Apartadó

Después de que el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, fuera capturado y luego dejado en libertad por un presunto desfalco de cerca de 3.500 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exmandatario y otras ocho personas quienes desempeñaron sus funciones entre mayo de 2024 y abril de 2025 por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos.Los hechos investigados se relacionan con múltiples transferencias electrónicas que habrían sido realizadas en el periodo antes mencionado desde cuentas del municipio y que habrían tenido como destinatarios a terceros que no tenían respaldo, en movimientos que no tenían órdenes de gasto, resolución o contrato que justificaran los gastos.Entre las demás personas investigadas está el extesorero de Apartadó, Cristián Mena, quien se presentó voluntariamente a las autoridades y entre lágrimas pidió perdón a sus familiares e indicó que los 3.500 millones de pesos involucrados en las irregularidades iban a ser devueltos."Dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio apartado con la debida identificación antes del juicio condenatorio y yo pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a todas las personas que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí", declaró Mena.Según destacó la Procuraduría General de la Nación, entre las supuestas inconsistencias hay conciliaciones bancarias inconclusas, duplicidad de pagos y transferencias a cuentas no registradas, entre otras irregularidades que fueron halladas por lo que el Ministerio Público busca verificar si las acciones son constitutivas de una falta disciplinaria.Las demás personas que están entre ceja y ceja de las autoridades están quienes para la época de los hechos eran secretario de Gobierno, Amaury Quejada; secretario de Hacienda, Luis Cuesta; secretario de Servicios, Yeged Espinoza; secretario General, Tony Lozano; subsecretario de Contabilidad, Edison Mosquera; jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano; y la funcionaria pública, Kelly Rivas.

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