El Festival Disonarte 2026 será el escenario de la última presentación de Monsieur Periné en Colombia antes de su separación. La agrupación colombiana se despedirá del público del país el próximo domingo 15 de noviembre, durante la segunda jornada del evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, Tolima.El festival, en su edición número doce, se realizará los días 14 y 15 de noviembre y reunirá diferentes propuestas musicales que abarcan géneros como rock, pop, indie, reggae, ska, electrónica, jazz, fusión y música tradicional. Entre los artistas invitados también se encuentran The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Enkelé y la Sonora Barón, agrupación chilena.Para la organización de Disonarte, recibir a Monsieur Periné en esta presentación de despedida representa un momento especial para la historia del festival y para la escena musical de la región.“Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del evento.Además de reunir artistas nacionales e internacionales, Disonarte busca fortalecer la circulación y proyección de los proyectos musicales que se desarrollan en la capital musical del país. Para esta edición, la organización recibió más de 60 propuestas locales y, después de un proceso de curaduría, seleccionó diez agrupaciones de la ciudad.Se trata de Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus, que tendrán la oportunidad de compartir escenario con los demás artistas de la programación.La apuesta del festival también contempla espacios de formación y relacionamiento para los músicos de la región, entre ellos Mercados Disonare y ENDI, iniciativas que buscan conectar a los artistas con agentes de la industria musical, promotores y actores de la circulación cultural en Colombia y otros países.En cuanto a la programación, la primera jornada, el sábado 14 de noviembre, contará con The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Común Desigual, Ocobo, The Other Room, Lu Lozano y Zentrópico, además de las presentaciones audiovisuales de VJ Paola Balam y Ftzstudio.El domingo 15 de noviembre será el turno de Monsieur Periné, junto con la Sonora Barón, Enkelé, Afro Fresh, Cantaima, Atrapamoskas, Senseless y Mr. Bufus.Las entradas se venden por jornadas independientes, por lo que quienes deseen asistir los dos días deberán adquirir una boleta para cada fecha. El evento está habilitado para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto responsable, quien también deberá contar con su respectiva entrada.
La alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera confirmó a Blu Radio la captura de cuatro personas durante los hechos registrados en el centro de la capital tolimense. Las autoridades reportaron elementos cortopunzantes, machetes y daños en espacios públicos. También se investiga la posible vandalización del monumento a Manuel Murillo Toro.La jornada de movilización social que se desarrolló este miércoles 14 de octubre en Ibagué terminó marcada por enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, el uso de gases lacrimógenos, la presencia de una tanqueta de la Policía y procedimientos que dejaron, según confirmó la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera en diálogo con Blu Radio, cuatro personas capturadas.Los hechos se concentraron principalmente en inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, después de que los participantes de la protesta recorrieran la carrera Quinta. La situación obligó a las autoridades a reforzar los mecanismos de vigilancia y activar los protocolos contemplados en las disposiciones nacionales para atender este tipo de acontecimientos.Alcaldesa confirmó cuatro capturas y presencia de elementos peligrososEn entrevista con Blu Radio, la mandataria local explicó que las autoridades venían realizando seguimiento a la jornada mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el sistema de videovigilancia. Según su versión, durante las verificaciones se identificaron elementos que podían representar riesgos para la seguridad y para la infraestructura pública.La alcaldesa señaló que entre los objetos encontrados había armas cortopunzantes, machetes y radios. También indicó que, tras detectar situaciones que podrían constituir actos de vandalismo, se activaron los procedimientos correspondientes.«Desde muy temprano estábamos pidiéndole a los ibaguereños que transcurriera esta jornada en total tranquilidad», manifestó Aranda Rivera, al explicar que las autoridades permanecieron atentas al desarrollo de las manifestaciones.La mandataria agregó que, de acuerdo con el balance entregado durante la entrevista, las situaciones de alteración del orden público se encontraban mitigadas y se esperaba que las condiciones de tranquilidad se mantuvieran en la ciudad.Investigan posible vandalización del monumento a Manuel Murillo ToroUno de los hechos que llamó la atención de las autoridades fue la posible afectación de la estatua de Manuel Murillo Toro, ubicada en el parque que lleva su nombre, en el centro de Ibagué.Al ser consultada sobre esta situación, la alcaldesa confirmó que el Puesto de Mando Unificado revisó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido.Según explicó, una vez se advirtió la posible vandalización, se activó el protocolo previsto en el decreto nacional al que hizo referencia durante la entrevista.La mandataria también confirmó afectaciones en otros puntos de la ciudad. Entre los daños mencionó grafitis en el colegio San Simón y la vandalización de algunos elementos de la infraestructura pública del parque Murillo Toro.Estos hechos serán objeto de las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjeron y las posibles responsabilidades individuales.Detonaciones y enfrentamientos elevaron la tensión en el centroLa tarde estuvo marcada por momentos de tensión, con la intervención de unidades policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la presencia de una tanqueta en el sector donde se desarrollaba la protesta.Durante la entrevista con Blu Radio, la alcaldesa fue consultada sobre las detonaciones que se escucharon en el centro de la ciudad y la posibilidad de que no hubieran sido provocadas por las autoridades.Frente a este asunto, Aranda Rivera indicó que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el Puesto de Mando Unificado, se habían identificado elementos que no consideraba permitidos dentro de este tipo de actividades, entre ellos objetos cortopunzantes y radios.Sin embargo, en la entrevista no se precisó la naturaleza de los elementos que habrían producido las detonaciones, su cantidad ni las circunstancias exactas en las que se utilizaron. Por esta razón, será necesario conocer información oficial adicional para establecer qué ocurrió y determinar si hubo personas responsables de estos hechos.La alcaldesa insistió en que el propósito de las autoridades era evitar que las manifestaciones derivaran en situaciones que pusieran en riesgo a los ciudadanos o provocaran daños a los bienes públicos.¿Qué pasará con las cuatro personas capturadas?Sobre la situación jurídica de las cuatro personas capturadas, la mandataria manifestó que los equipos correspondientes estaban revisando los acontecimientos para determinar las actuaciones procedentes.«En este momento está nuestro equipo haciendo los análisis respectivos y, por supuesto, revisando y evaluando toda la situación que se ha presentado», señaló durante el diálogo con Blu Radio.La alcaldesa también hizo referencia a la aplicación de las disposiciones relacionadas con los actos de vandalismo. No obstante, al cierre de esta información no se contaba con detalles suficientes para establecer la identidad de los capturados, los cargos que eventualmente podrían enfrentar, si fueron puestos a disposición de la Fiscalía o cuál era el estado de sus procedimientos judiciales.En medio de la jornada, personas cercanas a los manifestantes expresaron preocupación por el paradero y las condiciones de quienes habrían sido trasladados por la Policía. Uno de los testimonios conocidos indicó que una mujer que presuntamente tomaba fotografías habría tenido un incidente con una motocicleta policial y que, posteriormente, varios uniformados la habrían sujetado del cuello y se la habrían llevado. La misma fuente afirmó que perdió la comunicación con ella después de que, presuntamente, le retiraran el teléfono celular.Estas versiones corresponden a testimonios pendientes de verificación independiente. Hasta el momento, no se dispone de información suficiente para confirmar la identidad de la mujer, las circunstancias del procedimiento ni si hace parte de las cuatro personas cuya captura confirmó la alcaldesa.Por ello, se espera que las autoridades informen oficialmente dónde se encuentran las personas trasladadas, en qué condiciones están y cuál es su situación jurídica, garantizando el debido proceso y el respeto de sus derechos.El Puesto de Mando Unificado continúa en seguimientoAranda Rivera informó que el Puesto de Mando Unificado permanecía activo con la participación de diferentes instituciones, entre ellas la Policía, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Contraloría.Según explicó, desde este espacio se verificaba la información relacionada con los acontecimientos y se coordinaban las medidas necesarias para atender cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad de los habitantes.La alcaldesa sostuvo que no se permitirían hechos de vandalismo ni situaciones que pusieran en peligro a la población o la infraestructura de los territorios. Sus declaraciones se produjeron en medio de una jornada nacional de movilización en la que participaron sectores sindicales, docentes, estudiantes y otras organizaciones sociales.Entre las motivaciones de la protesta se encontraban las preocupaciones por los recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, las condiciones laborales del magisterio y las garantías para el ejercicio de la movilización social.La situación deja varios asuntos pendientes de esclarecimiento: las circunstancias que originaron los enfrentamientos, la procedencia de las detonaciones, el alcance de los daños a los bienes públicos y la situación judicial de las cuatro personas capturadas.La información oficial sobre estos puntos será fundamental para establecer responsabilidades sin anticipar conclusiones y garantizar tanto el esclarecimiento de los posibles actos delictivos como los derechos de quienes participaron en la movilización.
Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este viernes, 2 de octubre, en Ibagué provocaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en el escenario se desarrollaban ceremonias de grado.Según información preliminar, parte del cielo raso se desprendió en medio de las precipitaciones, aparentemente por el ingreso o acumulación de agua. Las personas que se encontraban en el teatro fueron evacuadas como medida preventiva.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó la emergencia y aseguró que no se reportaron personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar.“De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, señaló la mandataria departamental.Tras la emergencia, equipos de Gestión del Riesgo y otras entidades acudieron al Teatro Tolima para realizar una primera inspección de la infraestructura.Desde la Gobernación del Tolima informaron que se realizará una inspección detallada para establecer el alcance de las afectaciones y determinar qué intervenciones serán necesarias. El objetivo, según explicó Matiz, es garantizar las condiciones de seguridad del escenario y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas por las fuertes lluvias.“La Gobernación del Tolima realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”, indicó la gobernadora.Además, en medio de estas fuertes lluvias también se reportaron árboles caídos, accidentes de tránsito, sectores sin servicio de energía eléctrica y otras afectaciones que han sido atendidas por los organismos en Ibagué. Mientras las autoridades realizan labores de inspección y atención en diferentes puntos de la ciudad.
Una investigación de aproximadamente 11 meses terminó con la captura, en Ibagué, de una mujer de 24 años señalada por las autoridades de estar involucrada en un caso de explotación sexual de una menor de edad.El procedimiento se cumplió en el barrio Jardín Santander, en el marco de la Estrategia de Seguridad OCOBOS Plus, mediante una orden judicial ejecutada por investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, durante los cerca de 11 meses de investigación fueron recopilados elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron establecer la presunta responsabilidad de la capturada en hechos registrados el 6 de octubre de 2025.Según el relato entregado por el oficial, ese día la mujer habría trasladado a una adolescente hasta un conjunto residencial ubicado en el sector de Arboleda Campestre.Le puede interesar: En ese lugar, de acuerdo con la investigación, la menor habría sido recibida por un hombre que, presuntamente, había entregado previamente $500.000 para mantener relaciones sexuales con ella.La investigación señala que la mujer habría informado a la adolescente sobre el acuerdo previamente establecido y, posteriormente, la habría presentado ante el hombre, quien se encontraba en una de las habitaciones del inmueble.Una investigación de casi un añoEl comandante de la Policía Metropolitana explicó que el caso fue construido durante aproximadamente 11 meses, periodo en el que los investigadores recopilaron información y elementos que permitieron solicitar la orden de captura contra la mujerLa institución indicó que la investigada registra 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y explotación sexual de menor de edad.Una vez fue localizada y capturada en el barrio Jardín Santander, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía 64 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Ibagué.Durante las audiencias preliminares, un juez de la República determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.El coronel López González destacó que este resultado hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades para proteger a niños, niñas y adolescentes y reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo sus derechos o su integridad.La investigación permanece en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer completamente las circunstancias que rodearon los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
Este miércoles, desde Ibagué, partió el primer vuelo con suministros y ayuda humanitaria para los damnificados del Eje Cafetero por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Las ayudas fueron recolectadas gracias a los aportes de la Alcaldía de Ibagué, empresarios y ciudadanos de la capital musical de Colombia.“Primer vuelo a la ciudad de Pereira. Desde aquí, todo nuestro cariño a nuestros hermanos en Pereira y gracias a cada ibaguereño, empresarios y todos los que se han sumado. Este es el primer vuelo, pero estamos felices porque hemos logrado que los ibaguereños se muevan en solidaridad. Mañana saldrá otro rumbo a Quibdó”, informó la alcaldesa Johana Aranda.Desde hace varios días, el Parque Deportivo fue habilitado como punto de acopio, donde habitantes, empresarios, organizaciones y diferentes sectores de la sociedad han llevado donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.“Una ciudad que abraza a otra es una ciudad que demuestra la grandeza de su corazón. Aquí en el Parque Deportivo seguimos esperando a los ibaguereños de buen corazón. Acá se reúnen todas las donaciones que hemos recibido en los centros comerciales y otros puntos. De aquí las distribuimos y repartimos para ser enviadas a las ciudades afectadas, tanto por el terremoto como por los incendios. La invitación es para que sigamos ayudando y aportando para los damnificados”, manifestó Isabela Buendía, gestora social.La Alcaldía destacó la solidaridad de los ibaguereños y anunció que este jueves saldrá un nuevo vuelo con ayuda humanitaria, esta vez con destino a Quibdó.
La madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, reaccionó al reciente traslado de su hija al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos en 2019.Martha Cecilia Rojas se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un mensaje en el que elevó una oración por la libertad de la empresaria, al tiempo que manifestó su preocupación por las condiciones en las que deberá continuar privada de la libertad.“Señor, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas, no es posible tanta maldad. Toca corazones como el del presidente, que tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, escribió la madre de la influenciadora.En su publicación, Rojas también hizo referencia al tiempo que, según indicó, lleva su hija privada de la libertad. Aseguró que ya son 19 meses tras las rejas y defendió la trayectoria de Barrera Rojas como empresaria y madre.“Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad, ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista”, manifestó.La madre de Epa Colombia también cuestionó la severidad de la condena y recordó que los hechos por los que su hija fue procesada se remontan a las manifestaciones de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra infraestructura de TransMilenio.“Ella que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel”, expresó Rojas, quien de esta manera volvió a insistir en que la empresaria ya ha asumido las consecuencias por los daños ocasionados.Preocupación por su traslado a IbaguéEl pronunciamiento de Martha Cecilia Rojas se conoció después de que se confirmara que Barrera Rojas fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, hasta el centro penitenciario de Ibagué.La empresaria había permanecido anteriormente en el centro penitenciario femenino El Buen Pastor y posteriormente fue trasladada a la sede policial. Sin embargo, las autoridades penitenciarias determinaron su traslado al establecimiento ubicado en la capital del Tolima, en medio de reportes e investigaciones relacionados con presuntas irregularidades y posibles incumplimientos de los reglamentos durante su permanencia en la sede policial.La decisión generó preocupación entre sus familiares, especialmente por la distancia de Ibagué frente al entorno que tenía en Bogotá.“Ahora está en un sitio de cárcel que no se sabe quién sigue con esa maldad, solo sé que hay una justicia divina”, escribió la madre de la empresaria al finalizar su mensaje.Por su parte, Epa Colombia también se pronunció tras el cambio de centro de reclusión. En una publicación difundida en sus redes sociales aseguró que atravesaba un momento especialmente difícil y manifestó su confianza en Dios para afrontar la situación.La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno. Su defensa ha solicitado alternativas para el cumplimiento de la pena, incluida la detención domiciliaria, pero la condena fue ratificada y los beneficios solicitados no fueron concedidos.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, alcanzó la fama en 2016 gracias a un video viral en el que apoyaba a la Selección Colombia. Con el paso de los años, consolidó su carrera como influenciadora y empresaria en el sector de la belleza, especialmente con sus productos para el cuidado del cabello, como sus reconocidas keratinas. Sin embargo, en 2019, su vida dio un giro tras verse involucrada en actos de vandalismo contra TransMilenio.A raíz de ese caso y mientras cumple la condena impuesta por la justicia, recientemente se conoció que Epa Colombia sería trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo su pena. El traslado se produjo en las últimas horas.La influenciadora se encontraba recluida anteriormente en la Escuela de Carabineros, luego de haber pasado por la cárcel El Buen Pastor. Su traslado se conoció en medio de las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias para definir su lugar de reclusión.Mientras era trasladada, en sus redes sociales apareció un mensaje en el que expresó el difícil momento que estaba atravesando y pidió fortaleza y protección. En la publicación se lee:“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto.Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.Video de Epa Colombia minutos antes de traslado a IbaguéAntes de su traslado, también se conoció un video publícado por Noticias Caracol en el que Epa Colombia aparece con ropa deportiva de color naranja y negro. En la grabación manifestó sentirse víctima de una persecución y aseguró que estaba siendo “minimizada, discriminada y humillada”.La defensa de la influenciadora, encabezada por la abogada Wendy Herrera, había solicitado alternativas frente a su reclusión, entre ellas la posibilidad de cumplir la pena bajo detención domiciliaria. Sin embargo, según la información suministrada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en enero y no concedió los beneficios solicitados.Barrera cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los hechos ocurridos en 2019.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, será trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde deberá continuar cumpliendo su condena.La creadora de contenido y empresaria fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019. La condena fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.Barrera Rojas inicialmente estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Sin embargo, debido a su alto nivel de reconocimiento público y a las consideraciones de seguridad asociadas con su caso, fue trasladada a la Escuela de Carabineros.Ahora, las autoridades determinaron un nuevo cambio de establecimiento, después de los episodios registrados durante su permanencia en esa guarnición.De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se presentaron comportamientos que generaron alertas, llamados de atención y molestias entre el personal encargado de su custodia.Entre los asuntos reportados estuvieron situaciones relacionadas con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de las normas de seguridad y disciplina.Por esta razón, se ordenó que la empresaria continúe privada de la libertad en La Picaleña, en Ibagué. Este complejo penitenciario cuenta con un pabellón destinado a mujeres, donde deberá permanecer mientras cumple el tiempo restante de su condena.Implicada en la muerte de Marcelo Pecci también cambia de cárcelEl traslado de ‘Epa Colombia’ hace parte de una serie de movimientos de personas privadas de la libertad que permanecían en la Escuela de Carabineros de Bogotá.Entre ellos también está Margareth Chacón Zúñiga, quien será trasladada nuevamente a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en la capital del país.Chacón cumple una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena.La justicia colombiana determinó que Chacón participó en la financiación y coordinación del homicidio. La mujer había sido capturada por Interpol en El Salvador y posteriormente fue procesada y condenada en Colombia.Con este traslado, Chacón dejará la Escuela de Carabineros y regresará a El Buen Pastor, donde continuará cumpliendo la pena impuesta por la justicia.Los cambios de establecimiento se conocen en medio de los movimientos penitenciarios ordenados en los últimos días y en medio del cambio de mando presidencial.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".