La reciente reforma a la justicia en Colombia, conocida como ley de desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales, ha sido objeto de un intenso debate desde su presentación. El abogado Francisco Bernate, exmiembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre varios aspectos de la reforma, incluyendo la naturaleza de la negociación con organizaciones criminales y los puntos más polémicos del proyecto. Uno de los aspectos centrales es la percepción de que la ley proporciona un marco legal para facilitar la negociación con grupos que operan al margen de la ley. Sobre esto, Bernate destacó que el actual marco normativo dificulta la negociación, ya que fue diseñado en el contexto de procesos anteriores de paz, como los de las Farc y el Caguán. "El marco normativo está un poquito estrecho porque existe una regla, que es del año 98, la que promulgó para facilitar los diálogos del Caguán. Después expidió justicia y paz y después la de las Farc y digamos que estas organizaciones no tendrían un marco jurídico claro y preciso y esa es como la motivación de esta propuesta, tener un marco jurídico que permita la negociación", explicó Bernate en Blu radio. La reforma se enfrenta a un escenario complejo en su búsqueda de aprobación. Las opciones existentes en el actual sistema de justicia permiten seguir negociando y aplicando justicia ordinaria. "En el escenario en que esto no se apruebe, los acuerdos se podrían hacer sobre los marcos que hoy en día establece la legislación vigente, que también son relativamente amplios y que permitirían llegar a acuerdos. Por ejemplo, el principio de oportunidad es una figura magnífica que permite dar amplios márgenes, de alguna manera, de beneficios, entonces digamos que el escenario sería aplicar la justicia ordinaria, frente a estos procesos sería ese", enfatizó Bernate. La posición del gobierno de Gustavo Petro y la viabilidad de la ley, tanto en la Comisión de Política Criminal como en el Congreso, son fundamentales en el próximo periodo de discusión legislativa. El éxito de la reforma de justicia dependerá de la capacidad del Estado para abordar, tanto la legalidad, como el alivio de la violencia en el país. Escuche la entrevista aquí:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, una reforma estructural al sistema penal colombiano que busca hacer la justicia más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, que destacó el amplio consenso político e institucional que respaldó esta iniciativa.La nueva ley, promovida por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, introduce cambios clave a los códigos penal (Ley 599 de 2000), de procedimiento penal (Ley 906 de 2004) y de seguridad ciudadana (Ley 1121 de 2006). La reforma busca enfrentar de forma directa la congestión judicial y garantizar una respuesta oportuna a las víctimas.Principales cambiosEntre los avances más relevantes que trae la norma se destacan: Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves. Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes. Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.Con esta reforma, el Gobierno proyecta una reducción significativa en los tiempos de resolución de procesos penales, que podrían pasar de más de diez años a entre uno y doce meses. También se espera disminuir de manera notable la cantidad de casos que prescriben por demoras en el trámite judicial.Polémica por artículo retiradoDurante el trámite legislativo, uno de los artículos más controversiales fue retirado del texto final: el artículo 7, que proponía beneficios judiciales, como rebajas de pena, para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. La decisión de excluir este artículo se tomó tras fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos.
Con una votación unánime de 96 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma a la justicia, una iniciativa que busca transformar el sistema judicial colombiano.El proyecto, que ahora pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial, busca principalmente la descongestión del sistema penal, la emisión oportuna de sentencias y una reparación integral más rápida a las víctimas.Uno de los puntos más destacados de la reforma es la implementación de mecanismos que permitirán reducir la carga al sistema. Entre ellos, se incluyen rebajas de penas en delitos menores para quienes se acojan a los preacuerdos. Por ejemplo, en casos de flagrancia, los implicados podrán recibir una reducción del 50 % en su condena. Para delitos como el terrorismo o la extorsión, la rebaja será del 25 %.Según los promotores del proyecto, estas medidas también contribuirán a descongestionar las cárceles, al permitir la salida anticipada de personas que reparen a las víctimas y colaboren con la justicia. De esta manera, no solo se agilizan los procesos judiciales, sino que también se promueve un enfoque restaurativo que prioriza la reparación del daño y la resocialización.Otro de los problemas estructurales que esta reforma busca enfrentar es la alta tasa de prescripción de procesos judiciales en Colombia. En los últimos seis años, más de 43.000 casos han prescrito, dejando sin justicia a miles de víctimas.Según la representante Ana Paola García, con esta nueva normativa, se espera reducir drásticamente estos tiempos. Añade que actualmente, un proceso judicial en el país puede tardar entre 12 y 15 años en resolverse. La meta es emitir fallos en plazos significativamente menores, evitando así que los casos caduquen.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la reforma a la justicia, una iniciativa que había permanecido estancada durante cuatro meses y que ahora se encamina hacia su discusión final en plenaria.El proyecto, respaldado por la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, busca principalmente descongestionar el sistema judicial y reducir los niveles de impunidad. Entre las principales herramientas propuestas está la promoción de la terminación anticipada de procesos penales mediante allanamientos, preacuerdos y la ampliación del uso del principio de oportunidad.Además, se contempla el fortalecimiento de la reparación integral a las víctimas.El representante Heráclito Landínez también resaltó la importancia de la reforma “Este proyecto fue aprobado con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía. Hoy esta reforma se centra en la reparación a las víctimas. Esto ayudará a descongestionar la justicia y que la justicia opere de una manera más eficiente en Colombia”.No obstante, algunos sectores han expresado reservas frente al aumento en la aplicación del principio de oportunidad. El representante Hernán Cadavid advirtió sobre posibles aplicaciones selectivas de esta herramienta, lo que podría generar desigualdad en su implementación.Con todos los artículos de la ponencia ya aprobados, así como varios nuevos, la reforma queda lista para su discusión final en la plenaria de la Cámara. De superar ese último debate, pasará a sanción presidencial.El proyecto ha sido calificado por sus defensores como un paso importante para modernizar el sistema penal y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, el debate en la plenaria será determinante para definir su rumbo definitivo.
La sesión contó con la presencia de figuras como la fiscal general Luz Adriana Camargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.Aunque el trámite ha avanzado sin mayor ruido, el proyecto enfrenta reparos en aspectos fundamentales, especialmente en torno al principio de oportunidad, la duración de los procesos penales y la garantía de reparación para las víctimas. Estas diferencias han dado lugar a varias críticas por parte de la oposición.El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó fuertes críticas hacia la gestión de la Fiscalía en la aplicación del principio de oportunidad, asegurando que esta no puede pedir más instrumentos cuando los aplica de “forma selectiva”. Lo anterior, aludiendo a casos como el de Sandra Ortiz, implicada en presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien, según él, ha sido ignorada por la fiscal Camargo.Cadavid alertó sobre el uso excesivo del principio de oportunidad como mecanismo para descongestionar la justicia, argumentando que no puede ser la regla cuando se hace en detrimento de las víctimas, que muchas veces no obtienen justicia. Según su posición, algunos implicados, como Sneyder Pinilla, han recibido beneficios, mientras que otros han sido excluidos sin razones claras.Por otro lado, representantes como Julio César Triana hacen énfasis en la urgencia de una transformación profunda. “Hoy más que nunca, Colombia necesita un sistema penal que responda a las crecientes demandas de justicia”, dijo Triana. “Esta reforma busca acelerar los procesos, garantizar derechos y combatir la impunidad en un país donde más del 70 % de los delitos ni siquiera son denunciados”.El debate continúa mientras el Congreso se prepara para afrontar el penúltimo debate de este proyecto. La votación en Cámara será decisiva para el futuro de esta reforma.
En enero de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a la comisión de expertas y expertos para la reforma a la justicia, liderada por el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna. Durante un año, el grupo abordó temas clave como las barreras de acceso a la justicia, la representación diversa en el sector judicial, la humanización del sistema penal y penitenciario, y la erradicación de las violencias de género. Sin embargo, los resultados han sido limitados, y las organizaciones consideran que el texto propuesto no responde a las transformaciones estructurales necesarias.Aunque se revisaron proyectos de ley y se recibieron más de 500 propuestas ciudadanas, las organizaciones señalan que los avances han sido insuficientes debido a una metodología inconsistente y una visión reducida, centrada en reformas legales que no se tradujeron en políticas públicas sólidas. Según Adriana Benjumea Rua, de la Corporación Humanas, “el texto quedó corto y no refleja el nivel de cambio estructural que el país requiere”.Las organizaciones destacan que el sistema judicial sigue enfrentando desafíos graves, como la desigualdad en el acceso y la exclusión de poblaciones vulnerables. Además, insisten en la necesidad de una reforma que aborde cinco puntos fundamentales: acceso equitativo a la justicia, humanización del sistema penal, justicia inclusiva con perspectiva de género, erradicación de la violencia y discriminación, y una administración judicial autónoma y transparente.En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron al Gobierno, a la rama judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a priorizar una reforma integral. “Es fundamental superar la visión limitada de cambios legales y avanzar hacia transformaciones estructurales que realmente respondan a las necesidades del país”, aseguró Dayana Blanco Acendra, de Ilex Acción Jurídica.Finalmente, los firmantes reiteraron su disposición a contribuir en el diseño de una reforma humanizada y equitativa que garantice justicia para todas las personas en el territorio colombiano. Entre los firmantes se encuentran representantes de Corporación Humanas, Dejusticia, ILEX Acción Jurídica, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y el Colectivo Justicia Racial.
En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analizó los retos de transparencia que enfrenta el país, subrayando el impacto de la reciente salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este evento, que acentúa la crisis de legitimidad del Gobierno, pone en evidencia los problemas estructurales que afectan las dinámicas políticas en Colombia.Hernández destacó la importancia de avances legislativos como la reforma del Sistema General de Participaciones, calificándola como una oportunidad clave para el Gobierno. "Es un tema que debería ser un triunfo significativo", afirmó. Sin embargo, enfatizó que las reformas que verdaderamente transformarían las dinámicas de poder enfrentan un obstáculo evidente: dependen de ser aprobadas por los mismos políticos que podrían verse perjudicados. Este círculo vicioso perpetúa prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana en las instituciones.El contexto electoral también agrava esta situación, señaló Hernández, ya que el Congreso prioriza leyes que ofrecen rentabilidad política inmediata, dejando en el limbo iniciativas cruciales como la protección a denunciantes. "Pocas cosas avanzarían de forma clara a menos que tengan un interés electoral", comentó, subrayando que esta dinámica limita el progreso en áreas fundamentales para el país.Finalmente, Hernández enfatizó que la raíz del problema no radica únicamente en comportamientos individuales dentro del Congreso, sino en un sistema político que necesita cambios estructurales profundos. Subrayó la importancia de mantener la presión ciudadana y mediática sobre los legisladores: "La ciudadanía tiene la responsabilidad de seguir demandando cuentas sobre la actuación del Congreso y los excesos de poder".
Tras terminarse el foro en la mañana de este sábado 7 de diciembre llamado “Reforma a la Justicia: ¿Cuál es su importancia para los colombianos?, realizado en Barranquilla y donde se habló de los beneficios que traería el agilizar los procesos judiciales en el país, la procuradora Margarita Cabello dio su opinión sobre el tema de las rebajas a las condenas de los abusadores sexuales de niños.Las rebajas de hecho eran una posibilidad hablada hasta el mes anterior, cuando cuyo artículo dentro de la reforma a la justicia fue eliminado por parte del Congreso de la República. Lo cierto es que para Cabello no iba acorde a la realidad del territorio nacional.“El artículo no era malo, lo que pasa es que en el momento del país no era prudente”, apuntó tajantemente.La procuradora aseguró que, como representantes de la infancia y la adolescencia, ya había dado a conocer su preocupación por la situación de Colombia al momento de librarse ese debate agregando que fue una buena decisión a la que se llegó en consenso.De la misma manera, se mostró a favor de la reducción de penas para las personas privadas de la libertad.“Es mejor menos para obtener más, porque un proceso penal que puede durar 10 o 15 años y que cuando el resultado se da ya tiene todo perdido es una prueba de la impunidad que reclama la ciudadanía. De pronto, con una decisión de acuerdos mucho más rápida para llegar a una pena disminuida, ojo no quitada, yo creo que puede darle una sensación de tranquilidad y de seguridad a la ciudadanía”, afirmó.Un tema similar fue tratado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en su intervención dentro del evento insistió en la importancia de agilizar los mecanismos como la justicia negociada para lograr un impacto considerable en delitos como la extorsión, difíciles de contener de manera individual.“Así nosotros luego de detener esos primeros eslabones de una organización criminal, que son los que realizan los actos, podríamos escalar hacia la estructura verdadera, que es el corazón de las organizaciones que están dedicadas a la extorsión”, argumentó la fiscal.Finalmente, es importante referenciar que, a su turno, el presidente del Senado Efraín Cepeda confirmó que durante el 2024 se han registrado al menos 1.9 millones de noticias criminales, de las cuales el 57 % de ellas fueron archivadas en etapa de indagación. En otras palabras, más del 80 % de dichas denuncias no han tenido avances en sus judicializaciones.Recordemos que la reforma a la justicia fue aprobada recientemente en segundo debate por el Senado y próximamente pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.
