Solo hay 200 GPS para 9 mil presos que saldrían por código penitenciario: Inpec

El director del Inpec, general Saúl Torres, explicó en Mañanas BLU cómo se manejará la entrada en vigencia del código penitenciario que dejaría en libertad a cerca de nueve mil presos del país que cumplen con los requisitos para verse cobijados bajo esta Ley.

El general entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía pues aseguró que “no vamos a cometer errores” ya que quienes consideren que se pueden cobijar bajo el nuevo código penitenciario “tiene que hacer el trámite ante la justicia y se hará un estudio profundo a cada caso para decidir cómo actuar”.

Además, reveló que aún no se ha empezado con la excarcelación de presos pues la medida empezó a regir hace un día y los internos “son los que tienen que realizar la petición de cobijarse bajo la Ley 1709”.

El director del Inpec aseguró que si bien la medida va a permitir una descongestión del hacinamiento de las cárceles, el Instituto cuenta actualmente con 13 mil 500 guardianes por lo que no contarían con el personal “suficiente para estar pendientes de cada uno de los internos” por lo que habrá reuniones para decidir los beneficiados con el código que deban tener vigilancia.

Agregó que los presos estarán vigilados por medio de un GPS pero aseveró que actualmente el Inpec solo cuenta con 200 de estos dispositivos electrónicos disponibles para cubrir los cerca de 9 mil presos que cobijarán con la medida.

Este martes entró en vigencia el nuevo código penitenciario que, el pasado diciembre, la plenaria del Senado aprobó con 91 votos y que permitiría la salida de más de ocho mil reclusos de las cárceles del país, esto como medida paliativa para solucionar la grave crisis penitenciaria.

De esa forma, los reclusos cuya condena no exceda los cuatro años, exceptuando delitos por lesa humanidad, violación o contra la administración pública, quedarían libres. Además, los condenados con penas de ocho años pasarían a pagar casa por cárcel.

Entre las medidas contempladas está el uso de la oralidad de los procesos ante los jueces de ejecución de penas y la modernización de los penales en el país.