Reforma a la justicia quedó corta, según organizaciones que participaron en su creación

En enero de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a la comisión de expertas y expertos para la reforma a la justicia, liderada por el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna. Durante un año, el grupo abordó temas clave como las barreras de acceso a la justicia, la representación diversa en el sector judicial, la humanización del sistema penal y penitenciario, y la erradicación de las violencias de género. Sin embargo, los resultados han sido limitados, y las organizaciones consideran que el texto propuesto no responde a las transformaciones estructurales necesarias.Aunque se revisaron proyectos de ley y se recibieron más de 500 propuestas ciudadanas, las organizaciones señalan que los avances han sido insuficientes debido a una metodología inconsistente y una visión reducida, centrada en reformas legales que no se tradujeron en políticas públicas sólidas. Según Adriana Benjumea Rua, de la Corporación Humanas, “el texto quedó corto y no refleja el nivel de cambio estructural que el país requiere”.Las organizaciones destacan que el sistema judicial sigue enfrentando desafíos graves, como la desigualdad en el acceso y la exclusión de poblaciones vulnerables. Además, insisten en la necesidad de una reforma que aborde cinco puntos fundamentales: acceso equitativo a la justicia, humanización del sistema penal, justicia inclusiva con perspectiva de género, erradicación de la violencia y discriminación, y una administración judicial autónoma y transparente.En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron al Gobierno, a la rama judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a priorizar una reforma integral. “Es fundamental superar la visión limitada de cambios legales y avanzar hacia transformaciones estructurales que realmente respondan a las necesidades del país”, aseguró Dayana Blanco Acendra, de Ilex Acción Jurídica.Finalmente, los firmantes reiteraron su disposición a contribuir en el diseño de una reforma humanizada y equitativa que garantice justicia para todas las personas en el territorio colombiano. Entre los firmantes se encuentran representantes de Corporación Humanas, Dejusticia, ILEX Acción Jurídica, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y el Colectivo Justicia Racial.