La Personería de Medellín y la Secretaría de Participación alertaron de amenazas a líderes sociales en la capital antioqueña de cara a las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, JAC, que están programadas para el próximo 25 de abril. Según estas dos entidades, grupos armados y bandas criminales estarían intimidando a los líderes comunitarios y a los ciudadanos para controlar las votaciones y lograr un control territorial desde las JAC. El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, sostuvo que hasta ahora se han "recibido más de diez denuncias de todas las comunas. La forma que están utilizando es diciéndole a los líderes que no pueden aspirar". Al respecto, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que "hasta el momento, no tenemos una denuncia establecida que nos indique el nivel de riesgo de un líder comunal o presidente de la junta de acción comunal. Estamos ampliando los canales de comunicación que permita que se denuncie".En Medellín, hay 473 juntas de acción comunal en las que se eligen alrededor de 5.000 dignatarios entre presidentes, vicepresidentes, tesoreros y coordinadores.
La Personería de Medellín informó que, desde su área administrativa, iniciará una vigilancia preventiva a EPM en respuesta a las quejas que han recibido directamente y a las alertas dadas a conocer en medios de comunicación sobre el riesgo en el que estaría la empresa por manejos o decisiones inadecuadas.La mayoría de estas denuncias o alertas se relacionan con aspectos como la junta directiva, Hidroituango, el gobierno corporativo y casos puntuales como las directrices tomadas por el alcalde Daniel Quintero o la salida del exgerente Álvaro Guillermo Rendón.Muchas de estas han llegado por concejales, exfuncionarios, veedurías, exempleados y sindicatos, entre otros.“Por esto, decidimos hacer una mesa de trabajo con la Gerencia General de EPM en la que se abordaron tres puntos principales: convenio marco de Gobierno Corporativo, la estabilidad y seguridad jurídica y financiera de la empresa e Hidroituango. Aunque en todos los actuales directivos nos dieron un parte de tranquilidad, es importante tener la vigilancia para evitar situaciones complejas”, dijo William Vivas, personero de Medellín.Según el personero, lo que hoy está en riesgo si no se toman medidas correctas con EPM, son los derechos de los ciudadanos en cuanto a calidad de vida, inversión social e ingresos para el municipio y su plan de desarrollo.Por ello, esperan que la empresa de servicios públicos cumpla con los establecido en los lineamientos de su gobierno corporativo, en especial, en la tarea de escoger al nuevo gerente general.
En Medellín el 10% de los menores de edad están en riesgo de ser reclutados por grupos delincuenciales, según cifras entregadas por la Personería de Medellín. Esta situación, que se agravó por la pandemia cuando los niños y jóvenes permanecieron más tiempo en sus hogares, deja este año a 16 menores reclutados.Sin embargo, esta cifra advirtió el personero podría ser mayor pues no todos los casos se reportan ante las autoridades.La amenaza de reclutamiento es también uno de los principales motivos por los que se dan desplazamientos forzados intraurbanos en la capital antioqueña.
El personero de Medellín, William Yefer Vivas, le recomendó a la alcaldía definir medidas restrictivas para este fin de semana que es puente festivo y coincide con el pago de la quincena y partido de la Selección Colombia.Según Vivas, decretar un toque de queda nocturno y ley seca todo el fin de semana es necesario para evitar aglomeraciones como las que han ocurrido en anteriores ocasiones.Este pronunciamiento se da cuando la gobernación de Antioquia decide mantener la alerta roja hospitalaria por ocupación de camas UCI.La recomendación del personero precisa que lo ideal sería un toque de queda entre las 12:00 de la medianoche y las 6:00 de la mañana, mientras que la ley seca debería ser continua.Por ahora, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solo ha dicho que están estudiando tomar de nuevo medidas como la noche de Halloween, aunque esta vez estarían vigentes menos tiempo.Asimismo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que está adelantando reuniones con los alcaldes para concertar las posibles restricciones y presentarlas al Gobierno Nacional para su aprobación final.
La celebración de Halloween sigue siendo un debate en Medellín, a propósito del incremento de contagios que se ha presentado en las últimas semanas en el departamento de Antioquia.Luego de que la Personería de Medellín le pidiera al alcalde Daniel Quintero medidas para evitar aglomeraciones de Halloween en parques y centros comerciales, desde Fenalco Antioquia, los comerciantes piden que les permitan mantener sus actividades económicas con normalidad el próximo 31 de octubre.Carlos Andrés Pineda, director Ejecutivo de Fenalco Antioquia dijo que el cuidado ante un posible contagio de covid-19 debe ser responsabilidad individual.“El Halloween es una fecha muy importante para nuestros comerciantes, entonces no podemos menos que solicitar que haya normalidad comercial y operativa en ese día. Sabemos que hoy el coronavirus es una responsabilidad de cuidado personal y por eso creemos que las restricciones para ese fin de semana son innecesarias”, aseguró Pineda.El Ministerio de Salud ya recomendó que en todo el país se eviten aglomeraciones para la celebración del día de los niños.
La Personería de Medellín sancionó, con un mes de suspensión en el ejercicio de su cargo, a Jaime Enrique Gómez, actual director del Dapard, el organismo encargado de prevenir y atender las emergencias en Antioquia.De acuerdo con la entidad, en 2017, cuando Gómez era subdirector de gestión del riesgo de desastres del Dapard, no respondió en los tiempos requeridos, a un derecho de petición ciudadano que solicitaba información sobre el posible estado de vulnerabilidad de un edificio del barrio Calasanz.Dicho derecho de petición debió ser respondido a los 15 días de su radicación, pero el pronunciamiento llegó 14 meses después, por lo que, según la Personería, el funcionario incumplió un deber “consagrado en el numeral primero del artículo 35 de la Ley 734 y el incumplimiento del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia”.Ante esto, Jaime Gómez aseguró que ya fue notificado de este fallo de primera instancia.“Para esto tengo tres días hábiles para presentar la apelación, estamos trabajando en esto; sin embargo, somos muy respetuosos de la institucionalidad y acataremos cualquier decisión que se tome por parte de la Personería”, agregó Gómez.
De acuerdo a cifras de la Personería de Medellín se espera que más de 3.800 venezolanos regresen a la ciudad tras reactivación económica.Esto, en medio de las denuncias por las dificultades que ha tenido la población migrante para acceder al sistema de salud durante la pandemia.“Hoy para que los venezolanos y migrantes puedan acceder a servicios de salud han tenido que recurrir a acciones constitucionales como la tutela”, comentó Lidy Palacio, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín.Son más de 100 las tutelas que ha atendido este ente en lo corrido del año de migrantes que, por no poder resolver su estatus migratorio u obtener un Permiso Especial de Permanencia, no tienen acceso al sistema de salud.Por lo tanto, y ante la llegada de más migrantes a la ciudad, la Personería alertó para que esta situación se resuelva oportunamente.Según cifras de Migración Colombia, en Antioquia hay 153.937 venezolanos, de los cuales 87.942 viven en la ciudad de Medellín. Aunque la cifra podría ser mucho mayor por la falta de registro migratorio a la que no se someten algunos venezolanos por temor a ser deportados.
En respuesta a los reclamos y denuncias de la comunidad, la Personería de Medellín creó el Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género, una nueva dependencia que hará seguimiento a acciones para garantizar derechos de la población LGBT y de las mujeres en la ciudad. “Haremos seguimiento a universidades públicas y a la administración municipal ante los casos de acoso y los protocolos de atención y prevención”, comentó Lina María Giraldo, directora del observatorio. La dependencia atenderá también casos de violencia intrafamiliar con enfoque de género pues, en lo corrido del 2020, se han presentado 6.772 casos en Medellín, de los cuales el 74% tuvo como víctimas a las mujeres. Entre tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó por la falta de garantías de seguridad y protocolos para responder a este tipo de situaciones en el periódico El Colombiano. La alerta se da luego de la renuncia de la periodista Vanesa Restrepo, quien hace más de un año denunció a un editor por acoso sexual. BLU Radio confirmó con la periodista los motivos de su renuncia, pero esta prefirió no dar una declaración al respecto. También nos comunicamos con El Colombiano, pero hasta el momento el periódico no se ha pronunciado al respecto.
La Personería de Medellín alertó al asegurar que las salas de urgencias en centros de salud de mediana y baja complejidad “están a reventar”.Tras recorrer los centros de atención de urgencias el pasado fin de semana, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas indicó que “la ocupación de los servicios de urgencias alcanza el cien por ciento, incluso en algunos de los hospitales que visitamos, se supera esa cifra”.“Se encontraron casos donde los usuarios completaron 2 y hasta 3 días en urgencias, incluso en condiciones no aptas, cuando lo ideal sería que se les brindara la atención necesaria máximo 12 horas después de llegar al centro de salud”, comentó el Personero.Estas consultas, según el Observatorio de Salud, corresponden en su mayoría a pacientes con enfermedades de base o crónicas que habían suspendido los tratamientos durante el aislamiento por la pandemia.“Esto se suma también a algunas trabas de las aseguradoras que en algunos casos no entregó o autorizó de manera inmediata procedimientos quirúrgicos”, asegura Jilmar Renteria Delgado, coordinador del Observatorio de Salud.La Personería alertó también por la sobrecarga laboral al personal médico.
A propósito de las protestas en contra de abusos policiales en todo el país, la Personería de Medellín reveló que entre enero y agosto de 2020 se han recibido 64 quejas en contra de la Policía por presuntos abusos. “Se han recepcionado 64 quejas ciudadanas por procedimientos policiales en los que los ciudadanos manifiestan que ha existido exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional”, comentó el Personero William Yeffer Vivas. Vea aquí: ¡A golpes! Conductor atacó a agente de tránsito que le pidió documentos Los reportes en los primeros siete meses del 2020 son superiores a los del 2019, meses en los que se reportaron 52 denuncias. Es decir, que este año se han presentado 12 quejas más en el mismo margen de tiempo.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEstas denuncias, en su mayoría se presentaron por temas relacionados al Código de Policía, actuación policial y de la fuerza pública, y violacion de derechos humanos. “Hacer un llamado a la ciudadanía para que protesten de manera pacífica. Como también un llamado a la Policía para que no utilice la violencia como método de represión a la protesta social pacífica”, manifestó el personero quien aseguró que “nada justifica la violencia y la vida es sagrada”.
Tras la atención de un grupo de gestores de convivencia, quienes llegaron a la calle 22 con carrera 12, para brindarle primeros auxilios a Gareth Steven Sella tras una herida en su ojo izquierdo, se tuvo que trasladar al joven en un taxi.En un video, que pudo conocer Blu Radio, se ve cómo un grupo de funcionarios, tras vendarle el ojo a Gareth, obliga a un taxista a detenerse. “Párelo, párelo eso es omisión de socorro”, gritó uno de los gestores.De inmediato un grupo de jóvenes y de funcionarios rodean el vehículo y le insisten al conductor para que traslade al joven que se ve afectado por la herida.Este video confirma la versión que dio uno de los testigos, quien también relató a BLU Radio que vio a Gareth entrando a una cigarrería de la zona, acompañado de varias personas que vestían camisas rojas y azules.“El venía muy pálido, estaba vomitando y ningún taxi lo recogía, de un momento a otro, a un taxi que lo paró el semáforo, lo rodearon y lo obligaron a que hicieran la carrera, cuando abrieron la puerta rectifiqué la herida en el ojo, después con las noticias entendí que se trataba de la misma persona”, dijo.
El sepelio de Alberto Rafael Montaño Cárdenas, de 33 años, apodado ‘Juan Diablo’, salió del barrio Villa Zambrano en Soledad y recorrió un largo camino hasta llegar al cementerio municipal.Más de 100 personas sin ningún distanciamiento y con tapabocas solo cubriendo solo su mentón, acompañaron el cortejo fúnebre en el que un animador lideró el homenaje que allegados a este hombre le rindieron junto a su cajón.‘Juan Diablo’, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, fue asesinado el pasado 22 de febrero. Según el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, la víctima fue señalada de haber informado a las autoridades sobre una olla de vicio que fue allanada.En los mismos hechos resultó herido un hombre identificado como Javier Enrique Velásquez Polo, de 30 años.Vea aquí los videos completo:
El abogado del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade está tratando de que Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías confirme su hipótesis de que la adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, estaba pensada meses antes de que el exparlamentario fuera contactado por Odebrecht para que hiciera las supuestas gestiones, ante la ANI y ante Andrade, para agilizar la firma del contrato.Por lo tanto, según el abogado Jesús Albeiro Yepes, ninguna de las supuestas gestiones ilícitas habría intercedido en la decisión de firmar la adición.“Ah, entonces ¿eso no se acordó en su apartamento (que la adición Ocaña Gamarra fuera del 50% del contrato inicial), eso estaba en la ley, según lo acaba de declarar? No el 50%, la cifra, el valor del contrato era el que no se ajustaba a ese 50 porque la propuesta que tenían era superior al 50 y se salía del margen que permite la ley. Pero ¿usted sabía que el 50% como valor del contrato para poder ser adicionado ya estaba condicionado desde ese concepto del 21 de enero del 2013? Lo limitaba el mismo corredor vial y lo limitaba que los estudios que ellos habían hecho pasaban el 50 % de los 2.4 millones del contrato inicial, eso es lo que me explicó Martorelli, ahora yo no sé si existía un estudio aparte que limitaba ese 50%, pero la discusión que ellos tenían era esa, de que ellos pasaban y Andrade les decían que no pasaran del 50, que recortaran el alcance del proyecto. Entonces, ¿le queda claro que el 50 % como límite de la adición estaba determinado con anterioridad a su presencia en al ANI, verdad? Entonces estaba peleando solo, entonces ¿qué hicimos?, ¿por qué estoy preso?”, fue el contrainterrogatorio sobre el tema.El ‘Ñoño’ explicó que, supuestamente, para recortar el alcance del proyecto y que fuera acorde al valor del 50%, acordaron en las supuestas reuniones ilícitas quitar “el anillo” de acceso a Ocaña.Por otro lado, aseguró que no le constaba personalmente del supuesto interés que tendría la exministra de transporte Cecilia Álvarez en la vía Ocaña Gamarra para beneficiar a la familia Parody. Dijo que eso fue lo que le manifestó desde el principio Eluberto Martorell, expresidente de Odebrecht para Colombia.“¿Es cierto que le dijo que se había escogido la vía Ocaña Gamarra a petición de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody? Me lo contó Martorelli. Entonces, señor Bernardo, es verdad que usted no tiene un conocimiento directo respecto de esa afirmación en concreto, ¿sí o no? Fue lo que me dijo Martorelli, si eso es concreto o no es concreto no sé, pero me lo dijo él. ¿Es cierto que usted no ha estado en ningún evento privado o público donde las exministras hayan formulado esa solicitud? En ninguno, es verdad”, mencionaron en el contrainterrogatorio sobre el tema.El exparlamentario dijo que había conocido a Martorelli en la posesión presidencial de Juan Manuel Santos, en agosto de 2014.Este viernes a las 8:30 de la mañana continúa el contrainterrogatorio al ‘Ñoño’ Elías por parte de la defensa de Andrade. Después el Ministerio Público, el juez y la representante de la víctima -que es la ANI- podrán hacer algunas preguntas. Finalmente, será el redirecto, que es una oportunidad para que la Fiscalía y el testigo expliquen los puntos que quedaron inconclusos.
Tras las recientes denuncias por la falta de pago a los contratistas de la Personería de Bucaramanga, incluyendo a una abogada a punto de dar a luz, el personero confirmó que la entidad cuenta con poca plata.“El presupuesto se redujo, por la pandemia, de 5.700 millones de pesos a 4.900, irresponsablemente mis antecesores y de manera nefasta contrataron 5.700 millones de pesos, teniendo en cuenta que el ingreso real fue de 4.900, es decir, dejaron la institución en déficit de más de 700 millones de pesos”, dijo el funcionario.El personero indicó en diálogo con Blu Radio que acatarán el fallo de tutela que los obliga a pagarle el sueldo a la abogada Ana María Vargas y otros 70 contratistas.“Incluso, durante este año, en tres días se ejecutó un presupuesto de 1.300 millones de pesos por la personera anterior, ya hicimos la denuncia ante la Procuraduría”, agregó.
La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 30 de abril la fecha límite para que los intervinientes del caso 01, que se refiere al secuestro, se pronuncien sobre el Auto 19 de 2021, con el que la jurisdicción le imputó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP.Tanto las víctimas, la Procuraduría y la defensa de los comparecientes, solicitaron dicho término para pronunciarse de fondo y aportar nuevas pruebas si ese fuera el caso.La Sala de Reconocimiento señaló que este plazo es suficiente para que “todos los sujetos e intervinientes puedan ejercer debidamente sus derechos a presentar observaciones en igualdad de condiciones, aportar pruebas y, en el caso de los comparecientes, tomar la decisión de reconocer o no su responsabilidad entendiendo las consecuencias jurídicas de su decisión”.En el caso 01, denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep", la Sala de Reconocimiento, a través del Auto 19 del 26 de enero de 2021, le imputó al antiguo Secretariado el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.Los responsables de estos hechos son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera (murió el 27 de enero pasado), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.