Ante el incremento de casos de extorsión en los últimos meses en Antioquia y la crisis humanitaria en centro de reclusión como El Pedregal, las autoridades adelantan acciones de seguimiento y control para mejorar sus condiciones y prevenir delitos.Por eso, en las últimas horas la Alcaldía de Medellín en articulación con el Gaula y el Inpec llevaron a cabo un megaoperativo en este establecimiento carcelario donde se identificaron diferentes elementos utilizados para mantener comunicaciones externas y coordinar actividades ilícitas desde su interior.Las inspecciones se llevaron a cabo en las instalaciones del patio 6 donde conviven 196 reclusos asociados a grupos armados como ELN, las disidencias de las Farc y Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, entregó un balance de la intervención."Se incautaron ocho celulares, una tableta, un módem de Internet, accesorios tecnológicos, siete armas blancas y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas base de coca, tussi y hasta marihuana", reportó Villa.Según el funcionario estas acciones se suman a otras que en los últimos meses se han desplegado en otras cárceles como Bellavista y que ya dejan 150 celulares incautados y que eran utilizados no solo para extorsionar, sino para coordinar acciones delictivas en diferentes zonas de la capital antioqueña y el área metropolitana.
En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud. "Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación se logró allanar de manera sorpresiva la cárcel El Pedregal de Medellín con el fin de afectar de manera directa diferentes conductas delictivas como la extorsión que era ejecutada desde los patios del centro penitenciario.La acción fue liderada por el Gaula, que entró al lugar tras recibir información ciudadana que señalaba la existencia de lugares adecuados para ocultar dispositivos de comunicación y estupefacientes en uno de los patios donde habían 712 personas privadas de la libertad, muchas de ellas vinculadas a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que durante el registro en celdas, pasillos, áreas comunes y zonas de difícil acceso, se localizó un punto de acopio ilegal que servía como soporte para actividades criminales."Allí fueron incautados 85 teléfonos celulares, 30 cargadores, 10 armas cortopunzantes y más de 4.000 gramos de marihuana, 1.100 gramos de base de coca y 180 gramos de tusi", destacó el uniformado.Según las labores investigativas, en el patio que fue intervenido por las autoridades operaba una red dedicada a realizar extorsiones a nivel nacional, mediante la suplantación de autoridades o la intimidación directa a sus víctimas, obteniendo transferencias y consignaciones millonarias y, además, mantenía una estructura para el tráfico de estupefacientes dentro del penal.Hay que recordar que es el segundo operativo contra la extorsión en el Valle de Aburrá en menos de 15 días, ya que en la cárcel Bellavista fue desmantelado otro call center en donde privados de la libertad extorsionaban a cientos de personas en el departamento de Antioquia y otras regiones del país.
Persiste la preocupación para defensores de derechos humanos y familiares de reclusos que se encuentran en la cárcel El Pedregal de Medellín, pues las precarias condiciones del establecimiento habría cobrado la vida de uno de los presos en los últimos días.Este es el caso de Elber Ochoa Gómez, un hombre de 56 años de edad, que estaba recluido en el patio 8 de este centro penitenciario y falleció en los últimos días en medio de un posible caso de negligencia médica que piden sea investigado.Según reportó Jorge Carmona, defensor de esta población en el departamento, de acuerdo a versiones entregadas por los mismo reclusos, Ochoa había manifestado por lo menos en tres ocasiones malestar por cuenta de una enfermedad que tenía hace varios meses. Sin embargo, su solicitud no habría sido atendida oportunamente en el área de sanidad y fue nuevamente ingresado al patio sin ninguna solución.Producto de esta condición sufrió un infarto y se convirtió en la segunda persona en fallecer en los últimos meses en esta cárcel del occidente de la capital antioqueña. Carmona cuestionó la ausencia de entidades del Ministerio Público en la verificación de las complejas condiciones en las que afrontan sus procesos judiciales o condenas los internos de El Pedregal."Las personas así estén condenados, sindicados, culpables, inocentes, no han dejado de hacerse seres humanos y tienen todo el derecho que los ministerios públicos lo representen, mínimamente con el tema de derechos humanos y garantías. Allí están pasando muchas cosas, y los ministerios públicos no se enteran", advirtió.Sobre el más reciente caso el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, admitió que persisten fallas en los servicios de alimentación y salud al interior del penal, los cuales esperan ser subsanados con un nuevo operador contratado en los últimos días por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios."Desafortunadamente seguimos o hay unas fallas en términos de alimentación y atención médica, sin embargo ya hubo un cambio de operadores, también hay que resaltar aquí que el tema de alimentación, salud e infraestructuras es de la Uspec, sin embargo, me están informando que esta semana hubo cambio del operador en términos médicos", reveló el directivo.Desde diferentes sectores sociales insisten que el reciente caso en El Pedregal no se trata de un hecho aislado, pues el hacinamiento en las cárceles de Antioquia es superior al 50%, ya que los 17 centros de reclusión albergan a 12.418 personas, mientras que su capacidad es para 8.191.Uno de los panoramas más complejos está en la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo donde en los dos últimos años han fallecido 16 internos por cuadros de bacterias, tuberculosis y desnutrición.
Luego de que en los últimas días se denunciaran graves irregularidades con la comida en la cárcel El Pedregal de Medellín, la Procuraduría General de la Nación se pronunció e indicó que ya presentó un informe preventivo con posibles incidencias disciplinarias, fiscales y penales sobre la contratación del servicio de alimentación.Según el Ministerio Público estas presuntas fallas vulnerarían los derechos humanos con impactos negativos en la salud física y mental de los privados de la libertad que en las imágenes que se han hecho virales se ve como se les entregan pedazos de proteína crudos, panes con hongos o papas en estado de descomposición.El defensor de los derechos humanos, Jorge Carmona, indicó que los presos en El Pedregal también han denunciado la entrega de alimentos en horarios inadecuados."Es una un tema ya recurrente, un tema que la gente dice en los mismos internos, palabras de ellos y palabras textuales de ellos a la teoría penitenciaria, estamos cansados, estamos físicamente cansados, agotados, psicológica y moralmente, con el tema de esa pésima y horrible alimentación", aseguró Carmona.Además, los reclusos también indican que hay personas con prescripción médica a los que, presuntamente, no se les cumplen las condiciones requeridas por expertos, lo que afecta a más de 3.000 personas internos en el centro de reclusión.Por ahora la Procuraduría General de la Nación aseguró que ya trasladó el informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que sigan las investigaciones sobre las deficiencias en la alimentación de los privados de la libertad en la capital de Antioquia.
La medida de prisión por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego al parecer no estaba cumpliendo el objetivo esperado para dos reclusos de la cárcel El Pedregal que habrían reincidido en la comisión de delitos.Se trata de Julián Alberto Díaz Villada, alias ‘Pitbull’, y Neider Camilo Aguirre Cano, sobre quienes recientemente un juez de control de garantías, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, les impuso medida de aseguramiento intramuros por ser los señalados de extorsionar a un hombre en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia.Dentro del modus operandi de los delincuentes, estos contactaron a la víctima a través del perfil de una mujer en redes sociales, con la cual compartió su número telefónico e información privada.Posteriormente, a través de llamadas que se habrían realizado desde la celda en la que está recluido ‘Pitbull’ al hombre en Marinilla le advertían con mensajes amenazantes que estaba en una relación sentimental “con la mujer del patrón” y por eso le exigían entre 1 y 2 millones de pesos para no atentar contra su vida.En medio de estas presiones la víctima llegó a consignar la suma de 1.900.000 pesos en las cuentas bancarias de los dos procesados, las cuales también crearon desde el centro de reclusión.Ninguno de los dos hombres aceptó los cargos imputados por una fiscal destacada ante el Gaula por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
El caso de Andrea Valdez, una reclusa que denunció haber sido abusada sexualmente por guardianes del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín, ha dado un nuevo giro tras la detención de dos dragoneantes implicados en los hechos. Felipe Alzate, abogado de la víctima, aseguró en Recap Blu que este avance judicial es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones que incluyen incluso un intento institucional por separarla de su hijo recién nacido.Según Alzate, Valdez fue víctima de actos de tortura basados en su condición de mujer, seguidos de un aborto no consentido mientras se encontraba privada de la libertad. La situación se agravó cuando, después de dar a luz al hijo fruto de la agresión sexual, las autoridades intentaron quitárselo.“El Estado, de la mano del Inpec y con decisiones equivocadas de parte de las autoridades judiciales, le iba a terminar quitando el bebé, es decir, el hijo, que es fruto de actos no consentidos, iba a ser despojado de su madre, a pesar de que ella había decidido asumirlo de manera voluntaria”, denunció el abogado.¿Se equivocaron por retenerla en El Pedregal?El traslado de Valdez a El Pedregal, pese a que su familia y condena tenían arraigo en Bogotá, es otro punto que genera sospechas. En esa prisión, fue enviada a una Unidad de Tránsito (UTE) que debía ser temporal, pero permaneció allí cerca de cuatro meses, aislada y en condiciones que facilitaron los abusos. El abogado destaca que, de no haber quedado embarazada y denunciado públicamente, el caso probablemente seguiría en la impunidad.Tras la muerte de la madre de Valdez, única persona de su familia que la apoyaba, el panorama se volvió aún más complejo. El abogado asumió la tutoría legal del bebé para evitar su separación de la madre, garantizando su manutención y acompañándolo en citas médicas. Actualmente, Valdez se encuentra en el pabellón de mujeres gestantes de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde puede permanecer con su hijo, aunque todavía bajo custodia del Inpec.Detuvieron a los dragoneantesEn cuanto al avance judicial, Alzate explicó que las audiencias contra los dos dragoneantes detenidos son solo el inicio. La Fiscalía deberá investigar también a otros funcionarios y superiores que, por acción u omisión, facilitaron los hechos. “No puede ser que las autoridades llamadas a custodiar a las personas privadas de la libertad sean las mismas que vulneren sus derechos fundamentales. Este es un patrón sistemático que debe esclarecerse”, advirtió.El abogado insistió en que el caso de Valdez no es un hecho aislado y que hay indicios de que otras internas en El Pedregal han enfrentado situaciones similares. Por eso, más allá de estas capturas, busca que se reconozca la existencia de violencia institucional y se garantice la protección integral de las mujeres privadas de la libertad.
En septiembre de 2024 se dio a conocer la denuncia de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, condenada por homicidio agravado, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec, dentro de la cárcel El Pedregal de Medellín. Producto de esta violación, Valdés quedó embarazada y está a pocos días de dar a luz, en medio de una serie de situaciones que, según denuncian, comprometen gravemente los derechos humanos.En una entrevista con Mañanas Blu, Felipe Álzate, abogado de la mujer, habló sobre presuntas irregularidades del caso. Una de las más graves es el intento de suministrar sustancias abortivas sin el consentimiento de la reclusa."Acá ha existido toda una tendencia encaminada a ocultar lo sucedido. En algún momento sin su consentimiento, se le otorgó una sustancia abortiva, que afortunadamente no interrumpió su embarazo", dijo. A raíz del hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra los dos funcionarios involucrados, aunque hasta el momento no se han conocido decisiones judiciales. Valdés fue posteriormente trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, lo cual afirman, habría sido una estrategia para silenciar la denuncia.El abogado expresó que se ha negado a la mujer el beneficio de prisión domiciliaria, que contempla el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite que mujeres gestantes puedan cumplir su pena en casa tres meses antes y seis meses después del parto. "Independiente de cualquier circunstancia, ella debería tener la posibilidad, como lo puede tener cualquier mujer y cualquier reclusa, de poder tener el hijo en su en su domicilio", indicó.Además, también mencionó que se le ha negado el ingreso al pabellón de mujeres embarazadas en la prisión, que es administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según dijo, de continuar así, el bebé podría ser entregado directamente al cuidado del ICBF tras el nacimiento, algo que la madre se niega a aceptar.El abogado cuestionó que guardianes hombres custodien cárceles de mujeres, una situación que ha sido advertida por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto riesgo de abuso y revictimización.“Lo más preocupante es que fue el mismo Estado quien le vulneró los derechos, y ahora es el mismo Estado el que le quiere quitar a su hijo”, afirmó Escuche la entrevista completa aquí:
La historia de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado, ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de conocerse que fue víctima de abuso sexual dentro del establecimiento penitenciario El Pedregal, en Medellín. El caso, que involucra a dos guardianes del Inpec, sigue en investigación, mientras su defensa exige medidas urgentes para proteger su vida e integridad, en especial porque Valdés se encuentra en las últimas semanas de embarazo producto de los presuntos abusos.El abogado Felipe Alzate Gómez, representante legal de Andrea Valdés, aseguró en entrevista con Blu Radio que han acudido a distintas entidades judiciales y de control para que se respeten los derechos de su defendida, quien ha sido “revictimizada por el mismo sistema que debía protegerla”.“Desde hace meses venimos solicitando que se le otorgue la prisión domiciliaria por su condición de mujer gestante. El Código de Procedimiento Penal contempla este beneficio, similar a una licencia de maternidad, para mujeres embarazadas privadas de la libertad. Sin embargo, ni siquiera nos habían dado trámite”, afirmó Alzate.Ante la falta de respuesta del Juzgado 13 de Ejecución de Penas, el equipo de defensa interpuso una tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de Valdés y le dio un plazo de cinco días al juzgado para que se pronunciara sobre su situación. Ese plazo vence mañana, 16 de abril.“El Tribunal reconoció tres hechos graves: que Andrea ha sido víctima de violencia de género, que está en una situación de indefensión producto de un embarazo no consentido y que sus derechos fundamentales no están siendo garantizados en reclusión”, explicó Alzate. En caso de que no se emita una respuesta a tiempo, el abogado advirtió que interpondrán un incidente de desacato.Actualmente, Andrea se encuentra aislada en una celda individual y recibe una dieta especial debido a su estado de embarazo. Sin embargo, aún no ha sido trasladada al pabellón para mujeres gestantes, lo cual, según su defensa, demuestra que las medidas adoptadas han sido “mínimas e insuficientes”.“El paso que debería dar la justicia es permitirle cumplir este tramo de la condena en su casa. No puede seguir bajo custodia de la misma institución que ha vulnerado sus derechos. Lo que estamos pidiendo es razonable y está contemplado en la ley”, enfatizó el abogado.Además del trámite judicial para garantizar condiciones dignas a su clienta, Alzate también confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por el caso de abuso sexual a dos dragoneantes del Inpec. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado imputaciones formales contra ninguno de ellos. Los sospechosos, según el abogado, ya no están en El Pedregal, pero aún continuarían activos en la institución.Un obstáculo adicional para el avance del proceso penal ha sido la imposibilidad de realizar pruebas de ADN al feto, debido al delicado estado de salud de Valdés tras los hechos. Las muestras se tomarán una vez nazca el bebé, para poder determinar la identidad del agresor.El Tribunal también ordenó a la Fiscalía adoptar medidas de protección para Andrea, quien ha recibido amenazas dentro del penal tras hacer públicos los hechos de violencia sexual. Según el abogado, las intimidaciones provienen tanto de otras internas como del entorno institucional, lo que incrementa el riesgo para su integridad física y emocional.“La Fiscalía debe actuar no solo frente a los responsables del abuso, sino también para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para proteger a la víctima. No puede ser que una mujer que denuncia una violación tenga que temer por su vida dentro de una cárcel”, afirmó Alzate.De acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, una mujer en estado de embarazo puede acceder a prisión domiciliaria tres meses antes del parto y hasta seis meses después, en una medida pensada como una especie de licencia de maternidad para mujeres privadas de la libertad. Según este marco legal, Andrea ya debía haber sido trasladada a su casa desde hace al menos dos meses, lo que hace aún más urgente la decisión del juez de ejecución de penas.
Las problemáticas de hacinamiento y alimentación no serían las únicas que están padeciendo internas en la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín, pues la Procuraduría General alertó sobre algunas vulneraciones a sus derechos e incluso exceso de la fuerza que se habría registrado con varias de ellas por parte de la guardia del centro de reclusión.El Ministerio Público denunció que tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 24 de febrero entre reclusos y algunos guardas del penal al menos un grupo de 30 mujeres resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Sin embargo, señalaron que tras una visita reciente al lugar pudieron constatar que varias de las afectadas no han recibido la atención médica debida.Según la Procuraduría uno de los asuntos más preocupantes es que las labores de vigilancia y custodia siguen siendo ejercidas por hombres, a pesar de que se trata de un pabellón femenino por lo que solicitaron desde la entidad no solo destrabar las remisiones de atención médica a quienes se encuentran lesionadas, sino la llegada de un contingente de 40 guardianas para la seguridad en el espacio.Esta situación se conoce pocas semanas después de las denuncias de casos de violencia sexual al interior del establecimiento de los que habrían sido víctimas varias reclusas. Según la Procuraduría fueron informados por parte de la Inpec que las implicadas en estos hechos fueron trasladadas de lugar para su protección mientras avanzan las investigaciones.Por su parte, en cuanto a altos directivos de este lugar con algún grado de responsabilidad en las denuncias, se informó que fue destituido el subdirector de la cárcel que para el momento de los hechos era el director encargado y que algunos guardianes presuntamente responsables de estas conductas están pendientes de traslado de lugar de servicio, al tiempo que avanzan las investigaciones disciplinarias.
Tras el potente terremoto de magnitud 7.4 registrado en la mañana de este lunes con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha monitoreado una serie de réplicas que han mantenido en alerta a varias regiones del occidente y centro del país.El evento principal ocurrió a las 07:34 a.m. (hora local) a una profundidad de 96 km y localizado a 20 km del casco urbano de San José del Palmar (Latitud 5.04, Longitud -76.34). Debido a su magnitud, el temblor fue sentido con fuerza en capitales cercanas como Quibdó, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Cali.Posteriormente, los sistemas de vigilancia sísmica han detectado al menos tres réplicas de significancia en la misma zona de influencia:Primera réplica (08:18 a.m.): Reportada preliminarmente con magnitud 4.6 y ajustada en el boletín actualizado del SGC a magnitud 4.8. Tuvo su epicentro localizado a 20 km de Nóvita (Chocó) (Latitud 4.88, Longitud -76.44) y contó con una profundidad de 88 km.Segunda réplica (10:01 a.m.): Un nuevo movimiento telúrico fue registrado a las 10:01 a.m. con una magnitud de 3.8, nuevamente localizado a 20 km de San José del Palmar (Chocó) (Latitud 4.84, Longitud -76.41) a una profundidad de 88 km.Réplicas menores continuas: De acuerdo con los boletines automáticos e internacionales emitidos durante la mañana, la actividad instrumental continúa en la zona sísmica del Pacífico y la Cordillera Occidental, donde se siguen evaluando otros sismos menores asociados al mismo evento sísmico principal.Recomendaciones de las autoridadesEl SGC recordó a la ciudadanía que las réplicas son un fenómeno normal y habitual tras sismos de gran magnitud. Las autoridades de Gestión del Riesgo invitan a la población a mantener la calma, verificar el estado de las estructuras de sus viviendas, conservar la red de contactos de emergencia disponible y estar atentos únicamente a los canales y boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano.
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte de Colombia, dejando varias víctimas y daños en estructuras de ciudades como Manizales, Cali, Pereira y Quibdó.El sismo ocurrió sobre las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según lo revelado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El terremoto, que se sintió en diferentes regiones del territorio nacional, ha generado preocupación entre los colombianos ante el temor de posibles réplicas, teniendo en cuenta lo ocurrido en junio en Venezuela, con sismos que dejaron miles de muertos tras un doble movimiento.Ante ello, en WhatsApp comenzaron a circular mensajes de alerta sobre una posible réplica, lo que generó preocupación entre la ciudadanía, por lo que el IDEAM salió a aclarar estos rumores.IDEAM aclara sobre posible réplica del temblorAnte la preocupación por posibles réplicas, el IDEAM señaló que la información que ha circulado en redes como WhatsApp "es falsa y no corresponde a ningún pronunciamiento oficial del Instituto".Y es que, según la institución, el IDEAM no tiene facultades para predecir la ocurrencia de sismos, tal como lo señala el mensaje que circula en WhatsApp, sino que el seguimiento de la actividad sísmica en el país corresponde al Servicio Geológico Colombiano (SGC).Por lo anterior, las autoridades invitaron a la ciudadanía a no compartir información sin verificar y a consultar solamente los canales oficiales.¿Qué dice el SGC sobre una réplica sísmica?Ante ello, el Servicio Geológico Colombiano señaló que, de momento, se han presentado tres réplicas de magnitudes 2,8; 4,8 y 3.8, por lo que solicitó estar pendientes de las cuentas oficiales del SGC para verificar si se presentan nuevos movimientos.Adicionalmente, el Servicio Geológico Colombiano señaló que este temblor también se sintió en Venezuela, Ecuador y Panamá, por lo que continuará monitoreando la actividad sísmica para ofrecer información oportuna.Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer las actualizaciones sobre el comportamiento sísmico en el país.
Desde la madrugada de este domingo se encuentra hospitalizado el maestro Juan Piña, debido a una isquemia transitoria que sufrió recientemente y que obligó su traslado a un centro médico de Barranquilla, donde afortunadamente logró ser estabilizado y se encuentra en recuperación.Allegados al artista informaron a Blu Radio que el cantante sucreño, de 75 años, había sido sometido a un cateterismo la semana pasada y que dos días después del procedimiento sufrió este cuadro de isquemia.Explicaron que, debido a su condición inicial de salud, el artista debió ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos; sin embargo, fue un episodio transitorio, ha ido respondiendo satisfactoriamente al tratamiento suministrado y podría ser remitido a hospitalización en piso, lo que arroja un parte de tranquilidad para sus familiares y seguidores.Sus allegados informaron que el intérprete pasó buena noche, está consciente, y pudo conversar coherentemente con su esposa, Elisa Gamba, quien lo ha estado acompañando en este momento.Juan Piña es cantante, compositor y director de orquesta, ha desarrollado una trayectoria de más de seis décadas y es reconocido por haber llevado la cumbia, el porro y el vallenato de la región sabanera a escenarios nacionales e internacionales.Entre sus principales distinciones se encuentran un Grammy Latino 2012 por el álbum ‘Le canta a San Jacinto’, en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, además de cuatro Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla (1980, 1981, 1983 y 1993).Entre sus éxitos más famosos se encuentran ‘La rama del tamarindo’, ‘La canillona’, ‘Compañera’, ‘Te perdí’, ‘Baila Simón’ y ‘El almirante Padilla’.
En medio de la devastación que sacude a la capital del Valle del Cauca tras el sismo que sacudió este lunes al país, el periodista José Patiño habló con Blu radio y compartió un desgarrador testimonio sobre la situación de su padre, Darío Patiño, quien se encuentra atrapado bajo los escombros de casa ubicada en Torres de Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali. Desde el aeropuerto de Bogotá, mientras intentaba abordar un vuelo hacia Cali, Patiño describió la pesadilla que vive su familia. Según el comunicador, sus familiares en el lugar están intentando remover los escombros con sus propias manos en un esfuerzo desesperado por rescatar a su padre.Le puede interesar: Duras afectaciones en Manizales tras sismo de 7.4 en Colombia: varios edificios desplomados"Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. La foto que me mandaron mis familiares que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros es que todo el edificio cayó. Mi padre no volvió a contestar. no contesta. Lo que sé es que alguien de los que está ahí, de los vecinos, escuchó que mi papá dijo, 'Darío Patiño'. Mi papá está vivo, requerimos urgente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros y esperamos que logren el rescate", relató.Cali bajo emergencia máximaEl caso de la familia Patiño es solo uno de los múltiples dramas que enfrenta la ciudad. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que existen al menos 12 puntos críticos de colapsos, incluyendo desplomes parciales en infraestructuras clave como el Hospital Universitario del Valle.Otros sectores gravemente afectados incluyen:Calle Quinta con 24: Donde ya se han rescatado a una mujer de la tercera edad y a una menor de edad con vida.Barrio Guadalupe: Cerca del centro comercial Mall Plaza.Autopista Sur: Donde se reporta el colapso de un motel.Rescatistas piden silencio para hallar vidaEn los puntos de desastre, los cuerpos de socorro, integrados por Bomberos, Policía y Defensa Civil, han solicitado a la ciudadanía y a los medios de comunicación mantener silencio absoluto. Esta medida es vital para que los rescatistas puedan escuchar las voces o señales de las personas que aún permanecen atrapadas bajo las estructuras de concreto.Mientras tanto, se ha hecho un llamado urgente a los ciudadanos que residan en edificaciones con grietas grandes o fallas estructurales evidentes para que las abandonen de inmediato y permanezcan en espacios abiertos. La prioridad absoluta en este momento es el rescate de sobrevivientes en una carrera contra el tiempo que mantiene en vilo a todo el país.Escuche la entrevista aquí:
Al menos 18 personas murieron este lunes en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, según confirmó el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar.El movimiento telúrico provocó afectaciones en diferentes zonas del territorio colombiano, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el fuerte sismo.El aeropuerto Matecaña, uno de los puntos afectados en Pereira, concentra parte de las víctimas reportadas hasta el momento. De acuerdo con el balance entregado por el mandatario local, tres de los fallecidos se encontraban en esta terminal aérea. El alcalde de Pereira confirmó que el terremoto deja al menos 18 personas fallecidas en la ciudad. Este es el primer balance entregado por la administración municipal sobre las consecuencias del movimiento telúrico.La cifra corresponde a víctimas registradas en Pereira, una de las ciudades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se sintió en buena parte del territorio colombiano.En ese sentido, el mandatario local añadió que las autoridades continúan con la atención de la emergencia y la revisión de las zonas que pudieron resultar afectadas por el terremoto.Aeropuerto Matecaña de Pereira, uno de los más afectados El aeropuerto Matecaña fue uno de los lugares señalados entre los puntos con mayores afectaciones en Pereira. El balance conocido hasta ahora no precisa el número total de personas heridas ni detalla la cantidad de edificaciones afectadas en la ciudad.Por ahora, el reporte entregado por el alcalde de Pereira establece en 18 el número de personas fallecidas en la ciudad, mientras continúan las labores de atención y evaluación tras el fuerte movimiento telúrico.
