La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).
En el mismo proceso también fueron imputadas Johana Carolina Veloza Guio, Jessika Soto Salas, el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. Ninguno de los implicados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
La diligencia judicial se llevó a cabo el pasado 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que el proceso fuera radicado el 22 de mayo por la Fiscalía 34 Seccional.
Tras conocerse la imputación, la mandataria local emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que fijó su posición frente a los hechos y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en su gestión.
"He sido informada de una decisión judicial relacionada con hechos que son objeto de investigación. Como ciudadana respetuosa de las instituciones, compareceré ante cada requerimiento de la justicia, aportaré toda la información necesaria y ejerceré plenamente mi derecho a la defensa, convencida de que la verdad habrá de prevalecer. Quiero manifestar con absoluta claridad que siempre he actuado dentro del marco de la ley, con apego a los principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos. Soy inocente. Por eso, ante la autoridad competente, no acepté los cargos imputados", dice un aparte del comunicado.
Finalmente, la investigación continúa en etapa de judicialización. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos, dentro de las condiciones establecidas en el proceso contractual.
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