Con el paso de la horas se siguen revelando detalles sobre la posible ejecución extrajudicial de la que fue víctima Esneider Flórez Manco, un joven de 26 años de edad, en un batallón adscrito a la Cuarta Brigada en el municipio de Frontino.Una fuente cercana a la familia de Flórez y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que Esneider sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y antes de enterarse de su muerte, el pasado 29 de octubre, no tenían información sobre su paradero desde hace cerca de un mes.Era común que la víctima recorriera diferentes zonas de la localidad, sin que sus allegados esperaran el fatal desenlace en el que están implicados al menos nueve militares sobre los que un fiscal de Medellín ordenó su captura en las últimas horas."El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.Según el relato de esta persona, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y fue allí donde se habrían producido los excesivos maltratos por parte de los soldados al encontrarse el civil en una zona prohibida.Tras la muerte, el cuerpo del joven fue arrojado por sus verdugos al río El Cerro y fue hallado 20 días después en el mismo afluente, en alto grado de descomposición a escasas dos cuadras de la Unidad Deportiva de esta localidad del Occidente antioqueño."El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó", añadió esta persona.Tras la captura de los nueve militares implicados en el caso, hasta ahora el Centro de Servicios de la Rama Judicial en Medellín no tiene registros de solicitudes de audiencias para definir la situación jurídica de estas nueve personas que también deberán surtir el debido proceso con la justicia penal militar para establecer cuál será el futuro de su vinculación con el Ejército Nacional.
En el Museo Casa de la Memoria en Medellín se desarrolla la primera jornada en la que la Jurisdicción de Paz escucha los aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 25 exmilitares que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el oriente de antioqueño.Los primeros en ser interrogados por el despacho fueron Darwin Alejandro Echavarría, Francisco Javier venegas, Erlindo Antonio Bravo y Cesar Andrés Daza, quienes a inicios de los años dos mil operaron en esta zona del departamento y han sido condenados a más de 31 años por la justicia ordinaria como responsables asesianto de Luz Stelly Morales.Se trata de una mujer de 16 años asesinada en septiembre de 2003 en la vereda El Morro del municipio de Granada. Miembros del Ejército, entre ellos el entonces cabo tercero Daza llegaron hasta su vivienda asegurando que tenían información de que pertenecía a un grupo subversivo y al quedar en su poder altos mandos tomaron la decisión de asesinarla para presentarla como baja en combate.Para ello, relató Daza durante la audiencia, inventaron un combate falso en una zona a la que Luz Stelly fue llevada con la excusa de reconocer a otra presunta integrante del grupo ilegal."Empezamos a planear cómo íbamos a organizar un combate falso. Yo sabía las prácticas que se manejaban y sabía que en algún momento yo lo iba a hacer, lo iba a vivir o lo iba a ver, pero no me imaginé que el momento era ese y que la persona que iba a sufrir esto era Luz Stelly", sentenció.Para simular el combate Daza también reveló que fueron puestos varios elementos en la zona del crimen."Se le puso un revólver, se le puso un bolsito con un cordón detonante, una mecha lenta, unos estopines y como una pavita militar, un sombrero militar, se disfrazó", relató.El espacio también fue el momento para que los responsables de estos hechos expresaran su arrepentimiento, por hechos que que aseguran nunca debieron ocurrir, y disposición de seguir aportando con la verdad. Darwin Echavarría, uno de los comparecientes que para la fecha de los hechos era soldado profesional."Esto me marcó el resto de la vida, me marcó el resto de la existencia. Yo soy padre, cabeza de familia, tengo dos hijas. Yo en mis hijas todos los días en la mañana veo Stelly. Todos los días las veo en ellas. Siento mucho dolor, siento mucho arrepentimiento. No hay nada en este mundo que yo pueda hacer para rezar sin lo que yo hice".Por su parte, el excabo Daza admitió que pasaron por alto el deber de proteger la vida de quienes juraron defender, pues se trataba de una civil."Si era o no era integrante de un grupo armado, si fue o fueron personas no combatientes, fueron ejecutadas de la forma más vil y baja que podíamos hacer nosotros como integrantes del Ejército, que debimos proteger a esta niña. Yo debí brindarle protección, no apagarle su vida", admitió.Se espera que en los próximos días se sigan conociendo testimonios de otros exintegrantes del Ejército sobre este y otros hechos en el marco del conflicto armado en el Oriente de Antioquia en medio de un acto similar al ocurrido la semana anterior en el municipio de Dabeiba donde la JEP otorgó beneficios a 15 comparecientes por su compromiso con la verdad en el mismo caso de ‘falsos positivos’, pero hallados en el cementerio Las Mercedes.Audiencias en las que serán escuchados otros comparecientes en la capital antioqueña continuarán este 3 y 4 de abril quienes hablarán sobre la responsabilidad por cin hechos ocurridos en San Luis y Granada, Antioquia, entre junio de 2002 y septiembre de 2003.
En una audiencia, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, 19 miembros retirados del Batallón de Infantería No. 04 detallaron la verdad sobre hechos cometidos en zonas rurales del municipio de Granada, en Antioquia.Estos comparecientes se refirieron particularmente sobre cinco hechos de violencia cometidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005, en las veredas Galilea, San Francisco, La Arenosa y Los Medios, de Granada, por los cuales están registradas al menos 7 víctimas. Los comparecientes hablaron sobre el modo en que operaban, los falsos positivos y los beneficios recibidos por bajas. Según el exmilitar Gerardo Martínez Calderón, en aquella época, al parecer, los falsos positivos eran conocidos como una forma de operar dentro del batallón."En ese momento no se conocía como el falso positivo, no, sino que uno en la perspectiva en la que uno estaba, uno decía, ah bueno aquí trabajan es así, y ahí fue cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no todas estuvieron bien hechas, como esos casos donde presentaban gente con ejecuciones extrajudiciales como combates y como positivos", indicó Calderón.Además, mencionó que entre por cada baja que un soldado efectuara se les daba al menos 5 días de permiso: "El único beneficio era el permiso. Después de siete, ocho meses, dependiendo los resultados que usted tuviera, en el que transcurrió ese tiempo, le daban a uno una cierta cantidad de días más, aparte del permiso ordenado. Si no eran bajas, no daban días, o sea, tenían que ser bajas. Capturas, munición o cosas así, nada", explicó el exmilitar.Vale la pena aclarar que estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, transitan la Ruta no Sancionatoria de la JEP, a través de la cual deben hacer aportes de verdad, hacer compromisos para la restauración de las víctimas y, en dado caso, reconocer su responsabilidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva y poder reintegrarse a la sociedad.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que asumió la competencia para las conclusiones del caso conjunto 03 y 04 relacionados con ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Occidente de Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007’.Tal determinación llevó a este tribunal a iniciar la fase de juicio contra ocho exmilitares que pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla 79, la Brigada Móvil 11 y al Batallón de Contraguerrilla 26, que reconocieron ante la justicia, las víctimas y el país su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.Se trata de los mayores Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; los coroneles Edie Pinzón Turcios y Efraín Enrique Prada Correa; el soldado profesional Levis de Jesús Contreras Salgado; los sargentos viceprimeros Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; así como el sargento segundo William Andrés Capera Vargas. Todo ellos en retiro.JEP niega tutela a coronel (r) Figueroa en la que pedía ser escuchado por falsos positivosTodos estos exmiembros de la fuerza pública están implicados en patrones que ya la Jurisdicción ha identificado como homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado, homicidio de personas ajenas a Dabeiba traídas bajo engaño desde otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales, además de desaparición forzada, a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de campos santos municipales.Se espera que tras la evaluación de estas conductas por parte de los magistrados, al final se emita una sentencia que imponga sanciones propias con contenido restaurador y reparador para las víctimas, pero también un componente de restricción de derechos y libertades para los comparecientes que será verificado por organismos internacionales.
La Nación deberá indemnizar a la familia de Carlos Alfredo Castro Aguirre, un trabajador de oficios varios al que asesinaron en la vereda Cuesta de la Plata, zona rural del municipio de Pueblo Bello (Cesar), donde lo hicieron pasar como un guerrillero muerto en combates con el Ejército, pero tiempo después se demostró que fue una víctima más de las ejecuciones extrajudiciales.El crimen se produjo el 30 de junio de 2004, luego de que a Carlos Alfredo lo convencieron de que saliera del municipio de Fundación (Magdalena), donde residía con su familia, y se fuera a trabajar en una finca cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta como recolector de café, pero todo se trató de un engaño para asesinarlo como ‘falso positivo’.Ahora, 19 años después, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró como responsables de esta muerte a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, y los condenó a pagar más de 400 millones de pesos a su familia como una reparación directa por los perjuicios morales y materiales causados.El fallo del Tribunal también les ordena a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército “adoptar como medida de naturaleza no pecuniaria y de satisfacción para los demandantes, por la muerte de su ser querido Carlos Alfredo Castro Aguirre, la celebración de una ceremonia pública”.Le puede interesar:
El pasado viernes, Gloria Astrid Martínez llegó al cementerio de Bosa Piamonte, sur de Bogotá, para visitar, como lo hace desde hace 14 años, a su hijo Daniel Alexander Martínez, una víctima de los falsos positivos.En la bóveda donde reposaban los restos de su hijo aparecía el nombre de otra persona, pues, sin una notificación previa, a Daniel Alexander lo habían sacado del lugar, pero, además, cuando fue a preguntar en la administración del cementerio, le dijeron que no sabían dónde estaba ahora su hijo."Sentí como un desconsuelo, mejor dicho, yo no tengo ni palabras para describir y yo decía: ‘¿cómo así?’ Sentía que estaba equivocada y volvía y pasaba y volvía y miraba, pero sí definitivamente Daniel ya no estaba ahí", señaló Gloria a Blu Radio.La razón por la que habrían sacado de la bóveda a Daniel Alexander tendría que ver con una deuda que su familia tiene actualmente con el cementerio; sin embargo, los representantes de la familia aseguran que las autoridades judiciales han enviado oficios al cementerio en diferentes oportunidades dejando claro que estos restos, al hacer parte de una investigación, no pueden ser exhumados o manipulados sin una orden judicial."Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, se apoye a estas familias y se les informe del destino final de los restos de su familiar, el argumento del cementerio es que los restos fueron exhumados por una deuda que tenían los familiares, esta situación se ha denunciado ante diferentes instancias", agregó la abogada Pilar Castillo.Puede ver:
Solo soy un profesor, así es nombrado el monumento conmemorativo al docente de la universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, el cual fue develado en el Parque Universal de Barranquilla este lunes por el Centro Nacional de Memoria Histórica.El monumento fue revelado como un símbolo de reparación y de búsqueda de no repetición, toda vez que el docente fue, hace 21 años, víctima de secuestro, tortura y asesinato a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC en alianza con miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla.La ejecución extrajudicial del profesor, fue el caso 12.808 que se tramitó ante la comisión interamericana de derechos humanos y se dio en el año 2021, época en la que las universidades del Caribe quedaron bajo sangre y fuego por el conflicto armado.El asesinado del profesor Jorge Freytter fue declarado como un delito de lesa humanidad, pues según la Fiscalía, esta muerte atroz "fue una más de un plan sistemático en contra de aquellos que alzaban su voz para rechazar la apropiación del alma máter".Escuche más noticias:
La pasada semana la transmisión de mando de la Policía y Ejército generó todo tipo de comentarios sobre lo que sería la relación del presidente de la República, Gustavo Petro, con las cúpulas; pues la ceremonia inicial fue fallida, ante la inasistencia del jefe de Estado.Al respecto, Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y una de las voces más respetadas dentro de las Fuerzas Militares, habló en Sala de Prensa sobre lo que sería la agenda y las políticas del mandatario con la fuerza pública."Veo una alineación completa entre lo que fue la propuesta de campaña de Gustavo Petro con lo que está realizando hoy en día. Está cumpliendo con lo que mencionó en su programa y sus propuestas, empezando por el propósito de la ubicación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otro ministerio, los cambios en aproximación de la seguridad humana, los ajustes y las propuestas en los ascensos militares", destacó el excomandante."Lo que veo es una alineación a su propuesto de gobierno. Partiendo de ahí, el gran reto que tenía la administración de Petro era cómo entablaba una relación con el mando militar ante la incertidumbre de la llegada de un gobierno con las características de Petro. La ceremonia que no se pudo realizar generó mucha fricción", agregó.El también miembro del cuerpo de generales y almirantes en retiro indicó que para que esta relación se construya de manera fluida debe haber confianza entre el Ejecutivo y las FF.MM."Es importante la confianza, sobre todo con las instituciones encargadas de la seguridad y Defensa, y el hecho de la ceremonia fallida no es lo mejor ni lo que se podría esperar. Desafortunadamente con las versiones diferentes que se entregaron que dejaron más dudas, pero también hay que entender que hay un gobierno que está empezando y debemos entender su talante, su estilo y en qué va a derivar", resaltó el general retirado.León recalcó que si bien la relación gobierno- FF.MM. no arrancó de la mejor forma, uno de los puntos más importantes para construir bases es el conocimiento de la fuerza pública por parte del Gobierno."Un punto importante es conocer las instituciones militares y de Policía. No todo gobierno que llega conoce las FF.MM. y la Policía Nacional. Era importante conocer las instituciones, era importante llegar a escuchar a los comandantes, entender un poco la cultura, la forma de comunicarnos; un poco ese tema de tradición, de ceremonial, de protocolos que es importante", refirió."En el tema de promociones hay protocolos, unos procedimientos, unas evaluaciones, una carrera que se hace durante varios años. Ahí sí creo que hay un desconocimiento que hay que darle un poco tiempo, pero tiene que ser rápido para conocer estos temas sensibles que tenemos", puntualizó.Le puede interesar:Finalmente, el exalto oficial habló de la paz total del gobierno y entregó su opinión sobre un de los pilares de la agenda de Petro."Nosotros los militares y la fuerza pública somos los primeros que queremos la paz, porque de alguna manera somos los que sufrimos la guerra y las heridas del conflicto. Bienvenida la paz integral, pero el gobierno debe cual es el alcance y la profundidad de esa paz total. En cuanto a los resultados, son diferentes fenómenos una cosa es con los actores de raíz política y con los que ya hay un ritmo de diálogos", expresó León.Y "en el caso de los grupos delincuenciales armados, hay un tema más transversal porque tienen relación con el narcotráfico y con los carteles y organizaciones de otros países, que su interés no es la paz, la ven como una amenaza y eso es más complejo", finalizó.
Este martes en Valledupar continúa la audiencia de reconocimiento de 12 militares que aceptan su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos que se presentaron entre los años 2002 y 2005 y son responsabilidad de algunos miembros del Ejército adscritos al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.En la diligencia también participan las víctimas quienes le exigen a los militares contar toda la verdad y esclarecer los casos de sus familiares. Asimismo piden que se entreguen los nombres de quienes dieron la orden para que se presentaran estos delitos.Durante la audiencia una de las víctimas contó el testimonio sobre su hermana, quien fue asesinada y presentada como una baja en combate. Ella se llamaba Nohra y tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos pero además se encontraba en estado de embarazo cuando se presentó el homicidio.“Por qué nos causaron tanto daño, mi mamá está bajo tierra, mi padrastro inválido y enfermo no habla, somos desplazados. Si a ustedes los mandaron a cuidarnos por qué no nos cuidaron, por qué mataron a una menor de edad, yo no los voy a perdonar”, aseguró María Faustina Martínez.Asimismo, explicó que la encontraron en Valledupar después de que hombres desconocidos llegaron a su casa a contarle a ella y a su madre que la menor había sido asesinada, algo que no creyeron en un comienzo.“Dígannos por dónde la mataron, mi hermana no tenía ningún tiro en el cuerpo, a mi hermana la mataron por sus partes y el tiro se le regó por dentro, mi hermana no era para que hubiera muerto de esa manera”, relató.Por último reiteró que no perdona a los militares que cometieron el delito, pero sí quiere hablar con ellos para que le cuenten toda la verdad de lo sucedido; pues es un crimen que aún no se ha esclarecido y que afectó a la comunidad indígena Wiwa.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Este lunes se llevó a cabo una audiencia en Valledupar en la cual 12 militares, que hicieron parte del Batallón La Popa entre los años 2002 y 2005, aceptaron su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos ocurridos durante ese periodo.Muchas de las víctimas eran indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo. Es por esto que, tanto las comunidades como las autoridades de dichos pueblos, están presentes en la diligencia.Pedro Loperena hizo una intervención como represente del Pueblo Wiwa y le recordó a los militares que por haber hecho parte del Ejército y estar involucrados en estos hechos tienen una responsabilidad que es aportar verdad y les pidió que la entregaran “como héroes y hombres de acero”.Pero asimismo, Loperena también explicó que tienen un registro de al menos 50 víctimas de falsos positivos y que hoy se está haciendo un reconocimiento de 3 por lo que es importante avanzar en la verdad e investigaciones de los otros casos.“El gobierno ante la comunidad internacional dice que respeta los Derechos Humanos y no es así. Esperamos que nos digan la verdad. La justicia penal militar no avanzó en el esclarecimiento de estos hechos contra el pueblo Wiwa”, indicó.Posteriormente, Jaime Luis Arias, gobernador Kankuamo, también intervino y dejó claro que su pueblo ha sido víctima históricamente, incluso ha estado en riesgo de exterminio tanto físico como cultural.Ya refiriéndose a los falsos positivos, explicó que fueron víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, lo que llevó no solo a que se registraran solo ejecuciones extrajudiciales, pues también se han registrado 400 miembros del pueblo asesinados, y 60 casos de desaparición.“El principal responsable es el Estado y las Farc. Este momento no es solo para reconocer responsabilidad individual, sino colectivo como Estado colombiano, actuaron en contra de su pueblo. Estamos dispuestos a sanar, hagamos un pacto por la vida”, aseguró.Justo antes de empezar la diligencia, las autoridades indígenas realizaron una actividad espiritual en el lugar. De la misma forma, durante la audiencia presentaron fotos de sus familiares víctimas de falsos positivos.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.