La Personería pidió fortalecer la presencia institucional en los principales escenarios donde se desarrollarán los eventos masivos de la Feria de las Flores, además de la coordinación entre las autoridades para responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.“Aunque algunos indicadores muestran una evolución positiva, persisten algunos riesgos que requieren atención. Continúan presentándose casos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, principalmente en sectores de concentración turística como el poblado y Laureles", detalló Carlos Calle Galvis, Coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín.Entre los indicadores analizados por el Observatorio de Turismo se encuentra el número de traslados por protección de ciudadanos extranjeros. En 2025 se registraron 177 casos, cifra que representó un incremento del 24,6 % frente al año anterior.“El crecimiento del turismo debe ir acompañado de mayores acciones de protección, orientando articulación institucional. Por ello, la Personería de Medellín invita a utilizar servicios turísticos formales, a atender recomendaciones de las autoridades”, subrayó Calle Galvis.En cuanto a las muertes violentas de ciudadanos extranjeros, la entidad informó que los casos disminuyeron de 54 en 2024 a 45 en 2025, lo que representa una reducción del 16,7 %.Otro de los fenómenos analizados son los hurtos contra extranjeros. Entre 2024 y 2025, se registraron 480 casos. La vía pública y los establecimientos de alojamiento turístico se mantienen como los principales escenarios en los que se presentan estos delitos.
El sistema de salud en el país sigue en cuidados intensivos y prueba de ello es que en Medellín, de acuerdo con el más reciente informe de la Personería, las EPS ya no están acatando al pie de la letra las órdenes de jueces frente a tutelas que son interpuestas para lograr la entrega de medicamentos, realización de procedimientos médicos, citas con especialistas y otros procesos para proteger el derecho a la salud.En diálogo con Blu Radio, el personero Mefi Boset Rave, manifestó que es preocupante el aumento en las vulneraciones al derecho fundamental a la salud, evidenciado por el crecimiento de acciones de tutela y, especialmente, de incidentes de desacato contra estas entidades.Solo durante 2025, la entidad atendió 19,475 casos relacionados con la salud, de los cuales 10,236 fueron tutelas y 3,422 incidentes de desacato, lo que representa un incremento de más del 600% respecto al año anterior.Pasamos de hacer, en el año 2023, alrededor de 500, 400 incidentes de desacato para estar realizando cerca de los 3.500. Y es preocupante, porque es que el incidente de desacato se instaura cuando la EPS no ha cumplido la orden de un juez que ya ha tramitado una acción de tutela, es decir, un mecanismo judicial de protección que nos dio la constitución del 91", explicó Rave.Datos del Ministerio Público señalan que las EPS Savia Salud y Nueva EPS, aunque tienen una menor proporción de afiliados, concentran cerca del 70% de las tutelas, mientras que Sura, con la mayor cantidad de afiliados, tiene una proporción significativamente menor de tutelas."La EPS Sura tiene el 56% de los afiliados. A pesar de tener más de la mitad de los afiliados, Sura solo recibe el 19% de las tutelas, no es una cifra menor. Sí nos llama la atención, ya que Nueva EPS tiene aproximadamente el 9% de los afiliados y es la segunda EPS más tutelada. Savia Salud tiene el 16% de los afiliados en nuestra ciudad y es la EPS más tutelada", añadió el personero distrital.Según la Personería de Medellín, solo en 2025 se interpusieron 360 tutelas contra Coosalud, casi una diaria contra la EPS, misma que está en líos con los hospitales públicos del departamento donde por lo menos en ocho municipios los centros asistenciales suspendieron la atención ambulatoria.De estas acciones legales contra Coosalud, más de la cuarta parte, 94, derivaron en impugnaciones e incidentes de desacato que se han traducido en mayores tiempos de espera para los pacientes, expuso el personero.
Las convocatorias para concursos de belleza infantiles y juveniles pusieron en alerta a la Personería de Medellín. La entidad manifestó su preocupación porque, pese a los cuestionamientos realizados desde diferentes sectores, continúan apareciendo en redes sociales invitaciones para vincular a menores de edad a este tipo de certámenes, una práctica que, según advirtió, puede afectar el ejercicio pleno de sus derechos.El pronunciamiento realizado desde el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, alertó sobre los efectos que generan estos escenarios al exponer a la población infantil y adolescente a patrones estéticos propios de la vida adulta, desplazando valores inherentes de su etapa.Según Manuela Gutiérrez, coordinadora del Observatorio, la problemática ha cobrado mayor relevancia luego de que se conociera que una corporación continúa promocionando estos eventos, inclusive utilizando símbolos institucionales sin autorización."Esta población es de especial protección, donde juntos debemos de trabajar por entornos seguros que cuiden su bienestar y su entorno social. La Personería Distrital de Medellín adelantará acciones de seguimiento para proteger sus derechos", aseguró Gutiérrez.Según la funcionaria, cualquier actividad que involucre a menores debe estar orientada a garantizar su protección integral y respetar el principio del interés superior del niño, evitando escenarios que puedan aumentar su exposición a riesgos.Desde la Personería destacaron que esta postura es consecuente con los manifestado por la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín, que meses atrás rechazó la realización de estos certámenes al considerar que favorecen la normalización de la hipersexualización y pueden convertirse en un factor que incremente la vulnerabilidad frente a varias formas de violencia y explotación.
Actualización: La Personería Distrital de Medellín puso bajo la lupa la alianza de cooperación suscrita a mediados de 2023 entre la Secretaría de Educación y la empresa DiBanka S.A.S., tras concluir una vigilancia administrativa en la que se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con la celebración, documentación y publicidad del acuerdo durante cinco años.La actuación del Ministerio Público se originó por una queja presentada el 1 de septiembre de 2025, en donde se advirtió de posibles anomalías en la implementación de la plataforma tecnológica DiBanka Admin, utilizada para la gestión de descuentos y libranzas de docentes, directivos docentes y personal administrativo del Distrito.No obstante, según el análisis de la Personería, la figura de cooperación científica y tecnológica utilizada para sustentar el acuerdo no parecería ajustarse plenamente al objeto contratado, toda vez que la plataforma corresponde a una herramienta ya desarrollada para la gestión administrativa y financiera de libranzas, más que a un proyecto de investigación científica o creación tecnológica.Además, una de las principales observaciones apunta a la presunta falta de publicación de la alianza en las plataformas oficiales de contratación pública, como SECOP II, pese a que la documentación revisada evidenciaría obligaciones y compromisos entre las partes.Asimismo, la Personería analizó una posible omisión en la suscripción formal del contrato o convenio que respaldaría jurídicamente la ejecución del proyecto. Asimismo, se revisó presuntas inconsistencias relacionadas con la documentación contractual y el eventual desconocimiento de normas de contratación pública.Para esclarecer los hechos, la Personería solicitó información a la Secretaría de Educación, recopiló documentos y prorrogó la investigación con el fin de reunir los elementos necesarios para determinar si existían méritos para trasladar el caso a una investigación disciplinaria o adoptar otras acciones legales y administrativas.Aunque el informe no establece responsabilidades definitivas, sí concluye que existen elementos suficientes para considerar la posible ocurrencia de irregularidades disciplinarias relacionadas con el proceso contractual y con el manejo de las solicitudes ciudadanas. Por esa razón, la Personería dispuso remitir las actuaciones para la evaluación correspondiente dentro de las instancias disciplinarias competentes.El caso se centra en establecer si la relación entre la Secretaría de Educación de Medellín y DiBanka S.A.S. cumplió con los principios de transparencia, publicidad y legalidad exigidos para este tipo de alianzas, así como determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades detectadas durante la vigilancia administrativa.AntecedentesDiBanka fue objeto de cuestionamientos y revisiones por parte de distintos organismos de control en relación con contratos y esquemas de gestión de libranzas en entidades públicas.Hubo auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con quien DiBanka tenía un convenio firmado y en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.De acuerdo con la documentación conocida por veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.RESPUESTA DIBANKADe acuerdo a comunicación remitida por Dibanka, se informó que mediante Auto No. 0044 del 16 de marzo de 2026, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad ordenó el archivo de la Indagación Preliminar No. 89112-2025-49566 / AC-89112-2025-41272, en la que se mencionaba a Dibanka en relación con la ejecución del Convenio Específico de Cooperación Tecnológica No. 1 suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, el cual se encuentra debidamente finalizado y liquidado.Igualmente señaló que la Contraloría concluyó, con fundamento en el análisis integral del acervo probatorio recaudado que: "los fundamentos de hecho planteados en el hallazgo objeto de la presente actuación carecen de alcance fiscal, pues del recaudo probatorio queda debidamente desvirtuada la existencia del daño patrimonial al Estado".Explicó Dibanka que como proveedor tecnológico privado, fue mencionada en esas actuaciones únicamente debido a los convenios suscritos, pero que en ningún caso existe ni ha existido fallo en firme ni sanción alguna en contra de Dibanka S.A.S.” Por último, frente a la vigilancia administrativa de la Personería Distrital de Medellín, insistió tal como lo publicó Blu Radio, que el proceso no ha concluido con responsabilidad definitiva alguna, y por eso, advirtió que cualquier eventual responsabilidad disciplinaria recaería, en su caso, sobre los servidores públicos involucrados y no sobre Dibanka.
La Personería de Medellín encendió las alarmas por la crisis administrativa que enfrenta el proceso de expedición de certificados de discapacidad en la ciudad, al advertir que las demoras para obtener este documento pueden superar los 12 meses, afectando el acceso de cientos de personas.La alerta institucional fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, y está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables del proceso. Según el organismo de control, las fallas administrativas están limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.Entre los hallazgos, la Personería Distrital identificó una drástica reducción en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín, que pasaron de 78.562 en 2020 a 15.499 en 2026. Adicionalmente, hay una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención, mientras que un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito.Elkin Gallego, personero delegado, recomendó a la administración Distrital implementar un plan de choque que fortalezca el equipo humano encargado de las certificaciones, agilice la atención, reduzca los tiempos de espera."De acuerdo con la información obtenida por la persona distrital, se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud", advirtió el funcionario.A esto se suma que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado, una situación que, según la Personería, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.
La preocupación por la seguridad de varios integrantes del Concejo de Medellín sigue creciendo. A casi dos meses y medio de que se conocieran las primeras denuncias sobre amenazas contra algunos corporados, la Personería Distrital se sumó a las voces que exigen una respuesta inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que los concejales continúan sin contar con medidas efectivas de seguridad.Los concejales Andrés Tobón, Andrés Felipe Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Alejandro De Bedout han denunciado intimidaciones que, según han manifestado, estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas y su labor de control político.En un pronunciamiento oficial, la Personería advirtió que la ausencia de respuestas concretas por parte de la UNP representa un riesgo no solo para la vida e integridad de los concejales, sino también para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.El organismo del Ministerio Público recordó que la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado formalmente activar de manera urgente las rutas individuales de protección para cada uno de los cabildantes afectados. Sin embargo, pese a ese requerimiento preventivo, Juan Pablo Galvis, personero delegado, aseguró que los concejales aún esperan decisiones que permitan reducir los riesgos advertidos."Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten las medidas de protección necesarias y garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de los corporados. La personería distrital de Medellín continuará haciendo seguimiento a este caso", indicó el funcionario.Desde la entidad pidieron al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que adelanten de manera inmediata las evaluaciones de riesgo y adopten los esquemas de seguridad que correspondan. Asimismo, solicitó a la Policía Nacional fortalecer las medidas de protección en las instalaciones del Concejo de Medellín.
Sancionaron a funcionario de la Secretaría de Educación de Medellín tras arrebatarle el celular a un ciudadano, gritar en su sitio de trabajo y llamar al personal de seguridad de manera injustificada. Según la Personería, esta es una falta gravísima a título de doloTres años después de sucedidos los hechos en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Medellín, la Personería sancionó a un funcionario público que protagonizó una bochornosa situación cuando desarrollaba sus labores en la entidad.Según la decisión que se conoció en las últimas horas contra Luis Fernando Marín Ricaurte, quien se desempeñaba como técnico administrativo adscrito a la Subsecretaría Administrativa y Financiera en desarrollo de sus funciones, “adoptó un comportamiento irrespetuoso frente a usuarios del servicio, evidenciado en el uso de un tono elevado de voz, el llamamiento inapropiado al personal de seguridad y la acción de arrebatar de manera violenta el dispositivo móvil de uno de los ciudadanos”.Ante lo sucedido, y una decisión de segunda instancia que confirmó la responsabilidad disciplinaria del servidor público, el Ministerio Público modificó la sanción impuesta en primera instancia, fijando como sanción definitiva la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por cuatro meses.“En dicho proceso disciplinario en fallo de segunda instancia se sanciona al servidor público con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 4 meses por incurrir en una falta grave a título de dolo. Y además tomó la decisión de compulsar copias para que se investigue a los servidores públicos que hicieron parte de esta situación ocurrida en el año 2023”, aseguró Elkin Gallego Giraldo, personero delegado.La justificación de la sanción, dice la Personería, es que vulneró el deber funcional previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, relacionado con el trato respetuoso hacia los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.Por lo pronto, este caso pasará a la Dirección de Control Disciplinario Interno del Distrito de Medellín, para que esta oficina evalúe la conducta de los ciudadanos involucrados en los hechos, en su calidad de servidores públicos.
De nuevo hay pliego de cargos contra quienes desempeñaron labores durante la alcaldía de Daniel Quintero. La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra de exfuncionarios de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), por presuntas irregularidades en el Proceso de Selección Abreviada en el año 2022.Se trata de Carlos Alberto Chaparro Sánchez, en calidad de director general y Cristian David Muñoz Velasco, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica, ambos de esta entidad adscrita a la alcaldía.Según explicó el Ministerio Público, las presuntas irregularidades consistieron en la vulneración de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que regulan la contratación estatal, en la subasta inversa SASI 004 de 2022, cuyo objeto era “adquirir equipos tecnológicos (computadores) para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital, administrativos y complementarios de Medellín”, en donde se observaron deficiencias en los estudios de mercado, precios inflados, cotizaciones de empresas sin idoneidad, falta de claridad en la cantidad y tipo de equipos, cierre anticipado de la subasta y una adjudicación que no respondió a las necesidades técnicas, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del contrato.Respecto al referido proceso contractual, dice la Personería que, presuntamente, fue adelantado en ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos rigurosos. Esto es, sin la planeación requerida al no contar con claridad sobre la necesidad real a contratar, pues no se establecieron especificaciones concretas y determinadas, precios unitarios comparables y cantidades fijas, vulnerando así reglas técnicas previamente establecidas por la propia entidad, contrariando el ordenamiento jurídico contractual.Por ahora, la presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima y el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso.
Organismos de control y propio Ministerio Público en Medellín ya empiezan a investigar los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado Alejandro Barrera, coordinador de proyecto de Gestores Educativos en la Comuna Robledo, occidente de la ciudad.Tras la denuncia viral en redes sociales por parte de José David Medina sobre la supuesta exigencia de 200.000 pesos por parte de Barrera para poder contratarlo, la Personería Distrital abrió una indagación preliminar.La actuación de la entidad se enmarca en el carácter de servidor público con la que cuenta el denunciado al tener un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En su momento esto relató sobre la exigencia económica el afectado."Me citó en el barrio El Cortijo en una cafetería y me cobró 200.000 pesos mensuales en 10 cuotas para poder incluirme dentro del equipo que iba a ser contratado de gestores educativos. Estamos ante una modalidad de corrupción", narró.Yenny Serna, personera delegada, destacó también que la investigación busca determinar si ha existido por parte de Barrera participación indebida en política, pues también la denuncia pública indicó que este hombre estaría utilizando a varios gestores para hacer campaña de cara a las consultas presidenciales de marzo en favor de Aníbal Gaviria."Una vez se puede identificar e individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, se determinará la procedencia o no de la apertura de una investigación disciplinaria", explicó Serna.La funcionaria agregó que, en caso de confirmarse las conductas, estas constituirían un uso indebido de su posición y una vulneración de las prohibiciones, así como también algunas descripciones típicas de la ley penal por lo que incluso en el caso podría intervenir la Fiscalía.
En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud. "Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Desde la academia, la Universidad EAFIT activó la ruta ‘Eafit Contigo’ para respaldar a su comunidad. La rectora Claudia Restrepo Montoya confirmó que se identificaron más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado con residencia en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.Para hacerle frente a la crisis, la institución creó un fondo de emergencia por 1.000 millones de pesos destinado a subsidios y acompañamiento psicosocial para alumnos, profesores y colaboradores."Hay que unirnos a las causas de donación y de solidaridad colectivas. Somos hoy centro de acopio de la alcaldía de Medellín para todo el ejercicio logístico y abastecimiento para las zonas afectadas. También, nuestros grupos estudiantiles y nuestra área de filantropía han coordinado esfuerzos para generar donaciones de la mano de presentes, en especie, en dinero, etc.", afirmó la rectora. La ayuda también llega desde la música y las redes sociales. El cantante Ryan Castro, la fundación Días para contar y la iniciativa Vibra en Alta de J Balvin unieron esfuerzos para enviar una flota de aviones privados encargados de trasladar heridos desde el Chocó y llevar alimentos a Cali y Chocó."Ponemos mis redes sociales a toda la disposición de la gente para ayudar. Tenemos unos links donde la gente puede donar dinero y todo, totalmente confiable. Estamos volando todos los aviones con las compañías que nosotros volamos siempre para que lleguen a los lugares afectados", afirmó el artista paisa.A esta ola de generosidad se sumó Daiky Gamboa, quien recorrió Medellín logrando recolectar más de 200 toneladas de alimentos no perecederos y ayudas de todo tipo, las cuales ya fueron enviadas a Cali, Buenaventura y Chocó."Incluso enviamos camiones, ya enviamos aviones a Quibdó, estamos cargando más aviones en este momento, mañana viajan aviones a Buenaventura. Entonces, es algo muy bonito de ver que nosotros, como colombianos, somos los primeros que vamos a responder cuando Colombia está necesitándolo, cuando Colombia está sufriendo. Y hoy tenemos una flota entera de aviones, y en este momento, entre Bogotá y Medellín, ya llevamos más de 200 toneladas de alimentos", afirmó.Y en el frente cultural, el Museo de Arte Moderno de Medellín anunció que un porcentaje de la boletería de su MAMM Fest 2026 el tradicional festival de tres días, será donado al Museo La Tertulia de Cali, que mantiene sus puertas cerradas para así apoyar a las comunidades afectadas.
En medio de la crisis que vive Colombia por las miles de familias afectadas que dejó el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, las criticas en redes sociales no han cesado en torno a quién ayuda y quién no, en especial en contra de futbolistas de la selección por lo que ha hecho Jhon Arias al enviar aviones para ayudar a la gente en el Chocó, región de la cual es procedente.Los que han estado en el ojo del huracán han sido Luis Díaz, Falcao y James Rodríguez, pues en redes sociales solo se habían pronunciado con un mensaje en sus cuentas personales y, según los seguidores, “no habían aportado nada cuando más se les necesitaba” y, aunque poco después confirmaron sus ayudas, las criticas no cesaron porque muchas personas aseguraron que “lo hicieron por presión”, no obstante, esto es falso.Luis Díaz, Falcao y James Rodríguez han donado desde el primer díaBlu Radio conoció que desde en el primer momento que ocurrió el trágico terremoto en el occidente del país, varios futbolistas de la Selección Colombia, incluyendo a los mencionados, han estado al pendiente y gestionando ayudas a través de sus fundaciones o marcas aliadas para brindar apoyo económico a sus familias, sin embargo, no querían tener focos ni atención en redes, por eso, esperaban no tener que hacerlo de manera pública.“Nosotros hemos tratado de establecer un puente en este espacio durante esta semana precisamente con ese fin. Y como le nace hacerlo, James, como Luis Díaz, ya habían hecho donaciones y aportes de manera privada. Es una información que hemos podido conocer en este espacio, y no todo lo que se hace por Colombia necesita una cámara, un comunicado o una publicación. John Arias merece todo nuestro reconocimiento y lo hemos hecho durante toda esta semana, le hemos agradecido por su solidaridad en acciones concretas. Hemos aplaudido su liderazgo de toda la semana, pero su gesto no debería convertirse en una vara para medir a los demás. No es una competencia, no hay podio para la solidaridad, y en momentos como este creo que lo que menos necesitamos es dividirnos por eso”, expresó Julián Capera, periodista de Blog Deportivo de Blu Radio.Falcao también se está moviendo para ayudar a ColombiaOtro de los nombres que apareció en la conversación fue el de Radamel Falcao García. El delantero colombiano había realizado pronunciamientos breves en sus redes sociales, pero, según lo explicado en el programa, también estaba trabajando en distintas iniciativas de ayuda para los damnificados.Una de ellas está relacionada con Panamá. Falcao, junto con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín, participa en una iniciativa vinculada con el denominado Derbi Chorrerano. La propuesta contempla destinar los recursos de la taquilla del partido a las familias afectadas por el terremoto en Colombia.Guarín explicó la iniciativa en un mensaje difundido en redes sociales: “Junto con los directivos del San Francisco FC, hemos tomado la decisión de destinar la taquilla del partido para apoyar a las familias damnificadas en Colombia”.La iniciativa demuestra que la solidaridad de los futbolistas no necesariamente pasa por una transferencia de dinero anunciada en Instagram. También puede expresarse mediante gestiones, eventos, alianzas y campañas que permitan recaudar recursos para quienes más lo necesitan.
La Familia Santo Domingo anunció una donación de $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas por la emergencia. Los recursos serán destinados a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas.A través de un comunicado, la familia expresó su solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos, resultaron heridas o vieron destruidos sus hogares como consecuencia del movimiento telúrico. La Fundación Santo Domingo será la encargada de coordinar los esfuerzos para que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan. Según explicó la familia, la millonaria contribución busca ayudar en la atención de las víctimas y aportar a la reconstrucción de las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto.“Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza”, manifestó la Familia Santo Domingo en su mensaje.Vale recordar que la emergencia nacional deja hasta la fecha 285 muertos y 379 desaparecidos, según la información suministrada por el Gobierno.“Hoy más que nunca, somos un solo país”, concluyó la Familia Santo Domingo, al reiterar su intención de acompañar a los afectados y contribuir a la recuperación de los hogares y comunidades golpeados por la tragedia.
Ana María Saavedra, de 23 años, es la única sobreviviente de una familia que quedó sepultada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. La joven, que resultó herida durante el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, ya fue informada de la muerte de sus padres y de sus dos hermanas trillizas.La familia Saavedra Caicedo estaba conformada por Jairo Saavedra, de 62 años; Victoria Caicedo, su esposa; y sus hijas trillizas Ana María, Sofía e Isabela. En el momento del terremoto también se encontraba con ellos Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria y tío de las jóvenes. Los cinco fallecieron bajo los escombros del edificio, mientras Ana María logró sobrevivir.Carlos Saavedra, hermano de Jairo, contó en entrevista con Mañanas Blu cómo ocurrió el rescate de su sobrina y cómo la familia recibió la noticia de cada uno de los fallecimientos.Según explicó, Ana María logró salvarse de manera casi milagrosa. Cuando comenzó el movimiento, las trillizas se disponían a salir hacia sus trabajos. Sofía e Isabela ya habían avanzado hacia las escaleras, mientras Ana María se encontraba en la salida del apartamento.En ese instante, la puerta principal, fabricada en cedro, cayó sobre ella y terminó protegiéndola de buena parte de los escombros.La joven comenzó a pedir auxilio y los vecinos lograron escucharla. De acuerdo con su tío, apenas cinco minutos después del colapso varias personas comenzaron a ayudarla y, aproximadamente 30 minutos más tarde, ya se encontraba en una clínica de Cali.Ana María sufrió una lesión en la pelvis por la que tuvo que ser operada. Los médicos le informaron a la familia que se encontraba fuera de peligro y que podría volver a caminar en unos diez días.Ana María ya conoce la tragedia de su familiaMientras permanecía hospitalizada, familiares y profesionales de la salud prepararon a Ana María para contarle lo ocurrido con sus seres queridos.Carlos Saavedra explicó que la joven ya sabía que Sofía había muerto, pues fue una de las primeras personas recuperadas de entre los escombros. Sin embargo, también tuvo que recibir la noticia de la muerte de Isabela, la última de las trillizas que permanecía desaparecida.Posteriormente, familiares, entre ellos una hija de Carlos que es médica, además de primas y psicólogas, acompañaron a Ana María durante el proceso para comunicarle el resto de la tragedia.Isabela, la menor de las trillizas y ahijada de Carlos, fue la última integrante de la familia en ser recuperada. Su ubicación dificultó las labores de rescate: se encontraba en la zona más profunda de la estructura, mientras intentaba bajar del segundo al primer piso para salir del edificio.Durante horas, familiares y rescatistas intentaron establecer contacto con ella. Incluso hubo momentos en los que creyeron escuchar señales entre los escombros. Personas cercanas a las jóvenes utilizaron megáfonos para llamarlas y pedirles que respondieran.Finalmente, la esperanza terminó cuando Isabela fue encontrada sin vida.La tragedia dejó cinco víctimas dentro de la familia: Jairo, Victoria, las trillizas Sofía e Isabela y Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria.Uno de los hallazgos que más impactó a los familiares fue el de Jairo y Victoria. Los cuerpos fueron encontrados juntos entre los restos del apartamento. Según lo relatado por Carlos, los rescatistas señalaron que la pareja quedó abrazada después del colapso.Jairo y Victoria llevaban cerca de tres décadas de matrimonio y eran descritos por sus familiares como una pareja muy unida. Él tenía 62 años y estaba próximo a cumplir 63.Las trillizas, por su parte, se habían graduado hacía aproximadamente un año de Comercio Internacional en la Universidad Icesi y ya trabajaban para una multinacional.Carlos recordó además el carácter alegre de su hermano, quien era considerado el “motor” de las reuniones familiares. Incluso contó que el domingo anterior al terremoto, Jairo y Victoria habían salido a bailar.Ahora, mientras la familia se prepara para despedir a los cinco seres queridos, sus allegados concentran sus fuerzas en acompañar a Ana María durante su recuperación.“Perdimos cinco familiares de un solo golpe”, lamentó Carlos Saavedra, quien, pese al dolor, aseguró mantener la fe en que su sobrina podrá salir adelante.
Autoridades capturaron a alias 'Chuzo', criminal con pasado en ELN y Clan del Golfo, y uno de los hombres más buscados del departamento. El delincuente es señalado de múltiples asesinatos en el Nordeste antioqueñoLa Gobernación de Antioquia informó que ya comenzó la Operación Cazador y con ello anunció el primer golpe con la captura de alias 'Chuzo', uno de los criminales más buscados en el departamento por diferentes delitos contra la vida de los pobladores del Nordeste antioqueño.El operativo se dio en la vía que comunica a Vegachí con Porcesito, allí fue capturado el hombre señalado integrante del Frente 4 de las disidencias de alias ‘Calarcá' y considerado uno de los principales responsables de hechos violentos en la subregión.De acuerdo con las autoridades, este hombre habría hecho parte de diferentes estructuras armadas ilegales. En su trayectoria criminal habría pertenecido al ELN, posteriormente habría ejercido como cabecilla del Clan del Golfo y, más recientemente, integró las filas de alias 'Calarcá'.Alias ‘Chuzo’ es señalado de estar involucrado en homicidios y desplazamientos forzados en varios municipios de Antioquia. Entre los hechos que se le atribuyen estaría el asesinato de cuatro personas ocurrido hace algunos meses en Remedios, además de la quema de dos fincas.La captura se da en el marco de la denominada Operación Cazador Antioquia,m, estrategia con la que las autoridades buscan fortalecer las acciones contra las estructuras armadas y criminales que operan en el departamento.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró en su cuenta de X la foto del cartel de los más buscados en la Operación Cazador, en donde alias 'Chuzo' aparece en segundo renglón detrás de delincuentes como 'Calarcá', 'Primo Gay', 'Chejo' y ‘Jhon Fiera', lo que da entender la importancia del golpe reciente.