La Superintendencia Nacional de Salud informó que, con corte al 30 de junio de 2025, la tasa general de reclamos en salud en Colombia alcanzó los 202,11 por cada 10.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, sin incluir los regímenes especiales y de excepción. Esto representa un aumento frente a la cifra registrada al 30 de junio de 2024, cuando la tasa fue de 150,32 reclamos por cada 10.000 afiliados.En lo que va del año 2025, cinco Entidades Promotoras de Salud (EPS) concentran las tasas más altas de reclamos. Estas son: Comfenalco Valle (298,75), Capital Salud (289,82), Famisanar (277,41), SOS (268,80) y Compensar (263,79).En cuanto a las EPS bajo medida de intervención, después de SOS y Famisanar, se reportan las siguientes tasas de reclamos: Sanitas con 220,70, Nueva EPS con 209,23, Savia Salud con 192,05, Capresoca con 177,17, Coosalud con 125,03, Emssanar con 124,98 y AsmetSalud con la tasa más baja entre las intervenidas, con 93,41 reclamos por cada 10.000 afiliados.Respecto a los regímenes especiales y de excepción, entre enero y julio de 2025 el Magisterio registró un total de 23.470 reclamos, de los cuales 22.737 han sido cerrados. Por su parte, la Policía Nacional reportó 16.388 quejas en el mismo período, de las cuales 14.609 ya fueron gestionadas y cerradas.La Supersalud continúa realizando seguimiento al comportamiento de las quejas y reclamos presentados por los usuarios del sistema de salud, con el fin de monitorear la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones de las EPS.“El llamado a todas las EPS, no solamente las intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población, es dar solución efectiva a los reclamos de los ciudadanos, evitando la reapertura de casos ya cerrados”, dijo Giovanni Rubiano, Superintendente
La EPS Capital Salud tuvo que salir a dar respuesta a las denuncias que afirman que la institución estaría entregando autorizaciones de servicios de salud a pacientes muertos. Afirman que esta información se conoció gracias a una auditoría interna de la misma entidad y que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de junio, actuando y poniendo en conocimiento los hechos de las autoridades competentes.“En relación con la auditoría especial realizada por la oficina de control interno de Capital Salud al macroproceso de gestión humana, identificó una serie de presuntas inconsistencias y, en consecuencia, la misma EPS-S interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía”, manifestaron a través de un comunicado.Por otra parte, afirmaron que la gerencia general de Capital Salud EPS delegó a la dirección jurídica la responsabilidad de adelantar las acciones pertinentes para verificar los hallazgos del informe y emprender las medidas jurídicas y administrativas correspondientes“Como resultado, se presentó una queja formal ante el Ministerio de Trabajo y se iniciaron los procesos disciplinarios pertinentes”, agregaron.Según la denuncia que se conoció en las últimas horas, se habrían reportado 1.009 casos de autorizaciones a pacientes muertos durante el 2023 y 459 en lo corrido del 2024, generando cerca de 4.600 autorizaciones de servicios de salud en los dos años.Sin embargo, la EPS insiste en su voluntad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos denunciados y en la implementación de las medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios.En medio de este caso, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán que se instale una mesa para hacer el seguimiento a las auditorías y que se brinden todas las garantías laborales para quienes dieron a conocer estos hechos y no haya ningún tipo de persecución laboral.
Según el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Distrito está vigilando de cerca el cumplimiento del plan de mejoramiento de Capital Salud, con el fin de garantizar la atención a los ciudadanos que están afiliados a esa EPS del régimen subsidiado. Una de las prioridades, destaca el alcalde, es resolver las problemáticas que tienen las subredes de la capital del país.“Hablamos también de lo que hemos planteado en Bogotá como la construcción de un modelo de salud donde vamos a sentarnos con todos los actores para pensar siempre en la atención en salud a la población. Cómo garantizar, por ejemplo, en el territorio, la atención en salud, garantizando los derechos que tiene la población”, indicó el alcalde.Alcalde Galán negó permiso para instalar tarima en la Plaza de Bolívar, según la CUTSegún el mandatario capitalino, se buscará garantizar que los bogotanos no tengan la obligación de recibir una atención en salud lejos de su vivienda, inoportuna y de mala calidad, sino que la prioridad será traerle una atención de buena calidad cerca a su casa.El superintendente de Salud, por su parte, dijo que Bogotá necesita una articulación y un acompañamiento por parte de EPS, IPS, Gobierno distrital y Gobierno nacional, para poder garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas.“Obviamente con un cumplimiento riguroso del marco normativo, pensando siempre en el acompañamiento, en la protección de los derechos a la salud de las personas en Bogotá”, dijo Luis Carlos Leal, quien agregó que se buscará garantizar un sistema de salud que sea oportuno, efectivo y de calidad para todas las personas.
Luego de la intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud y el anuncio del presidente Gustavo Petro de que el "Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud", el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió acciones para garantizar la operación de Capital Salud EPS.“Quiero ser claro: vamos a proteger el sistema de salud de los bogotanos, especialmente de esa población afiliada a Capital Salud, y usaremos todas las herramientas que estén a nuestra disposición para hacerlo. Vamos a defender la salud de los bogotanos”, dijo Galán.El alcalde Galán pidió a Capital Salud que solicite a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes del cumplimiento de las obligaciones de la EPS, con el fin de garantizar los derechos de sus afiliados y "restaurar la confianza pública en el sistema de salud".Desde 2015 y durante siete años, la EPS Capital Salud estuvo sujeta a una medida preventiva de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.El 2 de agosto de 2022, se ordenó el levantamiento del programa de recuperación y, en colaboración con la Superintendencia Nacional de Salud, Bogotá inició la implementación de un plan con el objetivo de garantizar la capitalización y los recursos necesarios para cumplir con los indicadores financieros y de sostenibilidad.Dicho plan de mejoramiento tiene como fecha límite el 31 de mayo de 2024, y hasta la fecha se está cumpliendo.
Una mujer estaba buscando una remisión para valoración por neurocirugía, así como la programación de una estereotáxica cerebral, pero le fue negada en varias oportunidades por parte de la EPS Capital Salud; es el argumento que sostiene la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud para imponer medidas cautelares contra esa EPS.Ella tiene un tumor de comportamiento incierto o desconocido en las meninges cerebrales, por lo que requiere estos exámenes y que dice la SuperSalud han sido negados en varias oportunidades configurando una serie de violaciones reiteradas al derecho a la salud de una de las afiliadas de dicha entidad. Esta usuaria lleva desde el 31 de enero a la espera de una respuesta por parte de su EPS y no se le ha dado solución a sus solicitudes.La usuaria en cuestión requiere con urgencia una remisión para valoración por un especialista, así como la realización de un procedimiento médico. Estas medidas cautelares lo que le ordenan a EPS Capital Salud deben ser programados en un plazo máximo de 24 horas para garantizar una atención oportuna y adecuada.Además de las medidas cautelares, la Superintendencia ha solicitado al representante legal de Capital Salud, Omar Benigno Perilla Ballesteros, que proporcione evidencia del cumplimiento de las instrucciones impartidas. Esto incluye la presentación de un informe detallado sobre el trámite y el resultado de la prestación de los servicios ordenados a la usuaria.En caso de incumplimiento por parte de la EPS, se iniciará una investigación administrativa sancionatoria correspondiente. La EPS y su representante legal tienen derecho de proceder con un recurso de reposición contra esta Resolución, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a su comunicación.Además, la Superintendencia de Salud también impuso una medida cautelar contra la EPS Coosalud para restablecer el derecho a la salud de dos de sus afiliados, que requieren con urgencia el acceso a los servicios de atención en salud para garantizar sus vidas.La SuperSalud ordenó a esta EPS garantizar la protección de dos de sus afiliados ubicados en Machetá (Cundinamarca) y Girón (Santander), quienes gozan de protección constitucional especial dadas las patologías con las que se encuentran diagnosticados.En el primer caso, la Supersalud ordenó que en un máximo de 24 horas se programe un procedimiento urgente a un menor recién nacido que requiere una vitrectomía en uno de sus ojos que padece una patología congénita, y quien desde hace un mes se encuentra a la espera de la autorización del procedimiento antes de que su condición de salud empeore.En el otro caso relacionado en el mismo acto administrativo, la Superintendencia le dio un plazo de 48 horas a la EPS Coosalud para que autorice quimioterapia y haga entrega completa de los medicamentos e insumos que requiere una usuaria para el tratamiento de un tumor maligno.En este sentido, la Supersalud remitió los incumplimientos en estos dos casos de la EPS Coosalud a la delegada de investigaciones administrativas para lo de sus competencias y el incumplimiento a las ordenes impartidas acarreará el inicio de las investigaciones administrativas sancionatorias correspondientes.
El Gobierno en los últimos días mencionó que, a 31 de diciembre de 2021, se han girado a prestadores, proveedores y EPS $6.1 billones para sanear las deudas que tiene el sistema de Salud. Sin embargo, según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ya hay auditadas deudas por encima de los 13 billones por lo que es importante utilizar otros recursos para cumplir con ese borrón y cuenta nueva que propuso el gobierno de Iván Duque.En las próximas horas, el Ministerio de Salud expedirá un decreto que reglamenta el uso obligatorio de las reservas técnicas para poder cubrir todas las obligaciones que se tienen con los prestadores en salud.“Los recursos que dimos desde el acuerdo de punto final terminan siendo flujo de caja porque son una inyección de dinero que están recibiendo las EPS e IPS. Adicionalmente, para las deudas ordinarias que se han ido acumulando entre el sistema de salud se está expidiendo un decreto en el cuál se le va a obligar a las EPS que tienen acumuladas carteras por más de 180 días a que usen las inversiones de reservas técnicas para poder sanear todas las deudas”, explicó la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy.Vea también: El propósito principal de las reservas técnicas es mantener una provisión en las EPS para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios que hagan parte del plan obligatorio de salud y las incapacidades por enfermedad general. El problema es que estas reservas se utilizan sobre todo previendo la deuda a futuro que pueda tener una prestadora de salud para garantizar el servicio.Según el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, se debe buscar una forma menos riesgosa de garantizar el saneamiento de deudas en salud que no perjudique el funcionamiento a futuro de hospitales y clínicas. Con la liquidación de dos de las EPS más grandes en el país, existe un vacío económico en los pagos de trabajadores y atención de pacientes.“Si yo utilizó la reserva técnica de las autorizaciones que hago para pagar deudas anteriores, la pregunta es cómo garantizo mis gastos a futuro con las autorizaciones si utilice ese dinero en deudas del pasado. No estamos pensando en el sostenimiento del sistema de salud del futuro”, le dijo a BLU Radio Enrique Peñaloza Quintero, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.En un estudio del Instituto se entregan recomendaciones para que las EPS sean las verdaderas aseguradoras en salud, para manejar la prevención y no disponer de todos los recursos para la enfermedad.Dentro de sus recomendaciones se encuentra unificar los regímenes contributivo y subsidiado, contar con un rol de asegurador único con exclusiones en salud, generar eficiencias para fortalecer las fuentes financieras y apalancar el aseguramiento voluntario para disminuir costos.El gobierno incluso ha dispuesto de otras medidas para evitar que la deuda en salud siga creciendo: Una de ellas es la actualización de las reglas de contratación entre aseguradores y prestadores unificando las reglas de validación de la factura electrónica y sus soportes.Además, se están habilitando recursos a través de una línea de redescuento de tasa compensada de Findeter por $450 mil millones para efectos de los hospitales y clínicas que se han visto impactadas por las liquidaciones de EPS.
La Superintendencia de Salud intervino de manera forzosa el hospital La Misericordia de Calarcá tras identificar 54 deficiencias administrativas financieras jurídicas y asistenciales que ponen en riesgo la prestación segura y oportuna de los servicios de salud de los calarqueños.Por eso, el gerente, Bernardo Gutiérrez Montoya, fue separado del cargo y en su lugar se definió un agente especial interventor para que en un año resuelva los problemas administrativos, financieros y asistenciales que tiene la institución donde atiende más de 80 mil personas de cinco municipios quindianos y dos del Valle del Cauca.José Manuel Suárez, asesor del Despacho del Superintendente de Salud, explicó algunas de las deficiencias económicas del hospital:"La Superintendencia encontró especialmente hallazgos de tipo financiero: se presenta un déficit presupuestal de cerca de $3200 millones e inicialmente para el cierre del año 2019 y para el año que corre este déficit ha ascendido a $7.000 millones de pesos. Las pérdidas operacionales pasaron de $2.000 millones de pesos"Ante el complejo panorama, que también muestra errores en contratación, la Superintendencia designó al especialista en gerencia hospitalaria Fredy Orlando Rojas, como agente especial interventor. En un mes, él deberá presentar a la Supersalud un Plan de Acción para resolver los hallazgos encontrados en el hospital.
La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por tres meses la medida preventiva de vigilancia especial a la EPS Capital Salud. Esto a través de una resolución en la que levantó la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados.La medida de vigilancia se extenderá hasta el próximo 26 de mayo, la EPS de Bogotá podrá seguir afiliando usuarios. Según indicó la Supersalud, la EPS tenía un pendiente por capitalizar de 197.000 millones de pesos, que fueron aprobados por el distrito. Sin embargo, en diciembre se registró un ingreso de $90.916 millones y eso daría como resultado mejorar los indicadores financieros.Le puede interesar: EPS Capital Salud pide a trabajadores no suspender prestación de servicios“A partir de la fecha, Capital Salud, la EPS pública de Bogotá, puede volver a afiliar. Persiste la medida de vigilancia especial por la Supersalud porque tenemos que mejorar todavía en indicadores financieros como de calidad del servicio, pero esto es una noticia estupenda. A la fecha no habíamos podido afiliar a nadie y creemos que es una oportunidad maravillosa para que personas tanto del régimen subsidiado, y en el futuro próximo, del régimen contributivo, puedan hacer parte de Capital Salud”, expresó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.De acuerdo con lo manifestado, se evidenció que se atendieron recomendaciones de una firma contralora, para encaminar el fortalecimiento de auditoría integral y aplicación de pagos.
La Secretaría de Salud y la EPS Capital Salud se pronunciaron, a través de un comunicado de prensa, sobre las protestas de este lunes en el punto de atención de Las Misericordias, en el sur de Bogotá.Le puede interesar: Capital Salud, Salud Total y Medimas, las EPS con más usuarios inconformesDijo que "la EPS siempre ha garantizado la prestación de los servicios, a través de los 14 Puntos de atención al usuario que funcionan actualmente en la ciudad".También explicó que las sedes de Capital Salud "cuentan con el personal idóneo y suficiente para atender la demanda de usuarios que diariamente acude a los sitos a realizar los diferentes trámites".Por último, la EPS Capital Salud hizo el llamado a sus trabajadores para que eviten la suspensión de los servicios de salud. "Está situación está expresamente prohibida por tratarse de un servicio público esencial, ya que esta actitud pone en riesgo la vida e integridad de las personas que lo requieren", dice la comunicación.Sobre la presentación del servicio informó que a partir del mes de agosto entra en funcionamiento la nueva Plataforma Digital, que permitirá a los usuarios realizar autorizaciones y solicitar citas a través de la web para facilitar las operaciones sin necesidad de trasladarse a los puntos de atención.
La Personería de Bogotá presentó el listado de las EPS sobre las que reciben más quejas de los ciudadanos. Por tratarse de servicios de salud, muchos del sector privado, la Personería aclaró que estas quejas son remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud para su control, sin embargo, aclara el ente de control que hacen seguimiento para verificar que el derecho a la salud no sea vulnerado. Carmen Castañeda, personera de Bogotá, dijo que en esta ciudad hay más de 3100 quejas provenientes de la EPS Capital Salud, le sigue Salud Total con 709 y en el tercer lugar Medimas con 651 quejas presentadas por irregularidades en la prestación del servicio. Vea también: Multimillonaria deuda de las EPS genera crisis financiera en el HUS "Deficiencias concretamente Pues en lo referente a la asignación de citas médicas, en el suministro de medicamentos y en el de exámenes de diagnóstico", explicó Castañeda. La personera de Bogotá hizo especial énfasis en las quejas de la EPS Capital Salud. "Fíjese que en comparación con la ciudad de Bogotá quién rankea el primer puesto es Capital Salud con más de 3100 quejas entonces frente a Medimas, pues hay un desbordamiento en el tema de las quejas por la prestación de servicio, nosotros tenemos un grupo de atención para la salud que se llama el Grupo Paz, este grupo recibe las quejas y hace una atención personalizada y un seguimiento a la entidad". Aquí el listado de las EPS con más quejas según la Personería de Bogotá: Capital salud: 3193,Salud Total: 709, Medimas: 651,Cruz Blanca: 654,Nueva Eps: 497, Famisanar: 502,Unicajas: 233,otros: 2296. Las quejas de los bogotanos: Citas médicas 4502, medicamentos 1200, exámenes 1013, procedimientos 469, barreras administrativas 336,remisiones 260otros 955. Citas médicas el 51.5% medicamentos el 13.7% exámenes el 11.6% procedimientos el 5.4% barreras administrativas el 3.8%remisiones el 3%otros el 11%
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
