La reciente reforma a la justicia en Colombia, conocida como ley de desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales, ha sido objeto de un intenso debate desde su presentación. El abogado Francisco Bernate, exmiembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre varios aspectos de la reforma, incluyendo la naturaleza de la negociación con organizaciones criminales y los puntos más polémicos del proyecto. Uno de los aspectos centrales es la percepción de que la ley proporciona un marco legal para facilitar la negociación con grupos que operan al margen de la ley. Sobre esto, Bernate destacó que el actual marco normativo dificulta la negociación, ya que fue diseñado en el contexto de procesos anteriores de paz, como los de las Farc y el Caguán. "El marco normativo está un poquito estrecho porque existe una regla, que es del año 98, la que promulgó para facilitar los diálogos del Caguán. Después expidió justicia y paz y después la de las Farc y digamos que estas organizaciones no tendrían un marco jurídico claro y preciso y esa es como la motivación de esta propuesta, tener un marco jurídico que permita la negociación", explicó Bernate en Blu radio. La reforma se enfrenta a un escenario complejo en su búsqueda de aprobación. Las opciones existentes en el actual sistema de justicia permiten seguir negociando y aplicando justicia ordinaria. "En el escenario en que esto no se apruebe, los acuerdos se podrían hacer sobre los marcos que hoy en día establece la legislación vigente, que también son relativamente amplios y que permitirían llegar a acuerdos. Por ejemplo, el principio de oportunidad es una figura magnífica que permite dar amplios márgenes, de alguna manera, de beneficios, entonces digamos que el escenario sería aplicar la justicia ordinaria, frente a estos procesos sería ese", enfatizó Bernate. La posición del gobierno de Gustavo Petro y la viabilidad de la ley, tanto en la Comisión de Política Criminal como en el Congreso, son fundamentales en el próximo periodo de discusión legislativa. El éxito de la reforma de justicia dependerá de la capacidad del Estado para abordar, tanto la legalidad, como el alivio de la violencia en el país. Escuche la entrevista aquí:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, una reforma estructural al sistema penal colombiano que busca hacer la justicia más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, que destacó el amplio consenso político e institucional que respaldó esta iniciativa.La nueva ley, promovida por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, introduce cambios clave a los códigos penal (Ley 599 de 2000), de procedimiento penal (Ley 906 de 2004) y de seguridad ciudadana (Ley 1121 de 2006). La reforma busca enfrentar de forma directa la congestión judicial y garantizar una respuesta oportuna a las víctimas.Principales cambiosEntre los avances más relevantes que trae la norma se destacan: Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves. Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes. Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.Con esta reforma, el Gobierno proyecta una reducción significativa en los tiempos de resolución de procesos penales, que podrían pasar de más de diez años a entre uno y doce meses. También se espera disminuir de manera notable la cantidad de casos que prescriben por demoras en el trámite judicial.Polémica por artículo retiradoDurante el trámite legislativo, uno de los artículos más controversiales fue retirado del texto final: el artículo 7, que proponía beneficios judiciales, como rebajas de pena, para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. La decisión de excluir este artículo se tomó tras fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos.
Con una votación unánime de 96 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma a la justicia, una iniciativa que busca transformar el sistema judicial colombiano.El proyecto, que ahora pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial, busca principalmente la descongestión del sistema penal, la emisión oportuna de sentencias y una reparación integral más rápida a las víctimas.Uno de los puntos más destacados de la reforma es la implementación de mecanismos que permitirán reducir la carga al sistema. Entre ellos, se incluyen rebajas de penas en delitos menores para quienes se acojan a los preacuerdos. Por ejemplo, en casos de flagrancia, los implicados podrán recibir una reducción del 50 % en su condena. Para delitos como el terrorismo o la extorsión, la rebaja será del 25 %.Según los promotores del proyecto, estas medidas también contribuirán a descongestionar las cárceles, al permitir la salida anticipada de personas que reparen a las víctimas y colaboren con la justicia. De esta manera, no solo se agilizan los procesos judiciales, sino que también se promueve un enfoque restaurativo que prioriza la reparación del daño y la resocialización.Otro de los problemas estructurales que esta reforma busca enfrentar es la alta tasa de prescripción de procesos judiciales en Colombia. En los últimos seis años, más de 43.000 casos han prescrito, dejando sin justicia a miles de víctimas.Según la representante Ana Paola García, con esta nueva normativa, se espera reducir drásticamente estos tiempos. Añade que actualmente, un proceso judicial en el país puede tardar entre 12 y 15 años en resolverse. La meta es emitir fallos en plazos significativamente menores, evitando así que los casos caduquen.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la reforma a la justicia, una iniciativa que había permanecido estancada durante cuatro meses y que ahora se encamina hacia su discusión final en plenaria.El proyecto, respaldado por la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, busca principalmente descongestionar el sistema judicial y reducir los niveles de impunidad. Entre las principales herramientas propuestas está la promoción de la terminación anticipada de procesos penales mediante allanamientos, preacuerdos y la ampliación del uso del principio de oportunidad.Además, se contempla el fortalecimiento de la reparación integral a las víctimas.El representante Heráclito Landínez también resaltó la importancia de la reforma “Este proyecto fue aprobado con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía. Hoy esta reforma se centra en la reparación a las víctimas. Esto ayudará a descongestionar la justicia y que la justicia opere de una manera más eficiente en Colombia”.No obstante, algunos sectores han expresado reservas frente al aumento en la aplicación del principio de oportunidad. El representante Hernán Cadavid advirtió sobre posibles aplicaciones selectivas de esta herramienta, lo que podría generar desigualdad en su implementación.Con todos los artículos de la ponencia ya aprobados, así como varios nuevos, la reforma queda lista para su discusión final en la plenaria de la Cámara. De superar ese último debate, pasará a sanción presidencial.El proyecto ha sido calificado por sus defensores como un paso importante para modernizar el sistema penal y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, el debate en la plenaria será determinante para definir su rumbo definitivo.
La sesión contó con la presencia de figuras como la fiscal general Luz Adriana Camargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.Aunque el trámite ha avanzado sin mayor ruido, el proyecto enfrenta reparos en aspectos fundamentales, especialmente en torno al principio de oportunidad, la duración de los procesos penales y la garantía de reparación para las víctimas. Estas diferencias han dado lugar a varias críticas por parte de la oposición.El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó fuertes críticas hacia la gestión de la Fiscalía en la aplicación del principio de oportunidad, asegurando que esta no puede pedir más instrumentos cuando los aplica de “forma selectiva”. Lo anterior, aludiendo a casos como el de Sandra Ortiz, implicada en presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien, según él, ha sido ignorada por la fiscal Camargo.Cadavid alertó sobre el uso excesivo del principio de oportunidad como mecanismo para descongestionar la justicia, argumentando que no puede ser la regla cuando se hace en detrimento de las víctimas, que muchas veces no obtienen justicia. Según su posición, algunos implicados, como Sneyder Pinilla, han recibido beneficios, mientras que otros han sido excluidos sin razones claras.Por otro lado, representantes como Julio César Triana hacen énfasis en la urgencia de una transformación profunda. “Hoy más que nunca, Colombia necesita un sistema penal que responda a las crecientes demandas de justicia”, dijo Triana. “Esta reforma busca acelerar los procesos, garantizar derechos y combatir la impunidad en un país donde más del 70 % de los delitos ni siquiera son denunciados”.El debate continúa mientras el Congreso se prepara para afrontar el penúltimo debate de este proyecto. La votación en Cámara será decisiva para el futuro de esta reforma.
En enero de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a la comisión de expertas y expertos para la reforma a la justicia, liderada por el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna. Durante un año, el grupo abordó temas clave como las barreras de acceso a la justicia, la representación diversa en el sector judicial, la humanización del sistema penal y penitenciario, y la erradicación de las violencias de género. Sin embargo, los resultados han sido limitados, y las organizaciones consideran que el texto propuesto no responde a las transformaciones estructurales necesarias.Aunque se revisaron proyectos de ley y se recibieron más de 500 propuestas ciudadanas, las organizaciones señalan que los avances han sido insuficientes debido a una metodología inconsistente y una visión reducida, centrada en reformas legales que no se tradujeron en políticas públicas sólidas. Según Adriana Benjumea Rua, de la Corporación Humanas, “el texto quedó corto y no refleja el nivel de cambio estructural que el país requiere”.Las organizaciones destacan que el sistema judicial sigue enfrentando desafíos graves, como la desigualdad en el acceso y la exclusión de poblaciones vulnerables. Además, insisten en la necesidad de una reforma que aborde cinco puntos fundamentales: acceso equitativo a la justicia, humanización del sistema penal, justicia inclusiva con perspectiva de género, erradicación de la violencia y discriminación, y una administración judicial autónoma y transparente.En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron al Gobierno, a la rama judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a priorizar una reforma integral. “Es fundamental superar la visión limitada de cambios legales y avanzar hacia transformaciones estructurales que realmente respondan a las necesidades del país”, aseguró Dayana Blanco Acendra, de Ilex Acción Jurídica.Finalmente, los firmantes reiteraron su disposición a contribuir en el diseño de una reforma humanizada y equitativa que garantice justicia para todas las personas en el territorio colombiano. Entre los firmantes se encuentran representantes de Corporación Humanas, Dejusticia, ILEX Acción Jurídica, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y el Colectivo Justicia Racial.
En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analizó los retos de transparencia que enfrenta el país, subrayando el impacto de la reciente salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este evento, que acentúa la crisis de legitimidad del Gobierno, pone en evidencia los problemas estructurales que afectan las dinámicas políticas en Colombia.Hernández destacó la importancia de avances legislativos como la reforma del Sistema General de Participaciones, calificándola como una oportunidad clave para el Gobierno. "Es un tema que debería ser un triunfo significativo", afirmó. Sin embargo, enfatizó que las reformas que verdaderamente transformarían las dinámicas de poder enfrentan un obstáculo evidente: dependen de ser aprobadas por los mismos políticos que podrían verse perjudicados. Este círculo vicioso perpetúa prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana en las instituciones.El contexto electoral también agrava esta situación, señaló Hernández, ya que el Congreso prioriza leyes que ofrecen rentabilidad política inmediata, dejando en el limbo iniciativas cruciales como la protección a denunciantes. "Pocas cosas avanzarían de forma clara a menos que tengan un interés electoral", comentó, subrayando que esta dinámica limita el progreso en áreas fundamentales para el país.Finalmente, Hernández enfatizó que la raíz del problema no radica únicamente en comportamientos individuales dentro del Congreso, sino en un sistema político que necesita cambios estructurales profundos. Subrayó la importancia de mantener la presión ciudadana y mediática sobre los legisladores: "La ciudadanía tiene la responsabilidad de seguir demandando cuentas sobre la actuación del Congreso y los excesos de poder".
Tras terminarse el foro en la mañana de este sábado 7 de diciembre llamado “Reforma a la Justicia: ¿Cuál es su importancia para los colombianos?, realizado en Barranquilla y donde se habló de los beneficios que traería el agilizar los procesos judiciales en el país, la procuradora Margarita Cabello dio su opinión sobre el tema de las rebajas a las condenas de los abusadores sexuales de niños.Las rebajas de hecho eran una posibilidad hablada hasta el mes anterior, cuando cuyo artículo dentro de la reforma a la justicia fue eliminado por parte del Congreso de la República. Lo cierto es que para Cabello no iba acorde a la realidad del territorio nacional.“El artículo no era malo, lo que pasa es que en el momento del país no era prudente”, apuntó tajantemente.La procuradora aseguró que, como representantes de la infancia y la adolescencia, ya había dado a conocer su preocupación por la situación de Colombia al momento de librarse ese debate agregando que fue una buena decisión a la que se llegó en consenso.De la misma manera, se mostró a favor de la reducción de penas para las personas privadas de la libertad.“Es mejor menos para obtener más, porque un proceso penal que puede durar 10 o 15 años y que cuando el resultado se da ya tiene todo perdido es una prueba de la impunidad que reclama la ciudadanía. De pronto, con una decisión de acuerdos mucho más rápida para llegar a una pena disminuida, ojo no quitada, yo creo que puede darle una sensación de tranquilidad y de seguridad a la ciudadanía”, afirmó.Un tema similar fue tratado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en su intervención dentro del evento insistió en la importancia de agilizar los mecanismos como la justicia negociada para lograr un impacto considerable en delitos como la extorsión, difíciles de contener de manera individual.“Así nosotros luego de detener esos primeros eslabones de una organización criminal, que son los que realizan los actos, podríamos escalar hacia la estructura verdadera, que es el corazón de las organizaciones que están dedicadas a la extorsión”, argumentó la fiscal.Finalmente, es importante referenciar que, a su turno, el presidente del Senado Efraín Cepeda confirmó que durante el 2024 se han registrado al menos 1.9 millones de noticias criminales, de las cuales el 57 % de ellas fueron archivadas en etapa de indagación. En otras palabras, más del 80 % de dichas denuncias no han tenido avances en sus judicializaciones.Recordemos que la reforma a la justicia fue aprobada recientemente en segundo debate por el Senado y próximamente pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.
