Abogado de reclusa abusada por guardianes del Inpec revela detalles del caso

El caso de Andrea Valdez, una reclusa que denunció haber sido abusada sexualmente por guardianes del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín, ha dado un nuevo giro tras la detención de dos dragoneantes implicados en los hechos. Felipe Alzate, abogado de la víctima, aseguró en Recap Blu que este avance judicial es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones que incluyen incluso un intento institucional por separarla de su hijo recién nacido.Según Alzate, Valdez fue víctima de actos de tortura basados en su condición de mujer, seguidos de un aborto no consentido mientras se encontraba privada de la libertad. La situación se agravó cuando, después de dar a luz al hijo fruto de la agresión sexual, las autoridades intentaron quitárselo.“El Estado, de la mano del Inpec y con decisiones equivocadas de parte de las autoridades judiciales, le iba a terminar quitando el bebé, es decir, el hijo, que es fruto de actos no consentidos, iba a ser despojado de su madre, a pesar de que ella había decidido asumirlo de manera voluntaria”, denunció el abogado.¿Se equivocaron por retenerla en El Pedregal?El traslado de Valdez a El Pedregal, pese a que su familia y condena tenían arraigo en Bogotá, es otro punto que genera sospechas. En esa prisión, fue enviada a una Unidad de Tránsito (UTE) que debía ser temporal, pero permaneció allí cerca de cuatro meses, aislada y en condiciones que facilitaron los abusos. El abogado destaca que, de no haber quedado embarazada y denunciado públicamente, el caso probablemente seguiría en la impunidad.Tras la muerte de la madre de Valdez, única persona de su familia que la apoyaba, el panorama se volvió aún más complejo. El abogado asumió la tutoría legal del bebé para evitar su separación de la madre, garantizando su manutención y acompañándolo en citas médicas. Actualmente, Valdez se encuentra en el pabellón de mujeres gestantes de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde puede permanecer con su hijo, aunque todavía bajo custodia del Inpec.Detuvieron a los dragoneantesEn cuanto al avance judicial, Alzate explicó que las audiencias contra los dos dragoneantes detenidos son solo el inicio. La Fiscalía deberá investigar también a otros funcionarios y superiores que, por acción u omisión, facilitaron los hechos. “No puede ser que las autoridades llamadas a custodiar a las personas privadas de la libertad sean las mismas que vulneren sus derechos fundamentales. Este es un patrón sistemático que debe esclarecerse”, advirtió.El abogado insistió en que el caso de Valdez no es un hecho aislado y que hay indicios de que otras internas en El Pedregal han enfrentado situaciones similares. Por eso, más allá de estas capturas, busca que se reconozca la existencia de violencia institucional y se garantice la protección integral de las mujeres privadas de la libertad.