Ante el incremento de casos de extorsión en los últimos meses en Antioquia y la crisis humanitaria en centro de reclusión como El Pedregal, las autoridades adelantan acciones de seguimiento y control para mejorar sus condiciones y prevenir delitos.Por eso, en las últimas horas la Alcaldía de Medellín en articulación con el Gaula y el Inpec llevaron a cabo un megaoperativo en este establecimiento carcelario donde se identificaron diferentes elementos utilizados para mantener comunicaciones externas y coordinar actividades ilícitas desde su interior.Las inspecciones se llevaron a cabo en las instalaciones del patio 6 donde conviven 196 reclusos asociados a grupos armados como ELN, las disidencias de las Farc y Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, entregó un balance de la intervención."Se incautaron ocho celulares, una tableta, un módem de Internet, accesorios tecnológicos, siete armas blancas y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas base de coca, tussi y hasta marihuana", reportó Villa.Según el funcionario estas acciones se suman a otras que en los últimos meses se han desplegado en otras cárceles como Bellavista y que ya dejan 150 celulares incautados y que eran utilizados no solo para extorsionar, sino para coordinar acciones delictivas en diferentes zonas de la capital antioqueña y el área metropolitana.
En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud. "Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación se logró allanar de manera sorpresiva la cárcel El Pedregal de Medellín con el fin de afectar de manera directa diferentes conductas delictivas como la extorsión que era ejecutada desde los patios del centro penitenciario.La acción fue liderada por el Gaula, que entró al lugar tras recibir información ciudadana que señalaba la existencia de lugares adecuados para ocultar dispositivos de comunicación y estupefacientes en uno de los patios donde habían 712 personas privadas de la libertad, muchas de ellas vinculadas a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que durante el registro en celdas, pasillos, áreas comunes y zonas de difícil acceso, se localizó un punto de acopio ilegal que servía como soporte para actividades criminales."Allí fueron incautados 85 teléfonos celulares, 30 cargadores, 10 armas cortopunzantes y más de 4.000 gramos de marihuana, 1.100 gramos de base de coca y 180 gramos de tusi", destacó el uniformado.Según las labores investigativas, en el patio que fue intervenido por las autoridades operaba una red dedicada a realizar extorsiones a nivel nacional, mediante la suplantación de autoridades o la intimidación directa a sus víctimas, obteniendo transferencias y consignaciones millonarias y, además, mantenía una estructura para el tráfico de estupefacientes dentro del penal.Hay que recordar que es el segundo operativo contra la extorsión en el Valle de Aburrá en menos de 15 días, ya que en la cárcel Bellavista fue desmantelado otro call center en donde privados de la libertad extorsionaban a cientos de personas en el departamento de Antioquia y otras regiones del país.
Persiste la preocupación para defensores de derechos humanos y familiares de reclusos que se encuentran en la cárcel El Pedregal de Medellín, pues las precarias condiciones del establecimiento habría cobrado la vida de uno de los presos en los últimos días.Este es el caso de Elber Ochoa Gómez, un hombre de 56 años de edad, que estaba recluido en el patio 8 de este centro penitenciario y falleció en los últimos días en medio de un posible caso de negligencia médica que piden sea investigado.Según reportó Jorge Carmona, defensor de esta población en el departamento, de acuerdo a versiones entregadas por los mismo reclusos, Ochoa había manifestado por lo menos en tres ocasiones malestar por cuenta de una enfermedad que tenía hace varios meses. Sin embargo, su solicitud no habría sido atendida oportunamente en el área de sanidad y fue nuevamente ingresado al patio sin ninguna solución.Producto de esta condición sufrió un infarto y se convirtió en la segunda persona en fallecer en los últimos meses en esta cárcel del occidente de la capital antioqueña. Carmona cuestionó la ausencia de entidades del Ministerio Público en la verificación de las complejas condiciones en las que afrontan sus procesos judiciales o condenas los internos de El Pedregal."Las personas así estén condenados, sindicados, culpables, inocentes, no han dejado de hacerse seres humanos y tienen todo el derecho que los ministerios públicos lo representen, mínimamente con el tema de derechos humanos y garantías. Allí están pasando muchas cosas, y los ministerios públicos no se enteran", advirtió.Sobre el más reciente caso el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, admitió que persisten fallas en los servicios de alimentación y salud al interior del penal, los cuales esperan ser subsanados con un nuevo operador contratado en los últimos días por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios."Desafortunadamente seguimos o hay unas fallas en términos de alimentación y atención médica, sin embargo ya hubo un cambio de operadores, también hay que resaltar aquí que el tema de alimentación, salud e infraestructuras es de la Uspec, sin embargo, me están informando que esta semana hubo cambio del operador en términos médicos", reveló el directivo.Desde diferentes sectores sociales insisten que el reciente caso en El Pedregal no se trata de un hecho aislado, pues el hacinamiento en las cárceles de Antioquia es superior al 50%, ya que los 17 centros de reclusión albergan a 12.418 personas, mientras que su capacidad es para 8.191.Uno de los panoramas más complejos está en la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo donde en los dos últimos años han fallecido 16 internos por cuadros de bacterias, tuberculosis y desnutrición.
Luego de que en los últimas días se denunciaran graves irregularidades con la comida en la cárcel El Pedregal de Medellín, la Procuraduría General de la Nación se pronunció e indicó que ya presentó un informe preventivo con posibles incidencias disciplinarias, fiscales y penales sobre la contratación del servicio de alimentación.Según el Ministerio Público estas presuntas fallas vulnerarían los derechos humanos con impactos negativos en la salud física y mental de los privados de la libertad que en las imágenes que se han hecho virales se ve como se les entregan pedazos de proteína crudos, panes con hongos o papas en estado de descomposición.El defensor de los derechos humanos, Jorge Carmona, indicó que los presos en El Pedregal también han denunciado la entrega de alimentos en horarios inadecuados."Es una un tema ya recurrente, un tema que la gente dice en los mismos internos, palabras de ellos y palabras textuales de ellos a la teoría penitenciaria, estamos cansados, estamos físicamente cansados, agotados, psicológica y moralmente, con el tema de esa pésima y horrible alimentación", aseguró Carmona.Además, los reclusos también indican que hay personas con prescripción médica a los que, presuntamente, no se les cumplen las condiciones requeridas por expertos, lo que afecta a más de 3.000 personas internos en el centro de reclusión.Por ahora la Procuraduría General de la Nación aseguró que ya trasladó el informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que sigan las investigaciones sobre las deficiencias en la alimentación de los privados de la libertad en la capital de Antioquia.
La medida de prisión por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego al parecer no estaba cumpliendo el objetivo esperado para dos reclusos de la cárcel El Pedregal que habrían reincidido en la comisión de delitos.Se trata de Julián Alberto Díaz Villada, alias ‘Pitbull’, y Neider Camilo Aguirre Cano, sobre quienes recientemente un juez de control de garantías, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, les impuso medida de aseguramiento intramuros por ser los señalados de extorsionar a un hombre en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia.Dentro del modus operandi de los delincuentes, estos contactaron a la víctima a través del perfil de una mujer en redes sociales, con la cual compartió su número telefónico e información privada.Posteriormente, a través de llamadas que se habrían realizado desde la celda en la que está recluido ‘Pitbull’ al hombre en Marinilla le advertían con mensajes amenazantes que estaba en una relación sentimental “con la mujer del patrón” y por eso le exigían entre 1 y 2 millones de pesos para no atentar contra su vida.En medio de estas presiones la víctima llegó a consignar la suma de 1.900.000 pesos en las cuentas bancarias de los dos procesados, las cuales también crearon desde el centro de reclusión.Ninguno de los dos hombres aceptó los cargos imputados por una fiscal destacada ante el Gaula por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
El caso de Andrea Valdez, una reclusa que denunció haber sido abusada sexualmente por guardianes del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín, ha dado un nuevo giro tras la detención de dos dragoneantes implicados en los hechos. Felipe Alzate, abogado de la víctima, aseguró en Recap Blu que este avance judicial es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones que incluyen incluso un intento institucional por separarla de su hijo recién nacido.Según Alzate, Valdez fue víctima de actos de tortura basados en su condición de mujer, seguidos de un aborto no consentido mientras se encontraba privada de la libertad. La situación se agravó cuando, después de dar a luz al hijo fruto de la agresión sexual, las autoridades intentaron quitárselo.“El Estado, de la mano del Inpec y con decisiones equivocadas de parte de las autoridades judiciales, le iba a terminar quitando el bebé, es decir, el hijo, que es fruto de actos no consentidos, iba a ser despojado de su madre, a pesar de que ella había decidido asumirlo de manera voluntaria”, denunció el abogado.¿Se equivocaron por retenerla en El Pedregal?El traslado de Valdez a El Pedregal, pese a que su familia y condena tenían arraigo en Bogotá, es otro punto que genera sospechas. En esa prisión, fue enviada a una Unidad de Tránsito (UTE) que debía ser temporal, pero permaneció allí cerca de cuatro meses, aislada y en condiciones que facilitaron los abusos. El abogado destaca que, de no haber quedado embarazada y denunciado públicamente, el caso probablemente seguiría en la impunidad.Tras la muerte de la madre de Valdez, única persona de su familia que la apoyaba, el panorama se volvió aún más complejo. El abogado asumió la tutoría legal del bebé para evitar su separación de la madre, garantizando su manutención y acompañándolo en citas médicas. Actualmente, Valdez se encuentra en el pabellón de mujeres gestantes de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde puede permanecer con su hijo, aunque todavía bajo custodia del Inpec.Detuvieron a los dragoneantesEn cuanto al avance judicial, Alzate explicó que las audiencias contra los dos dragoneantes detenidos son solo el inicio. La Fiscalía deberá investigar también a otros funcionarios y superiores que, por acción u omisión, facilitaron los hechos. “No puede ser que las autoridades llamadas a custodiar a las personas privadas de la libertad sean las mismas que vulneren sus derechos fundamentales. Este es un patrón sistemático que debe esclarecerse”, advirtió.El abogado insistió en que el caso de Valdez no es un hecho aislado y que hay indicios de que otras internas en El Pedregal han enfrentado situaciones similares. Por eso, más allá de estas capturas, busca que se reconozca la existencia de violencia institucional y se garantice la protección integral de las mujeres privadas de la libertad.
En septiembre de 2024 se dio a conocer la denuncia de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, condenada por homicidio agravado, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec, dentro de la cárcel El Pedregal de Medellín. Producto de esta violación, Valdés quedó embarazada y está a pocos días de dar a luz, en medio de una serie de situaciones que, según denuncian, comprometen gravemente los derechos humanos.En una entrevista con Mañanas Blu, Felipe Álzate, abogado de la mujer, habló sobre presuntas irregularidades del caso. Una de las más graves es el intento de suministrar sustancias abortivas sin el consentimiento de la reclusa."Acá ha existido toda una tendencia encaminada a ocultar lo sucedido. En algún momento sin su consentimiento, se le otorgó una sustancia abortiva, que afortunadamente no interrumpió su embarazo", dijo. A raíz del hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra los dos funcionarios involucrados, aunque hasta el momento no se han conocido decisiones judiciales. Valdés fue posteriormente trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, lo cual afirman, habría sido una estrategia para silenciar la denuncia.El abogado expresó que se ha negado a la mujer el beneficio de prisión domiciliaria, que contempla el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite que mujeres gestantes puedan cumplir su pena en casa tres meses antes y seis meses después del parto. "Independiente de cualquier circunstancia, ella debería tener la posibilidad, como lo puede tener cualquier mujer y cualquier reclusa, de poder tener el hijo en su en su domicilio", indicó.Además, también mencionó que se le ha negado el ingreso al pabellón de mujeres embarazadas en la prisión, que es administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según dijo, de continuar así, el bebé podría ser entregado directamente al cuidado del ICBF tras el nacimiento, algo que la madre se niega a aceptar.El abogado cuestionó que guardianes hombres custodien cárceles de mujeres, una situación que ha sido advertida por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto riesgo de abuso y revictimización.“Lo más preocupante es que fue el mismo Estado quien le vulneró los derechos, y ahora es el mismo Estado el que le quiere quitar a su hijo”, afirmó Escuche la entrevista completa aquí:
La historia de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado, ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de conocerse que fue víctima de abuso sexual dentro del establecimiento penitenciario El Pedregal, en Medellín. El caso, que involucra a dos guardianes del Inpec, sigue en investigación, mientras su defensa exige medidas urgentes para proteger su vida e integridad, en especial porque Valdés se encuentra en las últimas semanas de embarazo producto de los presuntos abusos.El abogado Felipe Alzate Gómez, representante legal de Andrea Valdés, aseguró en entrevista con Blu Radio que han acudido a distintas entidades judiciales y de control para que se respeten los derechos de su defendida, quien ha sido “revictimizada por el mismo sistema que debía protegerla”.“Desde hace meses venimos solicitando que se le otorgue la prisión domiciliaria por su condición de mujer gestante. El Código de Procedimiento Penal contempla este beneficio, similar a una licencia de maternidad, para mujeres embarazadas privadas de la libertad. Sin embargo, ni siquiera nos habían dado trámite”, afirmó Alzate.Ante la falta de respuesta del Juzgado 13 de Ejecución de Penas, el equipo de defensa interpuso una tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de Valdés y le dio un plazo de cinco días al juzgado para que se pronunciara sobre su situación. Ese plazo vence mañana, 16 de abril.“El Tribunal reconoció tres hechos graves: que Andrea ha sido víctima de violencia de género, que está en una situación de indefensión producto de un embarazo no consentido y que sus derechos fundamentales no están siendo garantizados en reclusión”, explicó Alzate. En caso de que no se emita una respuesta a tiempo, el abogado advirtió que interpondrán un incidente de desacato.Actualmente, Andrea se encuentra aislada en una celda individual y recibe una dieta especial debido a su estado de embarazo. Sin embargo, aún no ha sido trasladada al pabellón para mujeres gestantes, lo cual, según su defensa, demuestra que las medidas adoptadas han sido “mínimas e insuficientes”.“El paso que debería dar la justicia es permitirle cumplir este tramo de la condena en su casa. No puede seguir bajo custodia de la misma institución que ha vulnerado sus derechos. Lo que estamos pidiendo es razonable y está contemplado en la ley”, enfatizó el abogado.Además del trámite judicial para garantizar condiciones dignas a su clienta, Alzate también confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por el caso de abuso sexual a dos dragoneantes del Inpec. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado imputaciones formales contra ninguno de ellos. Los sospechosos, según el abogado, ya no están en El Pedregal, pero aún continuarían activos en la institución.Un obstáculo adicional para el avance del proceso penal ha sido la imposibilidad de realizar pruebas de ADN al feto, debido al delicado estado de salud de Valdés tras los hechos. Las muestras se tomarán una vez nazca el bebé, para poder determinar la identidad del agresor.El Tribunal también ordenó a la Fiscalía adoptar medidas de protección para Andrea, quien ha recibido amenazas dentro del penal tras hacer públicos los hechos de violencia sexual. Según el abogado, las intimidaciones provienen tanto de otras internas como del entorno institucional, lo que incrementa el riesgo para su integridad física y emocional.“La Fiscalía debe actuar no solo frente a los responsables del abuso, sino también para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para proteger a la víctima. No puede ser que una mujer que denuncia una violación tenga que temer por su vida dentro de una cárcel”, afirmó Alzate.De acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, una mujer en estado de embarazo puede acceder a prisión domiciliaria tres meses antes del parto y hasta seis meses después, en una medida pensada como una especie de licencia de maternidad para mujeres privadas de la libertad. Según este marco legal, Andrea ya debía haber sido trasladada a su casa desde hace al menos dos meses, lo que hace aún más urgente la decisión del juez de ejecución de penas.
Las problemáticas de hacinamiento y alimentación no serían las únicas que están padeciendo internas en la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín, pues la Procuraduría General alertó sobre algunas vulneraciones a sus derechos e incluso exceso de la fuerza que se habría registrado con varias de ellas por parte de la guardia del centro de reclusión.El Ministerio Público denunció que tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 24 de febrero entre reclusos y algunos guardas del penal al menos un grupo de 30 mujeres resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Sin embargo, señalaron que tras una visita reciente al lugar pudieron constatar que varias de las afectadas no han recibido la atención médica debida.Según la Procuraduría uno de los asuntos más preocupantes es que las labores de vigilancia y custodia siguen siendo ejercidas por hombres, a pesar de que se trata de un pabellón femenino por lo que solicitaron desde la entidad no solo destrabar las remisiones de atención médica a quienes se encuentran lesionadas, sino la llegada de un contingente de 40 guardianas para la seguridad en el espacio.Esta situación se conoce pocas semanas después de las denuncias de casos de violencia sexual al interior del establecimiento de los que habrían sido víctimas varias reclusas. Según la Procuraduría fueron informados por parte de la Inpec que las implicadas en estos hechos fueron trasladadas de lugar para su protección mientras avanzan las investigaciones.Por su parte, en cuanto a altos directivos de este lugar con algún grado de responsabilidad en las denuncias, se informó que fue destituido el subdirector de la cárcel que para el momento de los hechos era el director encargado y que algunos guardianes presuntamente responsables de estas conductas están pendientes de traslado de lugar de servicio, al tiempo que avanzan las investigaciones disciplinarias.
Una ruptura repentina de una tubería de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo para quienes transitan por el lugar. La presión del agua puede provocar una salida violenta del líquido, afectar la superficie y poner en peligro a conductores, motociclistas y peatones que se encuentren cerca.Eso fue lo que ocurrió en el suroeste de Venezuela, donde la fractura de un ducto del Acueducto Regional dejó al menos dos personas heridas. El momento de la emergencia quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.Así ocurrió la ruptura del tubo en VenezuelaDe acuerdo con la información conocida, la tubería del Acueducto Regional del Táchira, de aproximadamente 40 pulgadas, sufrió una fractura mientras sobre la vía circulaban vehículos y personas.En las imágenes se observa que, segundos antes de la ruptura, varios carros pasaban en ambas direcciones justo por encima del lugar donde se encontraba el ducto. Al mismo tiempo, algunas personas caminan por los andenes, muy cerca del punto en el que posteriormente se produjo la emergencia.De un momento a otro, el tubo se rompió y provocó una fuerte explosión de agua que alcanzó más de 3 metros de altura. Un motociclista que avanzaba en dirección al sitio alcanzó a frenar antes de ser lanzado por el aire debido a la fuerza del agua. Luego abandonó la motocicleta y corrió en dirección contraria para alejarse del lugar.Asimismo, otro vehículo alcanzó a pasar por la zona. El conductor continuó algunos metros y finalmente frenó, aparentemente confundido por lo que acababa de ocurrir. Otras personas que caminaban cerca también salieron corriendo ante la explosión.La ruptura de la tubería dejó al menos dos heridos y también ocasionó daños en siete inmuebles y un vehículo. La fuerza del agua destrozó una parte de la vía por lo que escombros de pavimento también volaron por el aire.Autoridades locales y entidades responsables acudieron al lugar para atender la emergencia, hacer el drenaje de las aguas y comenzar las labores de excavación necesarias para sustituir el tramo de tubería afectado.
Starbucks ha confirmado oficialmente la clausura de aproximadamente 250 establecimientos en toda la región de Norteamérica. La decisión, detallada a través de una presentación regulatoria este jueves, forma parte de una política corporativa orientada a optimizar el rendimiento financiero de la marca. Según informaron fuentes de la compañía, estos cierres se llevarán a cabo en el transcurso de esta misma semana.El criterio principal detrás de esta medida es el rendimiento operativo, pues la cadena ha identificado locales que, bajo el análisis actual, presentan un desempeño inferior a las expectativas y carecen de una "ruta clara" hacia la rentabilidad a mediano plazo. Al eliminar estos activos, la dirección busca concentrar sus recursos y esfuerzos en aquellas sucursales con un mayor potencial de crecimiento y una trayectoria financiera sólida.El impacto de la gestión de Brian NiccolEsta nueva ola de cierres constituye un paso decisivo en el plan de transformación iniciado por el CEO de Starbucks, Brian Niccol. Desde su llegada, el directivo ha priorizado la eficiencia operativa y la mejora en la experiencia del cliente como ejes para revertir la tendencia actual de la empresa. La reducción del 1% de su inventario total de cafeterías en Norteamérica se interpreta como una señal de que la directiva está dispuesta a realizar ajustes estructurales profundos.El mercado ha observado con atención estos movimientos, ya que la cadena se enfrenta a un entorno altamente competitivo y a cambios significativos en los hábitos de consumo post-pandemia. A pesar de la relevancia del anuncio, la empresa se ha mantenido cautelosa respecto a los detalles específicos sobre la ubicación geográfica de los locales afectados o la proporción exacta de establecimientos que se encuentran bajo convenios sindicales.Antecedentes y contexto en el sector cafeteroLa medida anunciada hoy se produce apenas un año después de un ciclo de cierres masivos que ya había afectado significativamente la presencia física de la marca en el mercado norteamericano. En aquel entonces, Starbucks también argumentó que la decisión respondía a la necesidad de renovar su modelo de negocio ante la saturación de ciertos puntos de venta y los altos costos operativos.Este patrón de cierre de locales de bajo rendimiento se alinea con una tendencia observada en la industria de la restauración y el retail en Estados Unidos. La presión inflacionaria y el aumento en los costos de mano de obra han obligado a grandes cadenas a realizar auditorías exhaustivas sobre sus activos físicos. El objetivo final es alcanzar un equilibrio entre la presencia masiva y la viabilidad económica de cada unidad.Incertidumbre para empleados y clientesHasta el momento, Starbucks no ha facilitado una lista pública de los establecimientos que cesarán sus operaciones en los próximos días, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se gestionará la reubicación del personal afectado por los cierres. Históricamente, en procesos de reestructuración a gran escala, las empresas suelen ofrecer alternativas de transferencia a otras sucursales cercanas, aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado detallado sobre el protocolo de recursos humanos para este caso específico.Para los clientes habituales, la noticia supone un cambio en la accesibilidad de la marca, especialmente en mercados urbanos donde la densidad de locales ha sido un sello distintivo por décadas. Con este ajuste, la empresa espera no solo mejorar sus márgenes de beneficio, sino también consolidar una estructura más ágil y adaptada a las nuevas demandas operativas de la compañía bajo la dirección de Niccol.
El Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate la iniciativa presentada por el alcalde Alejandro Char, para la creación del Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en los estratos 1, 2, y el 3, siempre y cuando esté en condición de vulnerabilidad.El mandatario explicó que el proyecto busca aliviar la economía de más de 200.000 hogares a los que se les busca garantizar el acceso a una cantidad esencial de agua para atender necesidades básicas como hidratación, preparación de alimentos, higiene y salubridad.La medida contempla que el Distrito reconozca el valor correspondiente a los primeros 6 metros cúbicos mensuales de consumo.“Estoy muy feliz de que el Concejo de Barranquilla ya haya aprobado hoy, en primer debate, el Mínimo Vital de Agua para cerca de 700.000 personas en Barranquilla. Esto significa salud, significa vida”, comentó Char.De acuerdo con el anexo técnico financiero que acompaña el proyecto, la medida tendría una cobertura potencial inicial de 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, de los cuales 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.Para 2027, el Distrito estima destinar $66.209 millones para la financiación del programa, recursos que estarán sujetos a las condiciones tarifarias, el consumo efectivamente reconocido, la verificación de los beneficiarios y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.El esfuerzo fiscal estimado se distribuiría en aproximadamente $36.624 millones para los usuarios del estrato 1 y $29.586 millones para los del estrato 2. Estos recursos no sustituirán los subsidios vigentes para ambos estratos, sino que se sumarán a ellos para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los 6 metros cúbicos reconocidos como mínimo vital.El mandatario explicó que este beneficio representa mucho más que un alivio en la factura de los servicios públicos, especialmente para las familias con menores ingresos. “Es agua para el abuelito que necesita estar limpio, para hidratar a los bebés, para limpiar los alimentos, para tener bien limpio lo que consumimos; o sea, para estar saludable”, explicó el mandatario de los barranquilleros, al señalar que el acceso al agua constituye una condición fundamental para la salud y el bienestar de las familias.
Tras cuestionamientos planteados por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a las acciones de Cornare que darían viabilidad ambiental a obras estratégicas para la movilidad del Oriente de Antioquia, en las últimas horas la autoridad ambiental se pronunció frente al estado de cinco proyectos que avanzan en su jurisdicción.Según Cornare, en los últimos meses han ejecutado 13 mesas técnicas con la Gobernación y sus consultores para revisar estudios, resolver inquietudes y analizar los requerimientos de cada iniciativa. Esto, en medio de las recientes declaraciones del mandatario departamental donde solicitaba agilidad en los trámites."Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándole la cara. Si usted les da la espalda, pues, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos", afirmó el mandatario sobre las obras.Frente a la vía Aeropuerto - SIKA, en el municipio de Rionegro, que hace parte de la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, desde Cornare destacaron que el trámite permanece suspendido por vacíos en la información entregada como la falta de diseños detallados, algunas inconsistencias en el balance de materiales y una caracterización insuficiente de cuerpos de agua en la zona.Por su parte, sobre la vía El Santuario - Providencia, la entidad indicó que en siete mesas técnicas sigue el estudio de su trazado, pues las tres alternativas propuestas hasta el momento “atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas, corredores ecológicos y otros elementos ambientales que requieren especial consideración”, dijo Cornare.En el caso de la vía El Carmen de Viboral - El Canadá, las dificultades se encuentran en la falta de diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, situaciones que identificaron tras una revisión al avance del proyecto en agosto.“La Corporación tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones, una misión que ha guiado su gestión durante 42 años. En ese marco, los trámites se atienden de manera oportuna y con el rigor necesario: cuando la información lo permite, los procesos avanzan y, cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.
