Tras el devastador terremoto del 10 de agosto de 2026, la Contraloría General de la República le entregó a la Corte Constitucional una completa radiografía sobre las finanzas del Estado para hacerle frente a la atención de este panorama. La información entregada por el ente de control deja en evidencia los recursos nacionales bajo el marco de la emergencia declarada por el Decreto 1261 de 2026.
Uno de los puntos más críticos, tiene que ver con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que contaba con un presupuesto cercano a los 7,07 billones de pesos, pero al 21 de agosto ya tenía comprometido el 99,8 % de sus fondos.
Este problema en la entidad encargada de liderar la atención del desastre refleja un problema de fondo dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), estimado para este año en un total de 556,3 billones de pesos. Según análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cerca del 88 % del PGN para la vigencia 2026 es "inflexible".
En términos sencillos, la inflexibilidad presupuestal significa que casi 9 de cada 10 pesos del presupuesto nacional ya tienen un destino fijado por mandatos constitucionales o leyes imperativas, lo que impide mover ese dinero libremente para atender contingencias inmediatas.
“La información examinada permite establecer que el Estado disponía de instrumentos ordinarios para movilizar recursos presupuestales y financieros hacia las necesidades derivadas de la emergencia (...) Sin embargo, la existencia de estos mecanismos no permite afirmar que los recursos disponibles fueran suficientes”, se lee en el informe.
Y es que justamente, para aclarar las dudas sobre las partidas no ejecutadas, el ente de control advirtió que los saldos presupuestales no comprometidos no son una bolsa de recursos libres o un cheque en blanco, pues la gran mayoría están atadas a destinaciones específicas, contratos suscritos con anterioridad y vigencias futuras.
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Al revisar la ejecución del PGN con corte al 21 de agosto de 2026, la Nación ya había comprometido el 64,8 % de sus recursos globales, lo que equivale a 360,5 billones de pesos. Este porcentaje mide el grado en que el Estado ha asumido obligaciones jurídicas sobre el total de su presupuesto general.
En términos de funcionamiento, correspondiente a gastos para mantener operativas las entidades públicas, el nivel de compromiso alcanzaba el 62,7 %. Si bien esto dejaba un saldo formal por comprometer de 136,4 billones de pesos, la CGR enfatizó que estos dineros no se pueden redirigir hacia la tragedia sin paralizar la operación diaria del gobierno.
Por el lado de los proyectos de inversión pública, los compromisos llegaban casi al 70 %, dejando un saldo sin comprometer de aproximadamente 27,03 billones de pesos. Dentro de este apretado contexto destaca la situación crítica de la UNGRD, cuyo presupuesto inicial de 7,07 billones de pesos quedó agotado al restarle únicamente un 0,2% libre para asumir nuevas obligaciones frente al desastre.
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A los límites del gasto se suma la situación de los ingresos reales del Estado, es decir, el dinero que entra efectivamente al fisco sin devoluciones. A julio de 2026, el recaudo neto sumó 332,13 billones de pesos, lo que equivale al 60,3 % de la meta anual. De ese monto, los ingresos nacionales aportaron 312,72 billones de pesos y los establecimientos públicos 19,41 billones de pesos.
También se registraron hallazgos en el Departamento para la Prosperidad Social
El diagnóstico de la Contraloría revela una baja ejecución en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) sobre los $408.560 millones asignados para la emergencia invernal de febrero de 2026. Estos fondos se dividieron en Renta Ciudadana con $327.920 millones, Economía Popular con $50.000 millones y Hambre Cero con $30.640 millones.
Sin embargo, al 31 de julio de 2026, la entidad solo había ejecutado el 3,70 %, dinero volcado únicamente en Renta Ciudadana, dejando los otros dos programas en un 0 % de avance.
Este rezago implica que, al ocurrir el terremoto de agosto de 2026, el DPS tenía más de $393.000 millones inactivos de la emergencia previa. Para la Corte Constitucional, este rezago evidencia serias fallas de gestión y demuestra la existencia de un saldo utilizable.
La CGR propone y determina posibles medidas que se pueden tomar
Frente a la rigidez del PGN, el descalce en el recaudo y el agotamiento de la UNGRD, la Contraloría concluyó que los mecanismos presupuestales ordinarios son insuficientes por sí solos para dar una respuesta integral a la emergencia. Esta insuficiencia justifica acudir a las herramientas extraordinarias de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante decretos con fuerza de ley.
“Pese al anuncio, aún no es clara la naturaleza del Fondo Milagro; es decir, no es claro si será un fondo cuenta sin personería jurídica (que haría parte del Presupuesto General de la Nación como mecanismo para el manejo, gestión y distribución de recursos), un fondo entidad, o un patrimonio autónomo, que surja de un contrato de fiducia mercantil, propio del derecho privado”, indicó la Contraloría.
Para superar las limitaciones del presupuesto ordinario tras la emergencia, el Gobierno cuenta con mecanismos extraordinarios como la emisión de títulos TES, créditos multilaterales, financiamiento directo con el Banco de la República, préstamos de los $40 billones del Sistema General de Regalías y los $21 billones del Fonpet, impuestos temporales, donaciones y la reorganización de partidas mediante el Estatuto Orgánico del Presupuesto.