La reciente reforma a la justicia en Colombia, conocida como ley de desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales, ha sido objeto de un intenso debate desde su presentación.
El abogado Francisco Bernate, exmiembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre varios aspectos de la reforma, incluyendo la naturaleza de la negociación con organizaciones criminales y los puntos más polémicos del proyecto.
Uno de los aspectos centrales es la percepción de que la ley proporciona un marco legal para facilitar la negociación con grupos que operan al margen de la ley. Sobre esto, Bernate destacó que el actual marco normativo dificulta la negociación, ya que fue diseñado en el contexto de procesos anteriores de paz, como los de las Farc y el Caguán.
"El marco normativo está un poquito estrecho porque existe una regla, que es del año 98, la que promulgó para facilitar los diálogos del Caguán. Después expidió justicia y paz y después la de las Farc y digamos que estas organizaciones no tendrían un marco jurídico claro y preciso y esa es como la motivación de esta propuesta, tener un marco jurídico que permita la negociación", explicó Bernate en Blu radio.
La reforma se enfrenta a un escenario complejo en su búsqueda de aprobación. Las opciones existentes en el actual sistema de justicia permiten seguir negociando y aplicando justicia ordinaria.
"En el escenario en que esto no se apruebe, los acuerdos se podrían hacer sobre los marcos que hoy en día establece la legislación vigente, que también son relativamente amplios y que permitirían llegar a acuerdos. Por ejemplo, el principio de oportunidad es una figura magnífica que permite dar amplios márgenes, de alguna manera, de beneficios, entonces digamos que el escenario sería aplicar la justicia ordinaria, frente a estos procesos sería ese", enfatizó Bernate.
La posición del gobierno de Gustavo Petro y la viabilidad de la ley, tanto en la Comisión de Política Criminal como en el Congreso, son fundamentales en el próximo periodo de discusión legislativa. El éxito de la reforma de justicia dependerá de la capacidad del Estado para abordar, tanto la legalidad, como el alivio de la violencia en el país.
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