Presidente Petro sancionó la reforma a la justicia: estos son los cambios claves

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, una reforma estructural al sistema penal colombiano que busca hacer la justicia más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, que destacó el amplio consenso político e institucional que respaldó esta iniciativa.La nueva ley, promovida por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, introduce cambios clave a los códigos penal (Ley 599 de 2000), de procedimiento penal (Ley 906 de 2004) y de seguridad ciudadana (Ley 1121 de 2006). La reforma busca enfrentar de forma directa la congestión judicial y garantizar una respuesta oportuna a las víctimas.Principales cambiosEntre los avances más relevantes que trae la norma se destacan: Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves. Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes. Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.Con esta reforma, el Gobierno proyecta una reducción significativa en los tiempos de resolución de procesos penales, que podrían pasar de más de diez años a entre uno y doce meses. También se espera disminuir de manera notable la cantidad de casos que prescriben por demoras en el trámite judicial.Polémica por artículo retiradoDurante el trámite legislativo, uno de los artículos más controversiales fue retirado del texto final: el artículo 7, que proponía beneficios judiciales, como rebajas de pena, para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. La decisión de excluir este artículo se tomó tras fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos.