La reciente reforma a la justicia en Colombia, conocida como ley de desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales, ha sido objeto de un intenso debate desde su presentación. El abogado Francisco Bernate, exmiembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre varios aspectos de la reforma, incluyendo la naturaleza de la negociación con organizaciones criminales y los puntos más polémicos del proyecto. Uno de los aspectos centrales es la percepción de que la ley proporciona un marco legal para facilitar la negociación con grupos que operan al margen de la ley. Sobre esto, Bernate destacó que el actual marco normativo dificulta la negociación, ya que fue diseñado en el contexto de procesos anteriores de paz, como los de las Farc y el Caguán. "El marco normativo está un poquito estrecho porque existe una regla, que es del año 98, la que promulgó para facilitar los diálogos del Caguán. Después expidió justicia y paz y después la de las Farc y digamos que estas organizaciones no tendrían un marco jurídico claro y preciso y esa es como la motivación de esta propuesta, tener un marco jurídico que permita la negociación", explicó Bernate en Blu radio. La reforma se enfrenta a un escenario complejo en su búsqueda de aprobación. Las opciones existentes en el actual sistema de justicia permiten seguir negociando y aplicando justicia ordinaria. "En el escenario en que esto no se apruebe, los acuerdos se podrían hacer sobre los marcos que hoy en día establece la legislación vigente, que también son relativamente amplios y que permitirían llegar a acuerdos. Por ejemplo, el principio de oportunidad es una figura magnífica que permite dar amplios márgenes, de alguna manera, de beneficios, entonces digamos que el escenario sería aplicar la justicia ordinaria, frente a estos procesos sería ese", enfatizó Bernate. La posición del gobierno de Gustavo Petro y la viabilidad de la ley, tanto en la Comisión de Política Criminal como en el Congreso, son fundamentales en el próximo periodo de discusión legislativa. El éxito de la reforma de justicia dependerá de la capacidad del Estado para abordar, tanto la legalidad, como el alivio de la violencia en el país. Escuche la entrevista aquí:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, una reforma estructural al sistema penal colombiano que busca hacer la justicia más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, que destacó el amplio consenso político e institucional que respaldó esta iniciativa.La nueva ley, promovida por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, introduce cambios clave a los códigos penal (Ley 599 de 2000), de procedimiento penal (Ley 906 de 2004) y de seguridad ciudadana (Ley 1121 de 2006). La reforma busca enfrentar de forma directa la congestión judicial y garantizar una respuesta oportuna a las víctimas.Principales cambiosEntre los avances más relevantes que trae la norma se destacan: Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves. Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes. Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.Con esta reforma, el Gobierno proyecta una reducción significativa en los tiempos de resolución de procesos penales, que podrían pasar de más de diez años a entre uno y doce meses. También se espera disminuir de manera notable la cantidad de casos que prescriben por demoras en el trámite judicial.Polémica por artículo retiradoDurante el trámite legislativo, uno de los artículos más controversiales fue retirado del texto final: el artículo 7, que proponía beneficios judiciales, como rebajas de pena, para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. La decisión de excluir este artículo se tomó tras fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos.
Con una votación unánime de 96 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma a la justicia, una iniciativa que busca transformar el sistema judicial colombiano.El proyecto, que ahora pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial, busca principalmente la descongestión del sistema penal, la emisión oportuna de sentencias y una reparación integral más rápida a las víctimas.Uno de los puntos más destacados de la reforma es la implementación de mecanismos que permitirán reducir la carga al sistema. Entre ellos, se incluyen rebajas de penas en delitos menores para quienes se acojan a los preacuerdos. Por ejemplo, en casos de flagrancia, los implicados podrán recibir una reducción del 50 % en su condena. Para delitos como el terrorismo o la extorsión, la rebaja será del 25 %.Según los promotores del proyecto, estas medidas también contribuirán a descongestionar las cárceles, al permitir la salida anticipada de personas que reparen a las víctimas y colaboren con la justicia. De esta manera, no solo se agilizan los procesos judiciales, sino que también se promueve un enfoque restaurativo que prioriza la reparación del daño y la resocialización.Otro de los problemas estructurales que esta reforma busca enfrentar es la alta tasa de prescripción de procesos judiciales en Colombia. En los últimos seis años, más de 43.000 casos han prescrito, dejando sin justicia a miles de víctimas.Según la representante Ana Paola García, con esta nueva normativa, se espera reducir drásticamente estos tiempos. Añade que actualmente, un proceso judicial en el país puede tardar entre 12 y 15 años en resolverse. La meta es emitir fallos en plazos significativamente menores, evitando así que los casos caduquen.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la reforma a la justicia, una iniciativa que había permanecido estancada durante cuatro meses y que ahora se encamina hacia su discusión final en plenaria.El proyecto, respaldado por la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, busca principalmente descongestionar el sistema judicial y reducir los niveles de impunidad. Entre las principales herramientas propuestas está la promoción de la terminación anticipada de procesos penales mediante allanamientos, preacuerdos y la ampliación del uso del principio de oportunidad.Además, se contempla el fortalecimiento de la reparación integral a las víctimas.El representante Heráclito Landínez también resaltó la importancia de la reforma “Este proyecto fue aprobado con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía. Hoy esta reforma se centra en la reparación a las víctimas. Esto ayudará a descongestionar la justicia y que la justicia opere de una manera más eficiente en Colombia”.No obstante, algunos sectores han expresado reservas frente al aumento en la aplicación del principio de oportunidad. El representante Hernán Cadavid advirtió sobre posibles aplicaciones selectivas de esta herramienta, lo que podría generar desigualdad en su implementación.Con todos los artículos de la ponencia ya aprobados, así como varios nuevos, la reforma queda lista para su discusión final en la plenaria de la Cámara. De superar ese último debate, pasará a sanción presidencial.El proyecto ha sido calificado por sus defensores como un paso importante para modernizar el sistema penal y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, el debate en la plenaria será determinante para definir su rumbo definitivo.
La sesión contó con la presencia de figuras como la fiscal general Luz Adriana Camargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.Aunque el trámite ha avanzado sin mayor ruido, el proyecto enfrenta reparos en aspectos fundamentales, especialmente en torno al principio de oportunidad, la duración de los procesos penales y la garantía de reparación para las víctimas. Estas diferencias han dado lugar a varias críticas por parte de la oposición.El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó fuertes críticas hacia la gestión de la Fiscalía en la aplicación del principio de oportunidad, asegurando que esta no puede pedir más instrumentos cuando los aplica de “forma selectiva”. Lo anterior, aludiendo a casos como el de Sandra Ortiz, implicada en presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien, según él, ha sido ignorada por la fiscal Camargo.Cadavid alertó sobre el uso excesivo del principio de oportunidad como mecanismo para descongestionar la justicia, argumentando que no puede ser la regla cuando se hace en detrimento de las víctimas, que muchas veces no obtienen justicia. Según su posición, algunos implicados, como Sneyder Pinilla, han recibido beneficios, mientras que otros han sido excluidos sin razones claras.Por otro lado, representantes como Julio César Triana hacen énfasis en la urgencia de una transformación profunda. “Hoy más que nunca, Colombia necesita un sistema penal que responda a las crecientes demandas de justicia”, dijo Triana. “Esta reforma busca acelerar los procesos, garantizar derechos y combatir la impunidad en un país donde más del 70 % de los delitos ni siquiera son denunciados”.El debate continúa mientras el Congreso se prepara para afrontar el penúltimo debate de este proyecto. La votación en Cámara será decisiva para el futuro de esta reforma.
En enero de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a la comisión de expertas y expertos para la reforma a la justicia, liderada por el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna. Durante un año, el grupo abordó temas clave como las barreras de acceso a la justicia, la representación diversa en el sector judicial, la humanización del sistema penal y penitenciario, y la erradicación de las violencias de género. Sin embargo, los resultados han sido limitados, y las organizaciones consideran que el texto propuesto no responde a las transformaciones estructurales necesarias.Aunque se revisaron proyectos de ley y se recibieron más de 500 propuestas ciudadanas, las organizaciones señalan que los avances han sido insuficientes debido a una metodología inconsistente y una visión reducida, centrada en reformas legales que no se tradujeron en políticas públicas sólidas. Según Adriana Benjumea Rua, de la Corporación Humanas, “el texto quedó corto y no refleja el nivel de cambio estructural que el país requiere”.Las organizaciones destacan que el sistema judicial sigue enfrentando desafíos graves, como la desigualdad en el acceso y la exclusión de poblaciones vulnerables. Además, insisten en la necesidad de una reforma que aborde cinco puntos fundamentales: acceso equitativo a la justicia, humanización del sistema penal, justicia inclusiva con perspectiva de género, erradicación de la violencia y discriminación, y una administración judicial autónoma y transparente.En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron al Gobierno, a la rama judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a priorizar una reforma integral. “Es fundamental superar la visión limitada de cambios legales y avanzar hacia transformaciones estructurales que realmente respondan a las necesidades del país”, aseguró Dayana Blanco Acendra, de Ilex Acción Jurídica.Finalmente, los firmantes reiteraron su disposición a contribuir en el diseño de una reforma humanizada y equitativa que garantice justicia para todas las personas en el territorio colombiano. Entre los firmantes se encuentran representantes de Corporación Humanas, Dejusticia, ILEX Acción Jurídica, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y el Colectivo Justicia Racial.
En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analizó los retos de transparencia que enfrenta el país, subrayando el impacto de la reciente salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este evento, que acentúa la crisis de legitimidad del Gobierno, pone en evidencia los problemas estructurales que afectan las dinámicas políticas en Colombia.Hernández destacó la importancia de avances legislativos como la reforma del Sistema General de Participaciones, calificándola como una oportunidad clave para el Gobierno. "Es un tema que debería ser un triunfo significativo", afirmó. Sin embargo, enfatizó que las reformas que verdaderamente transformarían las dinámicas de poder enfrentan un obstáculo evidente: dependen de ser aprobadas por los mismos políticos que podrían verse perjudicados. Este círculo vicioso perpetúa prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana en las instituciones.El contexto electoral también agrava esta situación, señaló Hernández, ya que el Congreso prioriza leyes que ofrecen rentabilidad política inmediata, dejando en el limbo iniciativas cruciales como la protección a denunciantes. "Pocas cosas avanzarían de forma clara a menos que tengan un interés electoral", comentó, subrayando que esta dinámica limita el progreso en áreas fundamentales para el país.Finalmente, Hernández enfatizó que la raíz del problema no radica únicamente en comportamientos individuales dentro del Congreso, sino en un sistema político que necesita cambios estructurales profundos. Subrayó la importancia de mantener la presión ciudadana y mediática sobre los legisladores: "La ciudadanía tiene la responsabilidad de seguir demandando cuentas sobre la actuación del Congreso y los excesos de poder".
Tras terminarse el foro en la mañana de este sábado 7 de diciembre llamado “Reforma a la Justicia: ¿Cuál es su importancia para los colombianos?, realizado en Barranquilla y donde se habló de los beneficios que traería el agilizar los procesos judiciales en el país, la procuradora Margarita Cabello dio su opinión sobre el tema de las rebajas a las condenas de los abusadores sexuales de niños.Las rebajas de hecho eran una posibilidad hablada hasta el mes anterior, cuando cuyo artículo dentro de la reforma a la justicia fue eliminado por parte del Congreso de la República. Lo cierto es que para Cabello no iba acorde a la realidad del territorio nacional.“El artículo no era malo, lo que pasa es que en el momento del país no era prudente”, apuntó tajantemente.La procuradora aseguró que, como representantes de la infancia y la adolescencia, ya había dado a conocer su preocupación por la situación de Colombia al momento de librarse ese debate agregando que fue una buena decisión a la que se llegó en consenso.De la misma manera, se mostró a favor de la reducción de penas para las personas privadas de la libertad.“Es mejor menos para obtener más, porque un proceso penal que puede durar 10 o 15 años y que cuando el resultado se da ya tiene todo perdido es una prueba de la impunidad que reclama la ciudadanía. De pronto, con una decisión de acuerdos mucho más rápida para llegar a una pena disminuida, ojo no quitada, yo creo que puede darle una sensación de tranquilidad y de seguridad a la ciudadanía”, afirmó.Un tema similar fue tratado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en su intervención dentro del evento insistió en la importancia de agilizar los mecanismos como la justicia negociada para lograr un impacto considerable en delitos como la extorsión, difíciles de contener de manera individual.“Así nosotros luego de detener esos primeros eslabones de una organización criminal, que son los que realizan los actos, podríamos escalar hacia la estructura verdadera, que es el corazón de las organizaciones que están dedicadas a la extorsión”, argumentó la fiscal.Finalmente, es importante referenciar que, a su turno, el presidente del Senado Efraín Cepeda confirmó que durante el 2024 se han registrado al menos 1.9 millones de noticias criminales, de las cuales el 57 % de ellas fueron archivadas en etapa de indagación. En otras palabras, más del 80 % de dichas denuncias no han tenido avances en sus judicializaciones.Recordemos que la reforma a la justicia fue aprobada recientemente en segundo debate por el Senado y próximamente pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un ciudadano venezolano de 39 años, quien fue capturado el pasado viernes 3 de julio tras intentar detonar un artefacto explosivo en la Plaza de Botero de Medellín.El sujeto deberá responder por los delitos de terrorismo, así como de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.Esta historia comenzó cuando el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional llegó hasta las inmediaciones de este sitio emblemático y uno de los más visitados por turistas, lograron ubicar un bolso donde incautaron una barra de pentolita, un potente explosivo compuesto de alta potencia, además un rollo de cordón detonador y cinco cilindros con conexión eléctrica.Asimismo, el hombre trasladaba un extintor alterado con cableado externo, un medidor de continuidad, un soldador, dos dispositivos de comunicación por radio y dos teléfonos móviles, instrumentos que supuestamente se destinarían a la activación de los mismos.Las autoridades buscan determinar el blanco exacto del atentado y si el implicado actuaba en complicidad con redes terroristas o bandas criminales que operan en Antioquia.
Faltando pocos meses para que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de la violencia se mantengan como una prioridad en la agenda pública.El pronunciamiento se produjo tras la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", que evalúa los avances y los retos en la implementación de las medidas orientadas a reparar a las víctimas y consolidar la paz.La Defensoría destacó que el informe reconoce progresos importantes en la política de atención a las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas y el incremento en el número de personas víctimas de violencia sexual que han recibido indemnización.También mencionó los avances en restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.No obstante, la entidad advirtió que aún existen rezagos significativos. El informe señala que la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúa siendo limitada. También identifica desafíos en la atención a las víctimas que permanecen en el exilio.La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido desbordada por la dimensión del conflicto armado y enfrenta restricciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.En ese contexto, la entidad resaltó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para buscar alternativas que fortalezcan la capacidad institucional y permitan garantizar una respuesta más efectiva.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, al Congreso y a las entidades estatales para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Un sargento del Ejército fue asesinado por sicarios en Montería que lo atacaron cuando comía con su familia en un restaurante del barrio La Castellana. El gobernador de Córdoba rechazó el homicidio del suboficial oriundo de la ciudad de Bogotá.El sargento del Ejército, identificado como Jesús David Vargas Flórez, de 38 años, fue víctima de un ataque en la noche de este viernes cuando se encontraba con su familia en un restaurante ubicado sobre la calle 60 con avenida Circunvalar, barrio La Castellana, en el norte de Montería.Según el reporte de la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, hasta el exclusivo sector llegaron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó al suboficial, “propinando 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”.El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que junto a la Fiscalía y el Ejército iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y las razones que motivaron el homicidio del miembro de las fuerzas militares, adscrito a la Brigada Once del Ejército y que era oriundo de Bogotá.“Estamos realizando esta labor investigativa para pronto dar resultados, sobre todo para los niños y la esposa que acaban de perder a su marido”, expresó el coronel Ruiz.Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, también rechazó el asesinato del suboficial del Ejército Nacional y expresó su solidaridad con su familia, sus compañeros y la fuerza pública.“Esperamos que este crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia. No permitiremos que quienes atentan contra la vida crean que pueden actuar con impunidad”.En ese sentido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, se unió a las voces que lamentaron la muerte del uniformado y pidió que su crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia.“Detrás del uniforme había un esposo y un padre. Eso es lo primero que hay que decir. Ninguna vida en Montería puede terminar así. Estamos en coordinación con la Policía y la Brigada 11, y acompañaremos a las autoridades hasta que este crimen tenga responsables con nombre propio. A su familia: no están solos”, concluyó el mandatario distrital.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial de Santander manifestó su preocupación por el ambiente político que vive el país e invitó a los diferentes sectores a rodear la institucionalidad democrática, respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y generar confianza en las instituciones.En el pronunciamiento, el Comité aseguró que la fortaleza del país depende del respeto por las reglas democráticas y del diálogo entre quienes tienen diferencias políticas, con el propósito de brindar tranquilidad y certidumbre a los colombianos.Los gremios también ratificaron su reconocimiento a la labor desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, e insistieron en la importancia de respetar los resultados oficiales como una muestra de confianza en las instituciones.Asimismo, señalaron que, una vez superada la contienda electoral, el país debe concentrar sus esfuerzos en construir consensos que permitan avanzar en temas como la generación de empleo, la reactivación económica y el fortalecimiento de la inversión.El Comité advirtió que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas y promover el crecimiento económico, por lo que invitó a los líderes políticos, sociales y económicos a trabajar de manera conjunta por la unidad nacional.El pronunciamiento fue respaldado por cerca de una veintena de organizaciones empresariales y productivas del departamento, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, Camacol Santander, Andi Seccional Santander, Cotelco Santander, Fedepalma, ACIEM Santander, Anato Oriente, Fasecolda, Confecoop Oriente, la Federación de Ganaderos de Santander, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Ascolfa, Fenavi Santander y el Comité de Cafeteros de Santander, entre otros gremios que representan sectores clave de la economía regional.
Las cicatrices hacen parte del proceso natural de recuperación del organismo, pero su evolución depende en gran medida de los cuidados que se tengan durante los primeros meses después de una lesión. Así lo explicó la médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, Angélica Guatibonza, quien señaló en En Blu Jeans que una de las principales equivocaciones de las personas es creer que el proceso termina cuando se cae la costra o se retiran los puntos.La especialista explicó que una cicatriz es la forma en la que el cuerpo responde para reparar una herida, por lo que su proceso de maduración puede extenderse hasta seis meses. Durante ese tiempo, indicó, es fundamental mantener una adecuada hidratación de la zona, protegerla de la exposición al sol y seguir las recomendaciones médicas para evitar que la marca se haga más evidente o evolucione hacia una cicatriz queloide.Guatibonza precisó que no todas las cicatrices son iguales. Existen las producidas por acné, procedimientos quirúrgicos, quemaduras, traumatismos o cesáreas, entre otras, y cada una requiere un manejo diferente. Además, aclaró que factores como la genética, el color de piel, la ubicación de la lesión y los hábitos de cuidado influyen directamente en el resultado final del proceso de cicatrización.Durante la entrevista también explicó que las cicatrices queloides, caracterizadas por sobresalir de la piel y presentar una textura más gruesa, suelen estar relacionadas con una predisposición genética y con el lugar del cuerpo donde se produce la lesión. Zonas como el tórax tienen mayor tendencia a desarrollar este tipo de cicatrización, mientras que otras áreas presentan una evolución más favorable.La dermatóloga hizo énfasis en que muchos de los errores más frecuentes ocurren durante la etapa inicial de la recuperación. Entre ellos mencionó manipular constantemente la herida, retirar la costra antes de tiempo, exponerse al sol sin protección y recurrir a remedios caseros como sábila, limón, aceites o preparados artesanales, prácticas que, según explicó, no cuentan con evidencia científica y pueden ocasionar infecciones, reacciones alérgicas o empeorar el aspecto de la cicatriz.Asimismo, recomendó acudir a valoración médica cuando la herida sea profunda o requiera sutura, pues una atención temprana reduce el riesgo de complicaciones y mejora el resultado estético. También recordó que las cremas y bandas de silicona son útiles durante los primeros meses del proceso, pero una vez la cicatriz completa su maduración, generalmente después de seis meses, estos productos tienen un efecto limitado.En cuanto a las cicatrices provocadas por el acné, Guatibonza aseguró que actualmente existen múltiples alternativas para mejorar su apariencia gracias a los avances tecnológicos en dermatología. Explicó que procedimientos como el láser, junto con otros tratamientos especializados, permiten obtener resultados importantes en pacientes que presentan marcas profundas, aunque insistió en que el éxito depende de un diagnóstico individual y del tratamiento adecuado para cada caso.La especialista también resaltó el impacto emocional que pueden generar las cicatrices, especialmente aquellas ubicadas en zonas visibles como el rostro. Señaló que, en muchos pacientes, estas marcas afectan la autoestima, generan inseguridad e incluso modifican hábitos cotidianos, como evitar usar determinada ropa o exponerse en espacios públicos. Por ello, insistió en que el manejo de una cicatriz no debe limitarse al aspecto físico, sino que también debe contemplar el bienestar emocional de quien la presenta.Finalmente, hizo un llamado a la prevención y recordó que, aunque una cicatriz no puede borrarse completamente, sí puede mejorar de forma significativa cuando recibe un tratamiento oportuno y se siguen correctamente las recomendaciones médicas desde el momento en que ocurre la lesión.Escuche la entrevista aquí:
