El departamento de Córdoba ya cuenta con un moderno edificio del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que beneficiará a más de 4.500 personas.Se trata de una edificación que supera los 3.200 metros cuadrados ubicada en Cerro Matoso, uno de los municipios beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, a nivel nacional.Para esta obra se invirtieron más de 8.800 millones de pesos, donde se brindará formación de calidad para los habitantes del sur del departamento de Córdoba y municipios vecinos.Las personas podrán cursar carreras técnicas y tecnológicas en producción agropecuaria, cárnicos, fruver, panadería, cocina y barismo con instalaciones y equipos de última tecnología.Además se entregó la construcción del bloque de Agroindustria, Administración y Urbanismo, Cerro Matoso también entregó la dotación de elementos de cocina, oficina, enfermería, gastronomía y producción de cárnicos y lácteos.Para la realización de esta nueva sede se generaron 82 puestos de trabajo, el 95% de las personas contratadas son de la región, así como proveedores locales vinculados a la ejecución de las obras civiles y metalmecánicas, interventoría y proveeduría de equipos, entre otros, aportando a la reactivación económica local y regional.Gracias a estas obras, realizadas con impuestos PDET, se han puesto en marcha 77 proyectos por valor de $613.253 millones para transformar los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
Cerro Matoso respondió con 'los guantes arriba' a la decisión de la Contraloría de abrirle un proceso por responsabilidad fiscal por, supuestamente, haber evadido regalías por 619.000 millones de pesos."El alcance de esta investigación carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha investigación atenta contra la seguridad jurídica, pilar para promover y proteger la inversión extranjera en Colombia", señaló Cerromatoso en un comunicado.La compañía asegura que la Contraloría incluyó las regalías por hierro en sus cálculos, a pesar de que no tenía la obligación de pagar, según los contratos.Vea aquí: Contraloría abrió millonario proceso fiscal a Cerro Matoso y funcionarios de la ANMCerro Matoso asegura que en sus 37 años de operación pagó cerca de 3 billones de pesos.
Luego del anuncio de que comunidades indígenas en el Caribe, que habitan cerca del proyecto minero Cerro Matoso, recibirán una histórica cifra de 148.000 millones de pesos para temas relacionados con medio ambiente e inversión social durante los próximos 25 años, el presidente de dicha compañía desmintió que dicha compensación tenga que ver con temas de salud.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias."Nosotros no sabemos hasta ahora ni tenemos conocimiento de ninguna demanda relacionada con tema de salud ni de ningún tipo de indemnización relacionada con salud", afirmó Ricardo Gaviria en BLU Radio.Lea también: Autoridades deben pagar por su omisión en caso Cerro Matoso, según abogadosLas compensaciones, según Gaviria, fue hacer consultas previas con las comunidades sobre temas relacionados con el medio ambiente, mitigaciones, controles de impacto, en compañía de miembros de las comunidades. "Lo que hicimos fue seguir las órdenes de la Corte que nos ordenó hacer consultas previas con 8 comunidades. Esto tiene que ver netamente con la consulta previa", recordó Gaviria, explicó Gaviria en BLU Radio. "La consultas previas es un tremendo negocio tanto para las comunidades como para las empresas", finalizó el presidente de Cerro Matoso.Escuche aquí la entrevista en Mañanas BLU con el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria:
La demanda mediante la que se busca una indemnización por más un billón de pesos a favor de las comunidades afectadas por Cerro Matoso, también irá contra las autoridades ambientales por omisión, no solo contra la empresa minera, confirmó a Blu Radio uno de los abogados que lidera el tema.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias."Aclaro que la demanda no va solo contra la compañía minera, va contra el Ministerio de Ambiente, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge ( CVS) y todas las autoridades ambientales, porque estamos absolutamente seguros que debido a su omisión también son responsables de los daños que están procesalmente probados", aseguró el abogado Javier de La Hoz, uno de los apoderados de las más de 4 mil 200 personas que conforman las comunidades afectadas en su salud por la operación de la mina de Cerromatoso, según un fallo emitido desde el año pasado.Le puede interesar: Candidato a la Gobernación del Valle cerró su campaña repartiendo plátanos La demanda se anunció a través de un comunicado de la firma Lawyers Enterprise, pero se hará efectiva la próxima semana.El fallo inicial obliga a la empresa Cerro Matoso a pagar 160 mil millones de pesos en medidas de compensación, pero ahora se inicia un nuevo paso en el proceso en que las comunidades buscan indemnización por los perjuicios causados.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Al considerar que el cobro de regalías pendientes por más de 170.000 millones de pesos no tiene sustento, Cerro Matoso anunció acciones legales nacionales e internacionales para detener este proceso.A través de un comunicado oficial, la compañía Cerro Matoso S.A. indicó que actualmente mantiene una discusión judicial con la Agencia Nacional de Minería – ANM – por la liquidación de dos contratos terminados en 2012. Sin embargo, según la firma, la ANM declaró unilateralmente la existencia de una deuda por cuenta de Cerro Matoso por la supuesta deducción errónea de costos en la liquidación de regalías entre 1998 y 2003, y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012.A juicio de la firma, la ANM “no tiene elementos para soportar un cobro coactivo, ya que hasta la fecha no existe obligación exigible a la compañía, hasta que un juez así lo declare. Además, resulta improcedente ya que los cobros que pretenden hacer son sobre unas concesiones terminadas sobre los que la Agencia perdió total competencia para hacer cualquier tipo de cobro unilateral, y finalmente es legalmente inválido por el principio de la irretroactividad de la ley”.Vea aquí: Los reparos de magistrados que no votaron contra Cerro MatosoEn vista de eso, Carro Matoso ya procedió a tomar y tomará todas las acciones legales dentro y fuera de Colombia, “en defensa de sus legítimos intereses y de la protección de una certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país”.Advierte la firma que “evaluará las repercusiones e impactos en el negocio para tomar las decisiones pertinentes teniendo en cuenta que, si dentro del proceso coactivo la Agencia llega a tomar medidas tendientes a paralizar la operación de Cerro Matoso, el Estado colombiano deberá enfrentar los perjuicios laborales, sociales y patrimoniales de todo orden que esta situación pueda llegar a generar.
La magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo y el magistrado Alberto Rojas Ríos dejaron por escrito que la decisión de anular la tutela de Cerro Matoso pasó por alto la facultad de la decisión que tienen las salas al interior del alto tribunal.Vea también:Indemnización de USD 400 millones a Cerro Matoso la pidieron los abogados: líder zenú Para los magistrados, la decisión por mayoría que tumbó la sentencia T-733 de 2017 no tuvo en cuenta precedentes jurídicos para la protección de grupos vulnerables."Priva de efecto material la protección concedida por la Sala Séptima a los pueblos afectados en su salud, costumbres, identidad y vida", señala el escrito.Frente a la indemnización que se ordenaba en la sentencia de 2017, los magistrados Pardo y Rojas consideraron que la nulidad de esa condena se descartó "por la existencia de otros medios de reparación administrativa".No obstante, en la sentencia anulada se ordenó la indemnización en abstracto porque, precisamente, "había carencia de mecanismos idóneos y efectivos para obtener dicho reconocimiento".De igual forma, los magistrados elevaron el rechazo en esta nulidad porque se deja un mal precedente jurídico frente a las decisiones independientes de las Salas de la Corte Constitucional, y mucho más cuando se protegen los derechos de los más vulnerables."La fuerza de las determinaciones judiciales y el respeto a la seguridad jurídica se ven afectadas cuando se anulan sentencias que no son arbitrarias ni contrarias a derecho", agregó el documento.
Israel Aguilar, gobernador indígena del pueblo Zenú, se mostró preocupado por la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que anuló parcialmente la tutela que ordenó una serie de acciones contra Cerro Matoso S. A., entre ellas, el pago de una indemnización a más de 3 mil afectados.Lea acá también: Corte tumba la tutela contra Cerro Matoso y anula millonaria indemnización a víctimasEn diálogo con BLU Radio, el líder indígena dijo que existen debilidades al momento de resolver situaciones complejas como esta: “Nosotros nunca fijamos un precio. Ese monto (400 millones de dólares) salió de la escena de alto nivel, de los abogados que nos representan”.Aguilar negó, de otro lado, que como indígenas hayan cedido la mitad de sus derechos a favor de los abogados, de quienes dijo, hasta el momento no les han cobrado nada para adelantar el proceso.Asimismo, el líder indígena añadió que, pese a la decisión, no se quedarán quietos y seguirán luchando porque hay daños irreversibles en estas comunidades.“No nos quedaremos quietos porque hay daños irreversibles en el ambiente y la salud y no está garantizada nuestra supervivencia”, añadió.Según la decisión, la nulidad no afecta la protección del derecho a la salud que se había amparado en la sentencia T-733 de 2017.La sentencia T-733 de 2017 obligaba a la empresa Cerromatoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel, la que fue anulada parcialmente este jueves.
Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional anularon parcialmente la tutela que ordenó una serie de acciones contra Cerro Matoso S. A., entre ellas, el pago de una indemnización a más de 3 mil afectados.Vea también: MinJusticia quitaría de la reforma las inhabilidades a magistrados de altas cortesSegún la decisión, la nulidad no afecta la protección del derecho a la salud que se había amparado en la sentencia T-733 de 2017.De acuerdo con la Corte Constitucional, la nulidad se relaciona con "la condena en abstracto a la indemnización del daño emergente, del lucro cesante y los daños morales".También tumbó la creación de un fondo especial de etnodesarrollo y la suspensión de las actividades extractivas en el caso de que haya incumplimiento de la sentencia.No obstante, el alto tribunal, con una votación de 5 a favor y 2 en contra, hizo la salvedad de que se mantendrán las órdenes que garantizan la consulta previa, el derecho a la salud y el disfrute de un medio ambiente sano de las comunidades étnicas que están en esos territorios.Asimismo, la Corte Constitucional mantuvo la obligación de Cerro Matoso de "obtener una nueva licencia ambiental adecuada a los estándares de protección".Con la nulidad de la tutela, Cerro Matoso no tendrá que pagar una suma de más de 300 millones de dólares. Por su parte, como una condena al exterminio recibió la comunidad del resguardo Zenú la decisión de la Corte Constitucional que pone reversa a gran parte de las acciones de reparación que una tutela le ordenó a la empresa minera Cerromatoso."Se condenaba a la empresa Cerromatoso, ahora la Corte condena a las comunidades bajo el dominio de la empresa para que sean exterminadas", dijo el líder indígena Israel Aguilar, en diálogo con Blu Radio.Los abogados de las 3.400 indígenas afectados con la decisión de la Corte analizan el fallo antes de emitir un comunicado oficial y explicar a sus clientes el paso a seguir ante la situación.La sentencia T-733 de 2017 obligaba a la empresa Cerromatoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel, la que fue anulada parcialmente este jueves.
Grupos de ambientalistas pidieron a la Procuraduría General que investigue el papel de las autoridades ambientales, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que estableció una condena a Cerro Matoso por su operación de minería abierta de ferroníquel en el departamento del Córdoba. Según la Corte, esto causó un daño ambiental irreversible, además de problemas en la salud de las poblaciones aledañas, por lo que tendrá que reparar a las víctimas y realizar consultas con las comunidades, así como también solicitar una nueva licencia ambiental para continuar con la extracción del mineral. El director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, dijo que no se entiende por qué la ANLA permitió el daño ambiental. “Nosotros esperamos que dentro de este proceso de investigación a Cerro Matoso participe activamente la Procuraduría, porque estamos interesados en saber cómo fue que la ANLA fue tan obsecuente con los intereses de esta empresa y tan permisiva, motivando el daño que está ocurriendo con las comunidades”, dijo. En la sentencia de la Corte se lee: “Las actividades de inspección y vigilancia sobre CMSA han corrido por cuenta de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS-, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Y continúa: “Un examen de los diversos actos administrativos proferidos por aquéllas, pone de presente que, si bien se ha ejercido un control ambiental permanente sobre el complejo minero de CMSA, también lo es que éste no ha escapado de diversos errores y omisiones graves”. Luego de estudios y análisis ordenados por la Corte, se determinó que las autoridades ambientales certificaron el cumplimiento de valores límite de emisión de níquel, a pesar de la inexistencia de estos en la normatividad vigente. Además, también asegura la Corte que se corroboró el incumplimiento de Cerro Matoso a las obligaciones establecidas por las Autoridades Ambientales. Blu Radio buscó al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ambas entidades señalaron que aún se encuentran evaluando la sentencia de la Corte, y todavía no se pronunciarán al respecto.
Sindicalistas de Cerro Matoso anunciaron que se irán a paro este martes a partir de las 3 p.m. debido a que no se logró un acuerdo con las directivas sobre el pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Néstor Fabio Montañez Oviedo, directivo de Sintracerromatoso, confirmó que la razón del paro es porque no se ha llegado a un acuerdo con la compañía en cuanto al incremento salarial que los miembros del sindicato están pidiendo. "Un aumento del IPC en los salarios y el incremento en unos auxilios adicionales que tenemos, además pedimos la regulación de la cotización a salud de alto riesgo por estar expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas como lo es el níquel metálico", dijo el dirigente sindical. Por su parte, los directivos de Cerro Matoso han señalado que los ingresos de la compañía en 2015 cayeron por cuenta de los precios internacionales del níquel que estuvo a la baja, por lo que le han pedido al sindicato mayores flexibilidades en el pliego de peticiones. Sin embargo, el vocero de Sintracerromatoso ha señalado que a partir de las 3 de la tarde de este martes se cerrarán las puertas de la planta y solo estarán trabajando los funcionarios necesarios para garantizar que los hornos de la planta no se apaguen.
Roger Waters abogó este martes por detener el "genocidio en Gaza" e hizo un clamor por la defensa de los derechos humanos en una emotiva noche en Bogotá, donde presentó un show cargado de política y de nostalgia en la que los clásicos de Pink Floyd llevaron al público a entregarse a la causa del británico.En el Coliseo MedPlus, las tribunas y la platea se llenaron para ver al artista de 80 años que visitó por tercera vez la capital colombiana en This is not a drill, su gira de despedida con un show marcado por las imágenes de guerra, la teatralidad y las luces.El espectáculo comenzó con una versión lenta de 'Comfortbly Numb' y con un representación teatral en la que aparecía un paciente psiquiátrico en el escenario acompañado por un fondo de una ciudad distópica, como el mundo en el que dice Waters que vivimos.Luego el artista apareció en tarima y encendió al público con 'The happiest days of our lifes' y 'Another Brick in the wall Part II', clásicos que acompañó con mensajes como "¿Somos malvados?" que llenaron las cuatro pantallas que conformaban la escenografía.También aparecieron en pantalla fotografías y clips de expresidentes estadounidenses como George Bush, Barack Obama o Donald Trump, a los que acusó de ser criminales de guerra."Buenas noches Bogotá", fueron las primeras palabras que dijo al público, que respondió con un “Olé, olé, olé, Roger, Roger”.El espectáculo siguió avanzando y uno de los momentos más emotivos fue cuando empezaron a sonar los acordes de 'Wish you were here', mientras en las pantallas se leía la historia de cómo Waters y Syd Barrett crearon Pink Floyd."Cuando pierdes a alguien que amas sirve para recordarte que esto no es un simulacro. ¿Verdad que si?", fue el mensaje con el que cerró una de las más icónicas canciones de la agrupación británica y recordó a su amigo.La primera parte del show cerró con 'Sheep', uno de los más reconocidos temas del álbum Animals en el que una oveja gigante sobrevoló el coliseo, mientras en las pantallas el artista invitaba a los asistentes a resistir al capitalismo, al fascismo, a la guerra y al genocidio.Derroche de energía tras una pausaTras un descanso de unos 15 minutos, por los aires del coliseo flotó un cerdo gigante y sonaron los acordes de 'In the flesh', tras lo cual interpretó 'Run like hell' y el público enloqueció porque justamente las canciones del álbum 'The wall' eran algunas de las que más esperaba.También interpretó otras canciones que emocionaron a los asistentes como 'Us and them' o 'Brian Damage', mientras en las pantallas salían mensajes abogando por los derechos de los palestinos, los refugiados, los indígenas y los trans, así como por los derechos reproductivos."Ojalá podamos persuadir a nuestros líderes de que las armas nucleares son una pérdida de tiempo y de dinero", expresó Waters antes de interpretar 'Two suns in the sunset'.En el cierre, el británico elogió al presidente Gustavo Petro, y recordó que había pedido en las redes sociales votar por él en las elecciones de 2022.Igualmente pidió que se detenga el "genocidio en Gaza", algo a lo que hizo referencia con imágenes durante las más de dos horas que duró su espectáculo.Luego sonó 'Outside the wall' y emocionado se despidió del público que lo recibió con los brazos abiertos para decirle adiós con la esperanza de que no sea un hasta siempre. También le puede interesar:
La vía Bogotá – Girardot, a la altura del municipio de La Mesa, se encuentra bloqueada desde la mañana de este miércoles debido a protestas de habitantes de la localidad en contra de la instalación de parquímetros.Los manifestantes, que representan a diferentes gremios y sectores del municipio, denuncian que el proyecto fue impuesto por la alcaldía sin consulta previa y que el contrato con la empresa encargada de la operación es millonario y opaco.Según los manifestantes, los parquímetros generarán un aumento en el costo de vida de los habitantes de La Mesa, además de que afectarán el flujo vehicular en el municipio."Estamos el día de hoy apoyando esta marcha pacífica en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, como representantes de diferentes gremios y sectores del municipio, ya que no estamos de acuerdo con el proyecto que la Alcaldía nos quiere implementar sobre las zonas de estacionamiento regulado", dijo una de las personas que protestan.En una reunión que se llevó a cabo anoche entre los manifestantes y la alcaldía, no se llegó a un acuerdo y se anunció que los bloqueos continuarán hasta que se resuelva el conflicto.Captura de presuntos delincuentes en el TolimaEn otro hecho, la Policía del Tolima capturó a dos hombres y una mujer que presuntamente se dedicaban a robar camiones en la vía Bogotá – Girardot.Los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo particular, fueron sorprendidos por las autoridades en el municipio de Saldaña. Al momento de la captura, portaban un arma traumática, un inhibidor de señal de alta potencia, uniformes militares, guantes y cuerdas.Según las autoridades, los delincuentes pretendían suplantar a la autoridad para robar la carga de los camiones.
En el barrio Bellavista, ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá, se desataron intensos enfrentamientos entre residentes indignados y la Policía Nacional frente al CAI local. La molestia de la comunidad fue desencadenada por la liberación de un hombre de 61 años, acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años. La situación se volvió caótica, exigiendo justicia para la víctima y la captura del presunto agresor.La denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien aseguró que el hombre ingresó por la fuerza a su hogar y abusó de su hija. A pesar de que lograron retener al sospechoso, este fue liberado, según informó Ojo de la Noche en Mañanas Blu, aparentemente, por falta de pruebas. Sin embargo, la madre sostiene haber encontrado fotografías comprometedoras de otras niñas del mismo sector en el teléfono del hombre."La dueña de la casa se dio cuenta ese día que el señor entró a mi hija a la fuerza y duró casi media hora con la niña adentro. Cuando la señora hizo bulla, el señor tenía a mi hija con los pantalones abajo. La señora hizo mucho escándalo (...) Mi niña duró casi cinco días hospitalizada y colocamos el denuncio. Entre todos sacamos (la comunidad) al señor y se lo entregamos a la Policía. Pero cuando lo sacamos, el señor dejó caer dos teléfonos, yo los cogí y vi muchas pruebas, no solamente con mi hija. Hay muchas niñas más del sector que este señor las grababa, les mandaba video, cosas horribles", dijo la madre de la víctima al Ojo de la Noche.Tras la liberación del presunto agresor, la comunidad expresó su descontento con disturbios que comenzaron alrededor de las 8:00 de la mañana y se extendieron hasta las 11:00 de la noche del martes, 5 de diciembre. La presencia policial se intensificó, y fue necesaria la intervención de los grupos de fuerzas especiales para controlar a los manifestantes, quienes prendieron hogueras en todas las esquinas del CAI.Escuche el reporte completo del Ojo de la Noche:
El derrame de nafta ocurrido el 13 de noviembre en Landázuri y que dejó sin agua potable a más de 22.000 habitantes de Cimitarra, así como el derrame de hidrocarburos presentado 17 días después en Puente Sogamoso, corregimiento de Puerto Wilches, encendieron las alarmas de los defensores ambientales en Santander. Óscar Sampayo, miembro de la Corporación Regional Yariguíes, expresó su preocupación: "Hacemos un llamado a Ecopetrol, a Cenit o a todo el Grupo Ecopetrol para que realicen mantenimientos oportunos e inmediatos y eviten situaciones de contaminación. Además, instamos a la autoridad ambiental y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a ejercer un control estricto sobre la infraestructura de extracción, transporte y refinación de hidrocarburos".Según el defensor de derechos humanos en temas ambientales del Magdalena Medio en 2022 le pasaron un derecho de petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para que les entregara la base de datos de incidentes y derrames petroleros en Colombia. Desde 2015 y hasta febrero de 2022 en el país se habían presentado 2.133 incidentes operacionales, el 41% de ellos en Santander.Aunque Cenit, filial de Ecopetrol, informó que, al corregimiento de Puente Sogamoso, en Puerto Wilches, Santander, llegó un equipo para limpiar y monitorear el daño ambiental causado por un poliducto que, al romperse, lanzó combustibles contaminantes al río Sogamoso, Óscar Sampayo expresó que la gente dice lo contrario.“Desde el 29 de noviembre varios pobladores y pescadores de este sector han evidenciado cómo un poliducto que pasa por la zona se encuentra generando afectaciones al aire y a la tierra, y esta contaminación está preocupando a los residentes que se encuentran cerca de esta contaminación. Desde la Corporación Regional Yariguíes hemos evidenciado que estas fallas operacionales que tiene la infraestructura de extracción, de transporte y de refinación de petróleo en el Magdalena Medio son reiterativas, son sistemáticas y están generando daños ambientales incalculables”, acotó.Este llamado a la acción resalta la urgencia de medidas preventivas y la necesidad de una supervisión más rigurosa por parte de las autoridades ambientales para evitar futuras afectaciones y contaminaciones en el departamento de Santander.
Un juez envió a la cárcel a Jhon Leo Rocha Bernal, el exmilitar que causó terror a sus vecinos de un conjunto residencial en Facatativá durante varios años, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno.El procesado, de acuerdo con la Fiscalía, sería responsable de crear pánico y zozobra mediante sus actos agresivos y amenazantes en el conjunto dónde vivía. Hay varios videos en los que el hombre no solo agrede verbalmente a vecinos y porteros del conjunto, sino que, además, los golpea y amenaza incluso con machetes y armas de fuego.De acuerdo con los informes judiciales entregados por el director de fiscalías de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, hay en curso 50 denuncias contra Jhon Leo Rocha por distintos hechos registrados entre 2017 y 2023 contra las comidas.“Uno de los hechos que se le endilga es el ataque a dos médicos porque se presentaron demoras en la atención de una cita con un profesional de la salud. De acuerdo con la denuncia, una de las víctimas es una mujer que tenía cinco meses de embarazo y fue agredida en su vientre”, indicó Silva.Otros casos, destaca la Fiscalía, habrían ocurrido en 2019 donde resultó afectado un menor de apenas 13 años de edad; además, las autoridades investigan múltiples agresiones verbales contra habitantes y guardas de seguridad del conjunto.“Estas personas habrían sido intimidadas por Rocha Bernal con armas de fuego y cortopunzantes. De acuerdo con los elementos materiales de prueba, evidencia física y la información legalmente obtenida, el investigado habría lesionado el bien jurídico de la integridad personal de varios ciudadanos y sus bienes”, agregó el director de fiscalías de Cundinamarca.
