Una fuerte polémica se ha desatado en la capital colombiana tras conocerse la remodelación no autorizada de un apartamento en el icónico edificio Altos de Santana, una obra diseñada por el célebre arquitecto Rogelio Salmona y declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad.
El director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Diego Parra, confirmó en Mañanas Blu, que se ha iniciado formalmente un proceso de revisión y sancionatorio contra los responsables debido a la alteración drástica de la estructura interna del inmueble sin contar con los permisos exigidos por la ley.
Un patrimonio protegido al interior de los hogares
El edificio Altos de Santana cuenta con una declaratoria patrimonial vigente desde el año 2010 bajo un nivel de intervención dos, el cual exige una conservación tipológica.
De acuerdo con las declaraciones del director Diego Parra, bajo esta categoría "se tiene que conservar las circulaciones, los espacios, las fachadas, las volometrías y las escaleras".
Esta protección va más allá de las áreas comunes del conjunto residencial: "incluso las escaleras internas, las que están adentro de los apartamentos (...) hacen parte del proyecto integral, en este caso, del maestro Rogelio Salmona, con el diseño arquitectónico que él planteó".
Parra enfatizó que los propietarios no pueden alegar ignorancia ante estas restricciones, puesto que la declaratoria de bien de interés cultural se registra de manera automática: "aparece en el certificado de libertad y tradición la anotación que su inmueble tiene declaratoria de bien de interés".
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Sanciones severas y la obligación de "restitución"
La intervención en Altos de Santana se ejecutó sin que los propietarios ni los diseñadores radicaran ningún tipo de permiso ni autorización ante el IDPC, una conducta que acarrea consecuencias financieras y arquitectónicas sumamente rigurosas.
El proceso sancionatorio ya en curso contempla dos vías
La primera es una sanción económica directa al propietario, la cual "está entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales". Además, Parra advirtió que "si medió un profesional (...) la multa se duplica. Es decir, estamos hablando que para los profesionales es entre 400 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes".
La segunda medida, y quizás la más compleja de asumir para los infractores, es la restitución obligatoria del inmueble a sus condiciones previas, "tienen que volver a construir la escalera original", aseveró tajantemente el funcionario. Para este fin, el instituto cuenta con la ventaja de tener la estructura plenamente documentada: "se tiene los planos originales, las memorias, toda la historia también del maestro Rogelio Salmona", elementos con los cuales se ordenará la reconstrucción exacta.
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El llamado a la asesoría y los beneficios vigentes
La reforma ilegal fue descubierta gracias a videos publicados en redes sociales por las diseñadoras de la firma encargada de la obra.
Ante esto, Parra recordó que el IDPC cuenta con una estructura de inspección y vigilancia coordinada con las alcaldías locales y la Secretaría de Cultura, pero resaltó que la denuncia ciudadana sigue siendo una herramienta clave para evitar la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Por último, el director aclaró que las regulaciones no pretenden convertir las viviendas patrimoniales en espacios inhabitables. El IDPC ofrece incentivos significativos para los propietarios de estos bienes, como la equiparación a estrato uno y descuentos en el impuesto predial, siempre y cuando se demuestre que el inmueble de uso residencial se encuentra en óptimas condiciones de mantenimiento: "El patrimonio tiene que ser habitable, vivible, se tiene que disfrutar", concluyó Parra, invitando a la ciudadanía a acercarse al instituto para recibir asesoramiento rápido y gratuito antes de emprender cualquier remodelación.
Escuche aquí la entrevista: