A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la llegada de la doctora María Fernanda Silva a la Gerencia General de Capital Salud EPS-S tras un poco más de ocho años trabajando en AstraZeneca y 20 años en el gremio, para potenciar toda esta red en la capital.“Llego a apital alud con entusiasmo y un profundo sentido de responsabilidad. Tenemos retos importantes como sector y como entidad, pero también contamos con equipos que conocen su trabajo y con la oportunidad de construir soluciones conjuntas. Nuestro propósito debe ser que cada decisión se traduzca en una mejor atención para nuestros afiliados”, afirmó la nueva gerente general.Con su amplía experiencia, Silva buscará fortalecer la atención, experiencia de usuario y mejorar las necesidades de todos, además de potenciar consultas médicas y especializadas, la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos. Esto gracias a que, sus 20 años de experiencia, le han permitido aprender sobre la prestación de servicios de salud y la industria farmacéutica, lo que le ha permitido conocer diferentes perspectivas del sistema.“Queremos fortalecer el trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la ecretaría Distrital de Salud, sumando esfuerzos para avanzar en el desarrollo del modelo MÁS Bienestar. Desde Capital Salud tenemos el compromiso de contribuir a una atención centrada en las personas, las familias y las comunidades, fortaleciendo la gestión del riesgo en salud, trabajando para reducir las barreras de acceso y articulando capacidades con las subredes de servicios de salud, las IPS y los demás actores del sistema. Nuestro propósito es que este trabajo conjunto se traduzca en mejores oportunidades de atención y mayor bienestar para nuestros afiliados, especialmente para quienes más lo necesitan”, señaló Silva Valencia.
La Superintendencia Nacional de Salud informó que, con corte al 30 de junio de 2025, la tasa general de reclamos en salud en Colombia alcanzó los 202,11 por cada 10.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, sin incluir los regímenes especiales y de excepción. Esto representa un aumento frente a la cifra registrada al 30 de junio de 2024, cuando la tasa fue de 150,32 reclamos por cada 10.000 afiliados.En lo que va del año 2025, cinco Entidades Promotoras de Salud (EPS) concentran las tasas más altas de reclamos. Estas son: Comfenalco Valle (298,75), Capital Salud (289,82), Famisanar (277,41), SOS (268,80) y Compensar (263,79).En cuanto a las EPS bajo medida de intervención, después de SOS y Famisanar, se reportan las siguientes tasas de reclamos: Sanitas con 220,70, Nueva EPS con 209,23, Savia Salud con 192,05, Capresoca con 177,17, Coosalud con 125,03, Emssanar con 124,98 y AsmetSalud con la tasa más baja entre las intervenidas, con 93,41 reclamos por cada 10.000 afiliados.Respecto a los regímenes especiales y de excepción, entre enero y julio de 2025 el Magisterio registró un total de 23.470 reclamos, de los cuales 22.737 han sido cerrados. Por su parte, la Policía Nacional reportó 16.388 quejas en el mismo período, de las cuales 14.609 ya fueron gestionadas y cerradas.La Supersalud continúa realizando seguimiento al comportamiento de las quejas y reclamos presentados por los usuarios del sistema de salud, con el fin de monitorear la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones de las EPS.“El llamado a todas las EPS, no solamente las intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población, es dar solución efectiva a los reclamos de los ciudadanos, evitando la reapertura de casos ya cerrados”, dijo Giovanni Rubiano, Superintendente
La EPS Capital Salud tuvo que salir a dar respuesta a las denuncias que afirman que la institución estaría entregando autorizaciones de servicios de salud a pacientes muertos. Afirman que esta información se conoció gracias a una auditoría interna de la misma entidad y que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de junio, actuando y poniendo en conocimiento los hechos de las autoridades competentes.“En relación con la auditoría especial realizada por la oficina de control interno de Capital Salud al macroproceso de gestión humana, identificó una serie de presuntas inconsistencias y, en consecuencia, la misma EPS-S interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía”, manifestaron a través de un comunicado.Por otra parte, afirmaron que la gerencia general de Capital Salud EPS delegó a la dirección jurídica la responsabilidad de adelantar las acciones pertinentes para verificar los hallazgos del informe y emprender las medidas jurídicas y administrativas correspondientes“Como resultado, se presentó una queja formal ante el Ministerio de Trabajo y se iniciaron los procesos disciplinarios pertinentes”, agregaron.Según la denuncia que se conoció en las últimas horas, se habrían reportado 1.009 casos de autorizaciones a pacientes muertos durante el 2023 y 459 en lo corrido del 2024, generando cerca de 4.600 autorizaciones de servicios de salud en los dos años.Sin embargo, la EPS insiste en su voluntad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos denunciados y en la implementación de las medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios.En medio de este caso, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán que se instale una mesa para hacer el seguimiento a las auditorías y que se brinden todas las garantías laborales para quienes dieron a conocer estos hechos y no haya ningún tipo de persecución laboral.
Según el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Distrito está vigilando de cerca el cumplimiento del plan de mejoramiento de Capital Salud, con el fin de garantizar la atención a los ciudadanos que están afiliados a esa EPS del régimen subsidiado. Una de las prioridades, destaca el alcalde, es resolver las problemáticas que tienen las subredes de la capital del país.“Hablamos también de lo que hemos planteado en Bogotá como la construcción de un modelo de salud donde vamos a sentarnos con todos los actores para pensar siempre en la atención en salud a la población. Cómo garantizar, por ejemplo, en el territorio, la atención en salud, garantizando los derechos que tiene la población”, indicó el alcalde.Alcalde Galán negó permiso para instalar tarima en la Plaza de Bolívar, según la CUTSegún el mandatario capitalino, se buscará garantizar que los bogotanos no tengan la obligación de recibir una atención en salud lejos de su vivienda, inoportuna y de mala calidad, sino que la prioridad será traerle una atención de buena calidad cerca a su casa.El superintendente de Salud, por su parte, dijo que Bogotá necesita una articulación y un acompañamiento por parte de EPS, IPS, Gobierno distrital y Gobierno nacional, para poder garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas.“Obviamente con un cumplimiento riguroso del marco normativo, pensando siempre en el acompañamiento, en la protección de los derechos a la salud de las personas en Bogotá”, dijo Luis Carlos Leal, quien agregó que se buscará garantizar un sistema de salud que sea oportuno, efectivo y de calidad para todas las personas.
Luego de la intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud y el anuncio del presidente Gustavo Petro de que el "Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud", el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió acciones para garantizar la operación de Capital Salud EPS.“Quiero ser claro: vamos a proteger el sistema de salud de los bogotanos, especialmente de esa población afiliada a Capital Salud, y usaremos todas las herramientas que estén a nuestra disposición para hacerlo. Vamos a defender la salud de los bogotanos”, dijo Galán.El alcalde Galán pidió a Capital Salud que solicite a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes del cumplimiento de las obligaciones de la EPS, con el fin de garantizar los derechos de sus afiliados y "restaurar la confianza pública en el sistema de salud".Desde 2015 y durante siete años, la EPS Capital Salud estuvo sujeta a una medida preventiva de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.El 2 de agosto de 2022, se ordenó el levantamiento del programa de recuperación y, en colaboración con la Superintendencia Nacional de Salud, Bogotá inició la implementación de un plan con el objetivo de garantizar la capitalización y los recursos necesarios para cumplir con los indicadores financieros y de sostenibilidad.Dicho plan de mejoramiento tiene como fecha límite el 31 de mayo de 2024, y hasta la fecha se está cumpliendo.
Una mujer estaba buscando una remisión para valoración por neurocirugía, así como la programación de una estereotáxica cerebral, pero le fue negada en varias oportunidades por parte de la EPS Capital Salud; es el argumento que sostiene la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud para imponer medidas cautelares contra esa EPS.Ella tiene un tumor de comportamiento incierto o desconocido en las meninges cerebrales, por lo que requiere estos exámenes y que dice la SuperSalud han sido negados en varias oportunidades configurando una serie de violaciones reiteradas al derecho a la salud de una de las afiliadas de dicha entidad. Esta usuaria lleva desde el 31 de enero a la espera de una respuesta por parte de su EPS y no se le ha dado solución a sus solicitudes.La usuaria en cuestión requiere con urgencia una remisión para valoración por un especialista, así como la realización de un procedimiento médico. Estas medidas cautelares lo que le ordenan a EPS Capital Salud deben ser programados en un plazo máximo de 24 horas para garantizar una atención oportuna y adecuada.Además de las medidas cautelares, la Superintendencia ha solicitado al representante legal de Capital Salud, Omar Benigno Perilla Ballesteros, que proporcione evidencia del cumplimiento de las instrucciones impartidas. Esto incluye la presentación de un informe detallado sobre el trámite y el resultado de la prestación de los servicios ordenados a la usuaria.En caso de incumplimiento por parte de la EPS, se iniciará una investigación administrativa sancionatoria correspondiente. La EPS y su representante legal tienen derecho de proceder con un recurso de reposición contra esta Resolución, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a su comunicación.Además, la Superintendencia de Salud también impuso una medida cautelar contra la EPS Coosalud para restablecer el derecho a la salud de dos de sus afiliados, que requieren con urgencia el acceso a los servicios de atención en salud para garantizar sus vidas.La SuperSalud ordenó a esta EPS garantizar la protección de dos de sus afiliados ubicados en Machetá (Cundinamarca) y Girón (Santander), quienes gozan de protección constitucional especial dadas las patologías con las que se encuentran diagnosticados.En el primer caso, la Supersalud ordenó que en un máximo de 24 horas se programe un procedimiento urgente a un menor recién nacido que requiere una vitrectomía en uno de sus ojos que padece una patología congénita, y quien desde hace un mes se encuentra a la espera de la autorización del procedimiento antes de que su condición de salud empeore.En el otro caso relacionado en el mismo acto administrativo, la Superintendencia le dio un plazo de 48 horas a la EPS Coosalud para que autorice quimioterapia y haga entrega completa de los medicamentos e insumos que requiere una usuaria para el tratamiento de un tumor maligno.En este sentido, la Supersalud remitió los incumplimientos en estos dos casos de la EPS Coosalud a la delegada de investigaciones administrativas para lo de sus competencias y el incumplimiento a las ordenes impartidas acarreará el inicio de las investigaciones administrativas sancionatorias correspondientes.
El Gobierno en los últimos días mencionó que, a 31 de diciembre de 2021, se han girado a prestadores, proveedores y EPS $6.1 billones para sanear las deudas que tiene el sistema de Salud. Sin embargo, según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ya hay auditadas deudas por encima de los 13 billones por lo que es importante utilizar otros recursos para cumplir con ese borrón y cuenta nueva que propuso el gobierno de Iván Duque.En las próximas horas, el Ministerio de Salud expedirá un decreto que reglamenta el uso obligatorio de las reservas técnicas para poder cubrir todas las obligaciones que se tienen con los prestadores en salud.“Los recursos que dimos desde el acuerdo de punto final terminan siendo flujo de caja porque son una inyección de dinero que están recibiendo las EPS e IPS. Adicionalmente, para las deudas ordinarias que se han ido acumulando entre el sistema de salud se está expidiendo un decreto en el cuál se le va a obligar a las EPS que tienen acumuladas carteras por más de 180 días a que usen las inversiones de reservas técnicas para poder sanear todas las deudas”, explicó la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy.Vea también: El propósito principal de las reservas técnicas es mantener una provisión en las EPS para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios que hagan parte del plan obligatorio de salud y las incapacidades por enfermedad general. El problema es que estas reservas se utilizan sobre todo previendo la deuda a futuro que pueda tener una prestadora de salud para garantizar el servicio.Según el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, se debe buscar una forma menos riesgosa de garantizar el saneamiento de deudas en salud que no perjudique el funcionamiento a futuro de hospitales y clínicas. Con la liquidación de dos de las EPS más grandes en el país, existe un vacío económico en los pagos de trabajadores y atención de pacientes.“Si yo utilizó la reserva técnica de las autorizaciones que hago para pagar deudas anteriores, la pregunta es cómo garantizo mis gastos a futuro con las autorizaciones si utilice ese dinero en deudas del pasado. No estamos pensando en el sostenimiento del sistema de salud del futuro”, le dijo a BLU Radio Enrique Peñaloza Quintero, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.En un estudio del Instituto se entregan recomendaciones para que las EPS sean las verdaderas aseguradoras en salud, para manejar la prevención y no disponer de todos los recursos para la enfermedad.Dentro de sus recomendaciones se encuentra unificar los regímenes contributivo y subsidiado, contar con un rol de asegurador único con exclusiones en salud, generar eficiencias para fortalecer las fuentes financieras y apalancar el aseguramiento voluntario para disminuir costos.El gobierno incluso ha dispuesto de otras medidas para evitar que la deuda en salud siga creciendo: Una de ellas es la actualización de las reglas de contratación entre aseguradores y prestadores unificando las reglas de validación de la factura electrónica y sus soportes.Además, se están habilitando recursos a través de una línea de redescuento de tasa compensada de Findeter por $450 mil millones para efectos de los hospitales y clínicas que se han visto impactadas por las liquidaciones de EPS.
La Superintendencia de Salud intervino de manera forzosa el hospital La Misericordia de Calarcá tras identificar 54 deficiencias administrativas financieras jurídicas y asistenciales que ponen en riesgo la prestación segura y oportuna de los servicios de salud de los calarqueños.Por eso, el gerente, Bernardo Gutiérrez Montoya, fue separado del cargo y en su lugar se definió un agente especial interventor para que en un año resuelva los problemas administrativos, financieros y asistenciales que tiene la institución donde atiende más de 80 mil personas de cinco municipios quindianos y dos del Valle del Cauca.José Manuel Suárez, asesor del Despacho del Superintendente de Salud, explicó algunas de las deficiencias económicas del hospital:"La Superintendencia encontró especialmente hallazgos de tipo financiero: se presenta un déficit presupuestal de cerca de $3200 millones e inicialmente para el cierre del año 2019 y para el año que corre este déficit ha ascendido a $7.000 millones de pesos. Las pérdidas operacionales pasaron de $2.000 millones de pesos"Ante el complejo panorama, que también muestra errores en contratación, la Superintendencia designó al especialista en gerencia hospitalaria Fredy Orlando Rojas, como agente especial interventor. En un mes, él deberá presentar a la Supersalud un Plan de Acción para resolver los hallazgos encontrados en el hospital.
La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por tres meses la medida preventiva de vigilancia especial a la EPS Capital Salud. Esto a través de una resolución en la que levantó la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados.La medida de vigilancia se extenderá hasta el próximo 26 de mayo, la EPS de Bogotá podrá seguir afiliando usuarios. Según indicó la Supersalud, la EPS tenía un pendiente por capitalizar de 197.000 millones de pesos, que fueron aprobados por el distrito. Sin embargo, en diciembre se registró un ingreso de $90.916 millones y eso daría como resultado mejorar los indicadores financieros.Le puede interesar: EPS Capital Salud pide a trabajadores no suspender prestación de servicios“A partir de la fecha, Capital Salud, la EPS pública de Bogotá, puede volver a afiliar. Persiste la medida de vigilancia especial por la Supersalud porque tenemos que mejorar todavía en indicadores financieros como de calidad del servicio, pero esto es una noticia estupenda. A la fecha no habíamos podido afiliar a nadie y creemos que es una oportunidad maravillosa para que personas tanto del régimen subsidiado, y en el futuro próximo, del régimen contributivo, puedan hacer parte de Capital Salud”, expresó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.De acuerdo con lo manifestado, se evidenció que se atendieron recomendaciones de una firma contralora, para encaminar el fortalecimiento de auditoría integral y aplicación de pagos.
La Secretaría de Salud y la EPS Capital Salud se pronunciaron, a través de un comunicado de prensa, sobre las protestas de este lunes en el punto de atención de Las Misericordias, en el sur de Bogotá.Le puede interesar: Capital Salud, Salud Total y Medimas, las EPS con más usuarios inconformesDijo que "la EPS siempre ha garantizado la prestación de los servicios, a través de los 14 Puntos de atención al usuario que funcionan actualmente en la ciudad".También explicó que las sedes de Capital Salud "cuentan con el personal idóneo y suficiente para atender la demanda de usuarios que diariamente acude a los sitos a realizar los diferentes trámites".Por último, la EPS Capital Salud hizo el llamado a sus trabajadores para que eviten la suspensión de los servicios de salud. "Está situación está expresamente prohibida por tratarse de un servicio público esencial, ya que esta actitud pone en riesgo la vida e integridad de las personas que lo requieren", dice la comunicación.Sobre la presentación del servicio informó que a partir del mes de agosto entra en funcionamiento la nueva Plataforma Digital, que permitirá a los usuarios realizar autorizaciones y solicitar citas a través de la web para facilitar las operaciones sin necesidad de trasladarse a los puntos de atención.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí:
