La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).En el mismo proceso también fueron imputadas Johana Carolina Veloza Guio, Jessika Soto Salas, el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. Ninguno de los implicados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.La diligencia judicial se llevó a cabo el pasado 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que el proceso fuera radicado el 22 de mayo por la Fiscalía 34 Seccional.Tras conocerse la imputación, la mandataria local emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que fijó su posición frente a los hechos y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en su gestión."He sido informada de una decisión judicial relacionada con hechos que son objeto de investigación. Como ciudadana respetuosa de las instituciones, compareceré ante cada requerimiento de la justicia, aportaré toda la información necesaria y ejerceré plenamente mi derecho a la defensa, convencida de que la verdad habrá de prevalecer. Quiero manifestar con absoluta claridad que siempre he actuado dentro del marco de la ley, con apego a los principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos. Soy inocente. Por eso, ante la autoridad competente, no acepté los cargos imputados", dice un aparte del comunicado. Finalmente, la investigación continúa en etapa de judicialización. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos, dentro de las condiciones establecidas en el proceso contractual.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, instauró una serie de estrategias y acciones proactivas para mejorar la seguridad de la capital musical, esto como parte de la lucha frontal que se lleva a cabo en contra de la delincuencia. Una de estas es que el Ejército patrullará la ciudad para combatir el crimen urbano, notica que fue bien recibida por los ciudadanos.Luego de realizar un análisis de los homicidios ocurridos en la ciudad los últimos días, donde las víctimas han sido personas con antecedes judiciales. De la mano de la Policía, Ejército, Fiscalía y la Procuraduría se han tomado varias decisiones”, indicó la alcaldesa.La noticia de que, ahora, el Ejército Nacional hará presencia en la ciudad para combatir el crimen urbano fue celebrada por parte de los ciudadanos de la capital del Tolima. Y es que, según Hernando Salgado Parra, presidente de la JAC del barrio Ibagué 2000. esta medida podría mejorar las condiciones de vida.“Una medida de choque y de autoridad. no sé hasta dónde va el término militarización, pero en últimas todo lo que sea para proteger la vida es válido”, añadió el empresario, Wilfedy Aguirre Molina, sobre la medida.Estas medidas se toman previo al inicio del Festival Folclórico Colombiano en el marco de la fiesta de San Pedro y San Juan donde cientos de turistas llegaran a la capital musical.“Me parece muy buena, excelente, lo que se ha venido implementando acá en la ciudad Musical, respecto a la seguridad, porque no es un tema nuevo que la inseguridad ha crecido lastimosamente acá en Ibagué, pero pues confiemos primero que todo en Dios y segundo en esta nueva estrategia de alcaldesa, que disminuya esta inseguridad” dijo Alejandra Mesa, trabajadora independiente.Por último, el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, aseguró que estas medidas se toman en pro a la seguridad de la ciudad. “Las tropas realizan patrullajes perimétricos en Ibagué”, dijo.
En redes sociales se viralizó un video que publicó la Alcaldía de Ibagué donde se comparte el lanzamiento de la estrategia 'Delinquir no paga', donde varios estudiantes visitan durante un día una cárcel para que comprendan cómo es estar en un penal, el trato que pueden recibir por parte de los guardias del Inpec y las condiciones de este lugar que priva de la libertar a aquellos que cometieron un delito."Realizamos el lanzamiento de la estrategia 'Delinquir no paga', en la que llevamos a estudiantes de grado décimo y once a vivir un día en la cárcel de Picaleña. Queremos que comprendan de primera mano, que es mejor tomar buenas decisiones y actuar correctamente en todas las situaciones", publicó la Alcaldía de Ibagué.Video de los estudiantesEn las imágenes se puede apreciar cómo los alumnos de un colegio llegan a la cárcel Picaleña, caminan en fila mientras tienen los ojos vendados y un guardia del Inpec reacciona ante un estudiante que se está riendo: "¿Esto le parece una chimbada?".Asimismo, se observa cómo los miembros del Inpec le toman las huellas para simular el ingreso oficial a la cárcel, caminan por los pasillos y luego escuchan el testimonio de un recluso.Aunque en el video también aparecen la percepción de estudiantes, manifestando una experiencia positiva, en redes sociales también aparecieron comentarios rechazando esta estrategia por parte de la alcaldía."Terrible ejercicio. Se nota que quienes hacen estos ejercicios no tienen ni idea de lo que hacen"; "Promueva mejor el empleo, que es lo que conlleva la mayor parte de una mala decisión algunos lo hacen por gusto, pero otros es por necesidad"; "Reflexión sobre pena en vez de sobre el hacer bien no tiende a tener mejor resultado" son algunos de los comentarios.¿Qué dice la Alcaldía de Ibagué?La alcaldesa Johana Aranda defendió esta estrategia que nació en el Inpec en el 2016 y que ahora la acogió el municipio de Ibagué. Afirmó que estas visitas están coordinadas con profesionales y que también involucra a los padres de familia."Yo estuve en la última salida de colegios para ver si seguíamos. Los mismos estudiantes manifestaron que ojalá todos los estudiantes de Ibagué puedan conocer esta realidad. Esto necesita nuestra juventud", añadió Johana Aranda.
La tecnología se ha convertido en pieza clave del día a día de millones de personas y, por supuesto, el Gobierno no puede ser ajeno a este fenómeno que abarca diferentes frentes del desarrollo. Es por eso que cada vez más ciudades adoptan modelos tecnológicos en temas como seguridad, educación, salud, entre otros, como es el caso de Ibagué que ha empezado a usar esto con la música para que los jóvenes tengan más oportunidades.Y es que la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, aseguró que "es un desafío" el uso de la tecnología en la ciudad, en especial con los jóvenes que esperan mucho por parte de las entidades gubernamentales para generar nuevas oportunidades y más cuando mucho de ellos ven estas herramientas como una oportunidad para salir adelante."Tenemos que mirar qué quieren los jóvenes y que le vamos a aportar desde la tecnología. Nos unimos con el conversatorio de música, con el conversatorio Amina Melandro y con la FAC, de la mano de la tecnología estamos migrando en esos procesos. Los jóvenes ya no quieren lo tradicional, ya no quieren terminar una carrera. Nos hemos sentado a mirar nuestro plan de desarrollo y nos piden estos espacios académicos distintos", dijo en diálogo con Blu 4.0.Lo mismo en el emprendimiento, según Aranda, pues buscan que Ibagué sea centro de innovación en cuanto a música para que más jóvenes salgan adelante y puedan crear oportunidades entorno a la tecnología. "Queremos hacer honor a la capital musical de Colombia", añadió."Estamos en un reto grande. En pandemia fui secretaria de Salud en pandemia (...) Ahí nos dimos cuenta la importancia de la tecnología y empezamos a trabajar de todos los equipos de cómo llevar la virtualidad a la zona rural, a La Cascada que queda al lado del nevado del Tolima donde niños no tenían la mínima posibilidad de conectarse en el mundo virtual. Arrancamos con nuevos procesos, reeducando a los maestros, pero también generando espacios árboles solares para que pudieran conectarse. La conectividad hace parte de llevar la tecnología a cualquier lugar y es que Ibagué es rural, el 97 % ", añadió.Por otro lado, Aranda dijo que su administración usará la tecnología para temas como la seguridad con la implementación de cámaras de seguridad que permitan identificar placas, rostros y cualquier pista que permita combatir el crimen en la ciudad.
Este lunes, 29 de enero, de 2024, a través de un comunicado en X, Deportes Tolima informó que luego de una reunión en la Alcaldía de Ibagué se determinó el cierre de fronteras para hinchas de América de Cali y Millonarios, esto para los próximo duelos en el estadio Manuel Murillo Toro.La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y el Club Deportes Tolima tomaron la decisión de cara al duelo del próximo miércoles, 31 de enero, entre pijaos y escarlatas por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024; y frente al cuadro embajador el sábado, 3 de febrero, por la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano."Hicimos el análisis en la comisión, escuchamos todas las partes y tomamos la decisión de cerrar las fronteras. Todo porque no están dadas las condiciones de seguridad para este partido", dijo Edward Amaya, secretario de Gobierno de Ibagué.Y es que, según Amaya, fue determinante los antecedentes entre ambas hinchadas para que se tomara la decisión. Pues se han llegado a presentar conflictos en el pasado.Serán 400 hombres los que custodien el máximo escenario del Tolima durante los duelos ante América de Cali y Millonarios en los duelos de la Liga BetPlay 2024. Deportes Tolima vs. América de Cali, un duelo de alta intensidadEl choque entre vinotintos y escarlatas tiene un aire especial debido a los últimos resultados de ambos equipos. Por un lado, los dirigidos por David González vencieron 4 a 1 al Deportivo Pasto; mientras que, América de Cali hizo lo mismo ante Atlético Nacional en el debut del venezolano César Farías. Ambos equipos llegan en un buen momento de cara a este choque liguero. Mismo caso con Millonarios que llega tras obtener la Superliga BetPlay ante Junior, que sin duda será otro gran reto para el cuadro pijao en su casa en Ibagué.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, cerró la puerta de la Alcaldía a los funcionarios que llegaron tarde a trabajar el pasado 9 de enero. La mandataria, quien llegó a la oficina a las 7:30 a.m., como lo establece el horario laboral, advirtió a los trabajadores que si llegaban después de las 7:35 a.m. no serían admitidos."Yo creo que, para recuperar la confianza en una ciudad en lo público, debemos iniciar por eso, el respeto por los horarios, un pacto por la puntualidad", dijo Aranda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.La alcaldesa aseguró que la falta de puntualidad entre los funcionarios es una queja recurrente de los ciudadanos de Ibagué."Los ibaguereños llegan a las 7:30 a buscar a los funcionarios y los funcionarios no están", dijo.En el operativo de puntualidad del pasado 9 de enero, más de 50 funcionarios no pudieron ingresar a la Alcaldía. La alcaldesa dijo que la mayoría de ellos dieron excusas como el tráfico o problemas familiares."Hay eventos excepcionales, situaciones que se nos presentan a todos, pero no podemos volver cotidianos el respeto a la puntualidad", dijo Aranda.La alcaldesa aseguró que la medida de cerrar la puerta a los funcionarios impuntuales tendrá continuidad. "Todos han dicho hacía falta esto", dijo.La medida de la alcaldesa Aranda ha generado reacciones positivas y negativas. Algunos ciudadanos la han aplaudido por su compromiso con la puntualidad, mientras que otros la han criticado por considerarla una medida autoritaria.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
