A través de un comunicado emitido por el Grupo Familia, la empresa reconoció públicamente su participación en el ‘cartel del papel higiénico’. (Lea también: Superindustria pide a compañías que delaten la cartelización empresarial) “Grupo Familia y su Junta Directiva expresan a sus empleados, consumidores, clientes, proveedores y a la comunidad en general su arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio (...) Lamentamos profundamente estas acciones de algunos empleados y somos conscientes de la desilusión que esta situación causa entre quienes nos han entregado su confianza y lealtad”, dice el comunicado. Como primera medida fue suspendido temporalmente el gerente general de la empresa, Darío Rey Mora. Además de Grupo Familia, la Superintendencia de Industria investiga por el caso a las compañías Papeles Nacionales y Cartones, Kimberly Colpapel y Papeles de Risaralda. Este es el comunicado emitido por Grupo Familia: Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Superintendencia de Servicios exigió a Electricaribe mejorar, de manera inmediata, la atención a los usuarios. -Fue revocado un fallo que le ordenaba al Congreso el pago de indemnizaciones por leyes inexequibles. -Rindió indagatoria en Bucaramanga la exrectora del colegio de Charalá acusada de haber permitido la esclavitud sexual de sus alumnos por parte de grupos paramilitares entre 2000 y 2003. -A 72 meses de prisión fue condenado el patrullero que entregó información reservada al hacker Andrés Fernando Sepúlveda. -El defensor del pueblo, denunció un excesivo aumento en las acciones de tutela, especialmente las que buscan lograr atención en salud. -La Organización de las Naciones Unidas empezó su proceso de selección para elegir al Secretario General y reemplazar a Ban Ki Moon. -Se juega en varios grupos la penúltima jornada de la Copa Libertadores, con presencia de futbolistas colombianos. -Este miércoles comenzó el reversible en la calle 84 entre carrera séptima y Avenida Circunvalar con el fin de mejorar la movilidad de la vía a La Calera. -La banda británica Coldplay se presentará esta noche en Bogotá. Todo está listo en el estadio El Campín para que los fanáticos de la agrupación puedan disfrutar de una noche inolvidable.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.
Un rechazo a la propuesta de Fenalco de solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las prendas de vestir importadas de Asia expresó la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones de Santander (ACCA-TEX), al advertir que esta medida podría profundizar las dificultades que enfrenta la industria nacional y poner en riesgo los empleos del sector.Franky Guevara, director del gremio en Santander, cuestionó que se promuevan beneficios para los productos extranjeros mientras los empresarios colombianos deben asumir altos costos tributarios, laborales y operativos para mantener sus negocios y producir en el país.“Es que es sencillo de entender. La industria colombiana paga demasiados impuestos, tiene una carga tributaria enorme, la más alta de Latinoamérica”, señaló Guevara, quien considera que eliminar los aranceles aumentaría la desventaja de los fabricantes nacionales frente a los productos asiáticos.El representante del sector explicó que países como China cuentan con condiciones de producción más favorables, entre ellas menores costos de mano de obra y subsidios estatales para aspectos como los arriendos, los servicios energéticos y las exportaciones.Según Guevara, estas ventajas hacen difícil que los confeccionistas colombianos puedan competir en igualdad de condiciones. “La ropa de Asia tiene una mano de obra un 90 % más barata que la colombiana. ¿Cómo competir con ellos?”, cuestionó.El dirigente también puso en duda a quién representa Fenalco con este tipo de solicitudes y consideró que la eliminación de los aranceles terminaría favoreciendo a las empresas importadoras y a las multinacionales, en detrimento de quienes producen en Colombia.“Quisiéramos saber y preguntarle a Fenalco a quién representa, porque a la industria nacional no”, manifestó.En el comunicado, ACCA-TEX aclaró que no está en contra de las importaciones ni de la competencia comercial, pero insistió en que deben existir condiciones equitativas para los productores nacionales. Además, advirtió que eliminar los aranceles a las prendas terminadas importadas podría afectar la capacidad productiva del país y el empleo que genera esta industria.Finalmente, la asociación hizo un llamado a proteger a las empresas que fabrican en Colombia y recordó que la política comercial debe buscar un equilibrio entre el comercio y la producción nacional.“Colombia no puede convertirse en un país que solamente sabe comprar lo que otros saben producir”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.
Un video grabado en El Rodadero, uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta, provocó indignación entre ciudadanos y defensores de animales. Las imágenes muestran el momento en que el cuerpo de un burro que había muerto tras ser atropellado es levantado por varios operarios y depositado en la parte trasera de un camión recolector de basura.El accidente ocurrió sobre la carrera 4. De acuerdo con los reportes conocidos, el animal transitaba por la vía cuando fue impactado inicialmente por un taxi y, posteriormente, por una motocicleta. La gravedad de las lesiones provocó su muerte en el lugar.Horas después llegaron trabajadores de la empresa de aseo Atesa para retirar el cuerpo. Fue ese procedimiento el que quedó registrado en video y terminó trasladando la discusión del accidente hacia la forma como fue manejado el cadáver del animal.La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos que deben aplicarse en Santa Marta para el levantamiento, transporte y disposición final de animales que mueren en espacios públicos.El caso también reabre la discusión sobre la presencia de animales de gran tamaño sin control en las vías de la ciudad, especialmente en sectores con alta circulación vehicular, por el riesgo que representa tanto para los animales como para conductores y motociclistas.Hasta la mañana de este lunes no se conocía un pronunciamiento oficial de Atesa o de la Alcaldía de Santa Marta que explicara el procedimiento utilizado en este caso o precisara cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones.Mientras se esperan esas respuestas, las imágenes continúan generando rechazo y pedidos para que las autoridades revisen lo ocurrido y establezcan medidas que eviten que una situación similar se repita.
Cuatro hombres fueron asesinados en dos ataques armados registrados en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos violentos aumentan la preocupación por la situación de orden público en esta población del sur del departamento, donde las autoridades no descartan la participación de estructuras armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.El caso más reciente ocurrió en inmediaciones del sector conocido como Zona Rosa, en el casco urbano del municipio, donde funcionan varios establecimientos nocturnos. En este ataque armado murieron tres hombres, identificados como los hermanos Jaúger y Yilder Pabuena, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.Las tres víctimas no serían residentes de Santa Rosa del Sur. Sus muertes generaron consternación entre familiares y conocidos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.Horas antes de este caso, se registró otro homicidio en zona rural. La víctima fue identificada como Iván Bambuena, quien murió por impactos de arma de fuego en el sector de Mina Paraíso. El hombre sería residente de Santa Rosa del Sur. Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.La Defensoría del Pueblo advirtió que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. "Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección", dice el documento de la Defensoría. A estos hechos se suma la desaparición de Carlos Mejía Ramírez, un joven oriundo de San Gil, Santander, de quien no se tiene información desde hace varios días. Según los reportes conocidos, fue visto por última vez en inmediaciones de la vereda El Jardín, cerca del municipio de San Pablo, Bolívar.Las autoridades locales reportaron el caso y se espera que avancen las labores para establecer su paradero. La situación de violencia en Santa Rosa del Sur genera mayor preocupación porque coincide con el ataque con drones contra la base militar del municipio, que dejó tres uniformados muertos y varios militares heridos.La comunidad pide acciones urgentes para recuperar la seguridad y evitar que continúen los hechos violentos que están enlutando a las familias del sur de Bolívar.El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado en una zona estratégica de la región del Magdalena Medio, donde existe disputa territorial y presencia de estructuras armadas ilegales. La coincidencia de homicidios, desapariciones y ataques contra la Fuerza Pública incrementa la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en esta región.
