Una orden administrativa de la Policía revela un amplio movimiento de uniformados que venían cumpliendo funciones en la Jefatura de Protección Presidencial, encargada de la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro, y que ahora fueron trasladados a diferentes regiones del país.
La medida quedó consignada en la orden administrativa de personal 26-233, del 21 de agosto de 2026. El documento establece el traslado de integrantes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales —DIPRO— hacia departamentos y metropolitanas como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, Guajira, Urabá y Vichada, entre otros.
Lo que llama la atención es el perfil de varios de los territorios de destino. Una parte importante de los uniformados deja la protección presidencial para regresar a zonas que enfrentan escenarios complejos de seguridad, marcados por problemas de orden público y presencia o actividad de grupos armados ilegales.
Entre los destinos aparece Norte de Santander, incluido Cúcuta, una región estratégica por la situación de seguridad en la frontera y la presencia de organizaciones armadas, que ha sido blanco en los últimos días de múltiples ataques terroristas, entre ellos la instalación de un taxi bomba frente a la estación de Los Patios en el que una persona murió y más de 10 resultaron heridas.
También en el mapa de traslados figuran Cauca, Nariño, Valle, Antioquia, Meta y Caquetá, departamentos que concentran distintos escenarios de confrontación, criminalidad y presencia de estructuras armadas como las disidencias de las Farc de las facciones de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo’ y el ELN, entre otros. La orden registra múltiples movimientos desde la Jefatura de Protección Presidencial hacia esas jurisdicciones.
Por ejemplo, varios uniformados fueron destinados al Departamento de Policía Norte de Santander y a la Metropolitana de Cúcuta, mientras otros fueron enviados a Cauca, Meta, Valle, Antioquia, Caquetá y Nariño.
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En buena parte de los casos, la institución estableció el pago de prima de instalación por el cambio de lugar de servicio.
El movimiento representa así una renovación del personal que estuvo vinculado a la seguridad del expresidente Gustavo Petro, con el regreso de numerosos uniformados a unidades territoriales. En varios casos, pasarán de una función especializada de protección a prestar servicio en departamentos donde las autoridades enfrentan retos importantes en materia de seguridad y orden público.
La orden administrativa no señala que los traslados hayan sido dispuestos directamente por el presidente Abelardo De La Espriella, ni establece que respondan a una decisión política. Tampoco precisa que el objetivo sea reforzar las operaciones contra grupos armados.
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Lo que sí confirma el documento es que uniformados que estaban en la Jefatura de Protección Presidencial están siendo redistribuidos por buena parte del territorio nacional, incluyendo varias de las regiones con mayores desafíos de seguridad.