La propuesta de crear una “ley antiterremotos” busca establecer una ruta clara para los ciudadanos afectados y evitar que el proceso se limite únicamente al registro de los damnificados.
“La propuesta específica para el Gobierno Nacional es que, ante estas circunstancias trágicas, podamos sacar un hecho histórico que nos permita flexibilizar la asignación de subsidios en nuestro territorio nacional para estas familias específicamente, pero también hacer modificaciones al sistema constructivo convencional que tenemos aprobado en nuestra política de vivienda pública”, explicó Marta Isabel Serrano García, gerente de Gestores de Vivienda.
El proyecto busca que la respuesta a la emergencia no se limite únicamente a ayudas temporales y que el proceso avance hacia soluciones definitivas para las familias afectadas, con viviendas dignas, seguras y habitables. Además, plantea modificar los mecanismos actuales de construcción para acelerar la respuesta habitacional, sin reducir las exigencias de seguridad.
¿Cómo funcionaría el ABC propuesto?
La propuesta establece un ABC. El primer paso es acudir a la alcaldía del municipio, reportar la afectación e inscribirse en el Registro Único de Damnificados.
El segundo consiste en solicitar una evaluación técnica de la vivienda para determinar si es habitable, reparable, reconstruible o si la familia debe ser reubicada.
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El tercer paso es hacer seguimiento al proceso hasta obtener una solución definitiva. De acuerdo con la propuesta, esta podría consistir en la reparación de la vivienda, la reconstrucción en sitio propio, la adquisición de una vivienda o la reubicación.
Uno de los principales puntos del proyecto es crear un régimen excepcional que permita utilizar el Registro Único de Damnificados como soporte para acceder a subsidios mediante trámites abreviados.
“Proponemos simplemente un sistema de edificación industrializado que también cumpla con norma de sismorresistencia, pero que nos permita en un tiempo más corto atender la situación que tenemos en nuestro país”, afirmó Serrano García.
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La iniciativa plantea, además, un catálogo de viviendas industrializadas que deberán cumplir con las normas de sismorresistencia, diseño estructural, cimentación, servicios públicos y condiciones de habitabilidad.
Otro de los componentes es la identificación de suelo seguro para las familias que necesiten ser reubicadas. Los terrenos deberán contar con seguridad jurídica, no presentar riesgos no mitigables y tener acceso a servicios públicos y servicios esenciales.
Por el momento, la “ley antiterremotos” es una propuesta de Gestores de Vivienda, no una norma vigente. Es por eso que tiene como propósito que el Gobierno Nacional y el Congreso estudien mecanismos que permitan acelerar la reconstrucción después de una emergencia de este tipo.
“La oportunidad que tenemos de mejorar el sistema de construcción de vivienda en nuestro país es una oportunidad valiosa que nace detrás de una situación trágica, pero que también nos permitirá ser eficientes en el tiempo para dar una solución definitiva a nuestras familias”, explicó Serrano García.