El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios restituir a las entidades territoriales recursos por más de 84.752 millones de pesos correspondientes a excedentes operacionales y rendimientos financieros derivados de la administración del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.La decisión fue adoptada al resolver la acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Federación Colombiana de Municipios por la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.En primera instancia, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá había amparado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y consideró que la federación debía reintegrar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del SIMIT. Al resolver los recursos de apelación, el tribunal mantuvo este aspecto central de la decisión, aunque modificó su alcance.El tribunal concluyó que la Federación Colombiana de Municipios vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al conservar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del sistema.La decisión analiza el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que autorizó a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado el SIMIT y estableció como fuente de financiación de esta función el 10 % del valor de las multas pagadas.De acuerdo con el tribunal, la federación está facultada para percibir y administrar la totalidad de ese porcentaje con el propósito de cubrir los costos, gastos, inversiones y demás necesidades justificadas relacionadas con la implementación, operación, mantenimiento y actualización del sistema.Sin embargo, la decisión precisa que esa facultad de administración no implica que la federación adquiera la titularidad de los recursos que, después de atender esas necesidades, constituyan excedentes operacionales.La Alcaldía Mayor de Bogotá había cuestionado que esos recursos permanecieran bajo la administración de la federación, por lo que el tribunal concluyó que se acreditaron excedentes operacionales y rendimientos financieros que deben retornar a las entidades territoriales de las cuales provienen los recursos.Para establecer las sumas objeto de restitución, la sentencia tomó como base 55.445.213.328 pesos correspondientes a excedentes operacionales y 29.307.370.712 pesos por rendimientos financieros. En total, la cifra supera los 84.752 millones de pesos.La decisión también establece un procedimiento para determinar cuánto dinero corresponde a cada entidad territorial. Para ello, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, la Federación Colombiana de Municipios deberá realizar una auditoría financiera, contable, contractual y patrimonial.La auditoría tendrá que reconstruir, año por año, entre 2002 y 2025, el origen territorial de los recursos administrados y establecer la suma que corresponde a cada entidad territorial.De esta manera, la decisión del tribunal no solo establece la obligación de restituir los excedentes operacionales y rendimientos financieros identificados en el proceso, sino que fija un mecanismo para determinar su distribución entre las entidades territoriales de acuerdo con el origen de los recursos.
Una fuerte polémica se ha desatado en la capital colombiana tras conocerse la remodelación no autorizada de un apartamento en el icónico edificio Altos de Santana, una obra diseñada por el célebre arquitecto Rogelio Salmona y declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad. El director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Diego Parra, confirmó en Mañanas Blu, que se ha iniciado formalmente un proceso de revisión y sancionatorio contra los responsables debido a la alteración drástica de la estructura interna del inmueble sin contar con los permisos exigidos por la ley. Un patrimonio protegido al interior de los hogaresEl edificio Altos de Santana cuenta con una declaratoria patrimonial vigente desde el año 2010 bajo un nivel de intervención dos, el cual exige una conservación tipológica.De acuerdo con las declaraciones del director Diego Parra, bajo esta categoría "se tiene que conservar las circulaciones, los espacios, las fachadas, las volometrías y las escaleras". Esta protección va más allá de las áreas comunes del conjunto residencial: "incluso las escaleras internas, las que están adentro de los apartamentos (...) hacen parte del proyecto integral, en este caso, del maestro Rogelio Salmona, con el diseño arquitectónico que él planteó". Parra enfatizó que los propietarios no pueden alegar ignorancia ante estas restricciones, puesto que la declaratoria de bien de interés cultural se registra de manera automática: "aparece en el certificado de libertad y tradición la anotación que su inmueble tiene declaratoria de bien de interés".Sanciones severas y la obligación de "restitución"La intervención en Altos de Santana se ejecutó sin que los propietarios ni los diseñadores radicaran ningún tipo de permiso ni autorización ante el IDPC, una conducta que acarrea consecuencias financieras y arquitectónicas sumamente rigurosas.El proceso sancionatorio ya en curso contempla dos víasLa primera es una sanción económica directa al propietario, la cual "está entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales". Además, Parra advirtió que "si medió un profesional (...) la multa se duplica. Es decir, estamos hablando que para los profesionales es entre 400 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes".La segunda medida, y quizás la más compleja de asumir para los infractores, es la restitución obligatoria del inmueble a sus condiciones previas, "tienen que volver a construir la escalera original", aseveró tajantemente el funcionario. Para este fin, el instituto cuenta con la ventaja de tener la estructura plenamente documentada: "se tiene los planos originales, las memorias, toda la historia también del maestro Rogelio Salmona", elementos con los cuales se ordenará la reconstrucción exacta.El llamado a la asesoría y los beneficios vigentesLa reforma ilegal fue descubierta gracias a videos publicados en redes sociales por las diseñadoras de la firma encargada de la obra.Ante esto, Parra recordó que el IDPC cuenta con una estructura de inspección y vigilancia coordinada con las alcaldías locales y la Secretaría de Cultura, pero resaltó que la denuncia ciudadana sigue siendo una herramienta clave para evitar la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad.Por último, el director aclaró que las regulaciones no pretenden convertir las viviendas patrimoniales en espacios inhabitables. El IDPC ofrece incentivos significativos para los propietarios de estos bienes, como la equiparación a estrato uno y descuentos en el impuesto predial, siempre y cuando se demuestre que el inmueble de uso residencial se encuentra en óptimas condiciones de mantenimiento: "El patrimonio tiene que ser habitable, vivible, se tiene que disfrutar", concluyó Parra, invitando a la ciudadanía a acercarse al instituto para recibir asesoramiento rápido y gratuito antes de emprender cualquier remodelación.Escuche aquí la entrevista:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado, 29 de agosto, un grupo de medidas dirigidas a aliviar los costos que enfrentan los conductores colombianos, entre ellas una propuesta al Congreso para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito."Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.De La Espriella también se refirió a los Centros Integrales de Atención (CIA), los establecimientos donde los infractores toman el curso para acceder a descuentos en sus multas. El mandatario calificó de "absurdo" el requisito de contar con una llamada "casa cárcel" para habilitar estos centros, y anunció que buscará reducir en un 25 % el costo de los cursos, además de facultar directamente a las autoridades de tránsito para dictarlos.Entre los anuncios adicionales, el mandatario planteó revisar el costo de las licencias de conducción, eliminar trámites innecesarios y ampliar su vigencia hasta 8 o 10 años. También prometió endurecer los controles para autorizar nuevas fotomultas y fijar parámetros claros de calibración de los equipos, "porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo", señaló.El jefe de Estado ordenó, además, una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y reducir tarifas, así como un análisis del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la reciente reducción del plazo de seis a cinco años para vehículos nuevos. "No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano", concluyó De La Espriella.Por su parte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, respondió en redes sociales que la cartera ya avanza en tres frentes para materializar las directrices del mandatario. Noguera señaló que un ciudadano puede terminar pagando más de un salario mínimo entre multas, intereses, patios y grúas, e incluso perder su vehículo por no poder cubrir esos cobros, una situación que calificó como insostenible frente a la capacidad económica de la gente.La ministra explicó que el Ministerio redacta ya el borrador de una reforma integral al Código de Tránsito, que contemplará el valor de las multas, los cobros del RUNT y el SIMIT, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica. Además, anunció que mediante resolución se endurecerán los requisitos para autorizar cámaras de fotodetección.
Miles de colombianos comenzarán a realizar el proceso de declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Con ello, uno de los principales temores de los ciudadanos es cometer errores que puedan derivar en sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).Frente a este panorama, Bancolombia emitió una serie de recomendaciones y herramientas para que las personas reúnan la información necesaria, consulten sus certificados y realicen el trámite dentro de los plazos establecidos. Según informó la entidad, cerca de siete millones de colombianos deberán cumplir con esta obligación tributaria. Los vencimientos comenzarán el próximo 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre, aunque las fechas dependerán de los dos últimos dígitos de la cédula.¿Quiénes deben declarar renta en 2026?De acuerdo con lo informado por Bancolombia, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales que, durante el año gravable 2025, hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones:Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.Obtener ingresos iguales o superiores a $69.718.600 durante 2025.Realizar consignaciones, depósitos o inversiones por al menos $69.718.600.Efectuar compras o consumos por valores iguales o superiores a $69.718.600.La entidad también recomendó recopilar con anticipación documentos como certificados laborales, extractos bancarios, certificados de crédito de vivienda, soportes de aportes voluntarios, pagos de salud, donaciones y facturas electrónicas, entre otros, para facilitar la elaboración de la declaración de renta.¿Cómo evitar sanciones al declarar renta?Uno de los principales llamados de Bancolombia es no dejar el trámite para última hora. La entidad recordó que presentar la declaración fuera del plazo puede generar sanciones por extemporaneidad, por lo que recomienda verificar con anticipación la fecha correspondiente según los dos últimos dígitos de la cédula.Además, el banco puso a disposición de sus clientes diferentes canales para consultar gratuitamente certificados tributarios, extractos y demás documentos requeridos. Esta información puede obtenerse a través de Tabot en WhatsApp, las Sucursales Virtuales Personas y Negocios y los demás canales habilitados por la entidad.¿Presentar la declaración significa que debe pagar impuesto?Bancolombia aclaró que declarar renta no implica automáticamente pagar un impuesto. La declaración corresponde al cumplimiento de una obligación formal mediante la cual se reporta la información financiera del contribuyente.El resultado dependerá de la situación particular de cada persona. En algunos casos habrá un valor a cargo, mientras que otros contribuyentes no deberán pagar e, incluso, podrían obtener un saldo a favor. Si existe un impuesto por cancelar, este podrá pagarse mediante los mecanismos autorizados por la DIAN, de forma electrónica a través de PSE o tarjeta de crédito, o presencialmente en las entidades habilitadas.
Los conductores que quieran acceder al descuento por una multa de tránsito deberán cumplir desde este lunes un nuevo proceso de verificación en los cursos para infractores. La medida comenzó a regir para los Centros Integrales de Atención (CIA), que ahora están obligados a utilizar el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma diseñada para validar la identidad de los asistentes y evitar fraudes durante el trámite.El cambio fue establecido por la Superintendencia de Transporte mediante la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, en cumplimiento de las Leyes 2283 y 2294 de 2023. Según la entidad, el objetivo es garantizar que el beneficio de reducción en el valor de los comparendos sea otorgado únicamente a quienes realmente cumplen con los cursos exigidos por la normativa.¿Qué cambia desde este lunes para quienes buscan descuento en multas?La principal novedad es que los Centros Integrales de Atención deberán verificar la identidad de cada infractor antes y durante la prestación del servicio mediante la infraestructura tecnológica del SICOV.El sistema incorpora mecanismos de autenticación que contrastan la información de los usuarios con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de utilizar tecnología de reconocimiento facial para confirmar que quien realiza el curso corresponde realmente al infractor.La misma validación también deberá aplicarse a los instructores encargados de impartir las capacitaciones.Según la Superintendencia de Transporte, los datos obtenidos durante estas verificaciones serán comparados posteriormente con la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).¿Por qué se implementó este nuevo requisito?La entidad explicó que la medida busca reducir los casos de fraude detectados en los cursos para infractores, un mecanismo creado para que los conductores puedan acceder a descuentos en el pago de comparendos cuando cumplen con las condiciones previstas por la ley.En palabras del superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, el propósito es que este beneficio se otorgue "con transparencia y legalidad", evitando manipulaciones o suplantaciones de identidad.Con el nuevo sistema, las autoridades podrán verificar que las personas inscritas sean quienes efectivamente asisten a las capacitaciones y cumplen los requisitos establecidos.¿Quiénes deberán aplicar las nuevas reglas?Desde el 3 de agosto de 2026, la obligación recae sobre todos los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados para dictar cursos a infractores.Posteriormente, el 16 de septiembre de 2026, la misma exigencia comenzará a aplicarse a los Organismos de Tránsito (OT) que también prestan este servicio.La Superintendencia indicó que realizará visitas de inspección y verificaciones para comprobar que las entidades implementen correctamente el SICOV y utilicen los mecanismos de autenticación exigidos.¿Qué verificaciones harán durante los cursos?De acuerdo con la resolución, el sistema deberá incluir, como mínimo:Validación de identidad contra las bases de datos de la Registraduría Nacional.Verificación mediante reconocimiento facial.Cotejo de la información registrada con los datos reportados al RUNT.Controles para evitar suplantaciones y alteraciones en los registros de asistencia.
Cifras indican que, tan solo en 2025, en Colombia se impusieron más de 3 millones de multas y comparendos de tránsito, lo que equivale a un promedio de más de 8.000 a 13.000 sanciones diarias en todo el territorio nacional. Es por eso que autoridades de tránsito tienen diversas alternativas para que los ciudadanos puedan pagar esta obligaciones, incluyendo los que pagan en los primeros días tienen el 50 % de descuento siempre y cuando hagan un curso pedagógico; sin embargo, este tenía un vacío que la Policía logró notar y cambiará su metodología a partir del 3 de agosto.Cambia curso para descuentos en las multas de tránsitoA partir del 3 de agosto, con base a la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, se implementará el Sistema de Control y Vigilancia tanto en los Centros Integrales de Atención y que obligará a que haya un reconocimiento facial para verificación de datos en la Registraduría para verificar que la persona que hace el curso, sea la misma multada. Y es que muchas personas estaban enviando a otra persona a realizar el curso y no estaban pagan con el curso de manera correcta para hacerse merecedor del descuento del 50 % para su multa, por eso, las autoridades implementarán esta alternativa para que haya mayor responsabilidad en este tipo de infracciones.¿Cuáles son las multas de tránsito más comunes en Colombia?Bogotá registra cerca de 12 millones de desplazamientos diarios y, en medio de esa dinámica, la Secretaría Distrital de Movilidad impuso más de 900.000 comparendos en 2025, unos 300.000 más que en 2024. El 57 % de las sanciones correspondieron a automóviles, camionetas y camperos, mientras que el 3 7% fueron para motocicletas.Exceso de velocidad (C29): $633.200.Parquear en sitios prohibidos (C02): $633.200.Incumplir el pico y placa (C14): $633.200.No realizar la revisión tecnomecánica (C35): $633.200.Conducir motocicleta sin casco, chaleco reflectivo o luces reglamentarias (C24): $633.200.
Los conductores que busquen acceder al descuento en el pago de multas de tránsito mediante los cursos para infractores tendrán que cumplir un nuevo requisito a partir del 3 de agosto de 2026, según dio a conocer la Superintendencia de Transporte.La entidad ordenó la entrada en operación de un sistema de control que verificará la identidad de los asistentes mediante herramientas biométricas para reducir los casos de fraude y suplantación.La medida quedó establecida en la resolución 8863 del 16 de julio de 2026 y hace parte de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma que deberán utilizar los Centros Integrales de Atención (CIA) y, posteriormente, los Organismos de Tránsito (OT) que ofrecen los cursos para obtener descuentos en comparendos.¿Cuál es el nuevo requisito para obtener el descuento en las multas?El principal cambio consiste en que los conductores ya no solo deberán asistir al curso correspondiente, sino que también tendrán que acreditar su identidad mediante controles biométricos implementados por el SICOV.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, el sistema validará la identidad de los usuarios utilizando:Reconocimiento facial.Verificación de identidad con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Cotejo dactilar (huella) en los procesos establecidos para los prestadores del servicio.La información obtenida será comparada con los datos que posteriormente reporten los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).Según explicó la entidad, el propósito es garantizar que las personas que reciben el beneficio por realizar el curso sean realmente los infractores y evitar que terceros suplanten identidades para obtener descuentos de manera irregular.¿Desde cuándo comenzará a aplicarse?La implementación será gradual.Los primeros en utilizar obligatoriamente el Sistema de Control y Vigilancia serán los Centros Integrales de Atención (CIA), que deberán comenzar a operar con esta infraestructura desde el 3 de agosto de 2026.En el caso de los Organismos de Tránsito (OT) que también ofrecen estos cursos, la obligación entrará en vigencia desde el 16 de septiembre de 2026.La Superintendencia señaló que realizará visitas de inspección y verificará permanentemente el funcionamiento del sistema para comprobar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.¿Por qué el Gobierno implementará este nuevo sistema?La decisión responde a las facultades otorgadas por las leyes 2283 y 2294 de 2023, que ordenan fortalecer los mecanismos de control en los cursos dirigidos a infractores de tránsito.Según la Superintendencia de Transporte, durante los últimos años se han detectado intentos de fraude relacionados con estos procesos, motivo por el cual el SICOV buscará impedir manipulaciones de información y suplantaciones de identidad.El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que el objetivo es que este beneficio se otorgue con transparencia y que quienes accedan a los descuentos realmente cumplan con los requisitos establecidos por la ley.¿Qué controles realizará la Supertransporte?La entidad indicó que ejercerá labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio.Entre las acciones previstas se encuentran:Verificar la implementación del Sistema de Control y Vigilancia.Comparar la información biométrica con los registros reportados al RUNT.Realizar visitas de inspección a los Centros Integrales de Atención y Organismos de Tránsito.Revisar los registros administrados por los operadores homologados del sistema.
Los propietarios de apartamentos y casas en conjuntos residenciales podrían tener nuevas garantías frente a las sanciones por no asistir a las asambleas generales. Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República plantea modificar varios artículos de la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de propiedad horizontal, con el objetivo de establecer límites a las multas, fortalecer el debido proceso y ampliar las posibilidades para justificar una ausencia.La propuesta corresponde al proyecto de ley 031 de 2026 y busca equilibrar la obligación de participar en las decisiones de la copropiedad con la protección de los derechos de los residentes. De aprobarse, las administraciones ya no podrían imponer sanciones económicas sin cumplir un procedimiento previo y sin brindar la posibilidad de presentar una justificación.¿Qué cambios propone el proyecto para las multas en conjuntos residenciales?Actualmente, la Ley 675 de 2001 permite imponer multas, publicar a los infractores e, incluso, restringir el uso de algunos bienes comunes no esenciales cuando un propietario no asiste a la asamblea general.El proyecto de ley propone modificar esas disposiciones para que las sanciones tengan condiciones claras y respeten el debido proceso. Entre los principales cambios se encuentran:Las multas tendrían límites definidos.Se exigiría un procedimiento previo antes de imponer cualquier sanción.Los propietarios tendrían derecho a presentar explicaciones antes de que se tome una decisión.Se reforzaría el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de la administración.La iniciativa también incorpora principios como la buena fe, la dignidad humana, la transparencia, la proporcionalidad y la protección de los derechos de los copropietarios.¿Cuándo se podría justificar la ausencia a una asamblea?Uno de los cambios más importantes se encuentra en el artículo 39 de la Ley 675. El proyecto establece que el propietario podrá informar previamente que no asistirá o presentar una excusa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la reunión.Además, contempla situaciones en las que la justificación podría presentarse incluso después de ese plazo, siempre que exista una razón válida, entre ellas:Enfermedad.Fuerza mayor o caso fortuito.Obligaciones laborales inaplazables.Deber de cuidado de un familiar.Calamidad doméstica.Problemas de conectividad en reuniones virtuales.Defectos en la convocatoria.¿Qué pasaría con las asambleas virtuales en propiedad horizontal?El proyecto también busca dar un mayor respaldo jurídico a las reuniones virtuales y mixtas, una modalidad que ha ganado espacio en los últimos años.La propuesta pretende facilitar la participación de quienes no pueden asistir presencialmente por razones laborales, familiares o de movilidad. Asimismo, busca brindar mayor seguridad jurídica a las decisiones tomadas durante estas reuniones y reducir los conflictos relacionados con la validez de las actas y los procedimientos.Si la iniciativa supera su trámite en el Congreso y es sancionada como ley, los conjuntos residenciales tendrían nuevas reglas para imponer sanciones y organizar sus asambleas, con un mayor énfasis en las garantías de los propietarios.Preguntas frecuentes¿Se eliminarán las multas por faltar a las asambleas de conjuntos?No de forma automática. El proyecto de ley propone limitar las sanciones y exigir que exista un debido proceso antes de imponer una multa.¿Quiénes podrían justificar su ausencia a una asamblea?Los propietarios que acrediten situaciones como enfermedad, fuerza mayor, obligaciones laborales, calamidad doméstica, deber de cuidado o problemas de conectividad, entre otras circunstancias razonables previstas en el proyecto.¿Las asambleas virtuales seguirán siendo válidas?Sí. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento jurídico de las reuniones virtuales y mixtas para facilitar la participación de los copropietarios y dar mayor seguridad a las decisiones que allí se adopten.
Las visitas de inspección del Ministerio del Trabajo se han intensificado durante 2026 y las empresas deben estar preparadas para responder a estos controles, que pueden realizarse sin previo aviso. De acuerdo con un informe de Grupo Soluciones Legales, los incumplimientos en materia laboral no solo pueden afectar la operación de una organización, sino también traducirse en sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.Desde 2022, la cartera laboral ha realizado más de 61.000 inspecciones en todo el país. El aumento de las revisiones responde, entre otros aspectos, al seguimiento del cumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral y de las demás obligaciones contempladas en la normativa vigente.¿Qué revisa el Ministerio del Trabajo durante una inspección?Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, las visitas buscan verificar que las empresas cumplan integralmente la legislación laboral y respeten los derechos de los trabajadores. Entre los aspectos que con mayor frecuencia revisan los inspectores se encuentran los contratos laborales, las jornadas de trabajo, el pago de horas extras, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas relacionadas con el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y la desconexión laboral.El directivo explicó que muchas de las sanciones se originan en incumplimientos que podrían evitarse mediante revisiones periódicas de la documentación y de los procesos internos de las compañías.¿Cuáles son los errores que más generan sanciones?De acuerdo con Grajales, entre las irregularidades más comunes figuran la ausencia de contratos escritos, reglamentos internos inexistentes o desactualizados, sistemas de seguridad y salud en el trabajo incompletos, jornadas laborales que superan los límites permitidos, horas extras sin remunerar y el incumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral.Por esa razón, recomendó mantener toda la documentación disponible y actualizada para atender cualquier visita de inspección sin contratiempos y evitar procesos sancionatorios.¿Cómo prepararse para una visita del Ministerio del Trabajo?El director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales señaló que la mejor estrategia consiste en construir una cultura permanente de cumplimiento y no esperar a que se anuncie una inspección. Para ello recomendó realizar auditorías internas periódicas, revisar la documentación laboral, actualizar las políticas obligatorias, capacitar al personal encargado de talento humano y apoyarse en especialistas que acompañen la implementación de los requisitos legales.Grajales advirtió que muchas empresas reaccionan únicamente cuando reciben un requerimiento oficial, aunque en ese momento ya puede ser tarde para corregir las fallas. A su juicio, el mayor riesgo no es la visita del Ministerio del Trabajo, sino llegar a ella sin la preparación necesaria, pues una auditoría interna realizada con anticipación puede marcar la diferencia entre un llamado de atención y una sanción de gran impacto económico.
Las autoridades de tránsito de Bogotá finalmente identificaron al propietario y al conductor que intentó subir un carro por la rampa de un puente peatonal en el occidente de la ciudad. El hecho generó rechazo luego de hacerse viral en redes sociales.Según informó la Secretaría de Movilidad, los responsables de este caso, ocurrido en la intersección de la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 68, serían jóvenes que no residen en la capital del país.Ambos se dedican al BMX callejero, una disciplina centrada en la realización de acrobacias en bicicleta en espacios urbanos. Tras las investigaciones, se descubrió que el conductor acumula un historial de infracciones que supera los 32 millones de pesos.Conductor tiene multas por más de $32 millonesLa polémica por la acción irresponsable de los ocupantes del Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013, que intentó subir a un puente peatonal, destapó una situación que mantiene en alerta a las autoridades distritales.El hombre que conducía el vehículo adeuda $32.955.116 en multas, de acuerdo con el SIMIT. Las sanciones fueron impuestas por infracciones cometidas en dos vehículos: uno de placas CQW861 y el Chevrolet Spark de placas ZIX013.Precisamente, este último fue el utilizado para intentar subir al puente peatonal. En total, el conductor registra 43 comparendos impuestos desde 2023 en diferentes vías del país. Según el reporte del SIMIT, las sanciones fueron aplicadas en:Bogotá.La Dorada.Chía.Ibagué.Villavicencio.Chocontá.Entre las infracciones aparecen bloquear calzadas o intersecciones, desacatar señales de tránsito o las instrucciones de agentes, prestar servicios irregulares, transitar por zonas restringidas y, ahora, se suma el intento de subir el vehículo por un puente peatonal.Identifican a la propietaria del carroEn un video publicado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el mandatario explicó que la propietaria del vehículo ya fue identificada y cuestionó que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que además evidencian un comportamiento reiterativo.“Fue evidente en los videos la actuación realmente peligrosa que tuvo este vehículo. Se subió a un puente peatonal, puso en peligro la vida de las personas y la infraestructura. Además, ocultó las placas del vehículo para cometer esa infracción”, señaló Galán.Asimismo, destacó que la propietaria aseguró que vendió el automóvil hace cinco meses, pero el traspaso aún no se ha realizado. Por ello, el alcalde recordó que, mientras el vehículo continúe registrado a nombre del vendedor, este mantiene responsabilidades legales.“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario. Por eso hay que tener mucho cuidado al vender un carro y hacer el traspaso rápidamente, porque si ocurre un accidente o pasa algo, el vehículo sigue estando a nombre de esa persona”, concluyó Galán.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
