierno en la concesionaria, hasta la terminación y liquidación del contrato. Un secuestre que provenga de una entidad pública”, agregó.
El Ministerio Público recordó que la terminación real del contrato aún no se ha dado, pese a que el pasado 22 de febrero se suscribió un acuerdo para su terminación y liquidación. El control de las obras y de la concesionaria aún no está en poder de instituciones del gobierno.
Se destaca que la petición de la medida cautelar, reiterada por la Procuraduría General de la Nación, que sustrae a Odebrecht de la concesionaria, ha sido coadyuvada por el Gerente de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quien la comparte.
La Procuraduría, entre otros aspectos fundamentales de esta transición, la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, por lo cual este organismo ha incrementado sus acciones de vigilancia y seguimiento en 5 departamentos que atraviesan la Ruta del Sol.
También inquieta que en la etapa de transición se incrementen los gastos por parte de Odebrecht y que estos a la postre sean pasivos que hagan imposible la financiación del proyecto a largo plazo. Así, en el limbo en que se encuentra actualmente el proyecto, esa interinidad durará mínimo 120 días con empresas cuestionadas por actos de corrupción.
La Procuraduría calificó como indispensable que el Estado pueda adelantar de inmediato la etapa contractual, para la celebración de un nuevo contrato a través del cual deberá terminarse el proyecto, con un nuevo concesionario, seleccionado con transparencia, mediante licitación pública.
La gran expectativa es que en el Tribunal de Arbitramento de la próxima semana se declare la nulidad absoluta del contrato 001 de 2010 y sus otrosíes, y se desestimen las pretensiones de la Concesionaria por más de 798 mil millones de pesos.
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