Miles de colombianos comenzarán a realizar el proceso de declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Con ello, uno de los principales temores de los ciudadanos es cometer errores que puedan derivar en sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).Frente a este panorama, Bancolombia emitió una serie de recomendaciones y herramientas para que las personas reúnan la información necesaria, consulten sus certificados y realicen el trámite dentro de los plazos establecidos. Según informó la entidad, cerca de siete millones de colombianos deberán cumplir con esta obligación tributaria. Los vencimientos comenzarán el próximo 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre, aunque las fechas dependerán de los dos últimos dígitos de la cédula.¿Quiénes deben declarar renta en 2026?De acuerdo con lo informado por Bancolombia, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales que, durante el año gravable 2025, hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones:Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.Obtener ingresos iguales o superiores a $69.718.600 durante 2025.Realizar consignaciones, depósitos o inversiones por al menos $69.718.600.Efectuar compras o consumos por valores iguales o superiores a $69.718.600.La entidad también recomendó recopilar con anticipación documentos como certificados laborales, extractos bancarios, certificados de crédito de vivienda, soportes de aportes voluntarios, pagos de salud, donaciones y facturas electrónicas, entre otros, para facilitar la elaboración de la declaración de renta.¿Cómo evitar sanciones al declarar renta?Uno de los principales llamados de Bancolombia es no dejar el trámite para última hora. La entidad recordó que presentar la declaración fuera del plazo puede generar sanciones por extemporaneidad, por lo que recomienda verificar con anticipación la fecha correspondiente según los dos últimos dígitos de la cédula.Además, el banco puso a disposición de sus clientes diferentes canales para consultar gratuitamente certificados tributarios, extractos y demás documentos requeridos. Esta información puede obtenerse a través de Tabot en WhatsApp, las Sucursales Virtuales Personas y Negocios y los demás canales habilitados por la entidad.¿Presentar la declaración significa que debe pagar impuesto?Bancolombia aclaró que declarar renta no implica automáticamente pagar un impuesto. La declaración corresponde al cumplimiento de una obligación formal mediante la cual se reporta la información financiera del contribuyente.El resultado dependerá de la situación particular de cada persona. En algunos casos habrá un valor a cargo, mientras que otros contribuyentes no deberán pagar e, incluso, podrían obtener un saldo a favor. Si existe un impuesto por cancelar, este podrá pagarse mediante los mecanismos autorizados por la DIAN, de forma electrónica a través de PSE o tarjeta de crédito, o presencialmente en las entidades habilitadas.
Los conductores que quieran acceder al descuento por una multa de tránsito deberán cumplir desde este lunes un nuevo proceso de verificación en los cursos para infractores. La medida comenzó a regir para los Centros Integrales de Atención (CIA), que ahora están obligados a utilizar el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma diseñada para validar la identidad de los asistentes y evitar fraudes durante el trámite.El cambio fue establecido por la Superintendencia de Transporte mediante la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, en cumplimiento de las Leyes 2283 y 2294 de 2023. Según la entidad, el objetivo es garantizar que el beneficio de reducción en el valor de los comparendos sea otorgado únicamente a quienes realmente cumplen con los cursos exigidos por la normativa.¿Qué cambia desde este lunes para quienes buscan descuento en multas?La principal novedad es que los Centros Integrales de Atención deberán verificar la identidad de cada infractor antes y durante la prestación del servicio mediante la infraestructura tecnológica del SICOV.El sistema incorpora mecanismos de autenticación que contrastan la información de los usuarios con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de utilizar tecnología de reconocimiento facial para confirmar que quien realiza el curso corresponde realmente al infractor.La misma validación también deberá aplicarse a los instructores encargados de impartir las capacitaciones.Según la Superintendencia de Transporte, los datos obtenidos durante estas verificaciones serán comparados posteriormente con la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).¿Por qué se implementó este nuevo requisito?La entidad explicó que la medida busca reducir los casos de fraude detectados en los cursos para infractores, un mecanismo creado para que los conductores puedan acceder a descuentos en el pago de comparendos cuando cumplen con las condiciones previstas por la ley.En palabras del superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, el propósito es que este beneficio se otorgue "con transparencia y legalidad", evitando manipulaciones o suplantaciones de identidad.Con el nuevo sistema, las autoridades podrán verificar que las personas inscritas sean quienes efectivamente asisten a las capacitaciones y cumplen los requisitos establecidos.¿Quiénes deberán aplicar las nuevas reglas?Desde el 3 de agosto de 2026, la obligación recae sobre todos los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados para dictar cursos a infractores.Posteriormente, el 16 de septiembre de 2026, la misma exigencia comenzará a aplicarse a los Organismos de Tránsito (OT) que también prestan este servicio.La Superintendencia indicó que realizará visitas de inspección y verificaciones para comprobar que las entidades implementen correctamente el SICOV y utilicen los mecanismos de autenticación exigidos.¿Qué verificaciones harán durante los cursos?De acuerdo con la resolución, el sistema deberá incluir, como mínimo:Validación de identidad contra las bases de datos de la Registraduría Nacional.Verificación mediante reconocimiento facial.Cotejo de la información registrada con los datos reportados al RUNT.Controles para evitar suplantaciones y alteraciones en los registros de asistencia.
Cifras indican que, tan solo en 2025, en Colombia se impusieron más de 3 millones de multas y comparendos de tránsito, lo que equivale a un promedio de más de 8.000 a 13.000 sanciones diarias en todo el territorio nacional. Es por eso que autoridades de tránsito tienen diversas alternativas para que los ciudadanos puedan pagar esta obligaciones, incluyendo los que pagan en los primeros días tienen el 50 % de descuento siempre y cuando hagan un curso pedagógico; sin embargo, este tenía un vacío que la Policía logró notar y cambiará su metodología a partir del 3 de agosto.Cambia curso para descuentos en las multas de tránsitoA partir del 3 de agosto, con base a la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, se implementará el Sistema de Control y Vigilancia tanto en los Centros Integrales de Atención y que obligará a que haya un reconocimiento facial para verificación de datos en la Registraduría para verificar que la persona que hace el curso, sea la misma multada. Y es que muchas personas estaban enviando a otra persona a realizar el curso y no estaban pagan con el curso de manera correcta para hacerse merecedor del descuento del 50 % para su multa, por eso, las autoridades implementarán esta alternativa para que haya mayor responsabilidad en este tipo de infracciones.¿Cuáles son las multas de tránsito más comunes en Colombia?Bogotá registra cerca de 12 millones de desplazamientos diarios y, en medio de esa dinámica, la Secretaría Distrital de Movilidad impuso más de 900.000 comparendos en 2025, unos 300.000 más que en 2024. El 57 % de las sanciones correspondieron a automóviles, camionetas y camperos, mientras que el 3 7% fueron para motocicletas.Exceso de velocidad (C29): $633.200.Parquear en sitios prohibidos (C02): $633.200.Incumplir el pico y placa (C14): $633.200.No realizar la revisión tecnomecánica (C35): $633.200.Conducir motocicleta sin casco, chaleco reflectivo o luces reglamentarias (C24): $633.200.
Los conductores que busquen acceder al descuento en el pago de multas de tránsito mediante los cursos para infractores tendrán que cumplir un nuevo requisito a partir del 3 de agosto de 2026, según dio a conocer la Superintendencia de Transporte.La entidad ordenó la entrada en operación de un sistema de control que verificará la identidad de los asistentes mediante herramientas biométricas para reducir los casos de fraude y suplantación.La medida quedó establecida en la resolución 8863 del 16 de julio de 2026 y hace parte de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma que deberán utilizar los Centros Integrales de Atención (CIA) y, posteriormente, los Organismos de Tránsito (OT) que ofrecen los cursos para obtener descuentos en comparendos.¿Cuál es el nuevo requisito para obtener el descuento en las multas?El principal cambio consiste en que los conductores ya no solo deberán asistir al curso correspondiente, sino que también tendrán que acreditar su identidad mediante controles biométricos implementados por el SICOV.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, el sistema validará la identidad de los usuarios utilizando:Reconocimiento facial.Verificación de identidad con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Cotejo dactilar (huella) en los procesos establecidos para los prestadores del servicio.La información obtenida será comparada con los datos que posteriormente reporten los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).Según explicó la entidad, el propósito es garantizar que las personas que reciben el beneficio por realizar el curso sean realmente los infractores y evitar que terceros suplanten identidades para obtener descuentos de manera irregular.¿Desde cuándo comenzará a aplicarse?La implementación será gradual.Los primeros en utilizar obligatoriamente el Sistema de Control y Vigilancia serán los Centros Integrales de Atención (CIA), que deberán comenzar a operar con esta infraestructura desde el 3 de agosto de 2026.En el caso de los Organismos de Tránsito (OT) que también ofrecen estos cursos, la obligación entrará en vigencia desde el 16 de septiembre de 2026.La Superintendencia señaló que realizará visitas de inspección y verificará permanentemente el funcionamiento del sistema para comprobar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.¿Por qué el Gobierno implementará este nuevo sistema?La decisión responde a las facultades otorgadas por las leyes 2283 y 2294 de 2023, que ordenan fortalecer los mecanismos de control en los cursos dirigidos a infractores de tránsito.Según la Superintendencia de Transporte, durante los últimos años se han detectado intentos de fraude relacionados con estos procesos, motivo por el cual el SICOV buscará impedir manipulaciones de información y suplantaciones de identidad.El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que el objetivo es que este beneficio se otorgue con transparencia y que quienes accedan a los descuentos realmente cumplan con los requisitos establecidos por la ley.¿Qué controles realizará la Supertransporte?La entidad indicó que ejercerá labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio.Entre las acciones previstas se encuentran:Verificar la implementación del Sistema de Control y Vigilancia.Comparar la información biométrica con los registros reportados al RUNT.Realizar visitas de inspección a los Centros Integrales de Atención y Organismos de Tránsito.Revisar los registros administrados por los operadores homologados del sistema.
Los propietarios de apartamentos y casas en conjuntos residenciales podrían tener nuevas garantías frente a las sanciones por no asistir a las asambleas generales. Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República plantea modificar varios artículos de la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de propiedad horizontal, con el objetivo de establecer límites a las multas, fortalecer el debido proceso y ampliar las posibilidades para justificar una ausencia.La propuesta corresponde al proyecto de ley 031 de 2026 y busca equilibrar la obligación de participar en las decisiones de la copropiedad con la protección de los derechos de los residentes. De aprobarse, las administraciones ya no podrían imponer sanciones económicas sin cumplir un procedimiento previo y sin brindar la posibilidad de presentar una justificación.¿Qué cambios propone el proyecto para las multas en conjuntos residenciales?Actualmente, la Ley 675 de 2001 permite imponer multas, publicar a los infractores e, incluso, restringir el uso de algunos bienes comunes no esenciales cuando un propietario no asiste a la asamblea general.El proyecto de ley propone modificar esas disposiciones para que las sanciones tengan condiciones claras y respeten el debido proceso. Entre los principales cambios se encuentran:Las multas tendrían límites definidos.Se exigiría un procedimiento previo antes de imponer cualquier sanción.Los propietarios tendrían derecho a presentar explicaciones antes de que se tome una decisión.Se reforzaría el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de la administración.La iniciativa también incorpora principios como la buena fe, la dignidad humana, la transparencia, la proporcionalidad y la protección de los derechos de los copropietarios.¿Cuándo se podría justificar la ausencia a una asamblea?Uno de los cambios más importantes se encuentra en el artículo 39 de la Ley 675. El proyecto establece que el propietario podrá informar previamente que no asistirá o presentar una excusa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la reunión.Además, contempla situaciones en las que la justificación podría presentarse incluso después de ese plazo, siempre que exista una razón válida, entre ellas:Enfermedad.Fuerza mayor o caso fortuito.Obligaciones laborales inaplazables.Deber de cuidado de un familiar.Calamidad doméstica.Problemas de conectividad en reuniones virtuales.Defectos en la convocatoria.¿Qué pasaría con las asambleas virtuales en propiedad horizontal?El proyecto también busca dar un mayor respaldo jurídico a las reuniones virtuales y mixtas, una modalidad que ha ganado espacio en los últimos años.La propuesta pretende facilitar la participación de quienes no pueden asistir presencialmente por razones laborales, familiares o de movilidad. Asimismo, busca brindar mayor seguridad jurídica a las decisiones tomadas durante estas reuniones y reducir los conflictos relacionados con la validez de las actas y los procedimientos.Si la iniciativa supera su trámite en el Congreso y es sancionada como ley, los conjuntos residenciales tendrían nuevas reglas para imponer sanciones y organizar sus asambleas, con un mayor énfasis en las garantías de los propietarios.Preguntas frecuentes¿Se eliminarán las multas por faltar a las asambleas de conjuntos?No de forma automática. El proyecto de ley propone limitar las sanciones y exigir que exista un debido proceso antes de imponer una multa.¿Quiénes podrían justificar su ausencia a una asamblea?Los propietarios que acrediten situaciones como enfermedad, fuerza mayor, obligaciones laborales, calamidad doméstica, deber de cuidado o problemas de conectividad, entre otras circunstancias razonables previstas en el proyecto.¿Las asambleas virtuales seguirán siendo válidas?Sí. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento jurídico de las reuniones virtuales y mixtas para facilitar la participación de los copropietarios y dar mayor seguridad a las decisiones que allí se adopten.
Las visitas de inspección del Ministerio del Trabajo se han intensificado durante 2026 y las empresas deben estar preparadas para responder a estos controles, que pueden realizarse sin previo aviso. De acuerdo con un informe de Grupo Soluciones Legales, los incumplimientos en materia laboral no solo pueden afectar la operación de una organización, sino también traducirse en sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.Desde 2022, la cartera laboral ha realizado más de 61.000 inspecciones en todo el país. El aumento de las revisiones responde, entre otros aspectos, al seguimiento del cumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral y de las demás obligaciones contempladas en la normativa vigente.¿Qué revisa el Ministerio del Trabajo durante una inspección?Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, las visitas buscan verificar que las empresas cumplan integralmente la legislación laboral y respeten los derechos de los trabajadores. Entre los aspectos que con mayor frecuencia revisan los inspectores se encuentran los contratos laborales, las jornadas de trabajo, el pago de horas extras, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas relacionadas con el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y la desconexión laboral.El directivo explicó que muchas de las sanciones se originan en incumplimientos que podrían evitarse mediante revisiones periódicas de la documentación y de los procesos internos de las compañías.¿Cuáles son los errores que más generan sanciones?De acuerdo con Grajales, entre las irregularidades más comunes figuran la ausencia de contratos escritos, reglamentos internos inexistentes o desactualizados, sistemas de seguridad y salud en el trabajo incompletos, jornadas laborales que superan los límites permitidos, horas extras sin remunerar y el incumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral.Por esa razón, recomendó mantener toda la documentación disponible y actualizada para atender cualquier visita de inspección sin contratiempos y evitar procesos sancionatorios.¿Cómo prepararse para una visita del Ministerio del Trabajo?El director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales señaló que la mejor estrategia consiste en construir una cultura permanente de cumplimiento y no esperar a que se anuncie una inspección. Para ello recomendó realizar auditorías internas periódicas, revisar la documentación laboral, actualizar las políticas obligatorias, capacitar al personal encargado de talento humano y apoyarse en especialistas que acompañen la implementación de los requisitos legales.Grajales advirtió que muchas empresas reaccionan únicamente cuando reciben un requerimiento oficial, aunque en ese momento ya puede ser tarde para corregir las fallas. A su juicio, el mayor riesgo no es la visita del Ministerio del Trabajo, sino llegar a ella sin la preparación necesaria, pues una auditoría interna realizada con anticipación puede marcar la diferencia entre un llamado de atención y una sanción de gran impacto económico.
Las autoridades de tránsito de Bogotá finalmente identificaron al propietario y al conductor que intentó subir un carro por la rampa de un puente peatonal en el occidente de la ciudad. El hecho generó rechazo luego de hacerse viral en redes sociales.Según informó la Secretaría de Movilidad, los responsables de este caso, ocurrido en la intersección de la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 68, serían jóvenes que no residen en la capital del país.Ambos se dedican al BMX callejero, una disciplina centrada en la realización de acrobacias en bicicleta en espacios urbanos. Tras las investigaciones, se descubrió que el conductor acumula un historial de infracciones que supera los 32 millones de pesos.Conductor tiene multas por más de $32 millonesLa polémica por la acción irresponsable de los ocupantes del Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, que intentó subir a un puente peatonal, destapó una situación que mantiene en alerta a las autoridades distritales.El hombre que conducía el vehículo adeuda $32.955.116 en multas, de acuerdo con el SIMIT. Las sanciones fueron impuestas por infracciones cometidas en dos vehículos: uno de placas CQW861 y el Chevrolet Spark de placas ZIX013.Precisamente, este último fue el utilizado para intentar subir al puente peatonal. En total, el conductor registra 43 comparendos impuestos desde 2023 en diferentes vías del país. Según el reporte del SIMIT, las sanciones fueron aplicadas en:Bogotá.La Dorada.Chía.Ibagué.Villavicencio.Chocontá.Entre las infracciones aparecen bloquear calzadas o intersecciones, desacatar señales de tránsito o las instrucciones de agentes, prestar servicios irregulares, transitar por zonas restringidas y, ahora, se suma el intento de subir el vehículo por un puente peatonal.Identifican a la propietaria del carroEn un video publicado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el mandatario explicó que la propietaria del vehículo ya fue identificada y cuestionó que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que además evidencian un comportamiento reiterativo.“Fue evidente en los videos la actuación realmente peligrosa que tuvo este vehículo. Se subió a un puente peatonal, puso en peligro la vida de las personas y la infraestructura. Además, ocultó las placas del vehículo para cometer esa infracción”, señaló Galán.Asimismo, destacó que la propietaria aseguró que vendió el automóvil hace cinco meses, pero el traspaso aún no se ha realizado. Por ello, el alcalde recordó que, mientras el vehículo continúe registrado a nombre del vendedor, este mantiene responsabilidades legales.“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario. Por eso hay que tener mucho cuidado al vender un carro y hacer el traspaso rápidamente, porque si ocurre un accidente o pasa algo, el vehículo sigue estando a nombre de esa persona”, concluyó Galán.
La Superintendencia de Industria y Comercio mencionó que entre 2013 y 2025, la empresa aprovechó su doble papel como administradora del puerto y prestadora de servicios para limitar la participación de otros operadores, afectando a quienes buscaban contratar servicios diferentes._Durante más de una década, la administración del Puerto de Buenaventura presuntamente habría inclinado la balanza a favor de sus propios servicios, dejando en desventaja a otras empresas que operaban en el terminal marítimo, lo que le costaría una millonaria sanción a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Tras estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por más de $25.355 millones de pesos a la sociedad y a cuatro personas naturales por acciones que, según la investigación, afectaron la libre competencia.Y es que, según registros, el Puerto de Buenaventura es una de las principales puertas del comercio internacional de Colombia, puesto que cerca del 22 % de las importaciones y exportaciones del país pasó por este terminal entre 2018 y 2021.La autoridad determinó que, entre 2013 y 2025, quienes administraban el puerto adoptaron decisiones que terminaron afectando la posibilidad de que otros operadores compitieran en igualdad de condiciones. Según la investigación, esto redujo las opciones para los usuarios que buscaban contratar servicios con empresas distintas a la sociedad portuaria.El expediente señala que varias de esas decisiones impactaron la movilización de contenedores, donde algunos servicios quedaron prácticamente reservados para la empresa investigada y se dificultó la participación de terceros mediante restricciones operativas y autorizaciones.En otras operaciones, como el manejo de carga general, la Superintendencia encontró incentivos comerciales dirigidos exclusivamente a quienes contrataran con la sociedad portuaria o con una empresa relacionada. Además, detectó barreras en el sistema utilizado para registrar a otros operadores.La investigación también evidenció situaciones que afectaban la movilización de carga a granel, entre ellas condiciones que complicaban la continuidad de un operador independiente, exigencias que aumentaban los costos de la operación y limitaciones técnicas que dificultaban su actividad.Además de las multas, la Superintendencia ordenó modificar la forma en que se administra la operación del puerto para evitar que estas conductas vuelvan a repetirse y garantizar que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de prestar sus servicios. Sin embargo, la sanción aún no es definitiva y podrá ser revisada mediante los recursos que permite la ley.
En la rutina diaria de las ciudades, no es raro ver a ciudadanos incómodos cuando un policía les solicita la cédula. Para muchos, este tipo de requerimientos se percibe como una señal de sospecha o incluso como un exceso de autoridad, lo que lleva a que algunas personas se nieguen a mostrar su documento de identidad.Sin embargo, esta reacción, que parece común en la calle, puede terminar en sanciones económicas y otras consecuencias legales y económicas, pues detrás de este tipo de situaciones hay normas que buscan facilitar la labor de las autoridades y mantener el orden en espacios públicos.Negarse a identificarse ante la Policía sí tiene consecuenciasEn Colombia, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el artículo 35 establece los comportamientos que afectan las relaciones entre personas y autoridades.Además, menciona que identificarse ante un requerimiento de la Policía es un deber y negarse a hacerlo, o dificultar el procedimiento, es considerado un comportamiento contrario a la convivencia.De acuerdo con esta normativa, cuando una persona se resiste a mostrar su documento de identidad, puede recibir una multa tipo 4, que supera los $900.000. Asimismo, la sanción incluye la obligación de participar en actividades pedagógicas o trabajo comunitario.Este tipo de casos es más común de lo que parece, pues, según las autoridades, en lo que va del año, más de 2.500 personas han sido sancionadas por negarse a identificarse ante un policía que ejerce operativos de control en Bogotá.¿Por qué los policías piden el documento de identidad?Las autoridades insisten en que estos procedimientos no implican, necesariamente, que una persona esté siendo investigada por un delito. En muchos casos, se trata de controles preventivos o verificaciones rutinarias que permiten garantizar la seguridad en diferentes sectores.Por eso, indican que facilitar la identificación no solo evita sanciones, sino que también ayuda a que los operativos se desarrollen de manera más ágil. Desde las entidades de seguridad se ha venido trabajando en campañas pedagógicas para que los ciudadanos comprendan que este tipo de acciones hacen parte de la convivencia y del respeto entre comunidad y autoridades.Aunque la incomodidad frente a estos requerimientos sigue siendo una reacción común, desde el Distrito indican que negarse puede salir caro y complicar una situación que, en principio, podría resolverse en cuestión de minutos.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
Una muñeca sexual de apariencia extremadamente realista provocó una investigación policial por un supuesto asesinato en Australia, después de que fuera encontrada dentro de una maleta abandonada en una zona rural de Nueva Gales del Sur.El insólito hallazgo ocurrió el domingo, cuando dos hombres que conducían por una zona rural encontraron la valija y observaron en su interior lo que inicialmente parecían ser restos humanos.Ante la posibilidad de que se tratara de una víctima de homicidio, la Policía de Nueva Gales del Sur desplegó un equipo de detectives y expertos forenses para examinar la escena.Policía creyó inicialmente que se trataba de restos humanosLa investigación comenzó como un posible caso de asesinato. Sin embargo, los análisis realizados por los especialistas permitieron establecer que el contenido de la maleta no correspondía a una persona.La superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Linda Bradbury, explicó que la muñeca sexual era tan realista que incluso los agentes llegaron a confundirla inicialmente con un cuerpo humano.“Inicialmente la confundieron con un humano”, explicó Bradbury a los periodistas. La funcionaria agregó que este tipo de muñecas pueden tener una apariencia muy similar a la de una persona real, lo que hizo que el hallazgo resultara especialmente desconcertante para los investigadores.La muñeca tenía cabello, ropa y hasta un aro en la narizLos exámenes forenses determinaron que se trataba de una muñeca sexual de apariencia realista. Entre sus características se encontraban ropa, cabello y un aro en la nariz. Pero había otro detalle que contribuyó a que los investigadores pensaran inicialmente que podían estar frente a un cadáver: la muñeca presentaba marcas similares a moretones y raspones.Según la Policía, estas características hicieron todavía más difícil determinar a primera vista qué había realmente dentro de la maleta abandonada.La investigación por el supuesto asesinato terminóDespués de realizar los análisis correspondientes, las autoridades descartaron que hubiera una víctima humana y concluyeron la investigación. La Policía confirmó que los exámenes forenses permitieron establecer que se trataba de una muñeca sexual hiperrealista y no de restos humanos.El curioso episodio demuestra hasta qué punto algunos de estos objetos pueden llegar a parecerse a una persona real, incluso en circunstancias que inicialmente llevaron a las autoridades a considerar un posible homicidio.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
