Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica, para convocar a una sala plena extraordinaria, en plena semana de navidad, para comenzar a discutir la polémica decisión.La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería algo inédito, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el 10 de enero de 2026, y se haría ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida.Según pudo conocer Blu Radio, al menos seis magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.La opción más probable es que la Corte, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave, porque podría adelantar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial.Quién quede a cargo del estudio de la emergencia económica, tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la Sala Plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la Andi, Fenalco y Amcham para que sea suspendida provisionalmente la medida, hasta tanto se defina de fondo si es o no inconstitucional, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos.La discusión de fondo gira en torno a si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria por parte del gobierno de un estado de excepción como la emergencia económica, que faculta al presidente para expedir durante un periodo determinado, decretos con fuerza de ley, incluso para crear o modificar impuestos.
Mientras el país espera que el gobierno nacional publique los decretos de emergencia económica, luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos, la Contraloría le pide al gobierno nacional centrar sus objetivos en cumplir con la la ejecución presupuestal para 2026 con estrategia “responsable, austera y equilibrada”.A través de un comunicado, el ente de control aseguró que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto para el próximo año y recordó que el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos.“Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”. dice el documento.La Contraloría también llamó la atención en lo que denominó como “una marcada rigidez” frente a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.En este sentido, consideró que luego de una evaluación, el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. “En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”Insistió en que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.“En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”, señaló el organismo de control.También le pidió a la Dian, acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, otorgó total autonomía a la senadora Paloma Valencia para decidir sobre su ingreso a la denominada Gran Consulta por Colombia. A través de un mensaje breve pero contundente de tres párrafos, el jefe natural del partido aseguró que respaldará cualquier camino que la congresista decida tomar de cara a las elecciones de marzo del próximo año.Reunión clave con precandidatos de la Gran ConsultaEl movimiento político se intensificó el pasado domingo cuando la senadora Valencia se reunió con figuras prominentes de la coalición, tales como Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. Tras este encuentro, varios sectores dieron por sentada la incorporación de la senadora a este grupo de precandidatos. De hecho, Juan Manuel Galán expresó públicamente en sus redes sociales: "Bienvenida Paloma Valencia a la Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva".Sin embargo, ante la rapidez de los acontecimientos, la senadora Valencia optó por la prudencia inicial, aclarando que el acercamiento se trataba de una invitación formal que debía ser evaluada internamente. La decisión final no sería tomada de forma individual, sino que requeriría una reunión en pleno con el Centro Democrático para alinear las visiones de la colectividad.El respaldo de Álvaro Uribe y el "guiño" políticoAnte la expectativa nacional, Álvaro Uribe reveló que ya se han adelantado diálogos intensos con la bancada parlamentaria y candidatos a corporaciones para discutir esta posibilidad. El punto más relevante de su declaración fue el respaldo absoluto a la senadora: "De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo".Este mensaje es interpretado como el "guiño" definitivo de Uribe para que Valencia formalice su participación en la consulta interpartidista. La coordinación del proceso continuará bajo la dirección del director del partido, pero la última palabra recae ahora sobre la senadora, quien ha ganado una posición de liderazgo fundamental dentro de su colectividad.Escuche aquí la entrevista:
