El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios restituir a las entidades territoriales recursos por más de 84.752 millones de pesos correspondientes a excedentes operacionales y rendimientos financieros derivados de la administración del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.
La decisión fue adoptada al resolver la acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Federación Colombiana de Municipios por la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.
En primera instancia, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá había amparado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y consideró que la federación debía reintegrar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del SIMIT. Al resolver los recursos de apelación, el tribunal mantuvo este aspecto central de la decisión, aunque modificó su alcance.
El tribunal concluyó que la Federación Colombiana de Municipios vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al conservar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del sistema.
La decisión analiza el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que autorizó a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado el SIMIT y estableció como fuente de financiación de esta función el 10 % del valor de las multas pagadas.
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De acuerdo con el tribunal, la federación está facultada para percibir y administrar la totalidad de ese porcentaje con el propósito de cubrir los costos, gastos, inversiones y demás necesidades justificadas relacionadas con la implementación, operación, mantenimiento y actualización del sistema.
Sin embargo, la decisión precisa que esa facultad de administración no implica que la federación adquiera la titularidad de los recursos que, después de atender esas necesidades, constituyan excedentes operacionales.
La Alcaldía Mayor de Bogotá había cuestionado que esos recursos permanecieran bajo la administración de la federación, por lo que el tribunal concluyó que se acreditaron excedentes operacionales y rendimientos financieros que deben retornar a las entidades territoriales de las cuales provienen los recursos.
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Para establecer las sumas objeto de restitución, la sentencia tomó como base 55.445.213.328 pesos correspondientes a excedentes operacionales y 29.307.370.712 pesos por rendimientos financieros. En total, la cifra supera los 84.752 millones de pesos.
La decisión también establece un procedimiento para determinar cuánto dinero corresponde a cada entidad territorial. Para ello, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, la Federación Colombiana de Municipios deberá realizar una auditoría financiera, contable, contractual y patrimonial.
La auditoría tendrá que reconstruir, año por año, entre 2002 y 2025, el origen territorial de los recursos administrados y establecer la suma que corresponde a cada entidad territorial.
De esta manera, la decisión del tribunal no solo establece la obligación de restituir los excedentes operacionales y rendimientos financieros identificados en el proceso, sino que fija un mecanismo para determinar su distribución entre las entidades territoriales de acuerdo con el origen de los recursos.