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La Defensoría del Pueblo, por medio de un comunicado, aseguró que el ataque del 16 de septiembre, en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, estuvo dirigido contra un bien de carácter civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario, que es necesario para la operación del servicio.“Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos”, aseguró en el comunicado.También afirmó que este hecho habría podido generar riesgos para las operaciones aéreas y, con ello, para la vida e integridad de quienes usan, se benefician u operan el servicio. Esta situación también podría afectar vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales.La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones, esclarezcan estos hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además, pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas que puedan verse afectadas.También hizo un llamado a los grupos armados ilegales con presencia en la región para que respeten a la población civil y los bienes públicos, y no realicen acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.Por otro lado, la entidad recordó que el uso de drones por parte de los grupos armados se ha vuelto más riesgoso para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del DIH. Según la Defensoría, entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, dejando 21 personas fallecidas y 145 heridas.

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