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En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.
A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.
Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud.
"Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.
Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.
En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
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