La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó su defensa contra los magistrados que tienen en sus manos este trámite.El argumento central es que la misma corte compulsó copias para que se investigará a Diego Palacio por falsa denuncia, cuando éste los denunció ante la comisión de investigaciones y por ende estaban impedidos.El magistrado Luis Hernández, ponente de la decisión, considera que no se cumplen con las condiciones exigidas por la ley penal y los argumentos de Palacio Betancur no se encuentran contemplados como causales de recusación, por este motivo la sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier deberán fallar la revisión de su condena.
La Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia en contra del exministro de Protección social Diego Palacios, condenado a seis años por el escándalo de la ‘Yidispolìtica’.Aunque el exfuncionario ya pagó su condena, pidió la revisión del alto tribunal amparándose en el fallo de la Corte Constitucional que concedió la segunda instancia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.El alto tribunal determinó que como la condena de Palacios se emitió en 2015 (y la sentencia de la Corte permitía la revisión de condenas de aforados emitidas después de 2014) y que la petición para revisarla se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de emitida la sentencia de la Corte constitucional, procederá a revisarla. Así lo determinó el magistrado Fabio Ospitia a quien llegó la solicitud.Ahora el caso deberá ser repartido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estudiado por un ponente y otros dos magistrados que no tengan impedimentos o hayan participado en la ejecución de la primera condena.El exministro fue uno de los altos funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
Durante el anuncio de medida de pico y placa 24 horas para Medellín y el Valle de Aburrá, el alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, expresó abiertamente su inconformidad con la restricción y fue enfático en que no respaldaba al Área Metropolitana en esta decisión.Agudelo criticó la medida y dijo que se debían intervenir también las industrias, pues no está de acuerdo en que las restricciones sean solo para las fuentes móviles.Le puede interesar: En Medellín, desde el miércoles 11 de marzo el pico y placa es 24 horas“No podemos seguir en esta situación y la solución no es el pico y placa. Ya quedó demostrado que no es”, dijo el alcalde, quien también le hizo un llamado a los empresarios para que “sacrifiquen parte de sus utilidades y su productividad por la salud de todos".También hizo un llamado a las autoridades ambientales a nivel nacional para que proporcionen soluciones a la contingencia ambiental.“Nos estamos muriendo en el Valle de Aburrá y hay un silencio desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¡Ayúdennos que nos estamos muriendo!”, clamó el alcalde, pidiendo ayuda para solucionar los problemas ambientales que se viven en el Valle de Aburrá por mala calidad del aire.En respuesta, el director del Área Metropolitana le recordó a Agudelo que las medidas se tomaron a través de un voto entre los diez alcaldes del Área Metropolitana. Además, hizo énfasis en que el 82% de los contaminantes provienen de fuentes móviles.
El juez 29 de ejecución de penas expidió la boleta de libertad del exministro de Protección Social Diego Palacio, quien había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por el escándalo de la 'yidispolitica'.El exministro fue hallado responsable por el delito de cohecho tras comprobarse la entrega de sobornos a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirar a la reelección. Por estos hechos Yidis Medina fue condenada en el 2008. Vea aquí: Juez deja en libertad al exgobernador de Santander Hugo AguilarEl argumento del juez para concederle la libertad condicional es que Palacio ya cumplió las tres quintas partes de la condena, tras haberse entregado a las autoridades en el 2015. Cabe mencionar, además, que Palacio había pedido pista en la Justicia Especial para la Paz argumentando que los hechos por los que fue condenado tienen relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, está solicitud le fue negada.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió confirmar la decisión del pasado 12 de mayo mediante la cual se le negó la libertad condicional al exministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta decisión se da tras una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 25 de octubre le ordenó al tribunal emitir una nueva sentencia para determinar si el exministro podía acceder a los beneficios de esta jurisdicción. Vale recordar que el 23 de marzo Palacio Betancourt solicitó ingresar a la JEP y recibir los beneficios argumentando que su condena estaba relacionada al conflicto. Sin embargo, el Juzgado 29 de Ejecución de Penas decidio negar dicha petición, la cual fue impugnada por la defensa del ex funcionario argumentando que el juez carecía de fundamentos. Lea también: Ordenan la libertad de coronel Hernán Mejía tras acogerse a la JEP Dicha impugnación fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de agosto de este mismo año, en la cual se le negaba la posibilidad al ex ministro de salir en libertad. Pero allí no termino su pelea, ya que Palacio presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó emitir una nueva sentencia para determinar si el ex funcionario del gobierno Uribe podía quedar en libertad, pero finalmente esta pelea fue resuelta este 3 de noviembre, cuando el Tribunal decidió negar rotundamente esta posibilidad. Diego Palacio Betancourt fue condenado a 6 años y ocho meses de prisión por haber participado en el escándalo de la “yidispolítica”.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia falló una tutela a favor del exminsitro Diego Palacio, condenado por el caso de la 'Yidispolítica', y ordenó al Tribunal Superior de Bogotá revisar la solicitud de libertad del exfuncionario, quien solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La sala, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramirez, argumentó que las actuaciones de la política de seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe se desarrollaron en el marco del conflicto armado y pueden ser revisadas por la Justicia Especial para la Paz.La Corte afirma que Palacio actuó buscando “favorecer los intereses políticos de su gobierno, influyendo indebidamente en la votación de una iniciativa legislativa que facilitaría la continuidad de ese plan de seguridad democrática”. Palacio fue condenado en el 2015 a seis años y seis meses, y, el 23 de marzo de 2017, solicitó pista en la JEP con el fin de que su condena sea revisada. El juzgado 29 de ejecución de penas la había negado al considerar que los hechos por los cuales fue condenado no tenían relación con el conflicto ademado. Tras la negativa del juzgado 29, Palacio elevó una acción de tutela que también le fue negada por El Tribunal Superior de Bogotá. Le puede interesar: Uribe pide aprobar doble instancia retroactiva para revisar caso Diego Palacio Para la Corte, el Tribunal deberá dejar sin efectos esa decisión y revisarla nuevamente con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se verifique si sí se satisfacen o no los requisitos para hacerse acreedor a los beneficios allí consagrados en el proceso de paz.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El exministro Diego Palacio, condenado por el escándalo de la Yidispolítica, confirmó que pedirá que se revise la decisión de un juez que le negó la entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz. BLU Radio estableció que el recurso de apelación será interpuesto por su abogado y, en caso de que no sea aceptada su inclusión a la JEP, seguiría en su condena. Sin embargo, Palacio dijo que, según sus cálculos, podría solicitar la libertad condicional en 2018, cuando cumpliría las tres quintas partes de la condena. Por otro lado, al ser cuestionado por la fotografía que circula en redes sociales en la que se le ve en libertad, Palacio explicó que se trata de un permiso de 72 horas que tienen los detenidos cuando ya están próximos a cumplir la condena.
Los jueces de ejecución de penas tomaron las primeras decisiones frente a las múltiples solicitudes que han recibido para que muchos procesados en el país se puedan beneficiar de la Justicia Especial para la Paz. La primera negativa se hizo por parte del juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, quién le negó al exministro de protección social, Diego Palacio Betancourt, la libertad condicional en la Justicia Especial para la Paz. “Negar la libertad transitoria condicionada y anticipada”, dice el auto. Esta petición era una de las más polémicas, pues se argumentaba que el proceso no tenía nada que ver con el conflicto. Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe. La negativa a Sepúlveda El juez tercero de ejecución de penas de Ibagué negó la amnistía al hacker Andrés Sepúlveda, quien también había pedido pista en la JEP argumentando que su caso tenía un "nexo causal" con el conflicto interno. La decisión del juez señala que no se cumplen con los requisitos para otorgar este beneficio. En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumentaba que su condena por las interceptaciones al proceso de paz puede ser tenida en cuenta por la ley 1820 de 2016, dado que los hechos que rodearon las presuntas ‘chuzadas’ ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto. "De allí que el indulto o perdón de la pena impuesta al señor Andrés Fernando Sepúlveda, resulte perfectamente procedente. Máxime cuando no se trata de las conductas expresamente excluidas de la amnistía e indulto por el artículo 23 de dicha normatividad, al no tratarse de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”, señala el documento. Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, además se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que presuntamente se realizaron desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -En el Congreso Nacional de Minería el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno ultima detalles del proyecto de ley que reglamentará la consulta previa, el cual será presentado en las próximas semanas al Congreso. -Según el Mecanismo de Monitoreo de Verificación 76 guerrilleros han sido trasladados de cárceles a las zonas veredales desde el mes de marzo. -Las Autoridades en el Meta ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la policía en San Martín. -Desde el senado aseguran que es imperativo que Colombia le reclame a Panamá la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. -Agentes cibernéticos del Reino Unido siguen trabajando para combatir el ataque informático que aseguran no estaba dirigido contra el sistema público de salud británico, sino que es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones. -En Cundinamarca y Tolima, hay alerta roja por la preocupante creciente del río Magdalena, que ya sobrepasa los 6 metros. Las poblaciones con mayor riesgo son Puerto Salgar, Honda y Ambalema. -Hoy será radicado ante el concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de valorización, con el que se pretende mejorar la infraestructura de Bogotá. No se incluirán las obras de ampliación de la carrera séptima para Trasmilenio.
El exministro de Protección Social Diego Palacio, se refirió a su decisión de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la polémica generada en los últimos días por cuenta de unas declaraciones del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, que terminaron causando reacciones hasta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Palacio aseguró que asistirá a la jurisdicción especial a decir la verdad “real desde la cual no tengo ningún delito que reconocer, ya otra cosa es la verdad procesal que tengo que es la que ha hecho que yo ya lleve 23 meses pagando una condena”. Se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez revelando que le consultó todo el proceso antes de llegar a la conclusión de llegar al tribunal especial, decisión que el senador “no comparte, pero respeta porque entiende los argumentos que tengo para acogerme a esta jurisdicción”. Agregó que en ningún momento considera haber traicionado al expresidente Uribe, “pues es un tema que se ha conversado mucho por él”. Sobre la Jurisdicción Especial de Paz aseguró que pretende que haya un tratamiento igualitario y la única de saber si realmente los acuerdos y el paso que el país está dando sirve para “aclimatar” el proceso de paz para los colombianos “es estando dentro del tribunal especial”. Advirtió que, si no se obtiene un tratamiento equilibrado, se va a demostrar que “esto que nos vendieron se convirtió en un instrumento para acabar con las personas que no comparten esa ideología”. Explicó que una vez se presente a la Jurisdicción Especial de Paz pedirá su libertad condicional pues en la misma “está prevista que se pueda solicitar una libertad transitoria”. El exministro aseguró que, a pesar de la advertencia del presidente Uribe, está volviendo a confiar en la justicia y espera ser juzgado en el marco de lo jurídico y no de lo político.
El asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, explicó que el exministro Diego Palacio, condenado por la "Yidispolítica", podrá someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. "La seguridad democrática tuvo que ver con el proceso de paz, es así de sencillo. La reelección tuvo que ver con el proceso de paz y hay pruebas, documentos y declaraciones de la época", explicó Leyva en diálogo con Blu Radio. La Jurisdicción Especial para la Paz estudiará los casos ocurridos en el marco del conflicto armado y según Leyva la condena de Palacio, por ofrecer comisiones a congresistas para que avalaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe, también aplica. "El ministro de Defensa del presidente Uribe dijo que era necesario, para seguir combatiendo exitosamente a las Farc, la reelección. Todo está allí clarito y naturalmente los que trabajamos y armamos esto lo hicimos con la intención de que personas como el doctor Palacio pudieran vincularse", explicó. Su posición contradice a la del representante a la Cámara y coordinador ponente de la JEP, Hernán Penagos, quien dijo que este caso no podrá ser revisado por la jurisdicción especial por tratarse de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. "Quién es él frente a la jurisdicción, esto no está en manos de opinadores sino de los jueces", dijo.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.