Desde la Procuraduría no hay vía libre ni apoyo para eliminar la intervención de los procuradores en los procesos penales. Así lo dejó claro el procurador general, Gregorio Eljach, quien anunció que defenderá las competencias del organismo de control frente a un proyecto que se prepara para ser presentado ante el Congreso.
Eljach aseguró que dará la batalla en los escenarios jurídico y político, al considerar que existen razones jurídicas, históricas, éticas y filosóficas para que la Procuraduría mantenga su participación en los procesos penales como ocurre actualmente.
“Porque no puede ser que por una precisión negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos abnegados y muy calificados, se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema. Pero además de eso, la idea es pasárselo a la burocracia de la rama judicial”, señaló el procurador.
La posición del procurador se conoce luego de una conversación con un ministro del Gobierno, en la que, según explicó, se dejó entrever una percepción de que la intervención judicial de la Procuraduría debería reducirse. Eljach señaló que esa visión también estaría presente en distintos sectores.
“A mí me dijeron esto seguramente con ánimo de ofenderme, pero me dio fue risa. Me lo dijo un ministro de estado, es mi despacho la semana pasada. Tengo testigos. Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la procuraduría es una sola, coadyuvo”, indicó el jefe del Minsterio Público.
Además, cuestionó que, ante posibles dificultades en el ejercicio de esta función, se plantee como solución reducir el número de funcionarios o limitar sus competencias. Según dijo, no se puede afectar una labor institucional por una valoración negativa o equivocada del trabajo de algunos servidores públicos.
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Además, el procurador advirtió que eliminar esta función podría terminar trasladando esas labores a la burocracia de la Rama Judicial. Por esta razón, reiteró que defenderá la permanencia de la Procuraduría dentro de los procesos penales y sus competencias como organismo de control.