La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el personero de Apartadó, Antioquia, Wílmar Alberto Herrera Orozco, por presuntamente haberse posesionado para el periodo 2024-2028 pese a estar inhabilitado para ocupar el cargo.Según el Ministerio Público, Herrera Orozco habría tenido un contrato de prestación de servicios con el municipio de Apartadó entre enero y diciembre de 2023, mientras participaba en el proceso de selección para ser personero. Para la Procuraduría, esa situación podría configurar una inhabilidad que le impedía concursar y posteriormente asumir el cargo.La Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó de manera provisional la conducta como una falta gravísima, cometida a título de dolo.Herrera Orozco es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en contratación pública de la Universidad Externado de Colombia. Fue elegido por el Concejo Municipal de Apartadó el 9 de enero de 2024, en una sesión en la que obtuvo seis votos a favor, mientras 11 concejales se abstuvieron.La elección ya había sido cuestionada ante la jurisdicción contencioso administrativa. En febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala Sexta de Oralidad, negó una medida cautelar que buscaba suspender la elección del personero.Además, posteriormente se presentaron acciones judiciales relacionadas con su elección. Un concepto de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, de junio de 2024, registró que el Tribunal Administrativo de Antioquia había declarado la nulidad de su elección para el periodo 2024-2028 y que el caso había llegado a segunda instancia.
La violencia asociada a las pandillas urbanas de Apartadó ya está bajo la lupa de las autoridades judiciales, tras una investigación que permitió identificar a una estructura señalada de participar en homicidios y otros hechos violentos en distintos sectores de ese municipio de Urabá.En las últimas horas la Fiscalía judicializó a diez presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Ninjas’, entre ellos un adolescente de 17 años, luego de varios meses de seguimiento a sus actividades.De acuerdo con el expediente, el grupo tendría presencia principalmente en los barrios El Obrero, Villa Hored y 20 de Enero. La investigación de las autoridades apunta a Antonio José Arrieta Atilano, conocido como ‘Antonio’ o ‘Toño’, como el supuesto cabecilla de la organización.Los elementos recopilados permitirían relacionar a los investigados con cuatro hechos violentos ocurridos entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Entre ellos figura el asesinato de un hombre de 20 años, quien fue atacado por cinco jóvenes y murió después de ser trasladado a un centro asistencial.Durante los operativos de captura a los procesados también les fueron encontrados elementos como un arma traumática, cinco celulares, cinco machetes, 265 gramos de marihuana y cinco placas de motocicleta, los cuales son investigados para determinar su utilización en la comisión de delitos.A los procesados se les atribuyeron, según el grado de participación de cada uno, delitos como concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todos bajo circunstancias de agravación. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Tras varios meses de procesos judiciales e incluso el reconocimiento de delitos, la justicia ya se pronunció sobre uno de los casos de corrupción más graves durante los últimos años en el Urabá antioqueño.El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó le impuso una pena de 14 años de prisión a Christian Mena, extesorero de esa misma localidad, por el delito de peculado por apropiación, en concurso homogéneo y sucesivo, tras establecer su responsabilidad en el desvío de 3.554 millones pesos de recursos públicos.De acuerdo con la decisión judicial, Mena, quien ocupó ese cargo entre enero de 2024 y abril de 2025, conoció y autorizó 50 transferencias bancarias hacia cuentas de seis personas, entre ellas representantes legales de tres empresas.Para el juzgado, no se trató únicamente de una omisión de los controles propios de su cargo, sino de una actuación consciente que permitió la salida de recursos públicos sin respaldo legal y en coordinación con terceras personas.Durante el proceso, el despacho tuvo en cuenta que el procesado se había allanado a los cargos imputados e, incluso, en audiencias preliminares fue viral el perdón ofrecido a familiares y amigos por la conducta cometida."Pedirle perdón a mi hijo, mi esposa, a mis amigos, y a todas las personas que me conocen, que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí".El caso salió a la luz después de que Adolfo Romero asumiera como alcalde de Apartadó y denunciara las irregularidades encontradas en las finanzas municipales. Su llegada a la Alcaldía se produjo luego del proceso judicial que terminó afectando la continuidad de Héctor Rangel, quien había sido elegido inicialmente para ocupar el cargo.Además de los 14 años de prisión, Mena Valencia quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 167 millones de pesos.
Un trayecto escolar por poco termina en tragedia en el municipio de Apartadó, luego de que un bus que movilizaba a 24 estudiantes se volcara en una vía de la vereda El Reposo, zona rural de esa población del Urabá antioqueño.El vehículo cubría la ruta entre los sectores de San Martín y Tres Esquinas con destino al centro educativo de la zona cuando ocurrió el accidente. Tras la emergencia, los estudiantes fueron evacuados y trasladados a diferentes centros asistenciales como la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita y Urabá para recibir atención médica.Aunque las causas del siniestro aún son objeto de investigación, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del automotor, mientras que la segunda indica que el conductor pudo haber perdido el control del automotor por piso mojado tras las lluvias que se registraban en el sector."El bus pierde los frenos más o menos casi en un kilómetro a caer a la orilla del río. Entonces, gracias a dios, pues, no se fue a un abismo que había ahí", indicó Andrés Pineda, presidente de la Junta Acción Comunal de la vereda El Reposo.De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la administración municipal, 17 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo seguimiento médico. Las autoridades precisaron que todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.En paralelo, funcionarios de movilidad realizaron las inspecciones correspondientes al vehículo involucrado en el accidente. Las verificaciones permitieron establecer que tanto la documentación del bus como la licencia de conducción del conductor estaban en regla al momento del volcamiento.Los peritajes técnicos y las investigaciones continuarán para establecer cuál de las hipótesis tuvo incidencia en el accidente o si existieron otros factores que contribuyeron a la emergencia.
Familiares del infante de marina bachiller, Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, denuncian irregularidades y falta de respuestas por parte de la Armada Nacional tras el fallecimiento del joven en el Puesto Naval Avanzado No. 24, ubicado en Cayo Serrana, San Andrés.La Fuerza Naval del Caribe confirmó el hallazgo del cuerpo de Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, quien prestaba su servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina No. 11.Ante el deceso, la familia ha manifestado su inconformidad con el manejo del caso, señalando constantes cambios en las fechas de entrega y contradicciones sobre el traslado de los restos desde el archipiélago hacia Apartadó.Los familiares del joven han denunciado barreras para acceder al cadáver. Según el testimonio de los allegados, el padre tuvo que insistir ante las autoridades para lograr una identificación visual, la cual se vio dificultada por el supuesto estado de descomposición del cuerpo, según relató en Blu Radio, Kelly Murillo, la madre de Johan.Le puede interesar: Cuatro infantes de Marina, heridos en ataque con explosivos en Puerto Leguízamo, Putumayo"El día lunes en la tarde le dijeron a la mamá que no, que lo iban a enterrar porque ya él estaba en descomposición, cuando ya llevaban apenas 3 días desde el día sábado que ya le habían dicho a él que había fallecido. ¿Cómo que al día lunes al día lunes ya él estaba descompuesto?", contó.Al joven lo recuerdan por querer siempre celebrar su cumpleaños en su tierra, en el Urabá, rodeado de amigos y familiares, Maricruz Herrera, la tía de Johan."Aunque hicieron eso de decir que sí lo traíamos, todavía seguimos en espera. Todavía es la fecha y nada que no resuelven absolutamente nada. Ahora que pedí hablar con los compañeros de mi que estuvieron con él, ahora me dan otra una nueva versión diferente, totalmente diferente a como ocurrieron los hechos", afirmó.La familia cuestiona las razones por las cuales aún la Armada no ha utilizado el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, para agilizar el traslado a Medicina Legal o el retorno a su lugar de origen.Ante esta situación, la familia exige celeridad y claridad sobre el proceso de traslado y las causas del fallecimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia (noroeste), más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Después de que el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, fuera capturado y luego dejado en libertad por un presunto desfalco de cerca de 3.500 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exmandatario y otras ocho personas quienes desempeñaron sus funciones entre mayo de 2024 y abril de 2025 por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos.Los hechos investigados se relacionan con múltiples transferencias electrónicas que habrían sido realizadas en el periodo antes mencionado desde cuentas del municipio y que habrían tenido como destinatarios a terceros que no tenían respaldo, en movimientos que no tenían órdenes de gasto, resolución o contrato que justificaran los gastos.Entre las demás personas investigadas está el extesorero de Apartadó, Cristián Mena, quien se presentó voluntariamente a las autoridades y entre lágrimas pidió perdón a sus familiares e indicó que los 3.500 millones de pesos involucrados en las irregularidades iban a ser devueltos."Dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio apartado con la debida identificación antes del juicio condenatorio y yo pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a todas las personas que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí", declaró Mena.Según destacó la Procuraduría General de la Nación, entre las supuestas inconsistencias hay conciliaciones bancarias inconclusas, duplicidad de pagos y transferencias a cuentas no registradas, entre otras irregularidades que fueron halladas por lo que el Ministerio Público busca verificar si las acciones son constitutivas de una falta disciplinaria.Las demás personas que están entre ceja y ceja de las autoridades están quienes para la época de los hechos eran secretario de Gobierno, Amaury Quejada; secretario de Hacienda, Luis Cuesta; secretario de Servicios, Yeged Espinoza; secretario General, Tony Lozano; subsecretario de Contabilidad, Edison Mosquera; jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano; y la funcionaria pública, Kelly Rivas.
Aumenta la preocupación en el Urabá antioqueño debido a un hecho que pudo acabar con la vida de un menor de edad en el municipio de Apartadó cuando una bala perdida entró por la pared de una vivienda y se incrustó en la cama del niño que afortunadamente no estaba en su habitación al momento en el que el proyectil ingresó al inmueble.Lo que se ha podido conocer es que el menor de edad y su madre estaban en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Rosales, muy cerca a su vivienda, y cuando regresaron al inmueble se encontraron con el orificio en la pared y con el proyectil de arma de fuego en la cama del niño.A pesar de que la bala perdida no dejó heridos, la preocupación en el Urabá antioqueño es latente, pues en la época decembrina se ha vuelto común que grupos delincuenciales celebren con tiros al aire que, como pudo pasar con el menor de edad, pueden acabe en una situación trágica.Por ahora la Policía Urabá y la Alcaldía de Apartadó se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para poder establecer cómo ocurrieron los hechos y si detrás de la bala perdida está algún grupo delincuencial con injerencia criminal en la subregión del departamento de Antioquia.Tras conocido este hecho las autoridades volvieron a reiteran el llamado a la comunidad a que evite utilizar armas de fuego en las celebraciones decembrinas, ya que una bala perdida puede terminar arruinando estas fechas para cualquier familia que se encuentra inmune ante este tipo de riesgos.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Con un plan candado en la subregión de Urabá autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas escaparon de la sala de retenidos de la Estación de Policía en el municipio de Apartadó.Se trata de 18 internos sindicados de delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego que insólitamente sin ser detectados lograron abrir un enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar por un local comercial contiguo.Según el coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, las primeras reacciones produjeron produjeron la entrega voluntaria de unos de los fugados identificado como alias ‘Vaca’. Sin embargo, para facilitar la recaptura de los otros 17 hombres se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que conduzca al paradero de cada uno."Desde ese momento, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura a la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos", destacó el uniformado.Aunque aún están por determinarse las circunstancias en las que ocurrió la fuga, se presume que habrían utilizado elementos como colchones y mantas para moderar el ruido y evitar ser detectados por la guardia policial.Entre las hipótesis de la fuga tampoco se descartan los altos niveles de hacinamiento en el lugar, una situación denunciada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales de la región.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.