La Personería Distrital de Medellín abrió una indagación previa para esclarecer las presuntas intimidaciones y los daños a bienes materiales que estaría sufriendo una docente y su familia en el barrio Curazao, en el nororiente de la ciudad.La actuación se inició a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, luego de que se conociera una denuncia difundida en redes sociales, en la que la mujer señala que ella, sus hijos y otros familiares estarían siendo víctimas de amenazas e intimidaciones que, según su versión, serían atribuidas a un funcionario docente de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en el barrio Santo Domingo y adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín.De acuerdo con lo denunciado, los hechos no serían recientes y también incluirían daños a los vehículos de la familia. Entre los bienes afectados estarían un automóvil y una motocicleta.La mujer manifestó su preocupación por las situaciones que estaría enfrentando junto con sus familiares y pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que se han presentado estos hechos. Yenny Teresita Serna, personera delegada 20 D."La denuncia señala también un antecedente ocurrido dentro de dicha institución, donde la mujer, quien se desempeñaba como directiva docente, habría sufrido una agresión por parte del mismo funcionario y que al parecer las directivas de dicha institución no tomaron medidas en contra de las irregularidades presentadas", señaló.Frente a esta denuncia, el organismo de control anunció el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer lo ocurrido e identificar plenamente al presunto funcionario involucrado. La indagación busca determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia un proceso disciplinario.La Personería precisó que, una vez se establezca la calidad del sujeto disciplinable, definirá si hay lugar a la apertura de una investigación disciplinaria formal.
La Personería pidió fortalecer la presencia institucional en los principales escenarios donde se desarrollarán los eventos masivos de la Feria de las Flores, además de la coordinación entre las autoridades para responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.“Aunque algunos indicadores muestran una evolución positiva, persisten algunos riesgos que requieren atención. Continúan presentándose casos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, principalmente en sectores de concentración turística como el poblado y Laureles", detalló Carlos Calle Galvis, Coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín.Entre los indicadores analizados por el Observatorio de Turismo se encuentra el número de traslados por protección de ciudadanos extranjeros. En 2025 se registraron 177 casos, cifra que representó un incremento del 24,6 % frente al año anterior.“El crecimiento del turismo debe ir acompañado de mayores acciones de protección, orientando articulación institucional. Por ello, la Personería de Medellín invita a utilizar servicios turísticos formales, a atender recomendaciones de las autoridades”, subrayó Calle Galvis.En cuanto a las muertes violentas de ciudadanos extranjeros, la entidad informó que los casos disminuyeron de 54 en 2024 a 45 en 2025, lo que representa una reducción del 16,7 %.Otro de los fenómenos analizados son los hurtos contra extranjeros. Entre 2024 y 2025, se registraron 480 casos. La vía pública y los establecimientos de alojamiento turístico se mantienen como los principales escenarios en los que se presentan estos delitos.
El sistema de salud en el país sigue en cuidados intensivos y prueba de ello es que en Medellín, de acuerdo con el más reciente informe de la Personería, las EPS ya no están acatando al pie de la letra las órdenes de jueces frente a tutelas que son interpuestas para lograr la entrega de medicamentos, realización de procedimientos médicos, citas con especialistas y otros procesos para proteger el derecho a la salud.En diálogo con Blu Radio, el personero Mefi Boset Rave, manifestó que es preocupante el aumento en las vulneraciones al derecho fundamental a la salud, evidenciado por el crecimiento de acciones de tutela y, especialmente, de incidentes de desacato contra estas entidades.Solo durante 2025, la entidad atendió 19,475 casos relacionados con la salud, de los cuales 10,236 fueron tutelas y 3,422 incidentes de desacato, lo que representa un incremento de más del 600% respecto al año anterior.Pasamos de hacer, en el año 2023, alrededor de 500, 400 incidentes de desacato para estar realizando cerca de los 3.500. Y es preocupante, porque es que el incidente de desacato se instaura cuando la EPS no ha cumplido la orden de un juez que ya ha tramitado una acción de tutela, es decir, un mecanismo judicial de protección que nos dio la constitución del 91", explicó Rave.Datos del Ministerio Público señalan que las EPS Savia Salud y Nueva EPS, aunque tienen una menor proporción de afiliados, concentran cerca del 70% de las tutelas, mientras que Sura, con la mayor cantidad de afiliados, tiene una proporción significativamente menor de tutelas."La EPS Sura tiene el 56% de los afiliados. A pesar de tener más de la mitad de los afiliados, Sura solo recibe el 19% de las tutelas, no es una cifra menor. Sí nos llama la atención, ya que Nueva EPS tiene aproximadamente el 9% de los afiliados y es la segunda EPS más tutelada. Savia Salud tiene el 16% de los afiliados en nuestra ciudad y es la EPS más tutelada", añadió el personero distrital.Según la Personería de Medellín, solo en 2025 se interpusieron 360 tutelas contra Coosalud, casi una diaria contra la EPS, misma que está en líos con los hospitales públicos del departamento donde por lo menos en ocho municipios los centros asistenciales suspendieron la atención ambulatoria.De estas acciones legales contra Coosalud, más de la cuarta parte, 94, derivaron en impugnaciones e incidentes de desacato que se han traducido en mayores tiempos de espera para los pacientes, expuso el personero.
Las convocatorias para concursos de belleza infantiles y juveniles pusieron en alerta a la Personería de Medellín. La entidad manifestó su preocupación porque, pese a los cuestionamientos realizados desde diferentes sectores, continúan apareciendo en redes sociales invitaciones para vincular a menores de edad a este tipo de certámenes, una práctica que, según advirtió, puede afectar el ejercicio pleno de sus derechos.El pronunciamiento realizado desde el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, alertó sobre los efectos que generan estos escenarios al exponer a la población infantil y adolescente a patrones estéticos propios de la vida adulta, desplazando valores inherentes de su etapa.Según Manuela Gutiérrez, coordinadora del Observatorio, la problemática ha cobrado mayor relevancia luego de que se conociera que una corporación continúa promocionando estos eventos, inclusive utilizando símbolos institucionales sin autorización."Esta población es de especial protección, donde juntos debemos de trabajar por entornos seguros que cuiden su bienestar y su entorno social. La Personería Distrital de Medellín adelantará acciones de seguimiento para proteger sus derechos", aseguró Gutiérrez.Según la funcionaria, cualquier actividad que involucre a menores debe estar orientada a garantizar su protección integral y respetar el principio del interés superior del niño, evitando escenarios que puedan aumentar su exposición a riesgos.Desde la Personería destacaron que esta postura es consecuente con los manifestado por la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín, que meses atrás rechazó la realización de estos certámenes al considerar que favorecen la normalización de la hipersexualización y pueden convertirse en un factor que incremente la vulnerabilidad frente a varias formas de violencia y explotación.
Actualización: La Personería Distrital de Medellín puso bajo la lupa la alianza de cooperación suscrita a mediados de 2023 entre la Secretaría de Educación y la empresa DiBanka S.A.S., tras concluir una vigilancia administrativa en la que se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con la celebración, documentación y publicidad del acuerdo durante cinco años.La actuación del Ministerio Público se originó por una queja presentada el 1 de septiembre de 2025, en donde se advirtió de posibles anomalías en la implementación de la plataforma tecnológica DiBanka Admin, utilizada para la gestión de descuentos y libranzas de docentes, directivos docentes y personal administrativo del Distrito.No obstante, según el análisis de la Personería, la figura de cooperación científica y tecnológica utilizada para sustentar el acuerdo no parecería ajustarse plenamente al objeto contratado, toda vez que la plataforma corresponde a una herramienta ya desarrollada para la gestión administrativa y financiera de libranzas, más que a un proyecto de investigación científica o creación tecnológica.Además, una de las principales observaciones apunta a la presunta falta de publicación de la alianza en las plataformas oficiales de contratación pública, como SECOP II, pese a que la documentación revisada evidenciaría obligaciones y compromisos entre las partes.Asimismo, la Personería analizó una posible omisión en la suscripción formal del contrato o convenio que respaldaría jurídicamente la ejecución del proyecto. Asimismo, se revisó presuntas inconsistencias relacionadas con la documentación contractual y el eventual desconocimiento de normas de contratación pública.Para esclarecer los hechos, la Personería solicitó información a la Secretaría de Educación, recopiló documentos y prorrogó la investigación con el fin de reunir los elementos necesarios para determinar si existían méritos para trasladar el caso a una investigación disciplinaria o adoptar otras acciones legales y administrativas.Aunque el informe no establece responsabilidades definitivas, sí concluye que existen elementos suficientes para considerar la posible ocurrencia de irregularidades disciplinarias relacionadas con el proceso contractual y con el manejo de las solicitudes ciudadanas. Por esa razón, la Personería dispuso remitir las actuaciones para la evaluación correspondiente dentro de las instancias disciplinarias competentes.El caso se centra en establecer si la relación entre la Secretaría de Educación de Medellín y DiBanka S.A.S. cumplió con los principios de transparencia, publicidad y legalidad exigidos para este tipo de alianzas, así como determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades detectadas durante la vigilancia administrativa.AntecedentesDiBanka fue objeto de cuestionamientos y revisiones por parte de distintos organismos de control en relación con contratos y esquemas de gestión de libranzas en entidades públicas.Hubo auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con quien DiBanka tenía un convenio firmado y en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.De acuerdo con la documentación conocida por veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.RESPUESTA DIBANKADe acuerdo a comunicación remitida por Dibanka, se informó que mediante Auto No. 0044 del 16 de marzo de 2026, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad ordenó el archivo de la Indagación Preliminar No. 89112-2025-49566 / AC-89112-2025-41272, en la que se mencionaba a Dibanka en relación con la ejecución del Convenio Específico de Cooperación Tecnológica No. 1 suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, el cual se encuentra debidamente finalizado y liquidado.Igualmente señaló que la Contraloría concluyó, con fundamento en el análisis integral del acervo probatorio recaudado que: "los fundamentos de hecho planteados en el hallazgo objeto de la presente actuación carecen de alcance fiscal, pues del recaudo probatorio queda debidamente desvirtuada la existencia del daño patrimonial al Estado".Explicó Dibanka que como proveedor tecnológico privado, fue mencionada en esas actuaciones únicamente debido a los convenios suscritos, pero que en ningún caso existe ni ha existido fallo en firme ni sanción alguna en contra de Dibanka S.A.S.” Por último, frente a la vigilancia administrativa de la Personería Distrital de Medellín, insistió tal como lo publicó Blu Radio, que el proceso no ha concluido con responsabilidad definitiva alguna, y por eso, advirtió que cualquier eventual responsabilidad disciplinaria recaería, en su caso, sobre los servidores públicos involucrados y no sobre Dibanka.
La Personería de Medellín encendió las alarmas por la crisis administrativa que enfrenta el proceso de expedición de certificados de discapacidad en la ciudad, al advertir que las demoras para obtener este documento pueden superar los 12 meses, afectando el acceso de cientos de personas.La alerta institucional fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, y está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables del proceso. Según el organismo de control, las fallas administrativas están limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.Entre los hallazgos, la Personería Distrital identificó una drástica reducción en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín, que pasaron de 78.562 en 2020 a 15.499 en 2026. Adicionalmente, hay una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención, mientras que un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito.Elkin Gallego, personero delegado, recomendó a la administración Distrital implementar un plan de choque que fortalezca el equipo humano encargado de las certificaciones, agilice la atención, reduzca los tiempos de espera."De acuerdo con la información obtenida por la persona distrital, se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud", advirtió el funcionario.A esto se suma que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado, una situación que, según la Personería, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.
La preocupación por la seguridad de varios integrantes del Concejo de Medellín sigue creciendo. A casi dos meses y medio de que se conocieran las primeras denuncias sobre amenazas contra algunos corporados, la Personería Distrital se sumó a las voces que exigen una respuesta inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que los concejales continúan sin contar con medidas efectivas de seguridad.Los concejales Andrés Tobón, Andrés Felipe Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Alejandro De Bedout han denunciado intimidaciones que, según han manifestado, estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas y su labor de control político.En un pronunciamiento oficial, la Personería advirtió que la ausencia de respuestas concretas por parte de la UNP representa un riesgo no solo para la vida e integridad de los concejales, sino también para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.El organismo del Ministerio Público recordó que la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado formalmente activar de manera urgente las rutas individuales de protección para cada uno de los cabildantes afectados. Sin embargo, pese a ese requerimiento preventivo, Juan Pablo Galvis, personero delegado, aseguró que los concejales aún esperan decisiones que permitan reducir los riesgos advertidos."Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten las medidas de protección necesarias y garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de los corporados. La personería distrital de Medellín continuará haciendo seguimiento a este caso", indicó el funcionario.Desde la entidad pidieron al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que adelanten de manera inmediata las evaluaciones de riesgo y adopten los esquemas de seguridad que correspondan. Asimismo, solicitó a la Policía Nacional fortalecer las medidas de protección en las instalaciones del Concejo de Medellín.
Sancionaron a funcionario de la Secretaría de Educación de Medellín tras arrebatarle el celular a un ciudadano, gritar en su sitio de trabajo y llamar al personal de seguridad de manera injustificada. Según la Personería, esta es una falta gravísima a título de doloTres años después de sucedidos los hechos en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Medellín, la Personería sancionó a un funcionario público que protagonizó una bochornosa situación cuando desarrollaba sus labores en la entidad.Según la decisión que se conoció en las últimas horas contra Luis Fernando Marín Ricaurte, quien se desempeñaba como técnico administrativo adscrito a la Subsecretaría Administrativa y Financiera en desarrollo de sus funciones, “adoptó un comportamiento irrespetuoso frente a usuarios del servicio, evidenciado en el uso de un tono elevado de voz, el llamamiento inapropiado al personal de seguridad y la acción de arrebatar de manera violenta el dispositivo móvil de uno de los ciudadanos”.Ante lo sucedido, y una decisión de segunda instancia que confirmó la responsabilidad disciplinaria del servidor público, el Ministerio Público modificó la sanción impuesta en primera instancia, fijando como sanción definitiva la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por cuatro meses.“En dicho proceso disciplinario en fallo de segunda instancia se sanciona al servidor público con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 4 meses por incurrir en una falta grave a título de dolo. Y además tomó la decisión de compulsar copias para que se investigue a los servidores públicos que hicieron parte de esta situación ocurrida en el año 2023”, aseguró Elkin Gallego Giraldo, personero delegado.La justificación de la sanción, dice la Personería, es que vulneró el deber funcional previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, relacionado con el trato respetuoso hacia los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.Por lo pronto, este caso pasará a la Dirección de Control Disciplinario Interno del Distrito de Medellín, para que esta oficina evalúe la conducta de los ciudadanos involucrados en los hechos, en su calidad de servidores públicos.
De nuevo hay pliego de cargos contra quienes desempeñaron labores durante la alcaldía de Daniel Quintero. La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra de exfuncionarios de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), por presuntas irregularidades en el Proceso de Selección Abreviada en el año 2022.Se trata de Carlos Alberto Chaparro Sánchez, en calidad de director general y Cristian David Muñoz Velasco, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica, ambos de esta entidad adscrita a la alcaldía.Según explicó el Ministerio Público, las presuntas irregularidades consistieron en la vulneración de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que regulan la contratación estatal, en la subasta inversa SASI 004 de 2022, cuyo objeto era “adquirir equipos tecnológicos (computadores) para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital, administrativos y complementarios de Medellín”, en donde se observaron deficiencias en los estudios de mercado, precios inflados, cotizaciones de empresas sin idoneidad, falta de claridad en la cantidad y tipo de equipos, cierre anticipado de la subasta y una adjudicación que no respondió a las necesidades técnicas, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del contrato.Respecto al referido proceso contractual, dice la Personería que, presuntamente, fue adelantado en ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos rigurosos. Esto es, sin la planeación requerida al no contar con claridad sobre la necesidad real a contratar, pues no se establecieron especificaciones concretas y determinadas, precios unitarios comparables y cantidades fijas, vulnerando así reglas técnicas previamente establecidas por la propia entidad, contrariando el ordenamiento jurídico contractual.Por ahora, la presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima y el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso.
Organismos de control y propio Ministerio Público en Medellín ya empiezan a investigar los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado Alejandro Barrera, coordinador de proyecto de Gestores Educativos en la Comuna Robledo, occidente de la ciudad.Tras la denuncia viral en redes sociales por parte de José David Medina sobre la supuesta exigencia de 200.000 pesos por parte de Barrera para poder contratarlo, la Personería Distrital abrió una indagación preliminar.La actuación de la entidad se enmarca en el carácter de servidor público con la que cuenta el denunciado al tener un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En su momento esto relató sobre la exigencia económica el afectado."Me citó en el barrio El Cortijo en una cafetería y me cobró 200.000 pesos mensuales en 10 cuotas para poder incluirme dentro del equipo que iba a ser contratado de gestores educativos. Estamos ante una modalidad de corrupción", narró.Yenny Serna, personera delegada, destacó también que la investigación busca determinar si ha existido por parte de Barrera participación indebida en política, pues también la denuncia pública indicó que este hombre estaría utilizando a varios gestores para hacer campaña de cara a las consultas presidenciales de marzo en favor de Aníbal Gaviria."Una vez se puede identificar e individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, se determinará la procedencia o no de la apertura de una investigación disciplinaria", explicó Serna.La funcionaria agregó que, en caso de confirmarse las conductas, estas constituirían un uso indebido de su posición y una vulneración de las prohibiciones, así como también algunas descripciones típicas de la ley penal por lo que incluso en el caso podría intervenir la Fiscalía.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.