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La Procuraduría General de la Nación sancionó a 16 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades durante inspecciones realizadas a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en marzo de 2024.
Según el ente de control, durante esas diligencias se habría accedido y extraído información de equipos institucionales en medio de averiguaciones que adelantaba la SIC relacionadas con procesos contractuales en los que participaba la firma Thomas Greg & Sons.
Entre los sancionados está el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, a quien se le impuso suspensión e inhabilidad por 12 meses. En varios casos, la Procuraduría también impuso multas e inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
En este fallo de 215 páginas, la Procuraduría detalló que durante las visitas administrativas estos funcionarios solicitaron acceso a computadores institucionales y a dispositivos móviles, incluso personales, de directivos y funcionarios de las Registraduría y la Cancillería con el fin de recaudar información sobre procesos de contratación y verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica.
El ente de control también señaló que en la Registraduría se realizaron copias de seguridad y “espejos forenses” de equipos que contenían información sensible, entre ella datos del censo electoral, historiales clínicos y registros con reserva legal, lo que generó quejas por posible afectación de derechos fundamentales y por exceder el objeto de la averiguación preliminar.
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