En el auto de la JEP, en el que imputan por crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 miembros del Ejército del Batallón la Popa entre 2002 y 2005 por falsos positivos, la justicia transicional reveló detalles de los permisos, incentivos y dádivas que recibían los uniformados por presentar bajas en combate. De esos 15 uniformados, los tenientes en retiro Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez fueron imputados en calidad de autores mediatos por 127 casos de ejecuciones extrajudiciales.Según se lee en el auto “Mejía Gutiérrez y Figueroa Suárez felicitaron y exaltaron a las unidades y a los hombres que obtenían bajas en combate. Además de permisos y dinero, estos hombres recibieron comidas especiales, calles de honor, fueron puestos como ejemplo frente a los demás e incluidos en el listado de personal de candidatos a ser trasladado al Batallón Colombia en el Sinaí”.BLU Radio se contactó con el coronel (r) Mejía, quien dijo que “ya enteraron al mundo”, pero no conoce la decisión y que espera ser notificado.El texto también expone el testimonio de Heber Hernán Gómez Naranjo, quien se desempeñó como oficial de operaciones, y Nelson Javier Llanos Quiñones, quien fue comandante del Ejército.Estos dos uniformados relataron ante la JEP que Mejía Gutiérrez usaba expresiones tales como: “hermano, no se preocupe que eso es un bandido” o “hermano, eran bandidos y se tenían que morir”. Esto al referirse a las ejecuciones de miembros de grupos armados que decidían desmovilizarse o resultaban heridos en combate.La JEP realizó estas 15 imputaciones en el macrocaso 03 titulado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.
El Comité de apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la propuesta de presupuesto por $461 millones de dólares para Colombia, pero condicionó la asistencia a la Policía.Está condicionada en un 30% hasta que el departamento de Estado de los Estados Unidos certifique que “los militares y oficiales de Policía presuntamente responsables de ordenar, cometer y encubrir casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales o de cometer otras graves violaciones a los DDHH” estén rindiendo cuentas ante la justicia.La cantidad de dinero que está condicionada es de aproximadamente $64 millones de dólares.El representante demócrata Jim McGovern afirmó sobre la decisión de condicionar la asistencia a la Policía que aún antes de las protestas, fueron testigos de “las violaciones por la Policía Nacional, incluyendo la masacre de civiles”.La propuesta de presupuesto por su parte insiste como en años pasados en que “el gobierno garantice la protección de los líderes de DDHH”.Por ahora, para que se hagan efectivas esas ayudas al documento le falta ser conciliado por el Senado de los Estados Unidos.
En sesión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y su examen al Estado colombiano, los correlatores de esta instancia enfatizaron en lo confusas que resultan las cifras entregadas por el país sobre la desaparición forzada en Colombia.“¿Podría la delegación confirmar si las 75.287 víctimas mencionadas en el párrafo 33 del informe del Estado parte eran precisas y comentar las discrepancias con las 185.000 víctimas mencionadas en el registro nacional? ¿Sobre qué base distinguió el secretario central entre víctimas directas e indirectas?”, cuestionó Juan José López, miembro del comité.Ante esto, los delegados por el Estado Colombiano respondieron que, de acuerdo con el cruce de datos realizados, se registran en el país un total de 84.330 víctimas de desaparición forzada.La ONU, también cuestionó a Colombia sobre el tema de los falsos positivos y le realizó preguntas como la forma en la que ascienden los miembros de la fuerza pública implicados en desapariciones forzadas, el número concreto de ejecuciones extrajudiciales y el número de víctimas, así como la manera en la que el Estado está garantizado que los miembros del Ejército que están siendo investigados en el caso, no influyan en el proceso de esclarecimiento.El delegado del Gobierno colombiano respondió ante esto que “se respetan las garantías procesales y la presunción de inocencia” en el caso de cada uno de los miembros de la fuerza pública investigados.
BLU Radio conoció el auto de 13 páginas mediante el cual la Procuraduría archivó la investigación que adelantaba contra el general en retiro Nicacio Martínez por falsos positivos.Desde octubre de 2019, la Procuraduría llamó a declarar a 12 generales comandantes de división y brigada, y al unísono, estos oficiales negaron que hayan sido presionados a propiciar bajas en combate durante las reuniones llevadas a cabo en Tolemaida y Cúcuta el 18, 19 y 26 de enero de 2019, donde el entonces comandante del Ejército general Nicacio Martínez socializó el “Plan Bicentenario Héroes de la Libertad”.Luego de escuchar los testimonios, los investigadores analizaron y concluyeron que en estas reuniones nunca se impartieron instrucciones diferentes a las de redoblar esfuerzos con un 60 y 70 por ciento de probabilidades en labores de inteligencia para identificar grupos o estructuras delincuenciales, priorizando la vida de las personas dentro de la normatividad vigente de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.Igualmente, la Procuraduría escuchó a tres exmagistrados de la Comisión de Excelencia Militar para revisar la normatividad vigente en las fuerzas armadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, quienes concluyeron que el general Nicacio Martínez no dio instrucciones relacionadas con bajas en combate o ejecuciones extrajudiciales, como lo informó en su momento el New York Times.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le pidió a la Misión de Verificación de la ONU, que haga un seguimiento a los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, para determinar de qué personas se trata.“Es muy importante que la Misión de Verificación de la ONU le haga seguimiento a este aspecto fundamental de los falsos positivos porque es importante que se verifique, no solamente una estadística de bases de datos, sino que cada uno de los casos se esclarezca, porque no son números, son personas, y en ese sentido hay que identificarlas una por una y saber cuál fue la razón de su muerte”, dijo Ceballos.Por ahora, el último pronunciamiento del presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, se dio en su cuenta a de Twitter en donde escribió que “no es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las Farc”.
Gran polémica generó un trino del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, luego de que se conociera el más reciente informe de la JEP que reveló que los falsos positivos en Colombia no serían 2.248, como reportó la Fiscalía en su informe, sino que habría 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales.Este fue el mensaje del general, al que adjuntó un video:El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió al trino y le pidió al general Zapateiro aclarar a quién se refiere en el mismo:La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus también reaccionó calificando el mensaje de inadmisible:El Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional rechazaron enérgicamente el informe de la JEP y aseguraron:“Rechaza categóricamente el reciente pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al ordenar públicamente investigaciones indeterminadas contra prestigiosos abogados que ejercen el legítimo derecho de defensa de comparecientes pertenecientes a nuestra Fuerza Pública, contraviniendo también, a través de otra providencia, a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a los hechos denunciados formalmente de ejecuciones extrajudiciales en el llamado caso 003, sin que hasta el momento se conozca imputación alguna que comprometa de manera directa a presuntos responsables, modificando de manera exponencial la veracidad de lo ocurrido”.Agregaron que, desde el punto de vista penal, la realidad de los hechos solamente se puede determinar una vez se hayan cumplido las distintas etapas procesales en forma debida y bajo plenas garantías de seguridad jurídica.“Este tipo de imputaciones hechas en forma repetitiva, sistemática y publica a través de los distintos medios de comunicación, afectan de manera grave el honor y el buen nombre institucional, y explica suficientemente el interés de querer sumarse a la ofensiva sin precedentes que se viene realizando en contra de nuestros militares y policías, con el claro propósito de desmoralizar y desprestigiar, a quienes abnegadamente sirven al país, bajo el firme compromiso de defender la patria y su institucionalidad democrática”.
Tras varios meses de investigación en el Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, la JEP encontró que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008.El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.Esta cifra surge de un proceso de priorización como que hace la JEP al caso en regiones como Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”, señala la JEP en un comunicado.Por tal razón, la sala les concedió a las víctimas acreditadas en el caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en dicho auto.
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz , JEP, se entregó esta mañana el informe La Brigada más “efectiva”: Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003).Este informe hace un recuento de los casos considerados como ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos, que se presentaron en Antioquia y Chocó entre 2002 y 2003 presuntamente a manos de la Cuarta Brigada del Ejército.Allí, se plantea que son 111 los casos de ejecuciones extrajudiciales, en las que 232 víctimas fueron presentadas como bajas en combate por militares adscritos a 12 batallones de dicha Brigada.La subregión del oriente antioqueño es donde más falsos positivos se reportaron en esas fechas, con un total de 97 víctimas. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá le sigue con 66 casos.Durante la presentación del informe participaron familiares de las víctimas con sus testimonios, igual que miembros de la Comisión de la Verdad y diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Medellín y Antioquia que reclaman justicia y verdad frente a estos hechos.Este informe fue realizado por Tejiendo Memorias, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y el Espacio del Litigio Estratégico.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo presentó este fin de semana un nuevo informe a la JEP que involucra a la Primera División del Ejército en 164 casos de falsos positivos que habrían dejado 300 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, presentadas como bajas en combate.El informe resume los hechos ocurridos en la región Caribe entre 2003 y 2008.Lea también: Entregan informe a JEP sobre 152 casos de ejecuciones extrajudiciales"Este informe más que definir de manera personal quiénes son los responsables, es demostrar cómo la Primera División del Ejército entre el 2003 y el 2008, en esa región concreta del Caribe, cometió graves crímenes que, en este caso, en este informe, se alcanzan a documentar más de 300 víctimas", aseguró Alirio Uribe, miembro de la organización.Según Uribe, entre las víctimas hay indígenas de los pueblos wiwa, kankuamo, y wayúu así como campesinos y pobladores pobres de la región."Manifestamos la preocupación de que nuevamente se estén promoviendo en la cúpula del militar a generales, que como en el caso del general Nicacio Martínez, que cuando eran comandantes bajo sus jurisdicciones se cometieron falsos positivos", agregó.El colectivo está preparando nuevos informes sobre falsos positivos en otras regiones del país que presentará también a la JEP antes de 2021, cuando vence el plazo para presentar este tipo de documentos.El informe completo, no es público por el momento.
El excomandante del Gaula Militar Casanare mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte , les explicó a magistrados de la JEP las presiones que recibió por parte de altos mandos para obtener bajas en combate.Le puede interesar: Declaraciones contra general (r) Montoya se caen de su peso: defensaEn su declaración, el oficial manifestó que cuando Montoya hablaba de litros de sangre se refería a muertos en combate, bajo cualquier costo.Bracamonte explicó que había soldados “flojos” para las muertes. Es decir, para dar el nivel de resultados que los altos mandos les pedían.“El general Montoya me preguntaba, ¿Cuántos días sin bajas? Resultados, necesitamos resultados, litros de sangre, se refería a presentarle muertos”.“El coronel Henry William Torres Escalante, quien era comandante de la Brigada 16 con sede en Yopal, me daba órdenes y me presionaba a tener resultados", agregó el oficial en retiro.El testimonio recogido por los magistrados de la JEP Óscar Parra y Catalina Díaz fue brindado el pasado 7 de diciembre. BLU Radio conoció más de seis horas y constituye toda una serie de 80 ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por sus hombres mientras que Bracamonte se desmpeñaba como jefe del Gaula Casanare, entre junio de 2006 y octubre de 2007.Bracamonte, en su momento, pasó 11 años y 28 días detenido por estos hechos y fue en noviembre de 2018 que recobró su libertad tras someterse a la JEP.Bracamonte, tras ingresar a la Escuela Militar de Cadetes en enero de 1991, hizo parte de varios batallones de ingenieros en Caquetá, Urabá, Bogotá y Bucaramanga.Fue en 2006, que llegó a ser comandante del Gaula Militar en Casanare.
Mariana Pajón ganó en la noche de este jueves, 29 de julio, horario colombiano, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. La ciclista de BMX volvió a dar alegrías a los colombianos, tras el oro en Londres 2012 y Río 2016.La paisa logró una hazaña nunca antes lograda por un deportista colombiano: ganar tres medallas olímpicas.Este hecho fue destacado por el futbolista colombiano Radamel Falcao García, quien a través de sus redes sociales expresó su admiración por Mariana Pajón y le agradeció llevar en alto el nombre de Colombia.“Tres Juegos Olímpicos ganando medalla. Impresionante. Sin palabras. Se quedan cortos los elogios que pueden describir tu desempeño. Gracias por lo que haces por Colombia”, publicó el ‘Tigre’ junto con una foto de la ciclista.El delantero de la selección Colombia y, por ahora, del Galatasaray de Turquía también reconoció la actuación de Carlos Alberto Ramírez, que se llevó la medalla de bronce en la competencia de BMX masculino.“Felicitaciones Carlos Ramírez. Fue impresionante el logro de tu medalla”, escribió Falcao.
Tras 15 meses de cierre de las instalaciones físicas de la Alcaldía de Bucaramanga por cuenta de la pandemia, este lunes 2 de agosto la administración retomará la atención presencial en todas sus dependencias.La atención al público se habilitará teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad para la atención de los ciudadanos que requieran hacer trámites en la alcaldía.Este hace parte del plan de reactivación de las autoridades que buscan paulatinamente la normalidad con responsabilidad.“Hemos venido trabajando de la mano de la Secretaría Administrativa y con nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Cada secretaría tendrá su aforo dependiendo de los espacios”, explicó el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey.Explicó que, una vez se cumpla el aforo, dependiendo de la oficina a la que se dirija el ciudadano, será cerrado el acceso mientras se desocupa la dependencia.Bucaramanga registra este viernes 30 de julio un 80% de ocupación de camas UCI, una reducción que permite la reanudación de algunas actividades con presencia de público, pero con el cumplimiento de medidas de bioseguridad.
El Gobierno nacional radicó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 por $350.4 billones, recursos con los que se busca atender la crisis económica y social que atraviesa el país.En diálogo con BLU Radio, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que este presupuesto recoge un año distinto, en el que se enfrenta una triada de desafíos: “de lo social, de crecimiento y reactivación; pero también el desafío fiscal, es decir, ir haciendo el ajuste progresivo de nuestro déficit fiscal”.Restrepo también explicó: “Se habla de un presupuesto de $350 billones, de los cuales el funcionamiento es del orden de $210 billones, crece al 3 %. Hicimos el esfuerzo de limitar ese crecimiento, en el marco del compromiso de austeridad”.Asimismo, el ministro señaló que el proyecto “contempla una inversión de 62 billones, buscando no apagar la mecha de reactivación y contribuir a que haya crecimiento de la económica. (…) además, estamos en un año electoral que tiene costos adicionales”.El jefe del sector Hacienda aclaró que este proyecto de Ley de Presupuesto incorpora lo que está en el proyecto de Inversión Social, conocido como reforma tributaria. “Es decir, si cambia algo en la discusión de este proyecto de Inversión Social se tendrá que hacer los ajustes en el proyecto de presupuesto de 2022”.El ministro, entre otros temas, reconoció que todos los días reza para que a Colombia le vaya bien en la reactivación económica y en los precios del petróleo. “Yo rezo todos los días para nos vaya bien en esta reactivación, para que nos vaya bien en los precios del petróleo, para que logremos que la economía genere más empleo”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
El senador y candidato presidencial Gustavo Petro emitió este viernes una publicación en Twitter que podría llegar a causarle una sanción en Twitter. Citando un medio mexicano que amplificó un artículo de The New York Times sobre los contagios por la variante delta del coronavirus.“Las vacunas no sirven para el virus COVID- delta , según primeras investigaciones”, dijo el aspirante a la Casa de Nariño.“El virus no es solo un problema biológico, tiene un origen en el sistema económico y su tratamiento pasa también por las relaciones de poder y la estructura social y politica de la humanidad”, añadió Petro.Sin embargo, en el artículo citado por el congresista lo que se menciona sobre la variante delta es lo siguiente: “es más probable que rompa las protecciones que brindan las vacunas”.Varios especialistas advirtieron la falsedad de la afirmación de Petro y expresaron su preocupación porque el comentario pueda hacer desistir a muchas de vacunarse por su supuesta inefectividad.Andrés Vecino, investigador colombiano en la Universidad Johns Hopkins, llamó la atención a Petro y calificó su afirmación como “imprecisión grotesca”.“Absolutamente falso. Decir que las vacunas no sirven para la variante Delta es una imprecisión grotesca”.De comprobarse la falsedad en el trino de Petro, el candidato se expone a ser sancionado por Twitter, que tiene una especial observación a publicaciones que se refieran al COVID-19 y el tema de la vacunación.Escuche el debate en Mañanas BLU:
El presidente Iván Duque, durante la ceremonia de clausura de Colombiamoda y Colombiatex, confirmó que en los meses de noviembre y diciembre serían los tres días sin IVA.“Que eso le permita a Colombia hacer una gran liquidación de inventarios”, declaró el mandatario.Duque hizo un llamado los colombianos para que compren productos hechos en el país y de esta manera apoyar a los diseñadores.“Compremos colombiano, comprémosles a nuestros diseñadores, compremos nuestros productos y reactivémonos con un propósito de país”, dijo.El jefe de Estado, además, aseguró que el 2021 debe ser el año donde la industria textil sea uno de los grandes símbolos de la recuperación económica.“Se lo merecen, por lo que han hecho los diseñadores, por lo que han hecho los emprendedores, porque a pesar de las adversidades, Inexmoda y Colombiatex está abierta para todos los colombianos”, declaró.
