La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.
La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.
Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.
Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.
El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.
En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.
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La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.
La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.