Adolfo Ricaurte, aseguró que “estos permisos son legales y están amparados por la ley” y que, sin embargo, “son más los que se niegan que los que se conceden”.
“El juez es quien da la orden, no el Inpec. Dura es la ley, pero es la ley y debe cumplirse”, dijo el general y explicó que la logística de ese traslado le costó al instituto unos 3 millones de pesos.
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“Hay que hacer algo porque no se puede permitir que estos viajes y costos de turismo sigan estando a costa del Estado”, sentenció el general.
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El país se cuestiona si estos beneficios concedidos a Manuel Nule son extensivos a todos los reclusos, con o sin recursos, que llenan las cárceles colombianas.