Con el paso de la horas se siguen revelando detalles sobre la posible ejecución extrajudicial de la que fue víctima Esneider Flórez Manco, un joven de 26 años de edad, en un batallón adscrito a la Cuarta Brigada en el municipio de Frontino.Una fuente cercana a la familia de Flórez y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que Esneider sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y antes de enterarse de su muerte, el pasado 29 de octubre, no tenían información sobre su paradero desde hace cerca de un mes.Era común que la víctima recorriera diferentes zonas de la localidad, sin que sus allegados esperaran el fatal desenlace en el que están implicados al menos nueve militares sobre los que un fiscal de Medellín ordenó su captura en las últimas horas."El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.Según el relato de esta persona, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y fue allí donde se habrían producido los excesivos maltratos por parte de los soldados al encontrarse el civil en una zona prohibida.Tras la muerte, el cuerpo del joven fue arrojado por sus verdugos al río El Cerro y fue hallado 20 días después en el mismo afluente, en alto grado de descomposición a escasas dos cuadras de la Unidad Deportiva de esta localidad del Occidente antioqueño."El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó", añadió esta persona.Tras la captura de los nueve militares implicados en el caso, hasta ahora el Centro de Servicios de la Rama Judicial en Medellín no tiene registros de solicitudes de audiencias para definir la situación jurídica de estas nueve personas que también deberán surtir el debido proceso con la justicia penal militar para establecer cuál será el futuro de su vinculación con el Ejército Nacional.
En el Museo Casa de la Memoria en Medellín se desarrolla la primera jornada en la que la Jurisdicción de Paz escucha los aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 25 exmilitares que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el oriente de antioqueño.Los primeros en ser interrogados por el despacho fueron Darwin Alejandro Echavarría, Francisco Javier venegas, Erlindo Antonio Bravo y Cesar Andrés Daza, quienes a inicios de los años dos mil operaron en esta zona del departamento y han sido condenados a más de 31 años por la justicia ordinaria como responsables asesianto de Luz Stelly Morales.Se trata de una mujer de 16 años asesinada en septiembre de 2003 en la vereda El Morro del municipio de Granada. Miembros del Ejército, entre ellos el entonces cabo tercero Daza llegaron hasta su vivienda asegurando que tenían información de que pertenecía a un grupo subversivo y al quedar en su poder altos mandos tomaron la decisión de asesinarla para presentarla como baja en combate.Para ello, relató Daza durante la audiencia, inventaron un combate falso en una zona a la que Luz Stelly fue llevada con la excusa de reconocer a otra presunta integrante del grupo ilegal."Empezamos a planear cómo íbamos a organizar un combate falso. Yo sabía las prácticas que se manejaban y sabía que en algún momento yo lo iba a hacer, lo iba a vivir o lo iba a ver, pero no me imaginé que el momento era ese y que la persona que iba a sufrir esto era Luz Stelly", sentenció.Para simular el combate Daza también reveló que fueron puestos varios elementos en la zona del crimen."Se le puso un revólver, se le puso un bolsito con un cordón detonante, una mecha lenta, unos estopines y como una pavita militar, un sombrero militar, se disfrazó", relató.El espacio también fue el momento para que los responsables de estos hechos expresaran su arrepentimiento, por hechos que que aseguran nunca debieron ocurrir, y disposición de seguir aportando con la verdad. Darwin Echavarría, uno de los comparecientes que para la fecha de los hechos era soldado profesional."Esto me marcó el resto de la vida, me marcó el resto de la existencia. Yo soy padre, cabeza de familia, tengo dos hijas. Yo en mis hijas todos los días en la mañana veo Stelly. Todos los días las veo en ellas. Siento mucho dolor, siento mucho arrepentimiento. No hay nada en este mundo que yo pueda hacer para rezar sin lo que yo hice".Por su parte, el excabo Daza admitió que pasaron por alto el deber de proteger la vida de quienes juraron defender, pues se trataba de una civil."Si era o no era integrante de un grupo armado, si fue o fueron personas no combatientes, fueron ejecutadas de la forma más vil y baja que podíamos hacer nosotros como integrantes del Ejército, que debimos proteger a esta niña. Yo debí brindarle protección, no apagarle su vida", admitió.Se espera que en los próximos días se sigan conociendo testimonios de otros exintegrantes del Ejército sobre este y otros hechos en el marco del conflicto armado en el Oriente de Antioquia en medio de un acto similar al ocurrido la semana anterior en el municipio de Dabeiba donde la JEP otorgó beneficios a 15 comparecientes por su compromiso con la verdad en el mismo caso de ‘falsos positivos’, pero hallados en el cementerio Las Mercedes.Audiencias en las que serán escuchados otros comparecientes en la capital antioqueña continuarán este 3 y 4 de abril quienes hablarán sobre la responsabilidad por cin hechos ocurridos en San Luis y Granada, Antioquia, entre junio de 2002 y septiembre de 2003.
En una audiencia, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, 19 miembros retirados del Batallón de Infantería No. 04 detallaron la verdad sobre hechos cometidos en zonas rurales del municipio de Granada, en Antioquia.Estos comparecientes se refirieron particularmente sobre cinco hechos de violencia cometidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005, en las veredas Galilea, San Francisco, La Arenosa y Los Medios, de Granada, por los cuales están registradas al menos 7 víctimas. Los comparecientes hablaron sobre el modo en que operaban, los falsos positivos y los beneficios recibidos por bajas. Según el exmilitar Gerardo Martínez Calderón, en aquella época, al parecer, los falsos positivos eran conocidos como una forma de operar dentro del batallón."En ese momento no se conocía como el falso positivo, no, sino que uno en la perspectiva en la que uno estaba, uno decía, ah bueno aquí trabajan es así, y ahí fue cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no todas estuvieron bien hechas, como esos casos donde presentaban gente con ejecuciones extrajudiciales como combates y como positivos", indicó Calderón.Además, mencionó que entre por cada baja que un soldado efectuara se les daba al menos 5 días de permiso: "El único beneficio era el permiso. Después de siete, ocho meses, dependiendo los resultados que usted tuviera, en el que transcurrió ese tiempo, le daban a uno una cierta cantidad de días más, aparte del permiso ordenado. Si no eran bajas, no daban días, o sea, tenían que ser bajas. Capturas, munición o cosas así, nada", explicó el exmilitar.Vale la pena aclarar que estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, transitan la Ruta no Sancionatoria de la JEP, a través de la cual deben hacer aportes de verdad, hacer compromisos para la restauración de las víctimas y, en dado caso, reconocer su responsabilidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva y poder reintegrarse a la sociedad.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que asumió la competencia para las conclusiones del caso conjunto 03 y 04 relacionados con ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Occidente de Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007’.Tal determinación llevó a este tribunal a iniciar la fase de juicio contra ocho exmilitares que pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla 79, la Brigada Móvil 11 y al Batallón de Contraguerrilla 26, que reconocieron ante la justicia, las víctimas y el país su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.Se trata de los mayores Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; los coroneles Edie Pinzón Turcios y Efraín Enrique Prada Correa; el soldado profesional Levis de Jesús Contreras Salgado; los sargentos viceprimeros Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; así como el sargento segundo William Andrés Capera Vargas. Todo ellos en retiro.JEP niega tutela a coronel (r) Figueroa en la que pedía ser escuchado por falsos positivosTodos estos exmiembros de la fuerza pública están implicados en patrones que ya la Jurisdicción ha identificado como homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado, homicidio de personas ajenas a Dabeiba traídas bajo engaño desde otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales, además de desaparición forzada, a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de campos santos municipales.Se espera que tras la evaluación de estas conductas por parte de los magistrados, al final se emita una sentencia que imponga sanciones propias con contenido restaurador y reparador para las víctimas, pero también un componente de restricción de derechos y libertades para los comparecientes que será verificado por organismos internacionales.
La Nación deberá indemnizar a la familia de Carlos Alfredo Castro Aguirre, un trabajador de oficios varios al que asesinaron en la vereda Cuesta de la Plata, zona rural del municipio de Pueblo Bello (Cesar), donde lo hicieron pasar como un guerrillero muerto en combates con el Ejército, pero tiempo después se demostró que fue una víctima más de las ejecuciones extrajudiciales.El crimen se produjo el 30 de junio de 2004, luego de que a Carlos Alfredo lo convencieron de que saliera del municipio de Fundación (Magdalena), donde residía con su familia, y se fuera a trabajar en una finca cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta como recolector de café, pero todo se trató de un engaño para asesinarlo como ‘falso positivo’.Ahora, 19 años después, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró como responsables de esta muerte a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, y los condenó a pagar más de 400 millones de pesos a su familia como una reparación directa por los perjuicios morales y materiales causados.El fallo del Tribunal también les ordena a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército “adoptar como medida de naturaleza no pecuniaria y de satisfacción para los demandantes, por la muerte de su ser querido Carlos Alfredo Castro Aguirre, la celebración de una ceremonia pública”.Le puede interesar:
El pasado viernes, Gloria Astrid Martínez llegó al cementerio de Bosa Piamonte, sur de Bogotá, para visitar, como lo hace desde hace 14 años, a su hijo Daniel Alexander Martínez, una víctima de los falsos positivos.En la bóveda donde reposaban los restos de su hijo aparecía el nombre de otra persona, pues, sin una notificación previa, a Daniel Alexander lo habían sacado del lugar, pero, además, cuando fue a preguntar en la administración del cementerio, le dijeron que no sabían dónde estaba ahora su hijo."Sentí como un desconsuelo, mejor dicho, yo no tengo ni palabras para describir y yo decía: ‘¿cómo así?’ Sentía que estaba equivocada y volvía y pasaba y volvía y miraba, pero sí definitivamente Daniel ya no estaba ahí", señaló Gloria a Blu Radio.La razón por la que habrían sacado de la bóveda a Daniel Alexander tendría que ver con una deuda que su familia tiene actualmente con el cementerio; sin embargo, los representantes de la familia aseguran que las autoridades judiciales han enviado oficios al cementerio en diferentes oportunidades dejando claro que estos restos, al hacer parte de una investigación, no pueden ser exhumados o manipulados sin una orden judicial."Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, se apoye a estas familias y se les informe del destino final de los restos de su familiar, el argumento del cementerio es que los restos fueron exhumados por una deuda que tenían los familiares, esta situación se ha denunciado ante diferentes instancias", agregó la abogada Pilar Castillo.Puede ver:
Solo soy un profesor, así es nombrado el monumento conmemorativo al docente de la universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, el cual fue develado en el Parque Universal de Barranquilla este lunes por el Centro Nacional de Memoria Histórica.El monumento fue revelado como un símbolo de reparación y de búsqueda de no repetición, toda vez que el docente fue, hace 21 años, víctima de secuestro, tortura y asesinato a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC en alianza con miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla.La ejecución extrajudicial del profesor, fue el caso 12.808 que se tramitó ante la comisión interamericana de derechos humanos y se dio en el año 2021, época en la que las universidades del Caribe quedaron bajo sangre y fuego por el conflicto armado.El asesinado del profesor Jorge Freytter fue declarado como un delito de lesa humanidad, pues según la Fiscalía, esta muerte atroz "fue una más de un plan sistemático en contra de aquellos que alzaban su voz para rechazar la apropiación del alma máter".Escuche más noticias:
La pasada semana la transmisión de mando de la Policía y Ejército generó todo tipo de comentarios sobre lo que sería la relación del presidente de la República, Gustavo Petro, con las cúpulas; pues la ceremonia inicial fue fallida, ante la inasistencia del jefe de Estado.Al respecto, Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y una de las voces más respetadas dentro de las Fuerzas Militares, habló en Sala de Prensa sobre lo que sería la agenda y las políticas del mandatario con la fuerza pública."Veo una alineación completa entre lo que fue la propuesta de campaña de Gustavo Petro con lo que está realizando hoy en día. Está cumpliendo con lo que mencionó en su programa y sus propuestas, empezando por el propósito de la ubicación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otro ministerio, los cambios en aproximación de la seguridad humana, los ajustes y las propuestas en los ascensos militares", destacó el excomandante."Lo que veo es una alineación a su propuesto de gobierno. Partiendo de ahí, el gran reto que tenía la administración de Petro era cómo entablaba una relación con el mando militar ante la incertidumbre de la llegada de un gobierno con las características de Petro. La ceremonia que no se pudo realizar generó mucha fricción", agregó.El también miembro del cuerpo de generales y almirantes en retiro indicó que para que esta relación se construya de manera fluida debe haber confianza entre el Ejecutivo y las FF.MM."Es importante la confianza, sobre todo con las instituciones encargadas de la seguridad y Defensa, y el hecho de la ceremonia fallida no es lo mejor ni lo que se podría esperar. Desafortunadamente con las versiones diferentes que se entregaron que dejaron más dudas, pero también hay que entender que hay un gobierno que está empezando y debemos entender su talante, su estilo y en qué va a derivar", resaltó el general retirado.León recalcó que si bien la relación gobierno- FF.MM. no arrancó de la mejor forma, uno de los puntos más importantes para construir bases es el conocimiento de la fuerza pública por parte del Gobierno."Un punto importante es conocer las instituciones militares y de Policía. No todo gobierno que llega conoce las FF.MM. y la Policía Nacional. Era importante conocer las instituciones, era importante llegar a escuchar a los comandantes, entender un poco la cultura, la forma de comunicarnos; un poco ese tema de tradición, de ceremonial, de protocolos que es importante", refirió."En el tema de promociones hay protocolos, unos procedimientos, unas evaluaciones, una carrera que se hace durante varios años. Ahí sí creo que hay un desconocimiento que hay que darle un poco tiempo, pero tiene que ser rápido para conocer estos temas sensibles que tenemos", puntualizó.Le puede interesar:Finalmente, el exalto oficial habló de la paz total del gobierno y entregó su opinión sobre un de los pilares de la agenda de Petro."Nosotros los militares y la fuerza pública somos los primeros que queremos la paz, porque de alguna manera somos los que sufrimos la guerra y las heridas del conflicto. Bienvenida la paz integral, pero el gobierno debe cual es el alcance y la profundidad de esa paz total. En cuanto a los resultados, son diferentes fenómenos una cosa es con los actores de raíz política y con los que ya hay un ritmo de diálogos", expresó León.Y "en el caso de los grupos delincuenciales armados, hay un tema más transversal porque tienen relación con el narcotráfico y con los carteles y organizaciones de otros países, que su interés no es la paz, la ven como una amenaza y eso es más complejo", finalizó.
Este martes en Valledupar continúa la audiencia de reconocimiento de 12 militares que aceptan su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos que se presentaron entre los años 2002 y 2005 y son responsabilidad de algunos miembros del Ejército adscritos al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.En la diligencia también participan las víctimas quienes le exigen a los militares contar toda la verdad y esclarecer los casos de sus familiares. Asimismo piden que se entreguen los nombres de quienes dieron la orden para que se presentaran estos delitos.Durante la audiencia una de las víctimas contó el testimonio sobre su hermana, quien fue asesinada y presentada como una baja en combate. Ella se llamaba Nohra y tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos pero además se encontraba en estado de embarazo cuando se presentó el homicidio.“Por qué nos causaron tanto daño, mi mamá está bajo tierra, mi padrastro inválido y enfermo no habla, somos desplazados. Si a ustedes los mandaron a cuidarnos por qué no nos cuidaron, por qué mataron a una menor de edad, yo no los voy a perdonar”, aseguró María Faustina Martínez.Asimismo, explicó que la encontraron en Valledupar después de que hombres desconocidos llegaron a su casa a contarle a ella y a su madre que la menor había sido asesinada, algo que no creyeron en un comienzo.“Dígannos por dónde la mataron, mi hermana no tenía ningún tiro en el cuerpo, a mi hermana la mataron por sus partes y el tiro se le regó por dentro, mi hermana no era para que hubiera muerto de esa manera”, relató.Por último reiteró que no perdona a los militares que cometieron el delito, pero sí quiere hablar con ellos para que le cuenten toda la verdad de lo sucedido; pues es un crimen que aún no se ha esclarecido y que afectó a la comunidad indígena Wiwa.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Este lunes se llevó a cabo una audiencia en Valledupar en la cual 12 militares, que hicieron parte del Batallón La Popa entre los años 2002 y 2005, aceptaron su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos ocurridos durante ese periodo.Muchas de las víctimas eran indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo. Es por esto que, tanto las comunidades como las autoridades de dichos pueblos, están presentes en la diligencia.Pedro Loperena hizo una intervención como represente del Pueblo Wiwa y le recordó a los militares que por haber hecho parte del Ejército y estar involucrados en estos hechos tienen una responsabilidad que es aportar verdad y les pidió que la entregaran “como héroes y hombres de acero”.Pero asimismo, Loperena también explicó que tienen un registro de al menos 50 víctimas de falsos positivos y que hoy se está haciendo un reconocimiento de 3 por lo que es importante avanzar en la verdad e investigaciones de los otros casos.“El gobierno ante la comunidad internacional dice que respeta los Derechos Humanos y no es así. Esperamos que nos digan la verdad. La justicia penal militar no avanzó en el esclarecimiento de estos hechos contra el pueblo Wiwa”, indicó.Posteriormente, Jaime Luis Arias, gobernador Kankuamo, también intervino y dejó claro que su pueblo ha sido víctima históricamente, incluso ha estado en riesgo de exterminio tanto físico como cultural.Ya refiriéndose a los falsos positivos, explicó que fueron víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, lo que llevó no solo a que se registraran solo ejecuciones extrajudiciales, pues también se han registrado 400 miembros del pueblo asesinados, y 60 casos de desaparición.“El principal responsable es el Estado y las Farc. Este momento no es solo para reconocer responsabilidad individual, sino colectivo como Estado colombiano, actuaron en contra de su pueblo. Estamos dispuestos a sanar, hagamos un pacto por la vida”, aseguró.Justo antes de empezar la diligencia, las autoridades indígenas realizaron una actividad espiritual en el lugar. De la misma forma, durante la audiencia presentaron fotos de sus familiares víctimas de falsos positivos.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las denuncias de las madres comunitarias de Pereira por la contratación de un operador del departamento del Cesar para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Risaralda. La funcionaria aseguró que la organización seleccionada tiene disposición de contratar a las madres comunitarias de Pereira que venían desarrollando esta labor y cuestionó las presuntas instrucciones del sindicato para que rechacen esas ofertas.Algunas mujeres, entre ellas la presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, reclamaron que el ICBF tomó la decisión de contratar a una organización de otro departamento. En respuesta, Restrepo sostuvo que las madres comunitarias tienen la posibilidad de continuar trabajando con el nuevo operador y señaló que es importante que conozcan directamente las condiciones de contratación y las garantías laborales que les ofrecen. En ese sentido, manifestó su preocupación por los reportes sobre supuestas orientaciones sindicales para que no acepten las vinculaciones.“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, afirmó la directora del instituto. La funcionaria también aclaró que la elección de las organizaciones encargadas de prestar los servicios corresponde al ICBF y se realiza mediante los procedimientos establecidos por la entidad.Los operadores son los responsables de administrar los recursos públicos destinados a la atención de la primera infancia, garantizar aspectos como la alimentación y el acompañamiento a los menores y contratar al personal que trabaja en los hogares comunitarios. Por eso, aunque las madres y sus asociaciones pueden exigir el respeto de sus derechos, no tienen la facultad de decidir qué operador debe quedarse con el contrato.Adicionalmente, la directora informó que el ICBF recibió reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo el argumento de donaciones. “Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”, señaló.“Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias”, afirmó. La funcionaria aseguró que la entidad mantendrá el diálogo con las madres comunitarias y hará seguimiento a las obligaciones del nuevo operador.
Santa Fe aprovechó una compleja situación del equipo visitante, que se presentó con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores juveniles, por la huelga del plantel profesional pastuso ante la deuda de dos meses de salario. Con un marcador final de 5-0, el León se sacó de encima las tres derrotas al hilo y se instaló en las finales de la liga.La gran figura de la jornada fue el ídolo de la parcialidad albirroja Hugo Rodallega, quien lideró la victoria santafereña con un triplete que desbarató cualquier resistencia del cuadro volcánico. El capitán cardenal demostró su vigencia y capacidad goleadora, siendo el eje ofensivo de un conjunto que dominó el terreno de juego de principio a fin ante una defensa rival que mostró muchas licencias durante los 90 minutos.Las claves de la goleada de Santa Fe en BogotáLa diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos fue evidente desde los primeros minutos. Mientras que el conjunto de Pablo Repetto saltó al campo con sus principales figuras buscando consolidar su lugar en los cuadrangulares, el Deportivo Pasto afrontó el compromiso con un plantel diezmado, compuesto fundamentalmente por futbolistas de sus categorías inferiores. Esta disparidad permitió que el equipo local manejara los tiempos del partido a su antojo, generando múltiples situaciones de gol que fueron capitalizadas eficazmente.El impacto del triplete de RodallegaMás allá del resultado colectivo, su triplete le permitió a Hugo Rodallega reencontrarse con el gol de cara a las finales y remontar su confianza goleadora. La contundencia mostrada en la red permite al plantel llegar con una alta dosis de confianza a la fase de cuadrangulares, donde la jerarquía suele ser el factor diferenciador.Lo que viene para Santa Fe en el cierre del torneoCon el cupo asegurado en los ocho, Independiente Santa Fe ahora deberá mejorar mucho en la parte defensiva y en la capacidad futbolista sobre todo en varios de sus jugadores que no saben tomar decisiones en espacios reducidos para llegar en plenitud de condiciones a la pelea por la estrella de fin de año.Por su parte, el Deportivo Pasto deberá analizar el desarrollo de esta etapa final de la temporada, entendiendo las dificultades logísticas y deportivas que le impidieron competir en igualdad de condiciones en una fecha decisiva de la Liga BetPlay.
El departamento de Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los militares heridos tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.En total, 22 soldados fueron remitidos a centros hospitalarios de Santander para recibir atención médica especializada: 14 permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron trasladados a instituciones de salud de Barrancabermeja y uno más al Hospital Militar de la Segunda División.Desde Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander entregó un balance sobre la condición de los 14 uniformados que permanecen bajo atención médica en sus instalaciones. Según el reporte, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los pacientes tienen edades entre los 18 y 32 años y presentan lesiones de diferente complejidad.Entre los diagnósticos se encuentran traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, además de afectaciones vasculares y oculares.Sobre la condición de los 14 militares atendidos en el HUS, el reporte médico señala que dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado.Otros cuatro soldados ya fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno permanece en cirugía. Los siete restantes están bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para definir los tratamientos que requieren.El hospital explicó que desde el ingreso de los heridos dispuso de su capacidad asistencial y de un equipo multidisciplinario para garantizar la atención de los militares, teniendo en cuenta la complejidad de las lesiones.Los primeros ocho pacientes llegaron al HUS el sábado 7 de noviembre, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. Los otros seis ingresaron este domingo, en la tarde.
Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su oferta de diferentes combinaciones permite participar con distintas modalidades y verificar si el tiquete coincide con los números anunciados oficialmente.Resultado de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 es el 1252 - Delfín. Cuando se conozca la información oficial, los jugadores podrán comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.Número ganador: 1252Dos últimas cifras: 52Tres últimas cifras: 252Los resultados deben consultarse en los canales oficiales y puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar su validación.¿A qué hora juega Paisita Noche?El horario del sorteo depende del día de la semana:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden anunciado en el sorteo oficial.¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Paisita Noche?El juego cuenta con seis alternativas, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden anunciado.Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.¿Cómo funciona la quinta balota de Paisita Noche?La quinta balota se incorporó a Paisita Noche durante 2025. Consiste en una cifra adicional que acompaña al resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta opción se suma a las seis modalidades disponibles para los participantes.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?El proceso de cobro depende del monto obtenido. Para comenzar, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.También deben cumplir requisitos adicionales según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación inicial, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se necesita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la opción de quinta balota, Paisita Noche mantiene una amplia participación entre los jugadores de Antioquia y otras zonas del país.