Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, en primer debate, el proyecto anticorrupción que obliga a todos los servidores públicos a publicar sus declaraciones de renta, bienes y registro de conflictos de interés.
Se aprobó una propuesta para que esta obligación se extienda al fiscal general de la Nación, registrador Nacional, al defensor del Pueblo, los magistrados de la JEP, al auditor, procurador, los superintendentes, directores de departamentos administrativos, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado y particulares que tengan funciones públicas.
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“Tiene que garantizarse la protección de los datos personales. La declaración de bienes y rentas tiene lo que tiene cada funcionario público, al lado sale la dirección, la cédula catastral y esa información es protegida”, explicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus.
Se derrotó una proposición del senador Armando Benedetti para que los directores de medios de comunicación se vieran obligados a publicar los tres documentos.
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“El hecho de tener a disposición del público la declaración de renta en todo el sistema de gestión pública hace transparencia en todos los niveles”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Estos documentos tendrían que publicarse en el sistema SIGEP.