Con el paso de la horas se siguen revelando detalles sobre la posible ejecución extrajudicial de la que fue víctima Esneider Flórez Manco, un joven de 26 años de edad, en un batallón adscrito a la Cuarta Brigada en el municipio de Frontino.Una fuente cercana a la familia de Flórez y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que Esneider sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y antes de enterarse de su muerte, el pasado 29 de octubre, no tenían información sobre su paradero desde hace cerca de un mes.Era común que la víctima recorriera diferentes zonas de la localidad, sin que sus allegados esperaran el fatal desenlace en el que están implicados al menos nueve militares sobre los que un fiscal de Medellín ordenó su captura en las últimas horas."El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.Según el relato de esta persona, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y fue allí donde se habrían producido los excesivos maltratos por parte de los soldados al encontrarse el civil en una zona prohibida.Tras la muerte, el cuerpo del joven fue arrojado por sus verdugos al río El Cerro y fue hallado 20 días después en el mismo afluente, en alto grado de descomposición a escasas dos cuadras de la Unidad Deportiva de esta localidad del Occidente antioqueño."El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó", añadió esta persona.Tras la captura de los nueve militares implicados en el caso, hasta ahora el Centro de Servicios de la Rama Judicial en Medellín no tiene registros de solicitudes de audiencias para definir la situación jurídica de estas nueve personas que también deberán surtir el debido proceso con la justicia penal militar para establecer cuál será el futuro de su vinculación con el Ejército Nacional.
En el Museo Casa de la Memoria en Medellín se desarrolla la primera jornada en la que la Jurisdicción de Paz escucha los aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 25 exmilitares que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el oriente de antioqueño.Los primeros en ser interrogados por el despacho fueron Darwin Alejandro Echavarría, Francisco Javier venegas, Erlindo Antonio Bravo y Cesar Andrés Daza, quienes a inicios de los años dos mil operaron en esta zona del departamento y han sido condenados a más de 31 años por la justicia ordinaria como responsables asesianto de Luz Stelly Morales.Se trata de una mujer de 16 años asesinada en septiembre de 2003 en la vereda El Morro del municipio de Granada. Miembros del Ejército, entre ellos el entonces cabo tercero Daza llegaron hasta su vivienda asegurando que tenían información de que pertenecía a un grupo subversivo y al quedar en su poder altos mandos tomaron la decisión de asesinarla para presentarla como baja en combate.Para ello, relató Daza durante la audiencia, inventaron un combate falso en una zona a la que Luz Stelly fue llevada con la excusa de reconocer a otra presunta integrante del grupo ilegal."Empezamos a planear cómo íbamos a organizar un combate falso. Yo sabía las prácticas que se manejaban y sabía que en algún momento yo lo iba a hacer, lo iba a vivir o lo iba a ver, pero no me imaginé que el momento era ese y que la persona que iba a sufrir esto era Luz Stelly", sentenció.Para simular el combate Daza también reveló que fueron puestos varios elementos en la zona del crimen."Se le puso un revólver, se le puso un bolsito con un cordón detonante, una mecha lenta, unos estopines y como una pavita militar, un sombrero militar, se disfrazó", relató.El espacio también fue el momento para que los responsables de estos hechos expresaran su arrepentimiento, por hechos que que aseguran nunca debieron ocurrir, y disposición de seguir aportando con la verdad. Darwin Echavarría, uno de los comparecientes que para la fecha de los hechos era soldado profesional."Esto me marcó el resto de la vida, me marcó el resto de la existencia. Yo soy padre, cabeza de familia, tengo dos hijas. Yo en mis hijas todos los días en la mañana veo Stelly. Todos los días las veo en ellas. Siento mucho dolor, siento mucho arrepentimiento. No hay nada en este mundo que yo pueda hacer para rezar sin lo que yo hice".Por su parte, el excabo Daza admitió que pasaron por alto el deber de proteger la vida de quienes juraron defender, pues se trataba de una civil."Si era o no era integrante de un grupo armado, si fue o fueron personas no combatientes, fueron ejecutadas de la forma más vil y baja que podíamos hacer nosotros como integrantes del Ejército, que debimos proteger a esta niña. Yo debí brindarle protección, no apagarle su vida", admitió.Se espera que en los próximos días se sigan conociendo testimonios de otros exintegrantes del Ejército sobre este y otros hechos en el marco del conflicto armado en el Oriente de Antioquia en medio de un acto similar al ocurrido la semana anterior en el municipio de Dabeiba donde la JEP otorgó beneficios a 15 comparecientes por su compromiso con la verdad en el mismo caso de ‘falsos positivos’, pero hallados en el cementerio Las Mercedes.Audiencias en las que serán escuchados otros comparecientes en la capital antioqueña continuarán este 3 y 4 de abril quienes hablarán sobre la responsabilidad por cin hechos ocurridos en San Luis y Granada, Antioquia, entre junio de 2002 y septiembre de 2003.
En una audiencia, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, 19 miembros retirados del Batallón de Infantería No. 04 detallaron la verdad sobre hechos cometidos en zonas rurales del municipio de Granada, en Antioquia.Estos comparecientes se refirieron particularmente sobre cinco hechos de violencia cometidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005, en las veredas Galilea, San Francisco, La Arenosa y Los Medios, de Granada, por los cuales están registradas al menos 7 víctimas. Los comparecientes hablaron sobre el modo en que operaban, los falsos positivos y los beneficios recibidos por bajas. Según el exmilitar Gerardo Martínez Calderón, en aquella época, al parecer, los falsos positivos eran conocidos como una forma de operar dentro del batallón."En ese momento no se conocía como el falso positivo, no, sino que uno en la perspectiva en la que uno estaba, uno decía, ah bueno aquí trabajan es así, y ahí fue cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no todas estuvieron bien hechas, como esos casos donde presentaban gente con ejecuciones extrajudiciales como combates y como positivos", indicó Calderón.Además, mencionó que entre por cada baja que un soldado efectuara se les daba al menos 5 días de permiso: "El único beneficio era el permiso. Después de siete, ocho meses, dependiendo los resultados que usted tuviera, en el que transcurrió ese tiempo, le daban a uno una cierta cantidad de días más, aparte del permiso ordenado. Si no eran bajas, no daban días, o sea, tenían que ser bajas. Capturas, munición o cosas así, nada", explicó el exmilitar.Vale la pena aclarar que estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, transitan la Ruta no Sancionatoria de la JEP, a través de la cual deben hacer aportes de verdad, hacer compromisos para la restauración de las víctimas y, en dado caso, reconocer su responsabilidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva y poder reintegrarse a la sociedad.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que asumió la competencia para las conclusiones del caso conjunto 03 y 04 relacionados con ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Occidente de Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007’.Tal determinación llevó a este tribunal a iniciar la fase de juicio contra ocho exmilitares que pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla 79, la Brigada Móvil 11 y al Batallón de Contraguerrilla 26, que reconocieron ante la justicia, las víctimas y el país su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.Se trata de los mayores Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; los coroneles Edie Pinzón Turcios y Efraín Enrique Prada Correa; el soldado profesional Levis de Jesús Contreras Salgado; los sargentos viceprimeros Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; así como el sargento segundo William Andrés Capera Vargas. Todo ellos en retiro.JEP niega tutela a coronel (r) Figueroa en la que pedía ser escuchado por falsos positivosTodos estos exmiembros de la fuerza pública están implicados en patrones que ya la Jurisdicción ha identificado como homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado, homicidio de personas ajenas a Dabeiba traídas bajo engaño desde otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales, además de desaparición forzada, a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de campos santos municipales.Se espera que tras la evaluación de estas conductas por parte de los magistrados, al final se emita una sentencia que imponga sanciones propias con contenido restaurador y reparador para las víctimas, pero también un componente de restricción de derechos y libertades para los comparecientes que será verificado por organismos internacionales.
La Nación deberá indemnizar a la familia de Carlos Alfredo Castro Aguirre, un trabajador de oficios varios al que asesinaron en la vereda Cuesta de la Plata, zona rural del municipio de Pueblo Bello (Cesar), donde lo hicieron pasar como un guerrillero muerto en combates con el Ejército, pero tiempo después se demostró que fue una víctima más de las ejecuciones extrajudiciales.El crimen se produjo el 30 de junio de 2004, luego de que a Carlos Alfredo lo convencieron de que saliera del municipio de Fundación (Magdalena), donde residía con su familia, y se fuera a trabajar en una finca cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta como recolector de café, pero todo se trató de un engaño para asesinarlo como ‘falso positivo’.Ahora, 19 años después, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró como responsables de esta muerte a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, y los condenó a pagar más de 400 millones de pesos a su familia como una reparación directa por los perjuicios morales y materiales causados.El fallo del Tribunal también les ordena a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército “adoptar como medida de naturaleza no pecuniaria y de satisfacción para los demandantes, por la muerte de su ser querido Carlos Alfredo Castro Aguirre, la celebración de una ceremonia pública”.Le puede interesar:
El pasado viernes, Gloria Astrid Martínez llegó al cementerio de Bosa Piamonte, sur de Bogotá, para visitar, como lo hace desde hace 14 años, a su hijo Daniel Alexander Martínez, una víctima de los falsos positivos.En la bóveda donde reposaban los restos de su hijo aparecía el nombre de otra persona, pues, sin una notificación previa, a Daniel Alexander lo habían sacado del lugar, pero, además, cuando fue a preguntar en la administración del cementerio, le dijeron que no sabían dónde estaba ahora su hijo."Sentí como un desconsuelo, mejor dicho, yo no tengo ni palabras para describir y yo decía: ‘¿cómo así?’ Sentía que estaba equivocada y volvía y pasaba y volvía y miraba, pero sí definitivamente Daniel ya no estaba ahí", señaló Gloria a Blu Radio.La razón por la que habrían sacado de la bóveda a Daniel Alexander tendría que ver con una deuda que su familia tiene actualmente con el cementerio; sin embargo, los representantes de la familia aseguran que las autoridades judiciales han enviado oficios al cementerio en diferentes oportunidades dejando claro que estos restos, al hacer parte de una investigación, no pueden ser exhumados o manipulados sin una orden judicial."Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, se apoye a estas familias y se les informe del destino final de los restos de su familiar, el argumento del cementerio es que los restos fueron exhumados por una deuda que tenían los familiares, esta situación se ha denunciado ante diferentes instancias", agregó la abogada Pilar Castillo.Puede ver:
Solo soy un profesor, así es nombrado el monumento conmemorativo al docente de la universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, el cual fue develado en el Parque Universal de Barranquilla este lunes por el Centro Nacional de Memoria Histórica.El monumento fue revelado como un símbolo de reparación y de búsqueda de no repetición, toda vez que el docente fue, hace 21 años, víctima de secuestro, tortura y asesinato a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC en alianza con miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla.La ejecución extrajudicial del profesor, fue el caso 12.808 que se tramitó ante la comisión interamericana de derechos humanos y se dio en el año 2021, época en la que las universidades del Caribe quedaron bajo sangre y fuego por el conflicto armado.El asesinado del profesor Jorge Freytter fue declarado como un delito de lesa humanidad, pues según la Fiscalía, esta muerte atroz "fue una más de un plan sistemático en contra de aquellos que alzaban su voz para rechazar la apropiación del alma máter".Escuche más noticias:
La pasada semana la transmisión de mando de la Policía y Ejército generó todo tipo de comentarios sobre lo que sería la relación del presidente de la República, Gustavo Petro, con las cúpulas; pues la ceremonia inicial fue fallida, ante la inasistencia del jefe de Estado.Al respecto, Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y una de las voces más respetadas dentro de las Fuerzas Militares, habló en Sala de Prensa sobre lo que sería la agenda y las políticas del mandatario con la fuerza pública."Veo una alineación completa entre lo que fue la propuesta de campaña de Gustavo Petro con lo que está realizando hoy en día. Está cumpliendo con lo que mencionó en su programa y sus propuestas, empezando por el propósito de la ubicación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otro ministerio, los cambios en aproximación de la seguridad humana, los ajustes y las propuestas en los ascensos militares", destacó el excomandante."Lo que veo es una alineación a su propuesto de gobierno. Partiendo de ahí, el gran reto que tenía la administración de Petro era cómo entablaba una relación con el mando militar ante la incertidumbre de la llegada de un gobierno con las características de Petro. La ceremonia que no se pudo realizar generó mucha fricción", agregó.El también miembro del cuerpo de generales y almirantes en retiro indicó que para que esta relación se construya de manera fluida debe haber confianza entre el Ejecutivo y las FF.MM."Es importante la confianza, sobre todo con las instituciones encargadas de la seguridad y Defensa, y el hecho de la ceremonia fallida no es lo mejor ni lo que se podría esperar. Desafortunadamente con las versiones diferentes que se entregaron que dejaron más dudas, pero también hay que entender que hay un gobierno que está empezando y debemos entender su talante, su estilo y en qué va a derivar", resaltó el general retirado.León recalcó que si bien la relación gobierno- FF.MM. no arrancó de la mejor forma, uno de los puntos más importantes para construir bases es el conocimiento de la fuerza pública por parte del Gobierno."Un punto importante es conocer las instituciones militares y de Policía. No todo gobierno que llega conoce las FF.MM. y la Policía Nacional. Era importante conocer las instituciones, era importante llegar a escuchar a los comandantes, entender un poco la cultura, la forma de comunicarnos; un poco ese tema de tradición, de ceremonial, de protocolos que es importante", refirió."En el tema de promociones hay protocolos, unos procedimientos, unas evaluaciones, una carrera que se hace durante varios años. Ahí sí creo que hay un desconocimiento que hay que darle un poco tiempo, pero tiene que ser rápido para conocer estos temas sensibles que tenemos", puntualizó.Le puede interesar:Finalmente, el exalto oficial habló de la paz total del gobierno y entregó su opinión sobre un de los pilares de la agenda de Petro."Nosotros los militares y la fuerza pública somos los primeros que queremos la paz, porque de alguna manera somos los que sufrimos la guerra y las heridas del conflicto. Bienvenida la paz integral, pero el gobierno debe cual es el alcance y la profundidad de esa paz total. En cuanto a los resultados, son diferentes fenómenos una cosa es con los actores de raíz política y con los que ya hay un ritmo de diálogos", expresó León.Y "en el caso de los grupos delincuenciales armados, hay un tema más transversal porque tienen relación con el narcotráfico y con los carteles y organizaciones de otros países, que su interés no es la paz, la ven como una amenaza y eso es más complejo", finalizó.
Este martes en Valledupar continúa la audiencia de reconocimiento de 12 militares que aceptan su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos que se presentaron entre los años 2002 y 2005 y son responsabilidad de algunos miembros del Ejército adscritos al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.En la diligencia también participan las víctimas quienes le exigen a los militares contar toda la verdad y esclarecer los casos de sus familiares. Asimismo piden que se entreguen los nombres de quienes dieron la orden para que se presentaran estos delitos.Durante la audiencia una de las víctimas contó el testimonio sobre su hermana, quien fue asesinada y presentada como una baja en combate. Ella se llamaba Nohra y tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos pero además se encontraba en estado de embarazo cuando se presentó el homicidio.“Por qué nos causaron tanto daño, mi mamá está bajo tierra, mi padrastro inválido y enfermo no habla, somos desplazados. Si a ustedes los mandaron a cuidarnos por qué no nos cuidaron, por qué mataron a una menor de edad, yo no los voy a perdonar”, aseguró María Faustina Martínez.Asimismo, explicó que la encontraron en Valledupar después de que hombres desconocidos llegaron a su casa a contarle a ella y a su madre que la menor había sido asesinada, algo que no creyeron en un comienzo.“Dígannos por dónde la mataron, mi hermana no tenía ningún tiro en el cuerpo, a mi hermana la mataron por sus partes y el tiro se le regó por dentro, mi hermana no era para que hubiera muerto de esa manera”, relató.Por último reiteró que no perdona a los militares que cometieron el delito, pero sí quiere hablar con ellos para que le cuenten toda la verdad de lo sucedido; pues es un crimen que aún no se ha esclarecido y que afectó a la comunidad indígena Wiwa.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Este lunes se llevó a cabo una audiencia en Valledupar en la cual 12 militares, que hicieron parte del Batallón La Popa entre los años 2002 y 2005, aceptaron su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos ocurridos durante ese periodo.Muchas de las víctimas eran indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo. Es por esto que, tanto las comunidades como las autoridades de dichos pueblos, están presentes en la diligencia.Pedro Loperena hizo una intervención como represente del Pueblo Wiwa y le recordó a los militares que por haber hecho parte del Ejército y estar involucrados en estos hechos tienen una responsabilidad que es aportar verdad y les pidió que la entregaran “como héroes y hombres de acero”.Pero asimismo, Loperena también explicó que tienen un registro de al menos 50 víctimas de falsos positivos y que hoy se está haciendo un reconocimiento de 3 por lo que es importante avanzar en la verdad e investigaciones de los otros casos.“El gobierno ante la comunidad internacional dice que respeta los Derechos Humanos y no es así. Esperamos que nos digan la verdad. La justicia penal militar no avanzó en el esclarecimiento de estos hechos contra el pueblo Wiwa”, indicó.Posteriormente, Jaime Luis Arias, gobernador Kankuamo, también intervino y dejó claro que su pueblo ha sido víctima históricamente, incluso ha estado en riesgo de exterminio tanto físico como cultural.Ya refiriéndose a los falsos positivos, explicó que fueron víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, lo que llevó no solo a que se registraran solo ejecuciones extrajudiciales, pues también se han registrado 400 miembros del pueblo asesinados, y 60 casos de desaparición.“El principal responsable es el Estado y las Farc. Este momento no es solo para reconocer responsabilidad individual, sino colectivo como Estado colombiano, actuaron en contra de su pueblo. Estamos dispuestos a sanar, hagamos un pacto por la vida”, aseguró.Justo antes de empezar la diligencia, las autoridades indígenas realizaron una actividad espiritual en el lugar. De la misma forma, durante la audiencia presentaron fotos de sus familiares víctimas de falsos positivos.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.