La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026, conocido como “De preescolar a Once”, que busca ampliar la educación obligatoria en Colombia desde los 3 hasta los 17 años e incluir los grados décimo y once en esta garantía constitucional. La iniciativa continuará su trámite en el Congreso y pretende reducir la deserción escolar, mejorar la permanencia de los estudiantes y ampliar las oportunidades de acceso a la educación media.
La propuesta establece que la educación obligatoria comprenda, como mínimo, tres grados de preescolar, nueve de básica y dos de media. También contempla una implementación progresiva del preescolar, en un plazo máximo de 12 años, con prioridad para los territorios que presenten mayores brechas de cobertura.
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Alejandra López, gerente de la Alianza para la Transformación de la Educación Media, advirtió que actualmente solo uno de cada dos jóvenes de 15 y 16 años está en el sistema educativo. Además, señaló que uno de cada dos adolescentes y jóvenes desarrolla las competencias esperadas en lenguaje y matemáticas, mientras que la deserción entre noveno y décimo grado alcanza el 89 %.
El proyecto es impulsado por más de 30 congresistas de diferentes partidos políticos. El representante Gabriel Becerra, ponente de la iniciativa, aseguró que la propuesta busca garantizar trayectorias educativas completas y responder a las dificultades que enfrentan miles de estudiantes para terminar el bachillerato.
Por su parte, Daniel Bernal, coordinador ponente, destacó que culminar la educación media puede incrementar cerca de un 28 % los ingresos futuros de una persona. Entretanto, un análisis del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes señala que solo 13 de cada 100 estudiantes que comienzan su recorrido escolar terminan la educación media en el tiempo esperado y con los aprendizajes previstos.
La iniciativa deberá superar los siguientes debates en la Cámara de Representantes y el Senado para convertirse en una reforma constitucional. Sus promotores esperan que la discusión permita reducir las brechas educativas entre regiones y garantizar mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes del país.