Según explicó el presidente del Congreso, la suspensión a Morera es temporal, mientras concluye la investigación en contra de su hijo, quien además trabajaba para el representante a la Cámara por el departamento de Guaviare, Alexander García. (Lea también: Detenido con $600 millones en carro oficial es hijo de Dir. financiera de Senado) Velasco señaló que la investigación la puede adelantar control interno del Congreso e incluso se puso en contacto con el procurador para hablar “de la posibilidad de que haciendo uso de la función prevalente de la Procuraduría, ellos mismos desarrollaran esa investigación (…) La última decisión de control interno puede ser o absolver a la persona o sancionarla”. Asimismo, el presidente del Senado anunció que se reunió con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para pedir a la Policía Nacional que inmovilice más de 80 vehículos que al parecer tienen irregularidades en los traspasos. Por otra parte, sobre el representante García, la senadora de la Alianza Verde Claudia López denunció este miércoles que tiene nexos con bandas criminales desde el 2011: “Están usando una UTL, un carro que era del Senado para transpórtalo y lavarle plata a una bacrim”. Las directivas del partido de la U confirmaron que el comité de ética abrió una investigación al congresista. (Lea también: Claudia López denunció vínculos del representante Alexander García con Bacrim) Respecto al caso del vehículo que conducía Luis Javier Rojas, el presidente del Senado dijo que el automotor hizo parte de la flota que presta los servicios en el Congreso de la República, pero fue vendido en el año 2014. En la tarde de este martes, día en que ocurrieron los hechos, el juez 36 de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliario para Luis Javier Rojas.
“Alexander García tiene vínculos con una bracrim desde el 2011. Están usando una UTL, un carro que era del Senado para transpórtalo y lavarle plata a una bacrim”, afirmó López. Por último, la senadora declaró que “es la cosa más grave y absurda en el corazón del Congreso de la República”. Las directivas del partido de la U confirmaron que el comité de ética abrió una investigación al congresista Alexander García.
García reveló que le joven capturado, Luis Javier Rojas Morero, sí trabajaba para él. Sin embargo, aseguró que desde el martes dejó de trabajar para él luego de verse salpicado en el escándalo por transportar esa alta suma de dinero, según la investigación preliminar, para una banda criminal. “El señor Luis Javier Rojas, fue vinculado a mi Unidad de Trabajo Legislativo en agosto de 2015 y para la época todos sus antecedentes no registraban ninguna inhabilidad, sin embargo ante lo sucedido la noche anterior, se ha decidido que asuma su defensa por fuera de mi grupo de trabajo”, explicó el congresista. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco) Afirmó que conoció a Rojas hace años por medio de su padre y por eso “iniciamos a trabajar con él, lo único que he podido saber de su familia es que van a demostrar de dónde provenía el dinero”. Sobre el vehículo en el que se transportaba Rojas, dijo que realizó una solicitud a la Unidad de Servicios de la Cámara de representantes para saber el estado del vehículo asegurando que “nos dijeron que nunca ha estado asignado a mi nombre, incluso, escuché que dijeron que hace unos años había sido rematado en ese carro”. El capturado por transportar más de 600 millones de pesos en un vehículo que pertenecía al Congreso, es hijo de la directora financiera del Legislativo. El hombre fue imputado por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (Lea también: Además de vago, mentiroso: Claudia López a presidente del Senado) Así lo confirmó el presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, quien dijo que el vehículo sí hizo parte de la flota que presta los servicios en el Congreso de la República, pero que había sido vendido en el año 2014.
Sin embargo, aseguró que desde este martes dejó de trabajar para él, luego de verse salpicado en el escándalo por transportar esa alta suma de dinero, según la investigación preliminar, para una banda criminal. “El señor Luis Javier Rojas, fue vinculado a mi Unidad de Trabajo Legislativo en agosto de 2015 y para la época todos sus antecedentes no registraban ninguna inhabilidad, sin embargo ante lo sucedido la noche anterior, se ha decidido que asuma su defensa por fuera de mi grupo de trabajo”, explicó el congresista. (Vea también: Capturado con los $600 millones trabaja para el congresista Alexander García). García también se mostró dispuesto a someterse a una investigación “con el ánimo de aclarar que no tiene ninguna relación con las actuaciones del servidor público en mención”. El representante también aclaró que el capturado, Luis Rojas, no era conductor sino asesor de profesión politólogo. “Reitero mi disposición de atender cualquier requerimiento de llegarse a presentar, toda vez que nada tengo que ver con los hechos investigados”, finalizó. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La dirección administrativa del Senado pidió la renuncia de Magdalena Morera, jefe de la dirección financiera y madre del conductor del vehículo que transportaba más de 600 millones de pesos, pertenecientes al parecer a un grupo ilegal. -Se conocieron los nombres de 3 exfuncionarios del sector financiero colombiano, que aparecen dentro del escándalo de los Panamá Papers. -Se disparó la Inflación anual en Colombia principalmente por cuenta de los precios de los alimentos. -Otro policía fue asesinado. Los hechos ocurrieron en Teorama, Norte de Santander, al parecer por un francotirador. -De las 576 cámaras de vigilancia que hay en Bogotá, solo 302 están en funcionamiento según un estudio que reveló la Secretaría de Seguridad. -Desde el Concejo denuncian que la plataforma de identificación de la línea 123 adquirida en la administración de Gustavo Petro nunca entró en operación y se han perdido por esta más de 1.000 millones de pesos.
Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado en una cámara de seguridad durante la mañana de este 20 de septiembre en la localidad de Rafael Uribe, en Bogotá. El hecho involucró a un taxi y a un motociclista, quien terminó tendido sobre la vía.De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el siniestro ocurrió en la carrera 24 con calle 41B sur. En las imágenes se observa el momento de la colisión y la forma en que la motocicleta termina desplazándose hacia la dirección en la que transitaba un peatón.El accidente también habría involucrado al peatón que se encontraba pasando por el lugar. Tras la colisión, la motocicleta salió hacia su dirección y logró impactarlo.¿Qué se observa en el video del accidente?La cámara de seguridad registró el momento exacto del accidente, material que podría servir para la investigación y para que las autoridades determinen cómo ocurrieron los hechos.En las imágenes se aprecia que, después del accidente, el conductor del taxi habría abandonado el lugar. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.Hasta el momento, no se conoce qué habría provocado la colisión entre el taxi y la motocicleta. Por esta razón, el registro de la cámara de seguridad podría ser clave para determinar la secuencia de lo ocurrido.¿Qué se sabe del motociclista tras el accidente?El motociclista quedó tendido en el suelo luego de la colisión y, por lo que se logra apreciar en el video habría sufrido graves heridas como consecuencia de la caída.Hasta el momento se desconoce su estado de salud, por lo que no se puede establecer la gravedad de las lesiones que habría sufrido después del accidente.El hecho ocurrió durante la mañana de este 20 de septiembre en la carrera 24 con calle 41B sur, en la localidad de Rafael Uribe. La información disponible señala que el accidente quedó registrado en una cámara de seguridad del sector.El material audiovisual permitirá observar la secuencia de la colisión y podría ser utilizado como elemento para esclarecer las circunstancias del accidente.
Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la tarde de este domingo, 20 de septiembre en el departamento del Tolima, generando alarma entre los habitantes de diversos municipios de la región. El tercero que se registró durante el día en esta región.De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo epicentro en una zona de alta actividad sísmica, puntualmente en el municipio de Chaparral, lo que permitió que fuera percibido con claridad en áreas urbanas y rurales. Hasta el momento, las autoridades locales de gestión del riesgo se encuentran realizando barridos técnicos para evaluar posibles afectaciones en infraestructura o reporte de heridos. Aunque el fenómeno natural causó zozobra, los organismos de socorro hicieron un llamado a la calma y a evitar la propagación de información no verificada. El Tolima es una región con antecedentes sísmicos recurrentes debido a su compleja geología, por lo que las autoridades instan a la población a mantener sus protocolos de emergencia activos y vigilar las estructuras de sus viviendas.
Llaneros tiene una fiesta lista en el Belo Horizonte de Villavicencio con la llegada de Atlético Nacional, en especial por recibir a James Rodríguez en su segundo partido desde que regresó al fútbol profesional colombiano.Pero el gran momento de Lucas González con el cuadro verdolaga lo ha convertido en un rival complejo en el FPC, por eso, muchos apuntan a una nueva victoria verdiblanca en este choque en condición de visitante para seguir con la seguidilla de buenos resultados.Vea aquí EN VIVO Llaneros vs. Atlético NacionalGracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas de Llaneros y Nacional podrán disfrutar de este duelo por la Liga BetPlay este domingo, 20 de septiembre. A través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube, estará el cubrimiento de este duelo de la liga.¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Llaneros?Los verdolagas visitan el estadio Belo Horizonte este domingo, 20 de septiembre, en un duelo que arrancará a las 8:20 de la noche en la capital del departamento del Meta para conseguir una victoria que los acerque a la parte alta de la tabla de posiciones.El segundo partido de James RodríguezTras sumar sus primeros minutos vs. Internacional de Bogotá, el cucuteño disputará su segundo partido con la camiseta verdolaga y, aunque no se sabe si será titular, se espera que sume más tiempo en cancha en este importante duelo en la capital del Meta.Posibles alineaciones Llaneros vs. Atlético NacionalLlaneros: Juan Loaiza; Juan Pertuz, Francisco Meza, Howell Mena, Jimmy Medranda; Néider Ospina, Kelvin Osorio, Juan Castilla; Jhon Vásquez, Yorleys Mena y Luis Miranda.Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, Elias Cabrera; Marlos Moreno, Chicho Arango y Andrés Sarmiento.
Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 20 de septiembre de 2026:Julio Cesar Murcia, especialista en transformación digitalSimbad Ceballos, CEO de OlimpiaSandra Pava Camargo, directora ejecutiva en AniladoPaola Restrepo Ospina, directora IAB ColombiaNathalia Mesa, cofundadora y CEO de MorphyDaniel Rodríguez Buitrago, CEO de MoneyEscuche el programa completo en el audio adjunto:
El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a tomar fuerza en Colombia por las críticas a sus resultados, las discusiones sobre su presupuesto y las posiciones políticas que plantean modificar o incluso eliminar esta institución. Para el analista Pedro Viveros, el escenario exige exigir eficiencia, pero sin desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.Durante una entrevista, Viveros sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en defender o cuestionar la existencia de la JEP, sino en establecer qué resultados ha producido y cuáles son los tiempos para resolver los casos que permanecen abiertos.“Me parece que está bien si quieren exigir resultados, también está bien, pero lo que no creo es que terminen eliminando la JEP, ahogándola sin recursos”, afirmó.La JEP fue creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final de 2016. Sus contenidos relacionados con el derecho internacional humanitario y derechos fundamentales tienen respaldo constitucional, mientras que el Estado tiene el deber de cumplir de buena fe con esos compromisos.La discusión por los resultados de la JEPViveros consideró legítimo que el Gobierno ejerza presión sobre la jurisdicción para acelerar sus resultados. Sin embargo, planteó que esa presión debería traducirse en metas concretas y no en una reducción de recursos que termine afectando su funcionamiento.“Lo que no pueden hacer, según el propio presidente, es pasarse por encima de la Constitución, y esto está consagrado en ella”, señaló el analista durante la conversación.La discusión ocurre mientras la JEP continúa avanzando en diferentes macrocasos. De acuerdo con cifras de la propia jurisdicción, con corte a enero de 2026 había 13.552 víctimas individuales acreditadas, 423 sujetos colectivos y 150 máximos responsables que habían reconocido responsabilidad y verdad plena.Uno de los principales hitos fue la sentencia contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por el caso de secuestros, emitida en septiembre de 2025. La JEP impuso sanciones propias de hasta ocho años de trabajos restaurativos, acompañadas de restricciones a libertades y derechos.Para Viveros, precisamente estos avances deberían ser complementados con un cronograma que permita a los colombianos conocer qué ocurrirá con los procesos pendientes.“Que la presión del Gobierno de quitarle recursos sirva para que la JEP presente un cronograma y le diga a Colombia: mire, nosotros vamos a hacer esto en este tiempo y vamos a entregar estos fallos”, manifestó.Uno de los puntos que el analista considera centrales es el papel de las víctimas dentro de la justicia transicional. En su opinión, más allá de la discusión política alrededor de la JEP, existe una necesidad de esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.“Las víctimas no van a conocer ni siquiera qué pasó con las personas allegadas a ellos que merecen saber qué ocurrió en este conflicto y qué fue la justicia transicional que se aprobó”, sostuvo.En esa línea, Viveros puso como ejemplo el caso relacionado con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, investigación que también ha sido objeto de actuaciones dentro de la JEP. El analista señaló que una eventual reducción de recursos podría terminar afectando incluso a quienes cuestionan las decisiones de la jurisdicción y esperan respuestas de sus investigaciones.La JEP, además, mantiene abiertos varios macrocasos relacionados con hechos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia territorial y crímenes contra diferentes poblaciones.“No pueden ahogar la JEP”El debate presupuestal adquirió una nueva dimensión en septiembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella defendió la discusión sobre los recursos de la jurisdicción y sostuvo que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos. Según la Presidencia, para 2027 la entidad solicitó $947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones.Frente a esta discusión, Viveros insistió en que la exigencia de resultados no es incompatible con mantener funcionando la institución.“Me parece que la exigencia del Gobierno de presionar para que haya resultados no es mala”, afirmó, aunque inmediatamente planteó el límite que, a su juicio, debería tener esa presión: “Ojalá que esa presión no lleve a que ahoguen la JEP, sino que la pongan en cintura”.Para el analista, el cumplimiento del Acuerdo de Paz también tiene una dimensión relacionada con quienes dejaron las armas. Advirtió que incumplir compromisos previamente establecidos podría generar incentivos negativos para personas que abandonaron la lucha armada.“Sería como una especie de incentivo perverso para que terminen metiéndose a traquetear”, dijo Viveros.Así, el debate sobre la JEP continúa dividido entre quienes cuestionan la duración de sus procesos, sus costos y el alcance de sus decisiones, y quienes consideran que la justicia transicional requiere tiempo para esclarecer los crímenes del conflicto y garantizar verdad y reparación. Para Viveros, el punto de encuentro debería estar en la eficiencia: exigir resultados y transparencia, pero sin desconocer el marco constitucional dentro del cual funciona la jurisdicción.
