Este viernes, 14 de febrero, los trabajadores de Acerías del Paz del Río definirán, a través de una votación, si inician o no un cese de actividades y, aunque se han dado varias reuniones de la mesa de concertación, la tensión con las directivas crece cada vez más.En la noche de este jueves, los líderes sindicales informaron que tras un nuevo encuentro, no se logró avances ni acuerdos y por ello mantienen la convocatoria a una huelga.“Compañeros y compañeras, buenas noches. La huelga es un derecho constitucional, no es un delito, y sí nos protege y nos da pie para luchar por unas condiciones más dignas y más justas. Y a la vez los invito a que votemos sí a la huelga el día de mañana, ya que de ustedes, compañeros, depende el futuro de nuestra convención colectiva”, dijo uno de los representantes de los sindicatos.La diferencia entre trabajadores y directivas va por cuenta de cuál será el aumento salarial, pues mientras los primeros piden que por encima de la inflación, desde la compañía manifiestan que debe ser la cifra exacta del IPC de 2024.El Sindicato Nacional de Trabajadores de Acerías Paz del Río representa a 1.080 de los 1.300 trabajadores de la compañía, por lo cual es posible que la opción elegida sea la huelga. Este viernes, además de irse a huelga, está la posibilidad de recurrir a un tribunal de arbitramento; si se avala un cese de actividades, este deberá iniciarse antes de 10 días.
En julio de 2022 Arabia Saudita le enseñó al mundo las primeras imágenes de lo que sería "The Line" una ciudad inteligente que ya empezó construcción dentro del proyecto Neom, en la provincia de Tabuk. Está diseñada para no tener automóviles, calles ni emisiones de carbono.Un megaproyecto que volvió a ser noticia luego de que el diario británico Express citó al director de inversiones de Neom, Manar Al Moneef, sobre la cantidad de acero que están comprando para levantar los edificios de esta ciudadela. "Somos el 20 por ciento del mercado mundial del acero. Si nos fijamos en nuestra demanda de ascensores, cemento, etcétera... En pocas palabras, Neom va a ser el mayor cliente en las próximas décadas", señaló Manar Al Moneef. A pesar de que el Reino de Arabia Saudita posee una enorme riqueza petrolera, que se estima representa alrededor del 40 % de su PIB, no es un gran productor de acero.La ciudad se extenderá a lo largo de 170 kilómetros con una altura de 500 metros y un ancho de 200 metros, con capacidad para albergar a 9 millones de habitantes, fue el plan inicial de Arabia Saudita. Sin embargo, una noticia de Bloomberg de abril de este año aseguró que los planes habían cambiado para este megaproyecto. "En un momento dado, el gobierno esperaba que para 2030 hubiera 1,5 millones de residentes en The Line, una ciudad futurista y en expansión que planea albergar en un par de rascacielos revestidos de espejos. Ahora, los funcionarios esperan que el desarrollo albergue a menos de 300.000 residentes para esa fecha", detalló el medio económico. ¿Qué es The Line?El diseño de The Line se basa en la idea de minimizar el impacto ambiental, integrando inteligencia artificial y energías renovables para operar la ciudad. Los servicios estarán a una caminata de cinco minutos de cualquier punto, y un sistema de transporte de alta velocidad permitirá cruzarla en solo 20 minutos. Los edificios estarán dispuestos en forma de "doble pared de espejos" que también ayudará a controlar las temperaturas internas y reducir la exposición al sol del desierto.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , liderado por el ministro Luis Carlos Reyes, ha tomado medidas para proteger la industria del acero nacional. Con la implementación de aranceles de hasta un 30% en ciertos productos , el Gobierno busca defender el empleo y la producción local frente a una creciente importación de acero de países como China, Rusia y Turquía.En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Reyes explicó los motivos detrás de estas decisiones y afirmó que el impacto en los costos de construcción de vivienda será mínimo, en respuesta a las preocupaciones del sector constructor.Una protección a la industria nacional del aceroSegún el ministro Reyes, la política de salvaguardias y aranceles tiene como objetivo defender la producción local ante la competencia internacional, que se beneficia de subsidios en sus países de origen. "El sector siderúrgico nacional se enfrenta a la competencia de acero importado que, en muchos casos, recibe subsidios en sus países. Esto distorsiona los precios y coloca en desventaja a nuestra industria", afirmó Reyes. Este movimiento, argumenta el Gobierno, no solo garantiza la continuidad de empleos en empresas como Acerías Paz del Río, sino que también busca un desarrollo más sostenible de la industria.Para Reyes, la protección del mercado del acero es estratégica: se espera que a largo plazo la industria nacional pueda evolucionar hacia la producción de aceros de alto valor agregado y bajo impacto ambiental. "Estamos evaluando el desarrollo de una planta de aceros planos, que hoy no producimos en el país, para abastecer sectores clave como el automotriz y el de electrodomésticos", reveló el ministro. Este proyecto, estimado en una inversión de 500 millones de dólares, plantea una oportunidad para la transformación productiva de la industria siderúrgica en Colombia.El impacto sobre el sector de la construcción será moderado, asegura ReyesAunque el sector de la construcción ha expresado su preocupación por el aumento de costos en materiales derivados de estas medidas, Reyes asegura que el impacto no será significativo. "Una vivienda de interés social valorada en 100 millones de pesos podría experimentar un incremento de apenas 500.000 pesos, o en escenarios extremos, un millón y medio más", explicó el ministro. Esta diferencia, si bien es importante para los compradores, no debería causar un encarecimiento masivo en el mercado inmobiliario, según la estimación oficial.El Gobierno subraya que la mayor parte de los productos afectados por estos aranceles son específicos y no incluyen todos los tipos de acero, permitiendo que el sector constructor continúe importando aquellos productos no disponibles en el país. "La salvaguarda no cubre todos los aceros. Por ejemplo, los aceros planos, que no producimos aquí, seguirán siendo importados sin aranceles adicionales", detalló Reyes.¿Autosuficiencia en la producción de acero?Uno de los cuestionamientos surgidos durante la entrevista fue la capacidad de Colombia para abastecer la demanda interna de acero. Reyes reconoce que si bien el país produce algunos tipos de acero como el alambrón y las barras de acero, depende de la importación para otros tipos de productos. "No somos autosuficientes en todos los tipos de acero. Hay aceros, como los planos, que necesitamos traer del exterior porque no los fabricamos aquí", aseguró el ministro.La dependencia de importaciones ha sido uno de los puntos de tensión entre el gobierno y el sector constructor. Sin embargo, Reyes enfatizó que el ajuste en los aranceles solo afecta a productos específicos y a países sin Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia. Esto limita las restricciones a aquellos países que, como China, Turquía y Rusia, representan una competencia considerable para la industria nacional.La producción de acero verdeUno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Comercio es el desarrollo de una planta de aceros planos con capacidad para exportar y reducir la huella de carbono de la producción siderúrgica en el país."Queremos apostar por aceros verdes que minimicen las emisiones de carbono en su proceso de fabricación. Esto no solo beneficiará al sector del acero, sino que también contribuirá al compromiso de Colombia con el desarrollo sostenible", puntualizó el ministro.Para llevar a cabo este proyecto, el gobierno busca el apoyo del sector privado y evalúa diversas políticas de incentivo. De concretarse, la planta podría representar un salto cualitativo en la capacidad industrial del país, así como una disminución de la dependencia de las importaciones de acero.Una medida a favor de la industria, con impactos limitados para el consumidorEn conclusión, el Ministerio de Comercio de Colombia sostiene que las salvaguardias al acero son una medida necesaria y equilibrada, pensada para favorecer la industria nacional sin afectar de manera drástica los precios en el sector de la construcción. Para Reyes, las críticas sobre un posible impacto negativo en el costo de las viviendas están infundadas: "El incremento será mínimo y, en cambio, los beneficios para la industria y el empleo son sustanciales".Camacol alza la manoPor su parte, el presidente de Camacol Guillermo Herrera, sostuvo en Mañanas Blu que los efectos serán mucho mayores.Según Camacol, los aranceles a productos como el alambrón de acero, hierro y aluminio, podrían incrementar los costos de construcción hasta un 3%. Herrera señaló que el acero representa hasta el 25% del costo de construcción, por lo que las subidas de aranceles son significativas.Herrera advirtió que estos aumentos en los costos podrían tener graves repercusiones en la economía colombiana, y provocar la pérdida de decenas de miles de empleos."Estas medidas aumentan enormemente la presión sobre el sector constructor y pueden afectar gravemente las tasas de empleo de la industria", explicó.¿Protección para quién?Aunque la intención de los aranceles es proteger a la industria del acero local, el presidente de Camacol, dijo qu ela realidad es que puede estar en juego el equilibrio de la industria de la construcción. Proteger un sector a expensas del otro puede derribar los equilibrios económicos y tener efectos lejos de lo deseado, enfatizó.Efectos potenciales del aumento de aranceles al acero, según Camacol:Aumento de los costos de construcción hasta en un 3%.Pérdida de decenas de miles de trabajos de construcción.Posible reducción en el ritmo de construcción de viviendas.Impacto en l economía a través de una disminución en las ventas de viviendas.Efecto dominó en otras industrias que dependen de la industria de la construcción.
La reciente implementación de una salvaguarda al acero importado en Colombia ha puesto de relieve la creciente preocupación por la competitividad de la industria nacional frente a la importación de acero de países no signatarios de Tratados de Libre Comercio (TLC), como China. El presidente de Acerías Paz del Río, Fabio Galán, en una entrevista en Mañanas Blu, explicó las razones por las cuales el acero colombiano es significativamente más caro que el acero chino, y cómo esto impacta la economía nacional.1. Subsidios a la producciónUna de las razones más destacadas es el subsidio que el gobierno chino otorga a la producción de acero. Estos subsidios abarcan diversas áreas, incluyendo el empleo y los costos de flete, lo que permite a los productores chinos ofrecer precios que pueden ser hasta un 36 % más bajos que los de los países de referencia como México y Brasil. Esta ventaja en precios crea una distorsión de comercio que afecta a los productores colombianos.2. Economías de escala y exceso de producciónChina controla aproximadamente el 54 % del mercado mundial del acero, lo que le proporciona economías de escala que son inalcanzables para la industria siderúrgica colombiana. Además, el exceso de producción en China, que se estima en cerca de 12 millones de toneladas, obliga a este país a buscar mercados externos, a menudo vendiendo a precios inferiores a los costos de producción de sus competidores.3. Costos ambientales y normativasEl acero colombiano se produce bajo estrictas regulaciones ambientales, lo que resulta en una menor huella de carbono y un costo más alto en comparación con el acero chino. Mientras que las siderúrgicas colombianas operan con un índice de emisiones de CO2 por tonelada producida de 1.56, el de China es de 2.7. Estas diferencias en las prácticas de producción y las normativas ambientales implican un mayor costo para los productores colombianos.4. Desigualdad en la verificación de calidadColombia tiene un código nacional de calidad que todas las siderúrgicas deben cumplir. Sin embargo, la verificación de la calidad del acero importado es más difícil en los puertos, lo que puede resultar en la entrada de productos que no cumplen con las normas técnicas del país. Esto plantea un riesgo para la competencia leal y afecta la percepción de calidad del acero colombiano en el mercado.5. Condiciones de mercado y arancelesEl Comité de Productores de Acero Colombiano, liderado por la ANDI, ha solicitado un aumento de aranceles del 30 % para el acero importado no TLC. Esta medida busca nivelar la competencia y proteger a la industria local de los efectos perjudiciales de las importaciones a precios predatorios. Sin embargo, la falta de estas protecciones ha permitido que las importaciones de acero de China y Rusia aumenten un 133 %, afectando a las empresas nacionales y poniendo en riesgo miles de empleos.“No se puede competir bajo unas reglas de juego que son de subsidios o que traducen precios predatorios y que destruyen valor internamente en un país”, aseguró Fabio Galán.La combinación de subsidios, economías de escala, regulaciones ambientales y la desigualdad en la verificación de calidad son factores clave que explican por qué el acero colombiano es más caro que el chino. La reciente salvaguarda al acero importado es un paso hacia la protección de la industria nacional, buscando crear un entorno más justo para los productores colombianos y asegurar la sostenibilidad de este sector vital para la economía del país.Escuche la entrevista completa:
Colombia prepara una retaliación contra las importaciones desde los Estados Unidos como respuesta a la decisión del expresidente Donald Trump de imponerle aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las importaciones de aluminio en medio de su disputa con China.“Estados Unidos nos ha puesto una medida que va toda lógica comercial, contra toda lógica de tratados en el sector siderúgico, y por su puesto los países están en su derecho de tomar medidas equivalentes y nosotros así lo haremos”, dijo el ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña. Umaña no dio detalles sobre cómo pueden ser las medidas equivalentes, pero aseguró que se trata de una decisión técnica por lo que se considera una ‘violación’ a los tratados y que no tiene nada que ver con consideraciones políticas.Aunque en el comercio internacional es común que se usen medidas de retorsión o retaliación, Colombia nunca las ha utilizado sino todo contrario: ha sido blanco de retaliaciones de otros países. En 2018, por ejemplo, Panamá subió los aranceles a 31 productos colombianos incluyendo dulces, flores y cemento en respuesta a medidas del gobierno para controlar el contrabando de textiles y zapatos desde Panamá.En paralelo a esta decisión Colombia ya le había pedido al gobierno de los Estados Unidos, a través del USTR, la activación de los comités de administración del TLC entre ambos países durante el año 2023.Defensa comercial más agresivaEl Ministerio de Comercio asegura que uno de los principales objetivos de su ‘nueva política comercial’ es ‘equilibrar las relaciones de Colombia con el mundo’ y eso incluye la implementación de medidas contra el dumping, el comercio desleal, el abuso de posición dominante y la invasión de mercados.En esa línea Umaña defendió la decisión del Gobierno Petro de aumentar el arancel a las confecciones de países con los países con los que no se tiene un TLC hasta el máximo posible: 40%.Para Umaña Colombia debe dejar de negociar “en la trampa” de los tratados de comercio bilaterales con países desarrollados donde no tiene capacidad de negociación. En su lugar el país debería enfocarse en los escenarios multilaterales donde países como “el nuestro” tienen una posibilidad real de negociar.El Ministerio de Comercio recientemente canceló las rondas de negociación de una TLC con los Emiratos Árabes Unidos que habían comenzado a comienzo de este año, pero en la administración anterior.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
