La Superintendencia de Industria y Comercio mencionó que entre 2013 y 2025, la empresa aprovechó su doble papel como administradora del puerto y prestadora de servicios para limitar la participación de otros operadores, afectando a quienes buscaban contratar servicios diferentes._
Durante más de una década, la administración del Puerto de Buenaventura presuntamente habría inclinado la balanza a favor de sus propios servicios, dejando en desventaja a otras empresas que operaban en el terminal marítimo, lo que le costaría una millonaria sanción a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Tras estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por más de $25.355 millones de pesos a la sociedad y a cuatro personas naturales por acciones que, según la investigación, afectaron la libre competencia.
Y es que, según registros, el Puerto de Buenaventura es una de las principales puertas del comercio internacional de Colombia, puesto que cerca del 22 % de las importaciones y exportaciones del país pasó por este terminal entre 2018 y 2021.
La autoridad determinó que, entre 2013 y 2025, quienes administraban el puerto adoptaron decisiones que terminaron afectando la posibilidad de que otros operadores compitieran en igualdad de condiciones. Según la investigación, esto redujo las opciones para los usuarios que buscaban contratar servicios con empresas distintas a la sociedad portuaria.
El expediente señala que varias de esas decisiones impactaron la movilización de contenedores, donde algunos servicios quedaron prácticamente reservados para la empresa investigada y se dificultó la participación de terceros mediante restricciones operativas y autorizaciones.
En otras operaciones, como el manejo de carga general, la Superintendencia encontró incentivos comerciales dirigidos exclusivamente a quienes contrataran con la sociedad portuaria o con una empresa relacionada. Además, detectó barreras en el sistema utilizado para registrar a otros operadores.
La investigación también evidenció situaciones que afectaban la movilización de carga a granel, entre ellas condiciones que complicaban la continuidad de un operador independiente, exigencias que aumentaban los costos de la operación y limitaciones técnicas que dificultaban su actividad.
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Además de las multas, la Superintendencia ordenó modificar la forma en que se administra la operación del puerto para evitar que estas conductas vuelvan a repetirse y garantizar que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de prestar sus servicios. Sin embargo, la sanción aún no es definitiva y podrá ser revisada mediante los recursos que permite la ley.
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