Ante el incremento de casos de extorsión en los últimos meses en Antioquia y la crisis humanitaria en centro de reclusión como El Pedregal, las autoridades adelantan acciones de seguimiento y control para mejorar sus condiciones y prevenir delitos.Por eso, en las últimas horas la Alcaldía de Medellín en articulación con el Gaula y el Inpec llevaron a cabo un megaoperativo en este establecimiento carcelario donde se identificaron diferentes elementos utilizados para mantener comunicaciones externas y coordinar actividades ilícitas desde su interior.Las inspecciones se llevaron a cabo en las instalaciones del patio 6 donde conviven 196 reclusos asociados a grupos armados como ELN, las disidencias de las Farc y Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, entregó un balance de la intervención."Se incautaron ocho celulares, una tableta, un módem de Internet, accesorios tecnológicos, siete armas blancas y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas base de coca, tussi y hasta marihuana", reportó Villa.Según el funcionario estas acciones se suman a otras que en los últimos meses se han desplegado en otras cárceles como Bellavista y que ya dejan 150 celulares incautados y que eran utilizados no solo para extorsionar, sino para coordinar acciones delictivas en diferentes zonas de la capital antioqueña y el área metropolitana.
En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud. "Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación se logró allanar de manera sorpresiva la cárcel El Pedregal de Medellín con el fin de afectar de manera directa diferentes conductas delictivas como la extorsión que era ejecutada desde los patios del centro penitenciario.La acción fue liderada por el Gaula, que entró al lugar tras recibir información ciudadana que señalaba la existencia de lugares adecuados para ocultar dispositivos de comunicación y estupefacientes en uno de los patios donde habían 712 personas privadas de la libertad, muchas de ellas vinculadas a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que durante el registro en celdas, pasillos, áreas comunes y zonas de difícil acceso, se localizó un punto de acopio ilegal que servía como soporte para actividades criminales."Allí fueron incautados 85 teléfonos celulares, 30 cargadores, 10 armas cortopunzantes y más de 4.000 gramos de marihuana, 1.100 gramos de base de coca y 180 gramos de tusi", destacó el uniformado.Según las labores investigativas, en el patio que fue intervenido por las autoridades operaba una red dedicada a realizar extorsiones a nivel nacional, mediante la suplantación de autoridades o la intimidación directa a sus víctimas, obteniendo transferencias y consignaciones millonarias y, además, mantenía una estructura para el tráfico de estupefacientes dentro del penal.Hay que recordar que es el segundo operativo contra la extorsión en el Valle de Aburrá en menos de 15 días, ya que en la cárcel Bellavista fue desmantelado otro call center en donde privados de la libertad extorsionaban a cientos de personas en el departamento de Antioquia y otras regiones del país.
Persiste la preocupación para defensores de derechos humanos y familiares de reclusos que se encuentran en la cárcel El Pedregal de Medellín, pues las precarias condiciones del establecimiento habría cobrado la vida de uno de los presos en los últimos días.Este es el caso de Elber Ochoa Gómez, un hombre de 56 años de edad, que estaba recluido en el patio 8 de este centro penitenciario y falleció en los últimos días en medio de un posible caso de negligencia médica que piden sea investigado.Según reportó Jorge Carmona, defensor de esta población en el departamento, de acuerdo a versiones entregadas por los mismo reclusos, Ochoa había manifestado por lo menos en tres ocasiones malestar por cuenta de una enfermedad que tenía hace varios meses. Sin embargo, su solicitud no habría sido atendida oportunamente en el área de sanidad y fue nuevamente ingresado al patio sin ninguna solución.Producto de esta condición sufrió un infarto y se convirtió en la segunda persona en fallecer en los últimos meses en esta cárcel del occidente de la capital antioqueña. Carmona cuestionó la ausencia de entidades del Ministerio Público en la verificación de las complejas condiciones en las que afrontan sus procesos judiciales o condenas los internos de El Pedregal."Las personas así estén condenados, sindicados, culpables, inocentes, no han dejado de hacerse seres humanos y tienen todo el derecho que los ministerios públicos lo representen, mínimamente con el tema de derechos humanos y garantías. Allí están pasando muchas cosas, y los ministerios públicos no se enteran", advirtió.Sobre el más reciente caso el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, admitió que persisten fallas en los servicios de alimentación y salud al interior del penal, los cuales esperan ser subsanados con un nuevo operador contratado en los últimos días por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios."Desafortunadamente seguimos o hay unas fallas en términos de alimentación y atención médica, sin embargo ya hubo un cambio de operadores, también hay que resaltar aquí que el tema de alimentación, salud e infraestructuras es de la Uspec, sin embargo, me están informando que esta semana hubo cambio del operador en términos médicos", reveló el directivo.Desde diferentes sectores sociales insisten que el reciente caso en El Pedregal no se trata de un hecho aislado, pues el hacinamiento en las cárceles de Antioquia es superior al 50%, ya que los 17 centros de reclusión albergan a 12.418 personas, mientras que su capacidad es para 8.191.Uno de los panoramas más complejos está en la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo donde en los dos últimos años han fallecido 16 internos por cuadros de bacterias, tuberculosis y desnutrición.
Luego de que en los últimas días se denunciaran graves irregularidades con la comida en la cárcel El Pedregal de Medellín, la Procuraduría General de la Nación se pronunció e indicó que ya presentó un informe preventivo con posibles incidencias disciplinarias, fiscales y penales sobre la contratación del servicio de alimentación.Según el Ministerio Público estas presuntas fallas vulnerarían los derechos humanos con impactos negativos en la salud física y mental de los privados de la libertad que en las imágenes que se han hecho virales se ve como se les entregan pedazos de proteína crudos, panes con hongos o papas en estado de descomposición.El defensor de los derechos humanos, Jorge Carmona, indicó que los presos en El Pedregal también han denunciado la entrega de alimentos en horarios inadecuados."Es una un tema ya recurrente, un tema que la gente dice en los mismos internos, palabras de ellos y palabras textuales de ellos a la teoría penitenciaria, estamos cansados, estamos físicamente cansados, agotados, psicológica y moralmente, con el tema de esa pésima y horrible alimentación", aseguró Carmona.Además, los reclusos también indican que hay personas con prescripción médica a los que, presuntamente, no se les cumplen las condiciones requeridas por expertos, lo que afecta a más de 3.000 personas internos en el centro de reclusión.Por ahora la Procuraduría General de la Nación aseguró que ya trasladó el informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que sigan las investigaciones sobre las deficiencias en la alimentación de los privados de la libertad en la capital de Antioquia.
La medida de prisión por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego al parecer no estaba cumpliendo el objetivo esperado para dos reclusos de la cárcel El Pedregal que habrían reincidido en la comisión de delitos.Se trata de Julián Alberto Díaz Villada, alias ‘Pitbull’, y Neider Camilo Aguirre Cano, sobre quienes recientemente un juez de control de garantías, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, les impuso medida de aseguramiento intramuros por ser los señalados de extorsionar a un hombre en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia.Dentro del modus operandi de los delincuentes, estos contactaron a la víctima a través del perfil de una mujer en redes sociales, con la cual compartió su número telefónico e información privada.Posteriormente, a través de llamadas que se habrían realizado desde la celda en la que está recluido ‘Pitbull’ al hombre en Marinilla le advertían con mensajes amenazantes que estaba en una relación sentimental “con la mujer del patrón” y por eso le exigían entre 1 y 2 millones de pesos para no atentar contra su vida.En medio de estas presiones la víctima llegó a consignar la suma de 1.900.000 pesos en las cuentas bancarias de los dos procesados, las cuales también crearon desde el centro de reclusión.Ninguno de los dos hombres aceptó los cargos imputados por una fiscal destacada ante el Gaula por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
El caso de Andrea Valdez, una reclusa que denunció haber sido abusada sexualmente por guardianes del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín, ha dado un nuevo giro tras la detención de dos dragoneantes implicados en los hechos. Felipe Alzate, abogado de la víctima, aseguró en Recap Blu que este avance judicial es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones que incluyen incluso un intento institucional por separarla de su hijo recién nacido.Según Alzate, Valdez fue víctima de actos de tortura basados en su condición de mujer, seguidos de un aborto no consentido mientras se encontraba privada de la libertad. La situación se agravó cuando, después de dar a luz al hijo fruto de la agresión sexual, las autoridades intentaron quitárselo.“El Estado, de la mano del Inpec y con decisiones equivocadas de parte de las autoridades judiciales, le iba a terminar quitando el bebé, es decir, el hijo, que es fruto de actos no consentidos, iba a ser despojado de su madre, a pesar de que ella había decidido asumirlo de manera voluntaria”, denunció el abogado.¿Se equivocaron por retenerla en El Pedregal?El traslado de Valdez a El Pedregal, pese a que su familia y condena tenían arraigo en Bogotá, es otro punto que genera sospechas. En esa prisión, fue enviada a una Unidad de Tránsito (UTE) que debía ser temporal, pero permaneció allí cerca de cuatro meses, aislada y en condiciones que facilitaron los abusos. El abogado destaca que, de no haber quedado embarazada y denunciado públicamente, el caso probablemente seguiría en la impunidad.Tras la muerte de la madre de Valdez, única persona de su familia que la apoyaba, el panorama se volvió aún más complejo. El abogado asumió la tutoría legal del bebé para evitar su separación de la madre, garantizando su manutención y acompañándolo en citas médicas. Actualmente, Valdez se encuentra en el pabellón de mujeres gestantes de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde puede permanecer con su hijo, aunque todavía bajo custodia del Inpec.Detuvieron a los dragoneantesEn cuanto al avance judicial, Alzate explicó que las audiencias contra los dos dragoneantes detenidos son solo el inicio. La Fiscalía deberá investigar también a otros funcionarios y superiores que, por acción u omisión, facilitaron los hechos. “No puede ser que las autoridades llamadas a custodiar a las personas privadas de la libertad sean las mismas que vulneren sus derechos fundamentales. Este es un patrón sistemático que debe esclarecerse”, advirtió.El abogado insistió en que el caso de Valdez no es un hecho aislado y que hay indicios de que otras internas en El Pedregal han enfrentado situaciones similares. Por eso, más allá de estas capturas, busca que se reconozca la existencia de violencia institucional y se garantice la protección integral de las mujeres privadas de la libertad.
En septiembre de 2024 se dio a conocer la denuncia de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, condenada por homicidio agravado, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec, dentro de la cárcel El Pedregal de Medellín. Producto de esta violación, Valdés quedó embarazada y está a pocos días de dar a luz, en medio de una serie de situaciones que, según denuncian, comprometen gravemente los derechos humanos.En una entrevista con Mañanas Blu, Felipe Álzate, abogado de la mujer, habló sobre presuntas irregularidades del caso. Una de las más graves es el intento de suministrar sustancias abortivas sin el consentimiento de la reclusa."Acá ha existido toda una tendencia encaminada a ocultar lo sucedido. En algún momento sin su consentimiento, se le otorgó una sustancia abortiva, que afortunadamente no interrumpió su embarazo", dijo. A raíz del hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra los dos funcionarios involucrados, aunque hasta el momento no se han conocido decisiones judiciales. Valdés fue posteriormente trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, lo cual afirman, habría sido una estrategia para silenciar la denuncia.El abogado expresó que se ha negado a la mujer el beneficio de prisión domiciliaria, que contempla el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite que mujeres gestantes puedan cumplir su pena en casa tres meses antes y seis meses después del parto. "Independiente de cualquier circunstancia, ella debería tener la posibilidad, como lo puede tener cualquier mujer y cualquier reclusa, de poder tener el hijo en su en su domicilio", indicó.Además, también mencionó que se le ha negado el ingreso al pabellón de mujeres embarazadas en la prisión, que es administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según dijo, de continuar así, el bebé podría ser entregado directamente al cuidado del ICBF tras el nacimiento, algo que la madre se niega a aceptar.El abogado cuestionó que guardianes hombres custodien cárceles de mujeres, una situación que ha sido advertida por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto riesgo de abuso y revictimización.“Lo más preocupante es que fue el mismo Estado quien le vulneró los derechos, y ahora es el mismo Estado el que le quiere quitar a su hijo”, afirmó Escuche la entrevista completa aquí:
La historia de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado, ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de conocerse que fue víctima de abuso sexual dentro del establecimiento penitenciario El Pedregal, en Medellín. El caso, que involucra a dos guardianes del Inpec, sigue en investigación, mientras su defensa exige medidas urgentes para proteger su vida e integridad, en especial porque Valdés se encuentra en las últimas semanas de embarazo producto de los presuntos abusos.El abogado Felipe Alzate Gómez, representante legal de Andrea Valdés, aseguró en entrevista con Blu Radio que han acudido a distintas entidades judiciales y de control para que se respeten los derechos de su defendida, quien ha sido “revictimizada por el mismo sistema que debía protegerla”.“Desde hace meses venimos solicitando que se le otorgue la prisión domiciliaria por su condición de mujer gestante. El Código de Procedimiento Penal contempla este beneficio, similar a una licencia de maternidad, para mujeres embarazadas privadas de la libertad. Sin embargo, ni siquiera nos habían dado trámite”, afirmó Alzate.Ante la falta de respuesta del Juzgado 13 de Ejecución de Penas, el equipo de defensa interpuso una tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de Valdés y le dio un plazo de cinco días al juzgado para que se pronunciara sobre su situación. Ese plazo vence mañana, 16 de abril.“El Tribunal reconoció tres hechos graves: que Andrea ha sido víctima de violencia de género, que está en una situación de indefensión producto de un embarazo no consentido y que sus derechos fundamentales no están siendo garantizados en reclusión”, explicó Alzate. En caso de que no se emita una respuesta a tiempo, el abogado advirtió que interpondrán un incidente de desacato.Actualmente, Andrea se encuentra aislada en una celda individual y recibe una dieta especial debido a su estado de embarazo. Sin embargo, aún no ha sido trasladada al pabellón para mujeres gestantes, lo cual, según su defensa, demuestra que las medidas adoptadas han sido “mínimas e insuficientes”.“El paso que debería dar la justicia es permitirle cumplir este tramo de la condena en su casa. No puede seguir bajo custodia de la misma institución que ha vulnerado sus derechos. Lo que estamos pidiendo es razonable y está contemplado en la ley”, enfatizó el abogado.Además del trámite judicial para garantizar condiciones dignas a su clienta, Alzate también confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por el caso de abuso sexual a dos dragoneantes del Inpec. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado imputaciones formales contra ninguno de ellos. Los sospechosos, según el abogado, ya no están en El Pedregal, pero aún continuarían activos en la institución.Un obstáculo adicional para el avance del proceso penal ha sido la imposibilidad de realizar pruebas de ADN al feto, debido al delicado estado de salud de Valdés tras los hechos. Las muestras se tomarán una vez nazca el bebé, para poder determinar la identidad del agresor.El Tribunal también ordenó a la Fiscalía adoptar medidas de protección para Andrea, quien ha recibido amenazas dentro del penal tras hacer públicos los hechos de violencia sexual. Según el abogado, las intimidaciones provienen tanto de otras internas como del entorno institucional, lo que incrementa el riesgo para su integridad física y emocional.“La Fiscalía debe actuar no solo frente a los responsables del abuso, sino también para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para proteger a la víctima. No puede ser que una mujer que denuncia una violación tenga que temer por su vida dentro de una cárcel”, afirmó Alzate.De acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, una mujer en estado de embarazo puede acceder a prisión domiciliaria tres meses antes del parto y hasta seis meses después, en una medida pensada como una especie de licencia de maternidad para mujeres privadas de la libertad. Según este marco legal, Andrea ya debía haber sido trasladada a su casa desde hace al menos dos meses, lo que hace aún más urgente la decisión del juez de ejecución de penas.
Las problemáticas de hacinamiento y alimentación no serían las únicas que están padeciendo internas en la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín, pues la Procuraduría General alertó sobre algunas vulneraciones a sus derechos e incluso exceso de la fuerza que se habría registrado con varias de ellas por parte de la guardia del centro de reclusión.El Ministerio Público denunció que tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 24 de febrero entre reclusos y algunos guardas del penal al menos un grupo de 30 mujeres resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Sin embargo, señalaron que tras una visita reciente al lugar pudieron constatar que varias de las afectadas no han recibido la atención médica debida.Según la Procuraduría uno de los asuntos más preocupantes es que las labores de vigilancia y custodia siguen siendo ejercidas por hombres, a pesar de que se trata de un pabellón femenino por lo que solicitaron desde la entidad no solo destrabar las remisiones de atención médica a quienes se encuentran lesionadas, sino la llegada de un contingente de 40 guardianas para la seguridad en el espacio.Esta situación se conoce pocas semanas después de las denuncias de casos de violencia sexual al interior del establecimiento de los que habrían sido víctimas varias reclusas. Según la Procuraduría fueron informados por parte de la Inpec que las implicadas en estos hechos fueron trasladadas de lugar para su protección mientras avanzan las investigaciones.Por su parte, en cuanto a altos directivos de este lugar con algún grado de responsabilidad en las denuncias, se informó que fue destituido el subdirector de la cárcel que para el momento de los hechos era el director encargado y que algunos guardianes presuntamente responsables de estas conductas están pendientes de traslado de lugar de servicio, al tiempo que avanzan las investigaciones disciplinarias.
La Policía de La Guajira abrió este martes una investigación urgente para esclarecer los hechos alrededor de la muerte de Ángel Oswaldo Martínez Sabino, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Municipal de Uribia, en ese departamento.De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades competentes, el funcionario fue atacado a bala cuando estaba dentro de su camioneta y se disponía a ingresar al parqueadero de su hogar. Aunque fue llevado inmediatamente hasta el hospital Nuestra Señora del Perpetuo, ya no tenía signos vitales.Del mismo modo, fue activado un plan candado para encerrar a los responsables. Sin embargo, aún no hay rastro de ellos.Al enterarse de lo sucedido, la senadora del partido Mais, Martha Isabel Peralta, pidió un minuto de silencio en el inicio de la sesión plenaria desarrollada en el Congreso de la República. “Hoy La Guajira está de luto, por eso le pido a la mesa directiva y a esta plenaria que podamos manifestar nuestro duelo, nuestras condolencias a las familias, al municipio y el departamento con un minuto de silencio desde el Senado de la República”, acotó.Al mismo tiempo, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, rechazó con profundo dolor el homicidio del que también era su sobrino.“Duele despedir de esta manera a un hombre íntegro, noble y entregado a su labor. Su vida no podía terminar a manos de la violencia. Este crimen no puede quedar impune. Hago un llamado urgente al Gobierno nacional, Uribia necesita respuestas, pero sobre todo necesita seguridad”, fueron sus palabras por redes sociales.“Con profundo pesar, el alcalde Jaime Luis Buitrago García y todo el equipo de la Administración Municipal de Uribia, lamenta el fallecimiento de Ángel Martínez Sabino, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Municipal. Ángel fue mucho más que un profesional intachable, fue un compañero íntegro, respetuoso, comprometido y, sobre todo, un ser humano excepcional, con unos principios y valores que siempre distinguieron su manera de ser. Hoy despedimos con tristeza a un hombre que dejó huella en quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él, de trabajar a su lado y de conocer la calidad humana que lo caracterizaba. Su partida deja un profundo vacío en la Alcaldía Municipal de Uribia y en todos sus compañeros, quienes lo recordaremos con gratitud, respeto y cariño”, también se lee en un comunicado publicado en las redes sociales de la Alcaldía municipal.“El alcalde Jaime Luis Buitrago García y todo el equipo de la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza y consuelo en este momento de profundo dolor. Que Dios reciba a Ángel en su gloria y que su legado de integridad, profesionalismo y calidad humana permanezca siempre entre nosotros. Paz en su tumba”, finalizan.
Para Oskar Ortiz, periodista y habitante del conjunto Quintas de Jardín Colonial en Dosquebradas, la mañana del pasado lunes no fue una jornada más de trabajo. Ortiz relató en Recap Blu que a las 7:34 de la mañana, un fuerte sismo transformó su realidad y la de su esposa en segundos, dejando su vivienda en condiciones de pérdida total. "La vida es hermosa y gracias a Dios estamos contando hoy un nuevo capítulo. Es una nueva etapa y es una nueva realidad", expresó Ortiz al reflexionar sobre el hecho de haber sobrevivido a la tragedia.Ortiz describió cómo el edificio, una construcción de más de 30 años, comenzó a ceder ante la fuerza del movimiento telúrico. "Vemos nosotros el empezar a moverse. El edificio empieza como a bailar en sí mismo y a rozar un piso con el otro. De inmediato, cae y se derrumba totalmente el apartamento nuestro, quedó totalmente inclinado", relató Ortiz.Le puede interesar: Asciende a 312 fallecidos por terremoto en Colombia; la mayor parte son de CaliA pesar de la magnitud de los daños materiales, que incluyen la pérdida de recuerdos invaluables como los peluches de su infancia, Ortiz destacó lo que pudo rescatar de entre los escombros con ayuda de terceros: sus documentos, su visa y una medalla de fútbol de su época escolar. Actualmente, el periodista se encuentra refugiado en casa de sus suegros mientras lidia con las secuelas emocionales y los trámites ante las autoridades y aseguradoras. Su edificio ha sido declarado con riesgo inminente de colapso y deberá ser demolido. A pesar de haber terminado de pagar su apartamento apenas una semana antes del sismo, Ortiz mantiene una actitud resiliente."No nos olviden"Finalmente, Ortiz hace un llamado a la sociedad y al Gobierno nacional para que la atención no se desvanezca con el paso de los días. "El mensaje grande es para el país: de no nos olviden, por favor", señaló, advirtiendo que en la era digital las tragedias suelen ser "flor de un día". Para él, aunque las paredes hayan caído, la esencia de su familia permanece intacta: "El hogar no se derrumbó, se cayó la casa, pero nosotros estamos intactos", puntualizó.Escuche la entrevista:
El hallazgo del cuerpo de la colombiana Eliana Alexandra Bigoni, de tan solo 34 años, dentro de la cajuela de su automóvil en Plano, Texas, encendió la alarma por un presunto asesinato. La mujer había ido hasta el apartamento de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, para recoger a sus hijos, en medio del proceso de divorcio que la pareja adelantaba.Todo inició el pasado 12 de agosto, cuando familiares y una amiga de Eliana se preocuparon porque la mujer no llegó a un desayuno que tenía programado para las 8:30 de la mañana y tampoco respondía las llamadas. Adicionalmente, la ubicación de su teléfono indicaba que permanecía en el complejo residencial donde vivía su esposo.¿Qué pasó con la colombiana antes de que fuera encontrada?De acuerdo con lo señalado por el documento judicial citado en la investigación, Eliana había llegado al apartamento de O’Brien para recoger a sus hijos, de 2 y 5 años, para luego llevarlos al colegio. El proceso, de acuerdo con las autoridades, debía tardar entre 10 y 15 minutos.Sin embargo, ante la falta de comunicación, una testigo y la madre de Eliana revisaron la ubicación de su celular y, al percatarse de la situación, alertaron a la Policía de Plano.Los agentes llegaron sobre las 10:30 de la mañana y conversaron con O’Brien, quien afirmó que su esposa había estado allí, pero aseguró desconocer su ubicación. Durante la investigación, la Policía también habló con la madre del hombre. Aparentemente, él le habría dicho: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”.¿Dónde encontraron el cuerpo de Eliana Bigoni?Después de regresar al apartamento, las autoridades siguieron inspeccionando el garaje. Justo allí encontraron un Hyundai Genesis blanco, que era propiedad de Eliana.En la cajuela del vehículo localizaron el cuerpo de la mujer, quien estaba inconsciente y sin respirar, de acuerdo con el reporte. Las autoridades también reportaron lesiones en el rostro y la cabeza, además de moretones en diferentes partes del cuerpo.Los investigadores habían observado anteriormente una mancha de humedad en la camisa de Jake O’Brien, elemento que fue clave para encontrar a la mujer y que quedó consignado en el documento judicial.¿De qué acusan al esposo de la colombiana?Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, fue detenido y permanece en la cárcel del condado de Collin sin derecho a fianza, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.Las autoridades lo señalan por cargos relacionados con el asesinato de Eliana y profanación de cadáver. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas de la muerte.Los dos hijos de la pareja se encontraban en el apartamento durante parte de los hechos y posteriormente fueron evacuados por las autoridades.
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 18 de agosto:Educación del futuro y habilidades socioemocionales: El cofundador de Anthropic plantea enfocar la enseñanza infantil en la empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración, priorizando estas habilidades blandas sobre la memorización tradicional en la era de la automatización.Instagram y la detección de marcas de agua de IA: El director de la plataforma, Adam Moseri, anunció un cambio en su tipografía y generó polémica al sugerir a los usuarios ocultar las marcas de agua de otras IA para evitar que el algoritmo desescale su alcance.ChatGPT para adolescentes: OpenAI lanzó una versión específica para jóvenes de entre 13 y 17 años con límites estrictos de contenido, recordatorios de descanso y notificaciones de seguridad parental orientadas a la prevención de autolesiones.La digitalización y destrucción de libros físicos por parte de Amazon: Una investigación periodística descubrió que Amazon adquiere miles de libros para cortarles el lomo, escanearlos masivamente y luego destruirlos en lugar de donarlos o revenderlos.Clases interactivas con el Profe Avatar holográfico: La Universidad del Rosario implementó un sistema de telepresencia que proyecta hologramas de profesores en tamaño real para mejorar la atención de los estudiantes y facilitar la participación de invitados internacionales.Escuche el programa completo aquí:
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 312 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 306 y que en su mayoría fueron entregados a sus familiares, informó este martes esa entidad.Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML en un boletín.Entre las víctimas que han sido identificadas "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía.Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 144, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe de Medicina Legal.El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares."El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución anoche al país.El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto -el peor en Colombia desde el de 1999 que devastó la ciudad de Armenia, capital del Quindío- deja además 4.548 heridos y 426 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.
