Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, la Procuraduría General de la Nación activó una vigilancia especial para proteger a las personas afectadas y hacer seguimiento a la respuesta de las autoridades en los territorios damnificados. La entidad creó un grupo especial que verificará que la atención de la emergencia sea oportuna, eficaz y transparente.
Ahora, ocho procuradurías delegadas, coordinadas por la Viceprocuraduría General, acompañarán las labores de atención humanitaria, rehabilitación y reconstrucción.
“Desde el inicio de la emergencia, la entidad verifica las acciones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y mantiene presencia en las zonas afectadas”, señaló la entidad.
Uno de los principales objetivos será vigilar que las ayudas realmente lleguen a las comunidades afectadas y que se garanticen derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.
A la par, el Ministerio Público dará prioridad a niñas, niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas También se revisarán las condiciones de los albergues para verificar que las personas damnificadas permanezcan en espacios adecuados y dignos.
Y a esto se suma que, el ente pondrá la lupa sobre los recursos destinados a atender la emergencia. Hará seguimiento a la contratación y a la denominada ‘Subcuenta Sismo 2026’, con el propósito de verificar que el dinero público sea administrado de manera transparente y llegue efectivamente a los territorios y comunidades que lo necesitan.
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La vigilancia también se extenderá a la etapa de reconstrucción. La entidad verificará el restablecimiento de los servicios públicos y el cumplimiento de las normas de construcción, buscando que las obras que se realicen para recuperar las zonas afectadas cumplan con las condiciones necesarias de seguridad.
Por el momento la PGN trabajará en la vigilancia para identificar las posibles irregularidades que se puedan registrar.