La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó su defensa contra los magistrados que tienen en sus manos este trámite.El argumento central es que la misma corte compulsó copias para que se investigará a Diego Palacio por falsa denuncia, cuando éste los denunció ante la comisión de investigaciones y por ende estaban impedidos.El magistrado Luis Hernández, ponente de la decisión, considera que no se cumplen con las condiciones exigidas por la ley penal y los argumentos de Palacio Betancur no se encuentran contemplados como causales de recusación, por este motivo la sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier deberán fallar la revisión de su condena.
La Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia en contra del exministro de Protección social Diego Palacios, condenado a seis años por el escándalo de la ‘Yidispolìtica’.Aunque el exfuncionario ya pagó su condena, pidió la revisión del alto tribunal amparándose en el fallo de la Corte Constitucional que concedió la segunda instancia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.El alto tribunal determinó que como la condena de Palacios se emitió en 2015 (y la sentencia de la Corte permitía la revisión de condenas de aforados emitidas después de 2014) y que la petición para revisarla se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de emitida la sentencia de la Corte constitucional, procederá a revisarla. Así lo determinó el magistrado Fabio Ospitia a quien llegó la solicitud.Ahora el caso deberá ser repartido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estudiado por un ponente y otros dos magistrados que no tengan impedimentos o hayan participado en la ejecución de la primera condena.El exministro fue uno de los altos funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
Durante el anuncio de medida de pico y placa 24 horas para Medellín y el Valle de Aburrá, el alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, expresó abiertamente su inconformidad con la restricción y fue enfático en que no respaldaba al Área Metropolitana en esta decisión.Agudelo criticó la medida y dijo que se debían intervenir también las industrias, pues no está de acuerdo en que las restricciones sean solo para las fuentes móviles.Le puede interesar: En Medellín, desde el miércoles 11 de marzo el pico y placa es 24 horas“No podemos seguir en esta situación y la solución no es el pico y placa. Ya quedó demostrado que no es”, dijo el alcalde, quien también le hizo un llamado a los empresarios para que “sacrifiquen parte de sus utilidades y su productividad por la salud de todos".También hizo un llamado a las autoridades ambientales a nivel nacional para que proporcionen soluciones a la contingencia ambiental.“Nos estamos muriendo en el Valle de Aburrá y hay un silencio desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¡Ayúdennos que nos estamos muriendo!”, clamó el alcalde, pidiendo ayuda para solucionar los problemas ambientales que se viven en el Valle de Aburrá por mala calidad del aire.En respuesta, el director del Área Metropolitana le recordó a Agudelo que las medidas se tomaron a través de un voto entre los diez alcaldes del Área Metropolitana. Además, hizo énfasis en que el 82% de los contaminantes provienen de fuentes móviles.
El juez 29 de ejecución de penas expidió la boleta de libertad del exministro de Protección Social Diego Palacio, quien había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por el escándalo de la 'yidispolitica'.El exministro fue hallado responsable por el delito de cohecho tras comprobarse la entrega de sobornos a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirar a la reelección. Por estos hechos Yidis Medina fue condenada en el 2008. Vea aquí: Juez deja en libertad al exgobernador de Santander Hugo AguilarEl argumento del juez para concederle la libertad condicional es que Palacio ya cumplió las tres quintas partes de la condena, tras haberse entregado a las autoridades en el 2015. Cabe mencionar, además, que Palacio había pedido pista en la Justicia Especial para la Paz argumentando que los hechos por los que fue condenado tienen relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, está solicitud le fue negada.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió confirmar la decisión del pasado 12 de mayo mediante la cual se le negó la libertad condicional al exministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta decisión se da tras una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 25 de octubre le ordenó al tribunal emitir una nueva sentencia para determinar si el exministro podía acceder a los beneficios de esta jurisdicción. Vale recordar que el 23 de marzo Palacio Betancourt solicitó ingresar a la JEP y recibir los beneficios argumentando que su condena estaba relacionada al conflicto. Sin embargo, el Juzgado 29 de Ejecución de Penas decidio negar dicha petición, la cual fue impugnada por la defensa del ex funcionario argumentando que el juez carecía de fundamentos. Lea también: Ordenan la libertad de coronel Hernán Mejía tras acogerse a la JEP Dicha impugnación fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de agosto de este mismo año, en la cual se le negaba la posibilidad al ex ministro de salir en libertad. Pero allí no termino su pelea, ya que Palacio presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó emitir una nueva sentencia para determinar si el ex funcionario del gobierno Uribe podía quedar en libertad, pero finalmente esta pelea fue resuelta este 3 de noviembre, cuando el Tribunal decidió negar rotundamente esta posibilidad. Diego Palacio Betancourt fue condenado a 6 años y ocho meses de prisión por haber participado en el escándalo de la “yidispolítica”.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia falló una tutela a favor del exminsitro Diego Palacio, condenado por el caso de la 'Yidispolítica', y ordenó al Tribunal Superior de Bogotá revisar la solicitud de libertad del exfuncionario, quien solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La sala, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramirez, argumentó que las actuaciones de la política de seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe se desarrollaron en el marco del conflicto armado y pueden ser revisadas por la Justicia Especial para la Paz.La Corte afirma que Palacio actuó buscando “favorecer los intereses políticos de su gobierno, influyendo indebidamente en la votación de una iniciativa legislativa que facilitaría la continuidad de ese plan de seguridad democrática”. Palacio fue condenado en el 2015 a seis años y seis meses, y, el 23 de marzo de 2017, solicitó pista en la JEP con el fin de que su condena sea revisada. El juzgado 29 de ejecución de penas la había negado al considerar que los hechos por los cuales fue condenado no tenían relación con el conflicto ademado. Tras la negativa del juzgado 29, Palacio elevó una acción de tutela que también le fue negada por El Tribunal Superior de Bogotá. Le puede interesar: Uribe pide aprobar doble instancia retroactiva para revisar caso Diego Palacio Para la Corte, el Tribunal deberá dejar sin efectos esa decisión y revisarla nuevamente con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se verifique si sí se satisfacen o no los requisitos para hacerse acreedor a los beneficios allí consagrados en el proceso de paz.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El exministro Diego Palacio, condenado por el escándalo de la Yidispolítica, confirmó que pedirá que se revise la decisión de un juez que le negó la entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz. BLU Radio estableció que el recurso de apelación será interpuesto por su abogado y, en caso de que no sea aceptada su inclusión a la JEP, seguiría en su condena. Sin embargo, Palacio dijo que, según sus cálculos, podría solicitar la libertad condicional en 2018, cuando cumpliría las tres quintas partes de la condena. Por otro lado, al ser cuestionado por la fotografía que circula en redes sociales en la que se le ve en libertad, Palacio explicó que se trata de un permiso de 72 horas que tienen los detenidos cuando ya están próximos a cumplir la condena.
Los jueces de ejecución de penas tomaron las primeras decisiones frente a las múltiples solicitudes que han recibido para que muchos procesados en el país se puedan beneficiar de la Justicia Especial para la Paz. La primera negativa se hizo por parte del juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, quién le negó al exministro de protección social, Diego Palacio Betancourt, la libertad condicional en la Justicia Especial para la Paz. “Negar la libertad transitoria condicionada y anticipada”, dice el auto. Esta petición era una de las más polémicas, pues se argumentaba que el proceso no tenía nada que ver con el conflicto. Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe. La negativa a Sepúlveda El juez tercero de ejecución de penas de Ibagué negó la amnistía al hacker Andrés Sepúlveda, quien también había pedido pista en la JEP argumentando que su caso tenía un "nexo causal" con el conflicto interno. La decisión del juez señala que no se cumplen con los requisitos para otorgar este beneficio. En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumentaba que su condena por las interceptaciones al proceso de paz puede ser tenida en cuenta por la ley 1820 de 2016, dado que los hechos que rodearon las presuntas ‘chuzadas’ ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto. "De allí que el indulto o perdón de la pena impuesta al señor Andrés Fernando Sepúlveda, resulte perfectamente procedente. Máxime cuando no se trata de las conductas expresamente excluidas de la amnistía e indulto por el artículo 23 de dicha normatividad, al no tratarse de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”, señala el documento. Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, además se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que presuntamente se realizaron desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -En el Congreso Nacional de Minería el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno ultima detalles del proyecto de ley que reglamentará la consulta previa, el cual será presentado en las próximas semanas al Congreso. -Según el Mecanismo de Monitoreo de Verificación 76 guerrilleros han sido trasladados de cárceles a las zonas veredales desde el mes de marzo. -Las Autoridades en el Meta ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la policía en San Martín. -Desde el senado aseguran que es imperativo que Colombia le reclame a Panamá la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. -Agentes cibernéticos del Reino Unido siguen trabajando para combatir el ataque informático que aseguran no estaba dirigido contra el sistema público de salud británico, sino que es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones. -En Cundinamarca y Tolima, hay alerta roja por la preocupante creciente del río Magdalena, que ya sobrepasa los 6 metros. Las poblaciones con mayor riesgo son Puerto Salgar, Honda y Ambalema. -Hoy será radicado ante el concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de valorización, con el que se pretende mejorar la infraestructura de Bogotá. No se incluirán las obras de ampliación de la carrera séptima para Trasmilenio.
El exministro de Protección Social Diego Palacio, se refirió a su decisión de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la polémica generada en los últimos días por cuenta de unas declaraciones del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, que terminaron causando reacciones hasta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Palacio aseguró que asistirá a la jurisdicción especial a decir la verdad “real desde la cual no tengo ningún delito que reconocer, ya otra cosa es la verdad procesal que tengo que es la que ha hecho que yo ya lleve 23 meses pagando una condena”. Se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez revelando que le consultó todo el proceso antes de llegar a la conclusión de llegar al tribunal especial, decisión que el senador “no comparte, pero respeta porque entiende los argumentos que tengo para acogerme a esta jurisdicción”. Agregó que en ningún momento considera haber traicionado al expresidente Uribe, “pues es un tema que se ha conversado mucho por él”. Sobre la Jurisdicción Especial de Paz aseguró que pretende que haya un tratamiento igualitario y la única de saber si realmente los acuerdos y el paso que el país está dando sirve para “aclimatar” el proceso de paz para los colombianos “es estando dentro del tribunal especial”. Advirtió que, si no se obtiene un tratamiento equilibrado, se va a demostrar que “esto que nos vendieron se convirtió en un instrumento para acabar con las personas que no comparten esa ideología”. Explicó que una vez se presente a la Jurisdicción Especial de Paz pedirá su libertad condicional pues en la misma “está prevista que se pueda solicitar una libertad transitoria”. El exministro aseguró que, a pesar de la advertencia del presidente Uribe, está volviendo a confiar en la justicia y espera ser juzgado en el marco de lo jurídico y no de lo político.
El asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, explicó que el exministro Diego Palacio, condenado por la "Yidispolítica", podrá someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. "La seguridad democrática tuvo que ver con el proceso de paz, es así de sencillo. La reelección tuvo que ver con el proceso de paz y hay pruebas, documentos y declaraciones de la época", explicó Leyva en diálogo con Blu Radio. La Jurisdicción Especial para la Paz estudiará los casos ocurridos en el marco del conflicto armado y según Leyva la condena de Palacio, por ofrecer comisiones a congresistas para que avalaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe, también aplica. "El ministro de Defensa del presidente Uribe dijo que era necesario, para seguir combatiendo exitosamente a las Farc, la reelección. Todo está allí clarito y naturalmente los que trabajamos y armamos esto lo hicimos con la intención de que personas como el doctor Palacio pudieran vincularse", explicó. Su posición contradice a la del representante a la Cámara y coordinador ponente de la JEP, Hernán Penagos, quien dijo que este caso no podrá ser revisado por la jurisdicción especial por tratarse de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. "Quién es él frente a la jurisdicción, esto no está en manos de opinadores sino de los jueces", dijo.
Colombia se prepara para su segunda temporada de lluvias del año, pero esta vez bajo un escenario particular: por la influencia del fenómeno de El Niño se espera que entre octubre y diciembre llueva menos de lo habitual, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.Pero que llueva menos no quiere decir que desaparezca el riesgo de emergencias; así lo advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo David Alejandro Tamayo, quien señaló que pueden presentarse lluvias intensas de corta duración, que, “en zonas afectadas por incendios forestales, con pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en su capacidad de filtración del suelo, favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”.Y es que ante esto, la UNGRD expidió una circular con 38 acciones de preparación. Entre las medidas están revisar cuáles son actualmente las zonas más expuestas, mantener vigilancia sobre ríos, quebradas y cuencas con antecedentes de emergencias e identificar puntos críticos antes de que se presenten las lluvias más fuertes.Además, pidió a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales y coordinadores departamentales y municipales de la entidad para que fortalezcan de sus planes de prevención, preparación y respuesta.El llamado se produce después de varios meses con pocas lluvias. Según el reporte del IDEAM, durante julio y agosto hubo un déficit marcado de precipitaciones en varios sectores del país, situación que continuó durante las primeras semanas de septiembre. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas máximas históricas en zonas de Antioquia, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.
A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó “El día 19 de junio, como a la una y media de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
Santander registra 1.265 intentos de suicidio en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 1,4 % frente a los 1.248 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, según datos del SIVIGILA divulgados por la Secretaría de Salud de Santander.El reporte se conoce durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, y pone nuevamente la atención sobre la importancia de identificar señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.Los municipios que concentran el mayor número de notificaciones son Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el departamento, la tasa de incidencia alcanza 52,5 casos por cada 100.000 habitantes.Entre los principales factores desencadenantes identificados aparecen los problemas familiares, relacionados con 570 casos, equivalentes al 45,1 %, mientras que los problemas de pareja están asociados a 341 casos, correspondientes al 27 %.En cuanto a los mecanismos reportados, la intoxicación representa el 54,9 % de los casos y las lesiones con elementos cortopunzantes, el 29,7 %. La Secretaría de Salud precisó que en algunos episodios se notificó el uso de más de un mecanismo.El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a familiares y comunidades a prestar atención a las señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis.La recomendación de las autoridades es buscar ayuda profesional de manera oportuna, especialmente ante síntomas de depresión, pensamientos de hacerse daño o cambios importantes en el comportamiento. También reiteran que escuchar sin juzgar y acercar a la persona a las rutas de atención en salud mental puede contribuir a prevenir nuevos casos.
Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.En desarrollo...
La defensa del congresista Wadith Manzur desmintió que esté negociando un acuerdo o preacuerdo con la justicia por el escándalo de la UNGRD. Su abogado, Luis Carlos Torregrosa, aseguró que el proceso continuará en la etapa de juicio.El jurista afirmó que Manzur acudirá ante la Sala Especial de Primera Instancia, escenario en el que la defensa buscará controvertir las pruebas y acreditar su presunción de inocencia, en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.La defensa fue enfática en señalar que el congresista “no ha suscrito, ni se encuentra tramitando, ningún tipo de preacuerdo o negociación”. Según el abogado, la estrategia procesal definida es afrontar el juicio y presentar allí las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.El abogado recordó que Manzur tiene derecho a la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, y pidió respeto por su dignidad y la de su núcleo familiar. Aseguró que confían en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su representado.Finalmente, también hizo un llamado a evitar juicios anticipados o afirmaciones que, según dijo, no correspondan a la realidad procesal. Insistió en que cualquier señalamiento debe estar sustentado en hechos verificables y no en especulaciones.
