Un grupo de más de 40 congresistas pertenecientes a sectores de oposición pidieron a las plenarias del Senado y Cámara de Representantes que se otorgue una condecoración al patrullero Ángel Züñiga Valencia, quien este martes se negó a continuar en un operativo de desalojo de al menos diez personas que ocupaban varios predios públicos en Cali.Lea aquí: Es difícil ordenar desalojos, pero no permitiremos invasiones: alcalde de CaliEl uniformado aseguró que la medida era injusta en momentos en que se adelanta la cuarentena por el coronavirus. “Para los congresistas alternativos, la decisión del patrullero Ángel Zúñiga Valencia de negarse a realizar un procedimiento que vulneraba los derechos de los más débiles y no participar en el desalojo de varias familias campesinas (…) es un acto que llena de esperanza a este país”, dice un comunicado revelado a través de redes sociales. El video del patrullero Zúñiga se hizo viral en el país y en él se ve al uniformado llorando cuando entrega a un compañero su arma de dotación y un radio de comunicaciones.En medio de la gritería de la gente, el policía agregó que a las personas que iban a desalojar "no les van a dar vivienda", ni "les van a dar reubicación".
Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, se refirió a la acción del patrullero Ángel Zúñiga quien se negó a realizar un procedimiento de desalojo en el sector de La Viga, en Pance.Precisó que el acto del patrullero fue un acto de humanidad, pero que no puede permitir que haya asentamientos subnormales en la ciudad, mucho menos en zonas de alto riesgo.Lea aquí: Somos humanos, pero debemos hacer cumplir la ley: Policía sobre caso desalojo en Cali “Es difícil ordenar desalojos en plena pandemia, pero no permitiremos invasiones en la ciudad”, dijo el mandatario local.En relación al uniformado, pidió que no sea sancionado, pero insistió que se le debió contar la otra parte de la historia y los riesgos que pueden correr esas familias si permanecen ahí. “En unos meses puede llegar una borrasca, un fuerte vendaval, una creciente del río Pance y me van a preguntar yo qué hice para proteger a esas personas”, precisó Ospina.Entérese de: Policía que se negó a participar en desalojo de cinco familias podría ser sancionadoA su vez, indicó que políticos, concejales, u otras personas inescrupulosas podrían estar detrás de las invasiones en Cali.“Son decisiones difíciles que toma un alcalde, pero que se deben hacer para garantizar el espacio público”, puntualizó.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían tener nuevas garantías cuando sean detenidos por una autoridad de tránsito si avanza una de las principales propuestas de Daniel Briceño, que busca impedir que los agentes revisen el celular para comprobar si están prestando el servicio mediante una plataforma, cambio que ya genera rechazo entre representantes del sector de los taxistas.El representante a la Cámara Briceño explicó en Mañanas Blu que también impulsa un proyecto para modificar el procedimiento relacionado con el comparendo D12, que contempla una multa de alrededor de $1,2 millones y la inmovilización del vehículo durante cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y hasta 40 en la tercera.Según Briceño, el objetivo no es que las autoridades dejen de controlar a estos conductores, sino que la carga de demostrar la infracción recaiga en el agente de tránsito y se respete el debido proceso.¿Qué cambiaría con el celular de los conductores?Uno de los puntos más polémicos de la propuesta está relacionado con el teléfono celular. Briceño aseguró que algunos conductores han contado que, durante los controles, los agentes les solicitan el celular y terminan revisando su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte.“¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?”, cuestionó el congresista.Según explicó, el conductor puede terminar entregando el dispositivo pese a que, desde su perspectiva, no debería hacerlo, debido a la presión que enfrenta durante el procedimiento.“Se podría negar, pero Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma”, afirmó.La propuesta también busca impedir que los pasajeros sean interrogados para determinar qué relación tienen con el conductor. Briceño sostuvo que la autoridad debe buscar las pruebas por sus propios medios y no trasladar esa responsabilidad al usuario o al conductor.Entre las alternativas que mencionó están las cámaras de vigilancia y el seguimiento realizado por las autoridades de tránsito.¿Por qué los taxistas rechazan estos cambios?Hugo Ospina, representante del sector de los taxistas, cuestionó en Mañanas Blu la propuesta y defendió que las autoridades mantengan herramientas para verificar las posibles infracciones.Su posición parte de que los taxis y los vehículos particulares utilizados mediante plataformas no tienen actualmente las mismas obligaciones. Ospina mencionó como ejemplo que los taxis deben someterse a revisiones preventivas cada dos meses y que los conductores tienen que renovar anualmente su licencia de conducción.“Nosotros no queremos que nos equiparen”, sostuvo.Frente al debate por los celulares, Ospina también rechazó que se limite la capacidad de las autoridades para realizar verificaciones durante los controles. Puso como ejemplo casos en los que la Policía puede solicitar información de un teléfono para determinar si este aparece reportado como robado.El dirigente de los taxistas también cuestionó que se modifique el procedimiento para establecer si un conductor está prestando un servicio no autorizado. Según dijo, algunos conductores inmovilizados aseguran posteriormente que el pasajero era un familiar o un amigo, pese a que las autoridades realizan investigaciones sobre estos casos.¿Qué más propone Briceño para las plataformas?El proyecto sobre el D12 hace parte de un paquete de tres iniciativas. Otra busca regular las plataformas de movilidad y establecer condiciones que, según Briceño, permitan “nivelar la cancha” entre estas empresas y los taxistas.Entre las propuestas mencionó que los taxistas puedan acceder a tarifas dinámicas y que se modifiquen las reglas de homologación para permitir que operen vehículos diferentes a los tradicionales modelos que, según el congresista, predominan actualmente.El tercer proyecto plantea modificar el sistema de patios y grúas para que, en determinados casos, los vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio del propietario, con mecanismos de rastreo y control.
El presidente Abelardo De La Espriella le pidió a los ministerios de justicia y defensa que brinden un acompañamiento jurídico a los militares colombianos que están detenidos en Estados Unidos señalados por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise.“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, dijo De La Espriella. El mandatario también dijo que es necesario que se esclarezca lo sucedido. Es importante recordar que los militares estuvieron detenido en Haití desde el mes de julio de 2021, cuando ocurrió el magnicidio. Sin embargo, en las últimas semanas fueron trasladados a Estados Unidos.“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, aseguró el mandatario. Mindefensa sobre militares detenidos por asesinato de presidente de Haití: sus familias no estarán solasEl ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella para brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití.A través de X, el ministro Mora aseguró que el Ministerio de Defensa cumplirá la instrucción presidencial y garantizará el acompañamiento de los uniformados durante el proceso, así como el respaldo a sus familias. “Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.El general Mora señaló que el objetivo será garantizar que los militares puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, siempre bajo el respeto al debido proceso “Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, sostuvo.El jefe de la cartera de Defensa también destacó que el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública debe estar acompañado por el respeto a las actuaciones judiciales y las garantías procesales. “Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”, manifestó Mora.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella de brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití.A través de la red social X, el ministro Mora aseguró que el Ministerio de Defensa cumplirá la instrucción presidencial y garantizará el acompañamiento de los uniformados durante el proceso, así como el respaldo a sus familias. “Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.El general Mora señaló que el objetivo será garantizar que los militares puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, siempre bajo el respeto al debido proceso. “Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, sostuvo.El jefe de la cartera de Defensa también destacó que el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública debe estar acompañado por el respeto a las actuaciones judiciales y las garantías procesales. “Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”, manifestó Mora.La posición del ministro se conoció luego de que el presidente De La Espriella instruyera a los ministerios de Defensa y Justicia para brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos y apoyo económico a sus familias.El mandatario manifestó que busca esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los militares involucrados. “No pueden pagar justos por pecadores”, afirmó el presidente, al señalar que los uniformados contarán con respaldo para ejercer su defensa mientras avanza el proceso.
Desde la noche de este lunes, las autoridades en Cali desplegaron un operativo de búsqueda en toda la ciudad para recapturar a cuatro hombres privados de la libertad que se fugaron de la Estación de Policía La Flora, después de amenazar al patrullero encargado de la custodia del lugar.El escape se registró en el momento en el que se les estaba repartiendo la comida, cuando estos hombres acorralaron al uniformado, lo intimidaron con armas cortopunzantes y salieron del lugar por la parte la trasera. Los prófugos fueron identificados como Julian Darío Rodríguez Ayala, Carlos Andrés Loboa Sánchez, Jhon Breyner Cruz Torres y Alejandro Díaz Muelas, procesados por diferentes delitos, como concierto para delinquir, hurto y homicidio."Exigimos establecer como ocurrieron los hechos, determinar, responsabilidades y verificar el cumplimiento de los protocolos de custodia y seguridad. Asimismo, se solicita reforzar los controles y adelantar todas las acciones necesarias para lograr su ubicación y recaptura, garantizando la seguridad de los caleños", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Esta fuga nuevamente enciende las alarmas entre los caleños, debido al nivel de hacinamiento que tienen las estaciones de Policía de la ciudad, que limitan las capacidades de reacción de las autoridades.
La Policía, a través de la Dirección de Antinarcóticos, adelantó durante septiembre la Operación JOTAM, una intervención simultánea en los principales aeropuertos del país para afectar las redes de tráfico de drogas. Los operativos permitieron la incautación de 4.921,5 kilogramos de cocaína y 96,7 kilogramos de marihuana. Además, fueron detectados 103 casos relacionados con el tráfico de drogas y capturadas 32 personas.Las autoridades fortalecieron los controles sobre pasajeros, equipajes, carga, envíos de correo y aeronaves mediante análisis de información y gestión de riesgo, con el objetivo de identificar las nuevas estrategias utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para sacar las sustancias ilícitas del país. Entre las modalidades detectadas se encontraron estupefacientes ocultos en productos de exportación, artículos tipo souvenir, equipajes y paquetes enviados por correo. También fueron identificados casos de personas que transportaban droga adherida al cuerpo o mediante ingesta.Uno de los principales resultados se registró con la incautación de 1.211 kilos de cocaína mezclados con café, que tenían como destino Barcelona, España. El procedimiento se realizó de manera coordinada con autoridades de Homeland Security Investigations (HSI).Asimismo, las autoridades identificaron un cargamento de 3.500 kilos de cocaína mezclados con cerveza, que tendría como destino Toledo, España.La operación contó con intercambio de información y cooperación con autoridades de España, Estados Unidos, Canadá y Panamá, lo que permitió identificar diferentes rutas utilizadas para el tráfico internacional de drogas hacia España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Panamá.El director de Antinarcóticos, general William Castaño, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico están modificando constantemente sus métodos para evadir los controles en los aeropuertos.
