La violencia asociada a las pandillas urbanas de Apartadó ya está bajo la lupa de las autoridades judiciales, tras una investigación que permitió identificar a una estructura señalada de participar en homicidios y otros hechos violentos en distintos sectores de ese municipio de Urabá.En las últimas horas la Fiscalía judicializó a diez presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Ninjas’, entre ellos un adolescente de 17 años, luego de varios meses de seguimiento a sus actividades.De acuerdo con el expediente, el grupo tendría presencia principalmente en los barrios El Obrero, Villa Hored y 20 de Enero. La investigación de las autoridades apunta a Antonio José Arrieta Atilano, conocido como ‘Antonio’ o ‘Toño’, como el supuesto cabecilla de la organización.Los elementos recopilados permitirían relacionar a los investigados con cuatro hechos violentos ocurridos entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Entre ellos figura el asesinato de un hombre de 20 años, quien fue atacado por cinco jóvenes y murió después de ser trasladado a un centro asistencial.Durante los operativos de captura a los procesados también les fueron encontrados elementos como un arma traumática, cinco celulares, cinco machetes, 265 gramos de marihuana y cinco placas de motocicleta, los cuales son investigados para determinar su utilización en la comisión de delitos.A los procesados se les atribuyeron, según el grado de participación de cada uno, delitos como concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todos bajo circunstancias de agravación. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Tras varios meses de procesos judiciales e incluso el reconocimiento de delitos, la justicia ya se pronunció sobre uno de los casos de corrupción más graves durante los últimos años en el Urabá antioqueño.El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó le impuso una pena de 14 años de prisión a Christian Mena, extesorero de esa misma localidad, por el delito de peculado por apropiación, en concurso homogéneo y sucesivo, tras establecer su responsabilidad en el desvío de 3.554 millones pesos de recursos públicos.De acuerdo con la decisión judicial, Mena, quien ocupó ese cargo entre enero de 2024 y abril de 2025, conoció y autorizó 50 transferencias bancarias hacia cuentas de seis personas, entre ellas representantes legales de tres empresas.Para el juzgado, no se trató únicamente de una omisión de los controles propios de su cargo, sino de una actuación consciente que permitió la salida de recursos públicos sin respaldo legal y en coordinación con terceras personas.Durante el proceso, el despacho tuvo en cuenta que el procesado se había allanado a los cargos imputados e, incluso, en audiencias preliminares fue viral el perdón ofrecido a familiares y amigos por la conducta cometida."Pedirle perdón a mi hijo, mi esposa, a mis amigos, y a todas las personas que me conocen, que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí".El caso salió a la luz después de que Adolfo Romero asumiera como alcalde de Apartadó y denunciara las irregularidades encontradas en las finanzas municipales. Su llegada a la Alcaldía se produjo luego del proceso judicial que terminó afectando la continuidad de Héctor Rangel, quien había sido elegido inicialmente para ocupar el cargo.Además de los 14 años de prisión, Mena Valencia quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 167 millones de pesos.
Un trayecto escolar por poco termina en tragedia en el municipio de Apartadó, luego de que un bus que movilizaba a 24 estudiantes se volcara en una vía de la vereda El Reposo, zona rural de esa población del Urabá antioqueño.El vehículo cubría la ruta entre los sectores de San Martín y Tres Esquinas con destino al centro educativo de la zona cuando ocurrió el accidente. Tras la emergencia, los estudiantes fueron evacuados y trasladados a diferentes centros asistenciales como la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita y Urabá para recibir atención médica.Aunque las causas del siniestro aún son objeto de investigación, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del automotor, mientras que la segunda indica que el conductor pudo haber perdido el control del automotor por piso mojado tras las lluvias que se registraban en el sector."El bus pierde los frenos más o menos casi en un kilómetro a caer a la orilla del río. Entonces, gracias a dios, pues, no se fue a un abismo que había ahí", indicó Andrés Pineda, presidente de la Junta Acción Comunal de la vereda El Reposo.De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la administración municipal, 17 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo seguimiento médico. Las autoridades precisaron que todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.En paralelo, funcionarios de movilidad realizaron las inspecciones correspondientes al vehículo involucrado en el accidente. Las verificaciones permitieron establecer que tanto la documentación del bus como la licencia de conducción del conductor estaban en regla al momento del volcamiento.Los peritajes técnicos y las investigaciones continuarán para establecer cuál de las hipótesis tuvo incidencia en el accidente o si existieron otros factores que contribuyeron a la emergencia.
Familiares del infante de marina bachiller, Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, denuncian irregularidades y falta de respuestas por parte de la Armada Nacional tras el fallecimiento del joven en el Puesto Naval Avanzado No. 24, ubicado en Cayo Serrana, San Andrés.La Fuerza Naval del Caribe confirmó el hallazgo del cuerpo de Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, quien prestaba su servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina No. 11.Ante el deceso, la familia ha manifestado su inconformidad con el manejo del caso, señalando constantes cambios en las fechas de entrega y contradicciones sobre el traslado de los restos desde el archipiélago hacia Apartadó.Los familiares del joven han denunciado barreras para acceder al cadáver. Según el testimonio de los allegados, el padre tuvo que insistir ante las autoridades para lograr una identificación visual, la cual se vio dificultada por el supuesto estado de descomposición del cuerpo, según relató en Blu Radio, Kelly Murillo, la madre de Johan.Le puede interesar: Cuatro infantes de Marina, heridos en ataque con explosivos en Puerto Leguízamo, Putumayo"El día lunes en la tarde le dijeron a la mamá que no, que lo iban a enterrar porque ya él estaba en descomposición, cuando ya llevaban apenas 3 días desde el día sábado que ya le habían dicho a él que había fallecido. ¿Cómo que al día lunes al día lunes ya él estaba descompuesto?", contó.Al joven lo recuerdan por querer siempre celebrar su cumpleaños en su tierra, en el Urabá, rodeado de amigos y familiares, Maricruz Herrera, la tía de Johan."Aunque hicieron eso de decir que sí lo traíamos, todavía seguimos en espera. Todavía es la fecha y nada que no resuelven absolutamente nada. Ahora que pedí hablar con los compañeros de mi que estuvieron con él, ahora me dan otra una nueva versión diferente, totalmente diferente a como ocurrieron los hechos", afirmó.La familia cuestiona las razones por las cuales aún la Armada no ha utilizado el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, para agilizar el traslado a Medicina Legal o el retorno a su lugar de origen.Ante esta situación, la familia exige celeridad y claridad sobre el proceso de traslado y las causas del fallecimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia (noroeste), más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Después de que el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, fuera capturado y luego dejado en libertad por un presunto desfalco de cerca de 3.500 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exmandatario y otras ocho personas quienes desempeñaron sus funciones entre mayo de 2024 y abril de 2025 por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos.Los hechos investigados se relacionan con múltiples transferencias electrónicas que habrían sido realizadas en el periodo antes mencionado desde cuentas del municipio y que habrían tenido como destinatarios a terceros que no tenían respaldo, en movimientos que no tenían órdenes de gasto, resolución o contrato que justificaran los gastos.Entre las demás personas investigadas está el extesorero de Apartadó, Cristián Mena, quien se presentó voluntariamente a las autoridades y entre lágrimas pidió perdón a sus familiares e indicó que los 3.500 millones de pesos involucrados en las irregularidades iban a ser devueltos."Dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio apartado con la debida identificación antes del juicio condenatorio y yo pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a todas las personas que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí", declaró Mena.Según destacó la Procuraduría General de la Nación, entre las supuestas inconsistencias hay conciliaciones bancarias inconclusas, duplicidad de pagos y transferencias a cuentas no registradas, entre otras irregularidades que fueron halladas por lo que el Ministerio Público busca verificar si las acciones son constitutivas de una falta disciplinaria.Las demás personas que están entre ceja y ceja de las autoridades están quienes para la época de los hechos eran secretario de Gobierno, Amaury Quejada; secretario de Hacienda, Luis Cuesta; secretario de Servicios, Yeged Espinoza; secretario General, Tony Lozano; subsecretario de Contabilidad, Edison Mosquera; jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano; y la funcionaria pública, Kelly Rivas.
Aumenta la preocupación en el Urabá antioqueño debido a un hecho que pudo acabar con la vida de un menor de edad en el municipio de Apartadó cuando una bala perdida entró por la pared de una vivienda y se incrustó en la cama del niño que afortunadamente no estaba en su habitación al momento en el que el proyectil ingresó al inmueble.Lo que se ha podido conocer es que el menor de edad y su madre estaban en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Rosales, muy cerca a su vivienda, y cuando regresaron al inmueble se encontraron con el orificio en la pared y con el proyectil de arma de fuego en la cama del niño.A pesar de que la bala perdida no dejó heridos, la preocupación en el Urabá antioqueño es latente, pues en la época decembrina se ha vuelto común que grupos delincuenciales celebren con tiros al aire que, como pudo pasar con el menor de edad, pueden acabe en una situación trágica.Por ahora la Policía Urabá y la Alcaldía de Apartadó se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para poder establecer cómo ocurrieron los hechos y si detrás de la bala perdida está algún grupo delincuencial con injerencia criminal en la subregión del departamento de Antioquia.Tras conocido este hecho las autoridades volvieron a reiteran el llamado a la comunidad a que evite utilizar armas de fuego en las celebraciones decembrinas, ya que una bala perdida puede terminar arruinando estas fechas para cualquier familia que se encuentra inmune ante este tipo de riesgos.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Con un plan candado en la subregión de Urabá autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas escaparon de la sala de retenidos de la Estación de Policía en el municipio de Apartadó.Se trata de 18 internos sindicados de delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego que insólitamente sin ser detectados lograron abrir un enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar por un local comercial contiguo.Según el coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, las primeras reacciones produjeron produjeron la entrega voluntaria de unos de los fugados identificado como alias ‘Vaca’. Sin embargo, para facilitar la recaptura de los otros 17 hombres se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que conduzca al paradero de cada uno."Desde ese momento, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura a la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos", destacó el uniformado.Aunque aún están por determinarse las circunstancias en las que ocurrió la fuga, se presume que habrían utilizado elementos como colchones y mantas para moderar el ruido y evitar ser detectados por la guardia policial.Entre las hipótesis de la fuga tampoco se descartan los altos niveles de hacinamiento en el lugar, una situación denunciada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales de la región.
La Alcaldía de Apartadó a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación informó hace algunas horas que la delegación de este municipio del Urabá antioqueño no podrá participar en los Juegos Regionales y Departamentales 2025 por los problemas económicos que afronta la Administración Municipal. Hay que recordar que Apartadó tendría un déficit superior a los 7.000 millones de pesos.Fue precisamente la crisis presupuestal que atraviesa el municipio la que motivó al IMDER a informar que la decisión, “responde a la realidad financiera que atraviesa el municipio y que nos obliga a priorizar la recuperación de la estabilidad económica, indispensable para garantizar procesos deportivos en el futuro”.No obstante, no es solo el déficit lo que obligó a tomar la drástica determinación de dejar a decenas de niños y jóvenes sin la competencia departamental, ya que hay que recordar que recientemente el extesorero de Apartadó, Cristián Mena, confesó entre lágrimas su responsabilidad en un desfalco de 3.500 millones de pesos que causó la salida de Héctor Rangel de la Alcaldía."Dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio de Apartadó con la debida indemnización antes del juicio condenatorio y yo pedirle dijo mis amigos y estaban las personas que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí", manifestó Mena.Por ahora este polémico caso, que ahora ya dejó a Apartadó sin participación en los Juegos Regionales y Departamentales, avanza con la vinculación formal del exalcalde que afrontará el proceso en libertad, mientras que se espera que el extesorero entregue más detalles sobre cómo se hará la devolución del dinero obtenido en presuntos hechos de corrupción.Por último, el IMDER destacó que va a seguir trabajando de la mano de la Alcaldía de Apartadó y de los menores de edad para seguir fortaleciendo la presencia en actividades locales, a la espera que prontamente el municipio pueda volver a competir en eventos de carácter departamental y nacional.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista: